CE - Sentencia 11001031500020240673101 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06731-01

Accionante: Fredy de Jesús Rojas Valencia en representación de su hija menor

Samara Rojas Patiño

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06731-01

Accionante: Fredy de Jesús Rojas Patiño, en representación de su hija

menor Samara Rojas Patiño Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Referencia: Acción de tutela

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia -Relevancia y

Subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la sentencia del 2 7 de febrero de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Fredy de Jesús Rojas Valencia en representación de su hija menor Samara Rojas Patiño, por conducto de apoderado judicial 1, presentó escrito en el que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, los cuales consideró vulnerados

Patiño, por conducto de apoderado judicial 1, presentó escrito en el que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, los cuales consideró vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, con ocasión de la sentencia proferida el 14 de julio de 2023 en el trámite del medio de control de reparación directa identificado bajo el radicado núm. 66001 -23-33-000-2017-00003-00/01 que interpuso en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

2. Hechos

La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica2:

1 Índice 00002 expediente primera instancia aplicativo SAMAI con certificado núm. 86448191AD1F5B96 074ECB82E31F34CC 92D754079661DAA9 D98B082D3DB69494. 2 Ibidem / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:Radicado: 11001-03-15-000-2024-06731-01

Accionante: Fredy de Jesús Rojas Valencia en representación de su hija menor Samara Rojas Patiño

2.1. La parte actora manifestó que el 22 de mayo de 2014 el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Dosquebradas (Risaralda) impuso medida de aseguramiento de detención preventiva a la señora Paola Andrea Patiño Botero por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, quien fue remitida el mismo día al Establecimiento de Reclusión de Mujeres “La Badea” de ese

medida de aseguramiento de detención preventiva a la señora Paola Andrea Patiño Botero por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, quien fue remitida el mismo día al Establecimiento de Reclusión de Mujeres “La Badea” de ese municipio.

2.2. Al día siguiente el área de sanidad del INPEC le practicó un examen de ingreso, en el cual la señora Patiño Botero explicó que no había tenido actividad sexual reciente y, por ende, no utilizaba ningún método anticonceptivo, y que su última menstruación había sido el 5 de abril de 2014, por lo que, a la fecha, llevaba 48 días sin presentar un nuevo período menstrual. Pese a lo expuesto, el médico tratante no ordenó ningún tipo de examen adicional. Ese mismo día la sindicada fue trasladada a su residenc ia, dado que el juzgado ordenó su detención domiciliaria al ser madre cabeza de familia.

2.3. El 26 de agosto de 2014 Paola Andrea Patiño Botero fue condenada a la pena principal por el delito endilgado y su consecuente detención y remisión al centro penitenciario para el cumplimiento de la pena. En esta ocasión, el personal médico del INPEC omitió realizar un examen de ingreso, al considerar que e ra suficiente el realizado en el mes de mayo.

2.4. Durante su estancia, en varias ocasiones presentó episodios de migraña, náuseas, vómito y sangrado vaginal, por lo que solicitó ayuda médica al personal que la custodiaba; sin embargo, hicieron caso omiso dado que solo era viable una remisión al hospital en caso de que se presentara una urgencia vital.

náuseas, vómito y sangrado vaginal, por lo que solicitó ayuda médica al personal que la custodiaba; sin embargo, hicieron caso omiso dado que solo era viable una remisión al hospital en caso de que se presentara una urgencia vital.

2.5. El 21 de octubre de 2014 su estado de salud empeoró, por lo que se dirigió al baño ubicado dentro de la celda en la que se encontraba pues presentó una hemorragia muy fuerte, la cual produjo el nacimiento de la menor Sara Rojas Patiño, quien cayó al sanitario.

2.6. Debido a lo anterior la señora Patiño Botero fue trasladada a una clínica en Pereira y a su hija al hospital de Dosquebradas. Una vez fue valorada la menor, el dictamen arrojó como resultado que sufrió una hipoxia o falta de oxígeno en el cerebro, que le ocasionó un daño cerebral permanente.

2.7. Como consecuencia de estos hechos, Paola Andrea Patiño Botero y su pareja Fredy de Jesús Rojas Valencia, en representación de la menor Samara Rojas Patiño, hermana de la víctima Sara Rojas Patiño, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, del departamento de Risaralda y de la Fiduciaria La Previsora S.A.

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=66001233300020170000301110010 3Radicado: 11001-03-15-000-2024-06731-01

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3Radicado: 11001-03-15-000-2024-06731-01

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como liquidador de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones – CAPRECOM EICE, en la que solicitaron declarar la responsabilidad extracontractual por los hechos anteriormente descritos y, como consecuencia de ello, ordenar el pago de los perjuicios que hubiere lugar.

2.8. El Tribunal Administrativo de Risaralda conoció el proceso en primera instancia y, mediante fallo del 4 de junio de 2021, concedió parcialmente las pretensiones de la demanda y reconoció perjuicios morales a favor de todos los demandantes, incluida Samara Rojas Patiño, por la suma equivalente a 50 SMLMV.

2.9. En contra de dicha decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación ante el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, autoridad judicial que profirió fallo el 14 de julio de 2023, en el que modificó la sentencia proferida por el a quo, en el sentido de declarar la responsabilidad extracontractual solo del INPEC y el pago correspondiente a los perjuicios morales reconocidos.

2.10. El 26 de febrero de 2024 la parte demandante solicitó la corrección de la providencia por errores aritméticos al omitir la identificación de una de las demandantes en la parte resolutiva, específicamente de la menor Samara Rojas Patiño. Esta petición fue rechaza por extemporánea en auto de fecha 17 de junio de 2024.

2.11. Ante la negativa, la parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio

Patiño. Esta petición fue rechaza por extemporánea en auto de fecha 17 de junio de 2024.

2.11. Ante la negativa, la parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio súplica, el cual fue rechazado por improcedente el 23 de julio de 2024, en razón a que la decisión atacada es un auto proferido por Sala de Decisión, por lo tanto, el primero de ellos es improcedente y el segundo solo procede contra algunos autos dictados por el magistrado ponente, por lo que no es aplicable en el presente caso.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. En su demanda de tutela, la parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral y, como consecuencia de ello, pidió: i) ordenar a la autoridad judicial corregir la sentencia proferida y que incluya a Samara Rojas Patiño como beneficiaria de los perjuicios morales reconocidos en primera instancia y, como petición subsidiaria, ii) ordenar la adopción de medidas que garanticen la reparación integral de la menor Rojas Patiño, en las que se incluya el pago de los aludidos perjuicios.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela manifestó, en síntesis, que la parte accionada incurrió en un defecto fáctico, dado que, a su juicio, la sentencia censurada es inconsistente, pues en la parte considerativa dispuso como beneficiaria a SamaraRadicado: 11001-03-15-000-2024-06731-01

Accionante: Fredy de Jesús Rojas Valencia en representación de su hija menor Samara Rojas Patiño

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Rojas Patiño; sin embargo, omitió mencionarla en la parte resolutiva, lo que conllevó a que su derecho a la reparación integral fuera trasgredido.

Aunado a ello , citó el contenido del artículo 44 3 de la Constitución Política y las sentencias T-045 de 2016.

3.3. Además, enfatizó que su derecho a la igualdad fue trasgredido, dado que en casos análogos el Consejo de Estado ha accedido a pretensiones similares, como ocurrió en los procesos tramitados bajo los radicados núm. 20001-23-33-000-2020-00701-02, 85001-3333-001-2020-00124-02, 73001 -23-33-000-2016-00775-01 y 27 -001-23-22000-2016-00156-01.

3.4. Finalmente, sostuvo que esta decisión vulneró el principio de congruencia, dado que, si bien se le reconoce la indemnización en la parte considerativa, no lo describió de manera clara en la parte resolutiva, lo que equivale a una denegación de justicia.

4. Trámite de tutela e intervenciones en primera instancia

4.1. El Consejo de Estado, Sección Quinta, profirió auto el 10 de diciembre de 20244, en el que inadmitió la acción de tutela. Por lo anterior, el accionante subsanó el yerro descrito5. En consecuencia, mediante auto de fecha 20 de enero de 20256 se admitió la acción de tutela, se dispuso la vinculación como terceros con interés del Tribunal

descrito5. En consecuencia, mediante auto de fecha 20 de enero de 20256 se admitió la acción de tutela, se dispuso la vinculación como terceros con interés del Tribunal Administrativo de Risaralda, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, del departamento de Risaralda, de la Fiduciaria La Previsora S.A., como liquidador de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones – Caprecom EICE En Liquidación , de Paola Andrea Patiño Botero -en nombre propio y en representación de sus hijas menores Sara y Samara Rojas Patiño-, de Juan Diego Rojas Martínez, de Alba Lucía Botero Ortiz, de Óscar Patiño Ramírez, de María Magali Valencia y de José Ovidio Rojas Card ona. Asimismo, se requirió al Consejo de Estado, Sección Tercera , Subsección B y al Tribunal Administrativo de Risaralda, para que allegaran al trámite constitucional el proceso de reparación directa adelantado bajo el radicado núm. 66001-23-33000-2017-00003-00/01 y reconoció personería jurídica al abogado Leonardo José Álvarez Gómez como apoderado de la parte accionante.

3 Constitución Política de Colombia. Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual,

ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 4 Índice 0000 4 expediente primera instancia aplicativo SAMAI , con certificado núm. D29742FB3FFA9FA3 BEE47F758F82EBC9 7D0CC61ED5FF2F7D 0FB557CBB4CCCC16 5 Índice 00008 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. C62A86ADEAB20BB9 199D459413D6E4B0 CAFFF8DBEE679E14 F4C0E7766D5F1014. 6 Índice 00011 expediente primera instancia del aplicativo SAMAI, con certificado núm. A5E55DD51FE40E1C F5AB9EF928B7CA98 E6B37FE3931B40AD 9FFBCAC20D42EFE3.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06731-01

Accionante: Fredy de Jesús Rojas Valencia en representación de su hija menor Samara Rojas Patiño

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4.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B 7, aportó el expediente digital solicitado, no obstante, se abstuvo de emitir pronunciamiento respecto a los hechos origen de esta acción y puso de presente que acataría la orden que sea emitida en el curso del trámite constitucional.

4.3. El Tribunal Administrativo de Risaralda8 solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que la parte actora refuta la actuación desplegada en el trámite del proceso ordinario en segunda instancia. Bajo este contexto consideró claro que la causa y el objeto de la acción de tutela no tiene relación con su actuación judicial.

4.4. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC9 pidió su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva dentro del trámite constitucional, toda vez que, a partir de la lectura de los hechos y las pretensiones del extremo activo, la actuación que refirieron como vulneradora de sus derechos fundamentales recayó exclusivamente sobre la autoridad judicial de segunda instancia.

4.5. La Fiduciaria La Previsora S.A., como liquidador de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones – Caprecom EICE en liquidación10, indicó que, a partir de los hechos relacionados en el escrito de tutela, constató que no existe un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos fundamentales incoados y la actuación de la entidad. En virtud de ello, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que la carga respecto del pronunciamiento de fondo en el presente

causalidad entre la vulneración de los derechos fundamentales incoados y la actuación de la entidad. En virtud de ello, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que la carga respecto del pronunciamiento de fondo en el presente asunto le corresponde a la autoridad judicial enjuiciada.

5. Sentencia de tutela de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Quinta, profirió sentencia de primera instancia el 27 de febrero de 202511, en la que declaró la improcedencia de la acción de tutela, al no cumplir con el requisito de relevancia constitucional y de subsidiariedad.

7 Índices 00016 y 000 20 expediente primera instancia aplicativo SAMAI , con certificados núms.

1AE3FC149C93B8BA 7822597B7B1DBAEF DD91F47447C66CBC ED5FE656EF655D9E y 3EBFFFB9F984FBE9

9511BBD40F9D527F 4616076F9A61573B 833B388C1BF455D4. 8 Índices 00017 y 00018 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificados núms.

57F1EB1ABFFD19E4 7FC5D827BD0295BB B76C8F7CB95D314A AC6ED0AE97DC2BE7 y

3A511207718C1A30 38779CA406780720 EEF856C29FD9AE8A 7654154439DE1E05. 9 Índice 00019 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 5C5F917B708F2522

8EC0EDC6A5B067D4 4732B67D9A3D3EA8 794EA7EDBC4AB45E.

9 Índice 00019 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 5C5F917B708F2522 8EC0EDC6A5B067D4 4732B67D9A3D3EA8 794EA7EDBC4AB45E. 10 Índices 00021 y 00022 expediente primera instancia aplicativo SAMAI , con certificado s núm.

D4460FFB07DB5330 21C389495612CA7F ACE105A3D5098B44 8C450C34B20861BE y D88C0CDA6D1D9CC4

9EEBA32147EBBA26 43815C02C0DA184D 4C017FE4C15718E9. 11 Índice 000 28 expediente primera instancia aplicativo SAMAI , con certificado núm. 5C5F917B708F2522

8EC0EDC6A5B067D4 4732B67D9A3D3EA8 794EA7EDBC4AB45E.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06731-01

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Como fundamento de su decisión, señaló que los argumentos planteados por la parte actora en la acción de tutela no afectaban la garantía de derechos fundamentales, dado que, por una parte, no satisfizo el requisito de relevancia constitucional, debido a que sus argumentos no demostraron el defecto fáctico alegado, pues sustentó su existencia en el hecho de que el fallador de segunda instancia reconoció en su parte considerativa la condición de beneficiaria de Samara Rojas Patino, pero no la incluyó en la parte resolutiva, lo que generó una contradicción que afectó el principio de

existencia en el hecho de que el fallador de segunda instancia reconoció en su parte considerativa la condición de beneficiaria de Samara Rojas Patino, pero no la incluyó en la parte resolutiva, lo que generó una contradicción que afectó el principio de congruencia. Por tanto, consideró que la supuesta omisión atribuida a la autoridad judicial accionada es susceptible de ser invocada como causal de revisión de sentencia, prevista en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 , por ende, la solicitud presentada no superó el requisito de subsidiariedad, debido a que dispone del recurso extraordinario de revisión.

6. Impugnación La parte actora presentó escrito de impugnación 12 en el que solicitó revocar la sentencia proferida en primera instancia, al considerar que con tal decisión persiste la vulneración de los derechos fundamentales de la menor Samara Rojas Patiño , dada la clara violación al principio de congruencia y al derecho a la reparación integral, pues si bien, en la providencia atacada se reconoció como beneficiaria en la parte considerativa, pero omitió mencionarla en la parte resolutiva.

Aunado a lo anterior, enfatizó que el recurso extraordinario de revisión no es un mecanismo eficaz ni idóneo para la protección de los derechos fundamentales de la menor, dado que tal mecanismo no garantiza la reparación efectiva del perjuicio porque aun si se concediera, la menor quedaría sometida a un proceso incierto, sin una medida cautelar que le garantice el acceso a la indemnización de la cual tiene derecho.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad

una medida cautelar que le garantice el acceso a la indemnización de la cual tiene derecho.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Fredy de

12 Índice 000 33 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 5714EF53F7430C71

2D4F8973E251212A AD1E958DF454771A 9E39338EAAC81E89.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06731-01

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Jesús Rojas Valencia en representación de la menor Samara Rojas Patiño, al ser esta última la titular de los derechos que afirm ó fueron vulnerados dad o que actu ó como demandante en el medio de control de reparación directa adelantado bajo el radicado núm. 66001-23-33-000-2017-00003-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por cuanto actu ó como jue z dentro del proceso mencionado , y fue su actuación a la que la parte accionante atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la

proceso mencionado , y fue su actuación a la que la parte accionante atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la impugnación tienen el alcance para revocar el fallo de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 13 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general que habilitan la interposición de la tutela14, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto15.

13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 14 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga

14 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta t enga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proce so y; que el fallo censurado no sea de tutela 15 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento esta blecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexist entes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la

sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexist entes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo aRadicado: 11001-03-15-000-2024-06731-01

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Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”16.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”17.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la

tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido

tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 16 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. 17 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06731-01

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necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a u