CE - Sentencia 11001031500020240675501 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06755-01

Demandante: Consorcio C&O

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C, veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2024-06755-01

Demandante: CONSORCIO C&O

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la providencia de 30 de enero de 202 5, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 9 de diciembre de 2024, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

Quinto Administrativo del Circuito de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«1. (…) sírvase ordenar a las accionadas estudiar nuevamente el proceso ejecutivo con radicación 19001333300520230014300 y proceder a librar mandamiento ejecutivo bajo los parámetros solicitados en la demanda ejecutiva interpuesta por el CONSORCIO C&O.».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El Consorcio C&O participó en la licitación pública nro. 2 de 2018, que adelantó la Empresa Caucana de Servicios Públicos S.A. E.S.P (en adelante Emcarservicios) con el objeto de «Realizar la optimización sistema de abastecimiento de agua y sistema de potabilización del corregimiento de Gabriel López – municipio de Totoro (…)». Por medio de la Resolución 36 de 5 de abril de 2018, le fue adjudicado a la demandante el contrato, por ser la propuesta más favorable.

El 16 de abril de 2018, el Consorcio C&O y Emcarservicios suscribieron contrato de obra nro. 110 en el que se pactó : (i) plazo de 4 meses , que fueron prorrogados ; (ii) valor total de $ 752278.420; (iii) que el pago se efectuaría por «medio de actas parciales y/o final de la obra », de conformidad con las cantidades ejecutadas. Además, que elRadicado: 11001-03-15-000-2024-06755-01

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y/o final de la obra », de conformidad con las cantidades ejecutadas. Además, que elRadicado: 11001-03-15-000-2024-06755-01

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último pago se efectuaría con «el acta de liquidación final del contrato y no podrá ser menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de interventoría, en el cual se certifique el recibo a satisfacción de la obra (…)» ; (iv) que la liquidación del contrato debía realizarse dentro de los 4 meses siguientes, en los términos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El 28 de mayo de 2018 se firmó el acta de inició del contrato de obra pública ; se suscribieron cuatro actas y que se pagó valor parcial de $ 764574.550, así:

El 18 de diciembre de 2019 se suscribió el acta de terminación del contrato y recibo a satisfacción de la obra. El 18 de mayo de 2022, el Consorcio C&O remitió a Emcarservicios cuenta de cobro nro. 5, junto con todos los documentos solicitados por la empresa de servicios públicos, por valor de $ 100419.256

Por lo anterior, el Consorcio C&O presentó demanda ejecutiva contra Emcaservicios, en el que solicitó que se libre mandamiento de pago por $100.419.256, obligación contenida en título ejecutivo complejo1, y se condene al pago de intereses moratorios e indexación.

en el que solicitó que se libre mandamiento de pago por $100.419.256, obligación contenida en título ejecutivo complejo1, y se condene al pago de intereses moratorios e indexación.

El 11 de octubre de 2023, el Juzgado Quinto Administrativo de Popayán negó el mandamiento de pago con fundamento en que no se integró en debida forma el título ejecutivo complejo, porque no se aportó el acta de liquidación final del contrato . Al respecto, explicó que, en la cláusula segunda del contrato, se pactó que el último pago debía adelantarse con el «acta de liquidación final del contrato ». Sin embargo, dicho documento no fue aportado, pues el que se incluyó como anexo del título ejecutivo complejo fue el de «acta de terminación y recibo a satisfacción de la obra, de fecha de 18 de diciembre de 2019, suscrita por el ingeniero Pablo José Oroz co, representante legal de Consorcio C&O y por la ingeniera Isabel Bechara quien actúa en calidad de interventora (…)». Además, resaltó que en el documento mencionado se señaló que «la liquidación del contrato y cancelación del Acta Final se realizarán al comprobar el funcionamiento óptimo de la planta (…)».

El accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación con fundamento en los siguientes argumentos:

(i) El título ejecutivo est uvo debidamente conformado , porque en la cláusula tercera se estipuló que el precio del contrato se debía pagar por actas y/o al final de la obra, por lo que no era necesaria la liquidación del contrato. Además, que, si bien , se hizo referencia a la liquidación, « el pago se encontraba condicionado a la liquidación del contrato mas no su reconocimiento

final de la obra, por lo que no era necesaria la liquidación del contrato. Además, que, si bien , se hizo referencia a la liquidación, « el pago se encontraba condicionado a la liquidación del contrato mas no su reconocimiento

1 Conformado por: « 1. contrato de obra 110 de 2018; 2. cuenta de cobro; 3. certificación de cuenta bancaria; 4. acta de modificación de cantidades; 5. pre acta con registro fotográfico; 6. acta de obra no. 5; 7. informe final de obra; 8. resultado de los ensayos de calidad; 9. informe final ambiental; 10. info rme final social; 11. planillas de pago de seguridad social y parafiscales del periodo del acta no. 5; 12. póliza de estabilidad de obra, actualizadas con el acta de terminación y recibo a satisfacción.»Radicado: 11001-03-15-000-2024-06755-01

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porque claramente dicho reconocimiento debía surtirse como se hizo EL ACTA

FINAL DE OBRA No. 5».

Asimismo, resaltó que , entre los anexos aportó el Acta nro. 5 de 18 de diciembre de 2019, firmada por ambas partes y en la que se establecen sumas expresamente determinadas; el Contrato nro. 110 de 2018, en el que se pactó como cláusula tercera que el pago se realiza mediante actas parciales o final de obra, aprobadas por la interventoría y el balance

sumas expresamente determinadas; el Contrato nro. 110 de 2018, en el que se pactó como cláusula tercera que el pago se realiza mediante actas parciales o final de obra, aprobadas por la interventoría y el balance financiero del contrato, donde consta ba el saldo adeudado por Emcaservicios de $ 100419.256

(ii) El auto recurrido present ó contradicciones, porque en folio 5 reconoce la existencia de la deuda de $ 100419.256,00 según el Acta Parcial Final nro. 5, pero concluye que no existe título ejecutivo. Además, advirtió que el juez de primera instancia confundió el Acta de Modificación nro. 5 (que documentaba las modificaciones del contrato) con el Acta Parcial Final nro. 5 (donde se reconoce la deuda pendiente), lo que derivó en interpretación errónea de la exigibilidad de la obligación.

(iii) Citó jurisprudencia proferida por esta Corporación 2 en la que se adelantó procesos ejecutivos sin que se aportara la liquidación del contrato, siempre que existan documentos firmados que evidencien una obligación clara, expresa y exigible , como lo son las actas de entrega y terminación y la entrega de la cuenta de cobro.

Afirmó que la liquidación del contrato no puede ser exigencia para la conformación del título ejecutivo, porque, aunque se haya pactado en el contrato, se trata de una cláusula abusiva.

Asimismo, resaltó que el juzgado tomó como fundamento una sentencia de tutela (11001-03-15-000-2018-04299-00) que no aplicaba al caso, pues trata de contratos de prestación de servicios y no de obra pública.

Asimismo, resaltó que el juzgado tomó como fundamento una sentencia de tutela (11001-03-15-000-2018-04299-00) que no aplicaba al caso, pues trata de contratos de prestación de servicios y no de obra pública.

(iv) La liquidación del contrato, si bien , se realizó, no fue suscrita por el representante de Emcaservicios, debido al cambio de gerente de la entidad. De modo que, cuando se posesionó el nuevo gerente el plazo para efectuar la liquidación se encontraba vencido. Para sustentar esa afirmación aportó copia del proyecto de liquidación.

El 14 de marzo de 2024, el Juzgado Quinto Administrativo de Popayán no repuso la decisión inicial y concedió el recurso de apelación.

El 7 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Cauca confirmó la decisión de primera instancia, para lo cual expresó que el demandante presentó un título ejecutivo complejo, conformado por el Contrato de Obra nro. 110 de 2018, sus modificatorios, actas parciales, informes finales, cuentas de cobro, planillas de seguridad social y pólizas de estabilidad. Sin embargo, no aportó el Acta de Liquidación del contrato, documento exigido expresamente en la cláusula tercera del contrato como requisito indispensable para el pago final. En consecuencia, la falta de dicho documento impedía considerar la obligación como exigible.

Aunado a lo anterior, consideró que la obligación tampoco era clara, porque , aunque en el Acta Parcial nro. 05 y Final se señaló como valor a pagar $ 100 419.256, del

impedía considerar la obligación como exigible.

Aunado a lo anterior, consideró que la obligación tampoco era clara, porque , aunque en el Acta Parcial nro. 05 y Final se señaló como valor a pagar $ 100 419.256, del

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: mauricio fajardo gómez, sentencia 30 de julio de 2008 radicación: 68001-23-15-0002002-01365-01(31280).Radicado: 11001-03-15-000-2024-06755-01

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referido documento también se podía concluir que el valor del contrato fue modificado. Sin embargo, no se aportaron las modificaciones u otrosíes que acredit aban con certeza la suma definitiva a pagar. Además, que el valor del contrato señalado en el «Acta de modificación No.5», «Acta Parcial No.05 y Final», «Acta de Terminación y Recibo a satisfacción» difería en cada uno de los documentos.

Por otro lado, señaló que, si el demandante cuestionaba las razones por las que no se suscribió la liquidación o consideraba que la existencia de cláusulas abusivas, debió cuestionar esos argumentos por el medio de control de controversias contractuales y no en el proceso ejecutivo. De modo que, al no haber sido declarada ilegal, la cláusula era válida y debía cumplirse con lo pactado.

3. Argumentos de la acción de tutela

Alegó que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto

ilegal, la cláusula era válida y debía cumplirse con lo pactado.

3. Argumentos de la acción de tutela

Alegó que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto porque existió una exigencia desproporcionada al señalar que para que la obligación sea exigible debía aportarse el acta de liquidación.

Señaló que el contrato establecía que Emcaservicios debía realizar pagos mediante actas parciales y/o finales de obra, aprobadas por la interventoría. Por ello, se aportó el Acta Parcial Final nro. 5, debidamente firmada por el representante legal del Consorcio C&O, la interventoría y la gerencia de Emcaservicios, que reconocía el valor adeudado de $ 100419.256.

Consideró que el Acta Parcial Final nro. 5 cumple con los requisitos del artículo 488 del CGP, pues establece una obligación clara, expresa y exigible a favor del ejecutante.

Además, advirtió que la liquidación no fue protocolizada por negligencia de Emcaservicios, debido al cambio de gerente de esa entidad, lo que dejó el documento sin firma final dentro del término previsto en la norma, por lo que el contratista no puede ser perjudicado por la ineficiencia de la entidad.

Anotó que el juzgado accionado citó un fallo de tutela (Rad. No. 11001 -03-15-0002018-04299-00) como sustento para negar el mandamiento ejecutivo. Además, resaltó que ese caso era distinto, pues versaba sobre contratos de prestación de servicios y no de obra pública.

Indicó que en el recurso de apelación citó precedentes del Consejo de Estado

que ese caso era distinto, pues versaba sobre contratos de prestación de servicios y no de obra pública.

Indicó que en el recurso de apelación citó precedentes del Consejo de Estado aplicables al caso, que avalaban la conformación del título ejecutivo sin necesidad de liquidación, pero fueron ignorados.

Por otro lado, expresó que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto fáctico porque no valoraron las pruebas documentales que acreditaban la obligación, porque la suma adeudada estaba expresamente determinada en el Acta Parcial Final nro. 5, suscrita por las partes. Además, desconocieron la cuenta de cobro, la certificación de cuenta bancaria, el informe final de obra, los pagos de seguridad social y parafiscales, y otros documentos anexos que soportaban la obligación adeudada.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06755-01

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Advirtió que tampoco se tuvo en cuenta que el proyecto de acta de liquidación, aunque no se protocolizó, contenía exactamente la misma información y valores que el acta final de obra.

4. Trámite previo

El 11 de diciembre de 2024, el despacho sustanciador del trámite de primera instancia admitió la acción de tutela, ordenó notificar al demandante y a la s autoridades judiciales demandadas. Adicionalmente, a la sociedad Empresa Caucana de Servicios Públicos – Emcaservicios S.A. E.S.P., y a los señores José Guillermo Castro Gámez y Pablo José Orozco Estrada.

judiciales demandadas. Adicionalmente, a la sociedad Empresa Caucana de Servicios Públicos – Emcaservicios S.A. E.S.P., y a los señores José Guillermo Castro Gámez y Pablo José Orozco Estrada.

5. Oposiciones

El Juzgado Quinto Administrativo de Popayán reiteró los argumentos expuestos en las decisiones cuestionadas y afirmó que se encuentran debidamente fundamentadas en la norma aplicable y en las pruebas aportadas al proceso, por lo que no existía vulneración de los derechos fundamentales invocados.

El Tribunal Administrativo del Cauca no se pronunció.

6. Intervención de los terceros con interés

Emcaservicios S.A. E.S.P . solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo constitucional, porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues se trata de un «debate eminentemente contractual».

Manifestó que la accionante considera que se configuró «defecto procedimental», sin embargo, lo expuesto no encaja en dicho requisito específico de tutela contra providencia judicial.

Finalmente, advirtió que, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del CPACA, el consorcio accionante puede presentar el medio de control de controversias contractuales y solicitar la liquidación judicial del contrato.

7. Sentencia de primera instancia

El 30 de enero de 2025, el Consejo de Estado, Sección Primera profirió sentencia de primera instancia en la que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional , con fundamento en los siguientes argumentos:

Señaló que el debate no fue planteado desde una perspectiva constitucional, sino

incumplimiento del requisito de relevancia constitucional , con fundamento en los siguientes argumentos:

Señaló que el debate no fue planteado desde una perspectiva constitucional, sino como un cuestionamiento de legalidad y además que el conflicto es de carácter económico, ya que se fundamenta en una interpretación del contrato y en la exigibilidad de los pagos que se encontraban pendientes.

Por otro lado, expresó que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca del 7 de junio de 2024, con fundamento en las pruebas aportadas en el proceso encontró que el título ejecutivo no reunía los requisitos del artículo 422 del Código General del Proceso, pues no se aportó el acta de liquidación exigida por la cláusula tercera del contrato de obra nro. 110 de 2018. Además, que el contrato establecía queRadicado: 11001-03-15-000-2024-06755-01

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el último pago debía efectuarse con el acta de liquidación final, la cual no fue presentada.

Por ello, concluyó que la valoración probatoria realizada por las autoridades judiciales demandadas se realizó bajo el principio de autonomía judicial y observancia de los principios de independencia judicial y sana crítica. De modo que, la tutela no podía ser utilizada como un mecanismo de revisión de pruebas o como una tercera instancia.

8. Impugnación

La accionante impugnó la decisión de primera instancia con fundamento en que la

utilizada como un mecanismo de revisión de pruebas o como una tercera instancia.

8. Impugnación

La accionante impugnó la decisión de primera instancia con fundamento en que la solicitud de amparo cumple con el requisito de relevancia constitucional porque las decisiones judiciales cuestionadas vulneraron el derecho fundamental al debido proceso. Asimismo, anotó que, si bien la controversia involucraba un derecho económico, la jurisprudencia permite debatir estos asuntos vía tutela cuando se afecta un derecho fundamental, como en este caso el debido proceso.

Alegó que el juez de primera instancia no valoró todos los argumentos expuestos en la acción de tutela.

Insistió en que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en falta de valoración de todas las pruebas aportadas en el proceso, que demuestran que el Acta Final Parcial nro. 5 sí reconoce una deuda exigible, máxime si se tenía en cuenta que dicho documento fue suscrito por el gerente de Emcaservicios y la interventoría del contrato. Además, que existió una indebida exigencia del acta de liquidación del contrato, lo que constituía un exceso de ritual manifiesto.

Advirtió que la negativa a valorar esos aspectos desdibujó la relevancia constitucional del caso, al no considerar la afectación patrimonial sufrida por el Consorcio C&O, cuyos integrantes financiaron la ejecución de la obra con recursos propios y créditos bancarios, sin que la entidad contratante cumpliera con el pago acordado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,

bancarios, sin que la entidad contratante cumpliera con el pago acordado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cual quier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06755-01

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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra

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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 3 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 4 y específicas 5 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Cauca vulneró los derechos fundamentales invocados.

El accionante alegó que la providencia cuestionada incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y en defecto fáctico, al exigir como requisito indispensable para la exigibilidad de la obligación la presentación del acta de liquidación del contrato, sin considerar que el Acta Parcial Final nro. 5 contenía el reconocimiento expreso de la deuda y cumplía con los requisitos del artículo 488 del Código General del Proceso.

Además, en el escrito inicial expresó que desconoció precedentes del Consejo de Estado que han permitido la procedencia de títulos ejecutivos en contratos estatales de obra pública sin la necesidad de un acta de liquidación, cuando existen documentos firmados que evidencien la obligación.

Previo a ello, la Sala analizará si la presente solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

firmados que evidencien la obligación.

Previo a ello, la Sala analizará si la presente solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional 1 ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de

3 la sala plena de lo contencioso administrativo y las distintas secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (expediente ac-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. de ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (se destaca) 4 causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y

4 causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sid o posible y, (vi) que no se trate de sentencias de tutela. 5 la configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06755-01

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tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una ins tancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20146, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 7. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la

Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes. (se destaca)

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes. (se destaca)

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, se emplea el presente mecanismo como una instancia adicional para reiterar los argumentos que ya fueron resueltos por el juez natural, tal como se pasa a explicar.

Para empezar, se tiene que el Consorcio C&O presentó demanda ejecutiva contra Emcaservicios, en el que solicitó que se libre mandamiento de pago por $ 100419.256, obligación contenida en t ítulo ejecutivo complejo conformado por: (i) contrato de obra 110 de 2018; (ii) cuent