CE - Sentencia 11001031500020240694501 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-06945-01

Accionantes: SIMÓN ANTONIO RONDÓN SÁNCHEZ Y OTRO

Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL . CONFIRMA FALLO IMPUGNADO. Se declara improcedente por no cumplir el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por los accionantes contra la sentencia de 25 de marzo de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los señores Simón Antonio Rondón Sánchez y Carmen Elisa Rondón Sánchez solicitaron, a través de apoderado judicial, la protección de sus derechos fundamentales al “[…] DEBIDO PROCESO, LA IGUALDAD PROCESAL, EL ACCESO

A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, LA

solicitaron, a través de apoderado judicial, la protección de sus derechos fundamentales al “[…] DEBIDO PROCESO, LA IGUALDAD PROCESAL, EL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, LA SEGURIDAD JURÍDICA, y FAVORABILIDAD LABORAL E INESCINDIBILIDAD DE LA LEY […]”, cuya vulneración le atribuyeron a las providencias de 6 de junio y 9 de octubre de 2023 y 3 de julio de 202 4, proferidas por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del proceso ejecutivo identificado con el número de radicación 73001-3333-0092015-00317-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicaron que su madre Emelina Sánchez García presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja Nacional de Previsión SocialCAJANAL con la finalidad de obtener la reliquidación de su pensión de vejez.2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06945-01

Accionantes: Simón Antonio Rondón Sánchez y otro

2.2. Señalaron que mediante las sentencias de 16 de marzo de 2009 y 15 de marzo de 2011 el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo de Tolima accedieron a las pretensiones de la demanda, respectivamente.

de 2011 el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo de Tolima accedieron a las pretensiones de la demanda, respectivamente.

2.3. Manifestaron que la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL mediante Resolución de 28 de octubre de 2011 dio cumplimiento a lo ordenado en primera y segunda instancia, pero no incluyó los intereses comerciales y moratorios causados.

2.4. Adujeron que por lo anterior su madre presentó la demanda ejecutiva núm. 73001-3333-009-2015-00317-00/01 contra la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP, correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué.

2.5. Refirieron que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué libró mandamiento de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución a través de la providencia de 17 de agosto de 2016, confirmada por el Tribunal Administrativo de Tolima en sentencia de 6 de marzo de 2017.

2.6. Indicaron que el juzgado accionado, a través de providencia de 27 de septiembre de 2017 modificó la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante, la cual fue confirmada el 3 de julio de 2018.

2.7. Sostuvieron que debido al fallecimiento de su madre fueron reconocidos como sucesores procesales.

2.8. Aseguraron que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué los requirió, mediante las providencias de 20 de agosto y 5 de noviembre de 2021, para que informaran si habían iniciado el proceso de sucesión.

2.8. Aseguraron que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué los requirió, mediante las providencias de 20 de agosto y 5 de noviembre de 2021, para que informaran si habían iniciado el proceso de sucesión.

2.9. Señalaron que la UGPP consignó constituyó dos depósitos judiciales por el valor de $7.004.929,45 y $7.004.929,44 dentro del proceso ejecutivo núm. 730013333-009-2015-00317-00/01, por lo que su apoderado solicitó la entrega de estos.

2.10. Adujeron que el 30 de septiembre de 2022 el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué negó la solicitud de entrega de depósitos judiciales, por no haberse acreditado la sucesión.

2.11. Indicaron que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué, a través de auto de 6 de junio de 2023, modificó la liquidación del crédito.

2.12. Refirieron que interpusieron recurso de reposición y de apelación contra la providencia de 6 de junio de 2023 porque les negó la entrega de los títulos judiciales, y que mediante auto de 9 de octubre de 2023 se dispuso no reponer la decisión y conceder el recurso de apelación.3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06945-01

Accionantes: Simón Antonio Rondón Sánchez y otro

2.13. Afirmaron que el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante providencia de 3 de julio de 2024, rechazó por improcedente el recurso de apelación, indicando

Accionantes: Simón Antonio Rondón Sánchez y otro

2.13. Afirmaron que el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante providencia de 3 de julio de 2024, rechazó por improcedente el recurso de apelación, indicando que el recurrente no hizo reparos frente a la modificación de la liquidación del crédito.

2.14. Adujeron que la s providencias antes referidas vulneraron sus derechos fundamentales indicados supra, al incurrir en un defecto procedimental absoluto, en un defecto fáctico, en un desconocimiento del precedente judicial y en una violación directa de la Constitución.

2.15. Frente al defecto procedimental absoluto señalaron que las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta la “[…] la Carta Circular 061 del año 2024 […]” de la Superintendencia Financiera.

2.16. Afirmaron que existió un exceso ritual manifiesto porque “[…] no es necesario que a los sucesores procesales del ejecutante, aportasen la constancia del trámite sucesoral sobre la inclusión de los títulos reclamados en los activos de la sucesión, como requisito para ordenar el pago, ya que esto no está previsto en las normas tenidas en cuenta para negar la solicitud […]”.

2.17. Acerca del desconocimiento del precedente sostuvieron que se dejó de aplicar la sentencia 00337 de 2018 1, en la cual se indicó: “[…] “Así las cosas, en consideración a la disposición citada y examinada la documentación allegada con la petición de sucesión procesal, el Despacho advierte que se encuentra demostrada la calidad de madre de quien solicita ser reconocida como sucesora

consideración a la disposición citada y examinada la documentación allegada con la petición de sucesión procesal, el Despacho advierte que se encuentra demostrada la calidad de madre de quien solicita ser reconocida como sucesora procesal, con lo cual se satisface el requisito previsto en la Ley para acceder a su solicitud. En consecuencia se accederá a la solicitud de reconocimiento de la señora Nohemy Cardona Rojas como sucesora procesal de la demandante en el presente proceso.” […]”.

2.18. Respecto de la violación directa de la constitución afirmó que la autoridad accionada viola “[…] de manera directa el artículo 29 de la constitución nacional que consagra el derecho fundamental al debido proceso como un derecho vinculante con fuerza normativa superior […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. AMPARAR los derechos de, EL DERECHO PROCESAL Y EL

DEBIDO PROCESO, LA IGUALDAD PROCESAL, EL ACCESO A LA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA, LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, Y LA

SEGURIDAD JURÍDICA de los Señores EL DERECHO PROCESAL Y EL

DEBIDO PROCESO, LA IGUALDAD PROCE SAL, EL ACCESO A LA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA, LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, LA

1 Consejo de Estado Exp. núm. 11001 0324 000 2015 00337 00.4

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Accionantes: Simón Antonio Rondón Sánchez y otro

SEGURIDAD JURÍDICA, y FAVORABILIDAD LABORAL E

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06945-01

Accionantes: Simón Antonio Rondón Sánchez y otro

SEGURIDAD JURÍDICA, y FAVORABILIDAD LABORAL E

INESCINDIBILIDAD DE LA LEY, de los señores SIMÓN ANTONIO RONDÓN SÁNCHEZ y CARMEN ELISA RONDÓN SÁNCHEZ, como herederos legítimos de la señora EMELINA SANCHEZ GARCIA (Q.E.P.D),

2. ORDENAR Al JUZGADO (09) NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ y al TRIBUNAL ADMNISTRATIVO [sic] DEL TOLIMA, en amparo a los derechos enunciados, modificar la providencia de fecha 06 de junio de 2023, y e l auto del 03 de julio de 2024, notificado el 04 de julio de 2023 y, en consecuencia, se ordene la entrega del título judicial según los parámetros que fueron establecidos en la Carta Circular

Vigente, según la Superintendencia Financiera.

3. Las demás qu e este Honorable Despacho considere para proteger los derechos aquí tutelados […]”. [Mayúscula original del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 16 de enero de 2025, el magistrado a cargo de la sustanciación del proceso de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la señora Nubia Patricia Rondón Sánchez y a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP.

admitió la acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la señora Nubia Patricia Rondón Sánchez y a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la s autoridades accionadas y a las

vinculadas, se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué señaló que la acción de tutela es improcedente porque no se puede pretender revivir oportunidades procesales vencidas y en las que se garantizaron con pleno respeto del debido proceso.

5.2. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP solicitó se declare la improcedencia de la acción, debido a que las autoridades judiciales accionadas no vulneraron derechos fundamentales de los accionantes.

5.3. Por último, solicitó se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante sentencia de tutela de 25 de marzo de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó la solicitud de desvinculación y declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, en razón a que “[…] la parte actora pretendió que se analizaran argumentos que ya fueron expuestos dentro del proceso ordinario y,5

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Accionantes: Simón Antonio Rondón Sánchez y otro

analizaran argumentos que ya fueron expuestos dentro del proceso ordinario y,5

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Accionantes: Simón Antonio Rondón Sánchez y otro

particularmente, en el recurso de reposición contra el Auto de 6 de junio de 2023 […]”.

7. Al respecto indicó:

“[…] la parte actora, vía constitucional, alegó aspectos que ya habían sido expuestos en el proceso ordinario y analizados, en su momento, por el juez natural de la causa, lo cual impide al juez de tutela pronunciarse al respecto. Adicionalmente, la parte actora no desplegó una carga argumentativa suficiente para explicar por qué su litigio revestía verdadera trascendencia constitucional que hiciera necesaria la intervención del juez de tutela. Por el contrario, sus argumentos dan cuenta de una inconformidad con la conclusión a la que llegó el Juzgado 9 Administrativo de Ibagué y no contiene reparo alguno en contra de la decisión del Tribunal Administrativo de Tolima de rechazar el recurso de apelación por improcedente (Auto de 3 de julio de 2024).

Aunado a ello, no puede pasarse por alto que la controversia tiene una marcada connotación económica y, en ese orden de ideas, el asunto carecería igualmente de trascendencia constitucional.

Así las cosas, debe aclararse que las diferencias interpretativas que existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia

constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión, vía tutela, no da por cumplido el requisito de relevancia constitucional. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional2 […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia por considerar que desconocía los principios de imparcialidad y confianza legítima . Al respecto

señaló:

“[…] Erróneamente el despacho precisa, que no se cumplió con el principio de la relevancia constitucional. Resulta sorprendente la base argumentativa de la providencia y en tal sentido se recalca que, el asunto instaurado sí está revestido con la relevancia constitucional pertinente para el estudio y valoración de los fundamentos esgrimidos, puesto que, lo alegado por esta parte y como bien pudo evidenciar la sección segunda del Consejo de Estado en los autos, no se emitieron las decisiones dentro del proceso ordinario basándose en la normatividad vigente y aplicable al caso concreto.

Se critica el hecho de que para el despacho los escritos, recursos y ciertas actuaciones guarden concordancia con la acción constitucional, y entonces, desobedientemente se sostiene que estos escritos exponen los mismos argumentos, en el entendido que la acción de tutela entra a hacer veces de decir situaciones del proceso ordinario, como si se pretendiera

entonces, desobedientemente se sostiene que estos escritos exponen los mismos argumentos, en el entendido que la acción de tutela entra a hacer veces de decir situaciones del proceso ordinario, como si se pretendiera por esta parte el reemplazo de una acción con la otra.

2 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.6

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Accionantes: Simón Antonio Rondón Sánchez y otro

Está probado que se a rgumentó de manera suficiente para con ello demostrar que existen vulneración de derechos superiores, lógicamente tienen que citarse parte de los hechos y de las normas de la actuación judicial, porque de no hacerlo queda sombría y confusa la acción de tutela, por tal motivo un fallo equilibrado y justo, hubiera observado que se está demostrando que hay vulneración de derechos fundamentales al ser perjudicial a favor de los accionantes, desconociendo de facto la argumentación jurídica realizada en el escrito demandatorio de tutela.

[…]

De lo anterior se colige que si existió una vulneración de la que el despacho ni siquiera se pronunció en sus argumentos para fallar, y que por el contrario me acusa de no haber hecho una adecuada exposición de la vulneración, contradictoriamente para con los accionantes se ha hecho una discriminación negativa desde el ángulo constitucional, desestimándose también el frecuente argumento de las diferentes salas conocedoras de estas acciones de tutela, que solo se tra ta de un asunto pecuniario, aquí se está es exponiendo la falta de diligencia y vulneración al derecho a la

también el frecuente argumento de las diferentes salas conocedoras de estas acciones de tutela, que solo se tra ta de un asunto pecuniario, aquí se está es exponiendo la falta de diligencia y vulneración al derecho a la igualdad por parte del juzgado […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20215, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20247.

VIII.2. Cuestión previa

10. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal presentada por la Unidad de Gestión Pensional y

Parafiscales - UGPP.

11. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20068, señaló lo siguiente:

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 4 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 4 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 5 “Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 6 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 7 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 8 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.7

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06945-01

Accionantes: Simón Antonio Rondón Sánchez y otro

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes

sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece po r la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los t erceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

12. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP fue parte dentro del proceso ejecutivo en el que se profirieron las providencias que son objeto del presente mecanismo de amparo, la Sala considera que a esta entidad sí le asiste el interés jurídico para ser vincula da a esta acción constitucional.

13. Por lo anterior, se confirmará, en este aspecto, el fallo de primera instancia que negó la solicitud de desvinculación.

VIII.3. Problemas jurídicos

14. Previamente a la definición de los problemas jurídicos a resolver, se debe precisar que el extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a las providencias de 6 de junio y 9 de octubre de 2023 y 3 de julio de 2024, proferidas por el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué y el Tribunal

fundamentales a las providencias de 6 de junio y 9 de octubre de 2023 y 3 de julio de 2024, proferidas por el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si los autos de 9 de octubre de 2023 y 3 de julio de 2024, proferidos por el Juzgado y el Tribunal respectivamente.

15. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado9, la Sala debe establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá: b) Determinar si las providencias aquí enjuiciada s vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un defecto procedimental absoluta, en un defecto

9 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.8

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fáctico, en un desconocimiento del precedente judicial y en una violación directa de la Constitución.

16. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,

manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

17. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 201210, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

18. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

19. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución12.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. 11 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T -619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 12 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los eleme ntos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.

demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06945-01

Accionantes: Simón Antonio Rondón Sánchez y otro

21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”13 que encaje en dichos parámetros.

22. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:

jurisdiccional.

23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01.

VIII.5. El caso concreto

24. Los señores Simón Antonio Rondón Sánchez y Carmen Elisa Rondón Sánchez solicitaron, a través de apoderado judicial, la protección de sus derechos fundamentales al “[…] DEBIDO PROCESO, LA IGUALDAD PROCESAL, EL

ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, LA SEGURIDAD JURÍDICA, y FAVORABILIDAD LABORAL E INESCINDIBILIDAD DE LA LEY […]”, cuya vulneración le atribuyeron a las providencias de 6 de junio y 9 de octubre de 2023 y 3 de julio de 2024, proferidas por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del proceso ejecutivo identificado con el número de radicación 73001-3333-009-2015-00317-00/01.

25. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el requisito general de relevancia constitucional.

Decisión sin mo tivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por

jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se pre senta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 13 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado

Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.10

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06945-01

Accionantes: Simón Antonio Rondón Sánchez y otro

VIII.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

26. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental14 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones15.

27. En las acciones de tutela contra providencias judiciales16 el referido requisito se cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces17.

28. En cua