CE - Sentencia 11001031500020240693901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Consejera Ponente (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06939-01

Actora: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Demandado: Sección Segunda -Subsección D - del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de 9 de abril de 2025 , proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado , que declaró improcedente la acción de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii) consideraciones de la Sala; y iii) resuelve, las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado , a través de apoderada, presentó acción de tutela contra la Sección Segunda -Subsección Ddel Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 18 de julio de 2024, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de2

Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 18 de julio de 2024, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06939-01

Actora: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

radicación 11001-33-35-014-2019-00107-02, vulneró su derecho fundamental al debido proceso.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que el señor Paul Giovanni Gómez Díaz en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió demanda contra ella y la Comisión Nacional del Servicio Civil , con el fin de que se declarara la nulidad parcial de la Resolución núm. CNSC-20182110091075 de 14 de agosto de 2018, mediante la cual se conformó la lista de elegibles de la OPEC No. 14919 de la Convocatoria 428 de 2016; y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se le asignaran “[…] 30 puntos adicionales al factor de Educación Formal, correspondiente a la prueba de valoración de antecedentes y se le incremente la calificación de 50 a 80 puntos, con incidencia en el resultado definitivo, de tal forma que se eleve de 79.02 a 85.02 […]”.

4. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante sentencia

calificación de 50 a 80 puntos, con incidencia en el resultado definitivo, de tal forma que se eleve de 79.02 a 85.02 […]”.

4. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 1 0 de noviembre de 20 22, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

5. La Sección Segunda -Subsección D - del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 18 de julio de 2024, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, a excepción del ordinal cuarto que ordenó declarar la nulidad del nombramiento en periodo de prueba de la señora Mayra Alejandra Sánchez Rodríguez, el cual se revoca.

SEGUNDO: MODIFICAR los ordinales primero, tercero, quinto y sexto de la parte resolutiva de la sentencia apelada, y para mayor claridad la parte resolutiva

quedará de la siguiente manera:

PRIMERO: Declarar la nulidad parcial de resolución Nº. 20182110091075 de 14 de agosto de 2018, mediante la cual la Comisión Nacional del Servicio Civil conformó

la lista de elegibles para proveer tres vacantes del empleo de carrera denominado Gestor, Códig o T1, Grado 16, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, OPEC Nº. 14919, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.3

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Actora: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

esta sentencia.3

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Actora: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Comisión Nacional del Servicio Civil, que le asigne 30 puntos adicionales al factor de Educación Formal, en la calificación de la prueba de valoración de antecedentes del señor Paul Giovanni Gómez Díaz, identificado con C.C. Nº. XXXXX, y como consecuencia, le incremente la calificación de dicha prueba a 80 puntos, con incidencia en el resultado definitivo, de tal forma que se eleve de 79.02 a 85.02, como se explicó anteriormente.

TERCERO: Se ordena a la la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que realicen el nombramiento en periodo de prueba del demandante Paul Giovanni Gómez Díaz, identificado con C.C. Nº. XXXXX, en el empleo de Gestor, Código T1, Grado 16, OPEC Nº. 14919, ofertado en la Convocatoria 428 de 2016, o en uno de igual jerarquía, conforme a lo expuesto en esta sentencia.

CUARTO: Condenar solidariamente a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Universidad de Medellín y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a reconocer y pagar a favor del señor Paul Giovanni Gómez Díaz, identificado con C.C. Nº. XXXXXX, y en la proporción que corresponda, las diferencias causadas entre el salario devengado en el empleo que desempeña el accionante en la Superintendencia Nacional de Salud y el de Gestor, Código T1,

identificado con C.C. Nº. XXXXXX, y en la proporción que corresponda, las diferencias causadas entre el salario devengado en el empleo que desempeña el accionante en la Superintendencia Nacional de Salud y el de Gestor, Código T1, Grado 16 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Est ado, si existieren, equivalente a los salarios, prestaciones laborales y aportes a seguridad social en salud y pensión, que se le hubiesen reconocido, desde fecha en la que debió ser nombrado, noviembre de 2019, y hasta cuando la entidad defina si está en posibilidad de nombrarlo o no, conforme a lo expuesto en esta sentencia.

Se aclara que los aportes a seguridad social se realizarán al Fondo de Pensiones y a la Entidad Promotora de Salud a la cual se encuentre afiliado el accionante, y que él señale a la entidad, lo cual será su obligación.

En caso de no poder efectuar el nombramiento en el término legalmente establecido, se CONDENA a las entidades demandadas, en forma solidaria, a pagar al señor Paul Giovanni Gómez Díaz , la indemnización compensatoria prevista en los incisos 7 y 8 del artículo 189 del CPACA, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: Las sumas que deberán cancelar las entidades condenadas por concepto de prestaciones laborales y aportes a seguridad social, se actualizarán de acuerdo con la fórmula indicada en la parte considerativa de esta sentencia.

SEXTO: Declarar no probadas las excepciones de caducidad e inepta demanda, por lo expuesto.

SÉPTIMO: Las entidades condenadas darán cumplimiento al presente fallo, en los

SEXTO: Declarar no probadas las excepciones de caducidad e inepta demanda, por lo expuesto.

SÉPTIMO: Las entidades condenadas darán cumplimiento al presente fallo, en los términos previstos en el artículo 192 y siguientes del Código de Procedimiento

Administrativo y Contencioso Administrativo.

OCTAVO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda, por las razones consignadas en la parte considerativa de esta providencia.

6. La Sección Segunda -Subsección D - del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, consideró que:

“[…] Teniendo en cuenta lo anterior, los programas de maestría permiten que la persona desarrolle conocimientos en un área específica como Derecho, y le otorgan capacidades o habilidades para la solución de problemas relacionados con el área respectiva, siendo algunas de profundización o de investigación.4

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Actora: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Así, el Consejo de Estado en sentencia de 30 de julio de 2021, en un caso donde se discutía la legalidad del acto administrativo que reguló la convocatoria para proveer cargos de Procurador Judicial, señaló, que los títulos de maestría, doctorado y posdoctorado que se expidan de manera general, sin especificar área de profundización, pueden tenerse en cuenta, siempre que el concursante conozca las materias que se exigen en la convocatoria, toda vez que el hecho de cursar un posgrado en esa modalidad, le otorga a la persona importantes habilidades y competencias profesionales..

[…]

materias que se exigen en la convocatoria, toda vez que el hecho de cursar un posgrado en esa modalidad, le otorga a la persona importantes habilidades y competencias profesionales..

[…]

Atendiendo el criterio anterior, coincide la Sala con el A quo, en que la interpretación efectuada por la CNSC y la Universidad de Medellín, de otorgar puntaje solo a los títulos de maestría que reflejen una de las áreas del derecho especificadas en el manual de funciones del empleo de Gestor T1, Grado 16 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, dependiendo del área en la que se encuentre, configura una restricción del derecho de acceso a los cargos públicos y contraviene el principio del mérito, por cuanto no podía pretenderse o exigirse que el demandante tuviera conocimiento en todas las áreas o materias de conocimientos específicos que maneje la Dirección de Defensa Jurídica. Y además no resultaba de recibo sostener que como el empleo no est aba ubicado en el área de contratación, el énfasis de su maestría no servía, sino únicamente para esa dependencia.

Si bien es cierto, que no se allegó el pensum académico de la maestría cursada por el actor, también lo es, que fue convalidada por el Ministerio de Educación Nacional como equivalente al título de Magister en derecho, con énfasis en contratos que otorgan instituciones de educación superior colombianas.

Lo anterior permite colegir que el demandante tiene conocimientos generales en áreas del derecho, por cuanto su postgrado es equivalente a una maestría en derecho que ofertan las instituciones de educación superior colombianas y si bien su énfasis es en co ntratación, no significa que únicamente haya estado enfocada en

áreas del derecho, por cuanto su postgrado es equivalente a una maestría en derecho que ofertan las instituciones de educación superior colombianas y si bien su énfasis es en co ntratación, no significa que únicamente haya estado enfocada en ello, pues de lo contrario hubiese sido convalidada por una maestría específica, como a las que hacen referencia las entidades demandadas (maestría en contratación estatal).

Bajo este entendido, considera la Sala que la maestría aportada por el actor, sí está relacionada con las funciones del cargo, en tanto como quedó consignado, están enfocadas a brindar soporte técnico jurídico para salvaguardar los intereses litigiosos, jurídicos y patrimoniales de la Nación y prevenir el daño antijurídico, como también, proponer y formular herramientas jurídicas para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación; proponer mecanismos alternativos de solución de conflictos en los asuntos susceptibles de este trámite; y realizar estudio normativos y jurisprudenciales para la elaboración de líneas de defensa, intervenció n procesal y recomendaciones.

[…] Al respecto, encuentra la Sala que es cierto que existe un cargo de Gestor, Código T1 y Grado 16, que tiene como área funcional la Secretaria General, cuyo propósito principal es “Administrar el proceso de gestión contractual de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el cumplimiento de planes, programas y proyectos (…)” y tiene funciones esenciales, tales como orientar la elaboración de pliego de condiciones o términos de referencia en los procesos de contratación que adelante la agenci a; emitir conceptos jurídicos relacionados con la interpretación y

y proyectos (…)” y tiene funciones esenciales, tales como orientar la elaboración de pliego de condiciones o términos de referencia en los procesos de contratación que adelante la agenci a; emitir conceptos jurídicos relacionados con la interpretación y aplicación de la normatividad vigente para los procesos de contratación; proyectar y revisar minutas de contratos, convenios y proyectos de resolución o actos administrativos tendientes a f ormalizar la suspensiones, adición, prórroga o5

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liquidación de procesos contractuales; y tramitar la legalización de contratos y convenios, entre otras.

Una cosa es la defensa litigiosa de la entidad, y otra los asuntos relacionados directamente con el desarrollo de un proceso contractual, que considera la Sala, son las funciones de este último empleo señalado, y por ende distintas de aquel para el cual se inscribió el demandante.

Como pudo colegirse, las funciones de los cargos son totalmente distintas, y las funciones del cargo en el que se inscribió el actor están encaminadas a la defensa del Estado, donde además de otras áreas, también se examinan temas de contratación. Como el demandante es abogado y tiene maestría con énfasis en esa materia, está capacitado para el desarrollo de las funciones del empleo para el cual concursó.

En ese sentido, tal como lo concluyó el A quo, la entidad demandada debió otorgar puntaje al título de maestría en derecho – énfasis contratos aportado por el señor Gómez Diaz, el cual, de conformidad con el artículo 42 del Acuerdo 20161000001296

puntaje al título de maestría en derecho – énfasis contratos aportado por el señor Gómez Diaz, el cual, de conformidad con el artículo 42 del Acuerdo 20161000001296 de 2016, modificado por el Acuerdo Nº. 20171000000086 de 2017 y 20171000000096 de 2017, correspondía a 30 puntos […]”.

7. Contra dicha decisión, l a actora presentó solicitud de adición , siendo resuelta mediante providencia de 12 de septiembre de 2024, en la que el Tribunal resolvió lo

siguiente:

“[…] PRIMERO. ADICIONAR la parte motiva de la sentencia impugnada, con los considerandos de esta decisión complementaria, y el numeral segundo de la parte resolutiva, que modificó, entre otros el ordinal sexto de la sentencia impugnada, en el sentido de declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la casusa por pasiva propuesta por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, numeral y ordinal que quedarán así:

SEGUNDO: MODIFICAR los ordinales primero, tercero, quinto y sexto de la parte resolutiva de la sentencia apelada, y para mayor claridad la parte resolutiva quedará de la siguiente manera: […]

SEXTO: Declarar no probadas las excepciones de caducidad e inepta demanda propuestas por la vinculada Mayra Sánchez Rodríguez y la de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por lo expuesto.

SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, remítase el expediente al Juzgado de Origen. Déjense las constancias del caso […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, remítase el expediente al Juzgado de Origen. Déjense las constancias del caso […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

8. La actora solicitó en su escrito de tutela1:

1 Transcripción literal del texto.6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06939-01

Actora: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

“[…] PRIMERO: Se ampare el derecho fundamental al debido proceso de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, vulnerado por el Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección SegundaSubsección D, al condenar, en la sentencia del 18 de julio de 2024 , adicionada de 12 de septiembre de la citada anualidad, el pago solidario de salarios y prestaciones dejadas de percibir al señor PAUL GIOVANNI GÓMEZ DÍAZ desde noviembre de 2019 (sin especificar la fecha), y hasta cuando la entidad defina si está en posi bilidad de nombrarlo o no, conforme a lo expuesto en esta sentencia.

SEGUNDO: Se deje din efecto la providencia de 12 de septiembre de 2024, y en su lugar se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección SegundaSubsección Demitir un nuevo pronunciamiento.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se le ordene al Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección SegundaSubsección D que profiera una nueva sentencia en la cual se abstenga de condenar solidariamente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a reconocer y pagar a favor del señor Paul Giovanni Gómez Díaz

de CundinamarcaSección SegundaSubsección D que profiera una nueva sentencia en la cual se abstenga de condenar solidariamente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a reconocer y pagar a favor del señor Paul Giovanni Gómez Díaz (…) las diferencias causadas entre el salario devengado en el empleo que desempañaba en la Superintendencia Nacional de Salud y el de Gestor. Código T1, grado 16 de la Agencia Nacion al de Defensa Jurídica del Estado, equivalente a los salarios, prestaciones laborales y aportes a la seguridad social en salud y pensión, desde noviembre de 2029-no se dijo fecha concreta-, hasta la fecha de nombramiento en periodo de prueba […]”.

Actuación

9. El Despacho de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto de 19 de diciembre de 202 4: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección Segunda -Subsección Ddel Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y iii) vinculó como tercero con interés legítimo, a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la Universidad de Medellín, a los señores Estefanía del Pilar Arévalo Perdomo, Luis Germán Ortega Ruíz, Jorge Alexander Barrero López, Mayra Alejandra Sánchez Rodríguez, Laura Marcela Olier Martínez, Esperanza Panche Lotta, al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bogotá, y “[…] a quienes están nombrados actualmente en los cargos denominado Gestor Código T1, Grado 16 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ofertados a

quienes están nombrados actualmente en los cargos denominado Gestor Código T1, Grado 16 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ofertados a través de la convocatoria No. 428 de 2016 bajo el código OPEC No. 14919 […]”, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo

10. La Sección Segunda -Subsección D - del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, señaló que:7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06939-01

Actora: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

“[…] Por lo anterior y en cuanto al reparo de la Agencia, se precisó que si bien es cierto la CNSC fue la entidad que profirió el acto acusado, por el cual se conformó y adoptó la lista de elegibles para proveer las vacantes del empleo al cual se inscribió el demandante, y no la Agencia demandada, no por ello podía afirmarse que existe falta de legitimación en la causa por pasiva o que no tuviera injerencia en el objeto de la litis, toda vez que la ANDJE es la entidad respecto de la cual se deben proveer los cargos objeto del concurso, y es la entidad que se benefició del concurso.

Se indicó, que bajo ese entendido se podía aplicar el principio de solidaridad laboral que según la Corte Constitucional, “busca asegurar el reconocimiento de las acreencias laborales de quienes cumplen funciones misionales de la empresa contratante, pero se encuentran vinculados mediante la contratación por parte de

que según la Corte Constitucional, “busca asegurar el reconocimiento de las acreencias laborales de quienes cumplen funciones misionales de la empresa contratante, pero se encuentran vinculados mediante la contratación por parte de una tercera empresa”1. Se precisó que si bien era cierto, en el pronunciamiento citado se analizaron casos de trabajadores vinculados mediante contratos de prestación de servicios a través de u n intermediario o tercero, que reclamaban las acreencias laborales o prestaciones sociales debidas, también lo era que el Alto Tribunal había señalado que en virtud del principio de solidaridad laboral, el beneficiario tiene un papel de garante, aunque no tenga “culpa” en la falta de pago de las acreencias.

Pronunciamiento que se trajo a colación, no porque la situación fáctica y jurídica fuera la misma que el caso analizado, sino para resaltar que la Agencia como entidad beneficiaria del concurso y empleador tenía un papel de garante. Por lo anterior, se citó otro pronunciamiento de la misma Corporación en el que señaló que el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el beneficiario de la obra será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, a menos que las actividades realizadas por el trabajador sean labores extrañas a las actividades normales de la empresa o entidad y que el objetivo de la solidaridad entre el beneficiario y el proveedor es, entre otras, proteger al trabajador frente a una eventual elusión o incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de su empleador.

[…]

En este orden de ideas, considero que no se violaron los derechos fundamentales

frente a una eventual elusión o incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de su empleador.

[…]

En este orden de ideas, considero que no se violaron los derechos fundamentales invocados en la tutela, razón por la cual solicito a esa H. Corporación, negar el amparo de los derechos invocados y tener como prueba la sentencia complementaria proferida por esta Subsección […]”.

11. La Comisión Nacional del Servicio Civil , solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que , a su juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva.

12. Los señores Estefanía del Pilar Arévalo Perdomo, Luis Germán Ortega Ruíz, Jorge Alexander Barrero López, Mayra Alejandra Sánchez Rodríguez, Laura Marcela Olier Martínez, Esperanza Panche Lotta , la Universidad de Medellín y el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bogotá, pese a ser notificad os en debida forma, guardaron silencio en esta oportunidad procesal.8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06939-01

Actora: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

La sentencia Impugnada

13. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 9 de abril de

2025, resolvió lo siguiente:

“[…] 1. Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Comisión Nacional del Servicio Civil, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

2. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la Agencia

“[…] 1. Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Comisión Nacional del Servicio Civil, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

2. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, dados los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia […]”.

14. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, consideró que:

“[…] En concordancia con lo anterior, conviene enfatizar en la improcedencia de la acción de tutela para debatir asuntos de naturaleza económica. Aunque este criterio no es absoluto, dado que en ciertos casos la controversia patrimonial puede involucrar problemas sustanciales y procesales que afecten garantías de rango constitucional. Se observa entonces, que las inconformidades presentadas en la acción de tutela ya fueron estudiadas por los jueces naturales de la causa en el curso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, la accionante manifiesta su desacuerdo con el contenido de dichas decisiones, ello solo es procedente cuando la decisión cuestionada compromete derechos fundamentales y no pretende reabrir una discusión resuelta por los jueces ordinarios.

Como se ve, el asunto relativo a la condena solidaria y a sus fundamentos fue una cuestión estudiada por los jueces naturales de la causa en cada una de las instancias, quienes expusieron los fundamentos jurídicos que, a su juicio, justificaban la condena solidaria impuesta a la ANDJE para el pago de la diferencia salarial y prestacional reconocida a favor del demandante a título de restablecimiento del derecho.

En consecuencia, se trata de un asunto de naturaleza legal vinculado a una cuestión

justificaban la condena solidaria impuesta a la ANDJE para el pago de la diferencia salarial y prestacional reconocida a favor del demandante a título de restablecimiento del derecho.

En consecuencia, se trata de un asunto de naturaleza legal vinculado a una cuestión estrictamente económica, lo cual carece de relevancia constitucional y, por lo tanto, no corresponde al juez de tutela intervenir en el asunto para reabrir la discusión como si se tratara de una instancia adicional.

Esta Sala observa que el asunto sometido a su consideración no se relaciona con el alcance o contenido de un derecho de raigambre constitucional. La invocación del derecho al debido proceso resulta meramente formal, pues la fundamentación de la tutela evidencia un interés puramente patrimonial, lo cual escapa de la competencia del juez de tutela.

En el presente caso, la controversia tiene un carácter eminentemente económico, pues se refiere a la condena solidaria que fue impuesta a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, dicha discusión fue agotada adecuadamente en las dos instancias del proceso ordinario, por lo que la acción de tutela se presenta como un intento de añadir una instancia para cuestionar la condena solidaria impuesta a la ANDJE a título de restablecimiento del derecho del demandante […]”.9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06939-01

Actora: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

La impugnación

15.La actora impugnó la sentencia de primera instancia . En ese orden de ideas expresó lo siguiente2:

“[…] La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante fallo del 9 de abril del

La impugnación

15.La actora impugnó la sentencia de primera instancia . En ese orden de ideas expresó lo siguiente2:

“[…] La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante fallo del 9 de abril del 2025, entre otras, declaró improcedente la acción por considerar que no se acreditó el requisito de relevancia constitucional, dado que estimó que los cuestionamientos expuestos se circunscribían a un asunto estrictamente legal que les correspondía a los jueces de la causa, pues a su juicio, la pretensión de la entidad se dirigía a reabrir un debate ya resuelto sobre la condena solidaria. Aunado a que consideró que se trató de un desacuerdo de naturaleza patrimonial.

Al respecto, la Agencia se permite indicar que contrario a lo manifestado por el alto tribunal de lo contencioso administrativo, el presente asunto si ostenta gran relevancia constitucional, dado que la sentencia censurada incurrió en garrafales defectos de fondo que afectan el derecho al debido proceso de la ANDJE, al ser condenada a causa de un acto administrativo que no expidió y por virtud de un proceso de selección en cuyo desarrollo по intervino por estar legalmente prohibido. Por lo que no es justo q ue la entidad resulte condenada por acciones ajenas y, que, además, no tuvo la posibilidad de evitar ni prevenir.

En efecto, tal como se explicó en el libelo introductorio, los yerros en los que incurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca afectaron el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, así mismo, se vulneró el artículo 90 ibidem, por lo que el asunto ostenta gran relevancia

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca afectaron el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, así mismo, se vulneró el artículo 90 ibidem, por lo que el asunto ostenta gran relevancia constitucional, ya que la Agencia no es la llamada a responder por los daños antijurídicos causados por la Resolución 20182110091075 expedida por la CNSC, ni siquiera de manera sol idaria ni a título de beneficiaria, dado que tales interpretaciones se encuentran extremadamente alejadas al caso bajo examen, pues se interpretó erradamente el espíritu de la norma y se confundió el principio de solidaridad laboral con el de coordinación. Así mismo, el Tribunal se basó en un precedente judicial improcedente al asunto de marras, por no ostentar similitudes fácticas ni jurídicas al presente. Argumentos que no fueron analizados por el a quo en sede constitucional.

[…] II.2. Defecto fáctico

Frente a este yerro, el fallador de primera Instancia estimó que la condena solidaria impuesta a la ANDJE no se fundamentó en su participación en la expedición del acto acusado en el proceso ordinario, sino en razones jurídicas relacionadas con su calidad de beneficiaria del concurso.

Precisamente es dicho argumento el que vislumbra el defecto fáctico alegado, en la medida en que evidencia que el Tribunal no valoró a profundidad el acervo probatorio arrimado a la actuación, sino que dio una errada aplicación al principio de solidaridad laboral respecto de la Agencia, sin tener en cuenta el conjunto de pruebas obrantes en el expediente.

Resultaba determinante para la solución del problema jurídico, que se examinaran

de solidaridad laboral respecto de la Agencia, sin tener en cuenta el conjunto de pruebas obrantes en el expediente.

Resultaba determinante para la solución del problema jurídico,