CE - Sentencia 11001031500020250102200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-01022-001

Demandantes : María Carolina Lamus Becerra

Demandados Vinculados : : Consejo de Estado, Sección Primera Contraloría General de la República y Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B Acción : Tutela Derechos : Debido proceso Tema : Tutela contra providencia judicial Decisión : Sentencia de primera instancianiega

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela incoada por la señora María Carolina Lamus Becerra , contra el Consejo de Estado – Sección Primera, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por la tutelante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente se resolverá lo pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

• La demanda de tutela.

La señora María Carolina Lamus Becerra, quien actúa a través de apoderada, demanda el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Consejo de Estado – Sección Primera.

• La demanda de tutela.

La señora María Carolina Lamus Becerra, quien actúa a través de apoderada, demanda el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Consejo de Estado – Sección Primera.

1 Expediente digital disponible en Samai.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-01022-00

Demandantes: María Carolina Lamus Becerra

Demandado: Consejo de Estado - Sección Primera

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Por consiguiente, solicitó:

«[…] AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de MARIA CAROLINA LAMUS BECERRA y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro del proceso de la referencia, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, número único de radicación: 25000234100020140142201, demandante: María Carolina Lamus, demandada: Contraloría General de la República, mediante la cual se confirmó la sentencia proferida el 30 de mayo de 2024 por la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

ORDENAR al Consejo de Estado Sección Primera que, dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la ejecutoria de la providencia – o en el plazo que la Sala de Tutela deter mine-, profiera una nueva sentencia conforme a las directrices señaladas por la Sala de Tutela en su sentencia, de acuerdo con las causales y razones invocadas por la demandante y acogidas en la parte motiva de la respectiva providencia […]».

Hechos2.

La señora María Carolina Lamus fue vicepresidenta administrativa de SaludCoop EPS y miembro del Consejo de Administración.

en la parte motiva de la respectiva providencia […]».

Hechos2.

La señora María Carolina Lamus fue vicepresidenta administrativa de SaludCoop EPS y miembro del Consejo de Administración.

Indica que, la Contraloría General de la República (CGR) inició indagación preliminar por presunta indebida utilización de recursos de SaludCoop EPS.

La CGR imputó responsabilidad fiscal a María Carolina Lamus Becerra por la lesión al patrimonio público.

Que d ebido a lo anterior, instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Contraloría General de la República [expediente: 25000234100020140142200] buscando obtener la declaratoria de nulidad del fallo de primera instancia No. 001890 de 13 de noviembre de 2013 proferido por la Contralora Delegada Intersectorial No.10 de la Unid ad de Investigaciones Especiales contra la corrupción de la Contraloría General de la República ; del a uto No 002066 del 11 de diciembre de 2013, del auto No. 000405 del 3 de febrero de 2014; del fallo de apelación y consulta No. 0011 del 11 de febrero de 2014 y del auto No 0021 del 12 de febrero de

2014. Como restablecimiento del derecho solicitó condenar a la Contraloría General de la República «a indemnizar a MARIA CAROLINA LAMUS BECERRA, o a quien o quienes representen

2 Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-01022-00

Demandantes: María Carolina Lamus Becerra

Demandado: Consejo de Estado - Sección Primera

2 Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-01022-00

Demandantes: María Carolina Lamus Becerra

Demandado: Consejo de Estado - Sección Primera

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sus derechos, los daños ocasionado s por la expedición de los Actos administrativos anulados, todo ello con la pertinente indexación e intereses de conformidad a los artículos 187 y ss del CPACA desde el momento de la materialización de la ejecución»

El proceso fue conocido en primera inst ancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que, mediante sentencia del 30 de mayo de 2024 declaró la nulidad parcial de los numerales primero del fallo de responsabilidad fiscal No. 01890 del 13 de noviembre de 2013, del Auto No. 00405 del 3 de febrero de 2014 y del fallo de apelación y consulta No. 011 del 11 de febrero de 2014, proferidos dentro del proceso de responsabilidad Fiscal IP 010 de 2011, ordenando a la Contraloría General de la República «abstenerse de exigir y cobrar a la señora María Carolina Lamus el valor total del daño fiscal por $1.421.178.399.072.78, sino que, solo le exija y cobre , de manera solidaria, únicamente los valores liquidados como daño patrimonial correspondientes a los años 2005 a 2010, cuyos montos, de manera individual, se constatan en los folios 101 a 105 y 143 del Fallo de responsabilidad fiscal No. 01890 del 13 de noviembre de 2013, esto es, la suma de $850.080.504.465,39». (negrilla propia del texto)

No. 01890 del 13 de noviembre de 2013, esto es, la suma de $850.080.504.465,39». (negrilla propia del texto)

Inconforme con la anterior decisión, la demandante interpuso recurso de apelación , el cual, fue resuelto el 12 de diciembre de 2024 por la Sección Primera del Consejo de Estado, confirmando la sentencia de primera instancia.

La parte actora argumenta que , el fallo de segunda instancia fue proferido con los siguientes defectos:

Defecto fáctico, comoquiera que, al expediente no se allegó prueba que pueda identificar los elementos esenciales para dar lugar a la responsabilidad fiscal de la demandante debido a la: «i) ausencia de prueba que soporte el razonamiento sobre la condición de gestor fiscal ii) ausencia de prueba que soporte la incidencia de la conducta de la demandada en la supuesta desviación de recursos iii) ausencia de prueba que soporte la modalidad de imputación de culpa grave por omisión y iv) omisión del análisis sobre la prueba de la conducta diligente de la demandada que obraba en el expediente».

Defecto sustantivo porque: «se mencionó la culpa grave sin reparar en el concepto de la gravedad de la conducta bajo los parámetros definidos en el artículo 63 del Código Civil, como si fuera posible fundar el fallo fiscal en cualquier conducta que pudiera haber colaborado al desvío a favor de SaludCoop, pasandoAcción de tutela 11001-03-15-000-2025-01022-00

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por alto que mediante sentencia C - 619 de 2002 la Corte Constitucional MP Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, declaró «INEXEQUIBLES, el parágrafo 2º del artículo 4º de la Ley 610 de 2000 y la expresión «leve» contenida en el artículo 53 de la Ley 610 de 2000». También considera que se desconoció la sentencia C-438 del 30 de noviembre de 2022, en razón a que la decisión estuvo desprovista de rigor al no observar que el precedente indica «que el particular solo puede ser llamado a investigación y responsable de la gestión fiscal con la verificación de las tres condiciones necesarias y no alternativas: i) tener la calidad de gestor fiscal (por la naturaleza pública del recurso que administró); ii) haber incurrido en una conducta dolosa o culposa en forma grave, determinante del daño (conexidad). iii) Claro está que el tercer elemento que debe acreditarse es la existencia del daño fiscal».

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto 26 de febrero de 2025, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se ordenó (i) notificar a la Sección Primera del Consejo de Estado y (ii) vincular a la Contraloría General de la República y al Tribunal Admi nistrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

República y al Tribunal Admi nistrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección B3 solicitó que se deniegue el amparo solicitado, teniendo en cuenta que, la providencia proferida el 30 de mayo de 2024 en primera instancia se ajusta a derecho y fue motivada desde lo fáctico, jurídico, probatorio y jurisprudencial de la debida manera.

2.1.2 La Contraloría General de la República4. solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que, lo que busca la accionante es que el «Consejo de Estado - Sección Segunda haga de tercera instancia en el debate que resolviera acertadamente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en segunda instancia el Consejo de Estado - Sección Primera».

Que además «la parte accionante no acredita una configuración de los defectos sustantivos y fácticos, ya que, más que alegar una indebida interpreta ción de las normas aplicables y una omisión probatoria,

3 Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00012. Contestación del Magistrado César Giovanni Chaparro Rincón. 4 Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00014.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-01022-00

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intentó fue mostrar la discrepancia que surge frente a los argumentos que fueron presentados por el Despacho en la sentencia de segunda instancia»

2.1.3 El Consejo de Estado – Sección Primera5 solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir los requisitos generales de procedencia o en su defecto, negar sus pretensiones.

Indica que, los argumentos de la acción de tutela fueron resueltos en las oportunidades procesales correspondientes, por tanto, considera que el presente mecanismo se está utilizando como una tercera instancia, lo cual torna improcedente la acción de amparo.

En caso de encontrar procedente la acción de tutela, solicitó negar las pretensiones teniendo en cuenta lo siguiente:

Sobre el defecto fáctico, indicó que «al proferir la sentencia de 12 de diciembre de 2024, apreció y valoró en su conjunto todas las pruebas decretadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y aplicando las reglas de la lógica y la certeza para resolver el caso concreto; argumentos que son suficientes para concluir que la sentencia no incurrió en defecto fáctico porque, según quedó demostrado, se valoraron en forma razonable las pruebas debidamente allegadas al proceso, y a partir de ellas se concluyó que se materializaban los elementos de la responsabilidad fiscal, en específico, la capacidad de disposición, conciencia y deberes funcionales de la demandante que le daban las condiciones para conocer el ciclo que seguían los recursos públicos asignados».

materializaban los elementos de la responsabilidad fiscal, en específico, la capacidad de disposición, conciencia y deberes funcionales de la demandante que le daban las condiciones para conocer el ciclo que seguían los recursos públicos asignados».

Respecto al defecto sustantivo, manifestó que la sentencia del 12 de diciembre de 2024 «estuvo sustentada en el marco normativo que regula, por un lado, el proceso de responsabilidad fiscal y, por el otro, los recursos parafiscales en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y, por ello, se considera que hubo una debida aplicación de las normas jurídicas y, contrario a lo expuesto por la actora, se aplicaron las normas a que habían lugar en atención a los supuest os fácticos del caso objeto de análisis».

Sobre el desconocimiento del precedente jurisprudencial alegado por la accionante sobre las sentencias C-438 del 30 de noviembre de 2022, C-840/01, C-824 de 2004 y del 20 de octubre de 2011 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado6 afirma que, no

5 Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00015. Contestación de la Magistrada María Adriana Marín. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente: Maria Claudia Rojas Lasso, sentencia de 20 de octubre de 2011. radicación número: 50001-23-31 000-2003-00227-01Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-01022-00

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se desconoció lo resuelto en ellas por cuanto «cada caso tiene sus particularidades propias que nacen de los supuestos fácticos y jurídicos en los que cada uno se desarrolla, sin que en el caso objeto de estudio, la Sección Primera haya desconoció la ratio decidendi establecida en alguna sentencia »

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de las reglas contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de 2021.

3.2 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedi to para la protección de los derechos fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico.

Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la sentencia del 12 de

transitorio.

3.3 Problema jurídico.

Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la sentencia del 12 de diciembre de 2024, por medio del cual, el Consejo de EstadoSección Primera, confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B del 30 de mayo de 2024, en el sentido de declarar la nulidad parcial de los numerales primero del fallo de responsabilidad fiscal No. 01890 del 13 de noviembre de 2013, del Auto No. 00405 del 3 de febrero de 2014 y del fallo de apelación y consulta No. 011 del 11 de febrero de 2014, proferidos dentro del Proceso de Responsabilidad FiscalAcción de tutela 11001-03-15-000-2025-01022-00

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IP 010 de 2011, ordenando a la Contraloría General de la República «abstenerse de exigir y cobrar a la señora María Carolina Lamus el valor total del daño fiscal por $1.421.178.399.072.78, sino que, solo le exija y cobre, de manera solidaria, únicamente los valores liquidados como daño patrimonial correspondientes a los años 2005 a 2010, cuyos montos, de manera individual, se constatan en los folios 101 a 105 y 143 del Fallo de responsabilidad fiscal No. 01890 del 13 de n oviembre de 2013, esto es, la suma de $850.080.504.465,39».

101 a 105 y 143 del Fallo de responsabilidad fiscal No. 01890 del 13 de n oviembre de 2013, esto es, la suma de $850.080.504.465,39».

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C -543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento del principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T -231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cu ando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente

vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cu ando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, ab solutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúaAcción de tutela 11001-03-15-000-2025-01022-00

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completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de apli cación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de apli cación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tu tela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración ; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto h ubiese sido posible ; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la

Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias

sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad contra decisionesAcción de tutela 11001-03-15-000-2025-01022-00

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judiciales, la cual solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el func ionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador c arece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera co ntradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el

consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanis mo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales7, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 20128, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y

7 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de

parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y

7 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-027001, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 8 Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-01022-00

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la jurisprudencia ; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos9.

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la jurisprudencia ; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos9.

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pue s recae sobre la presunta vulneración de l derecho fundamental al debido proceso de la tutelante; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, en atención a que, es una sentencia de segunda instancia que se encuentra en firme ; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la providencia atacada quedó ejecutoriada en enero de 2025 y la solicitud de amparo se presentó el 24 de febrero 2025, es decir, dentro del término de los seis meses; (v) finalmente no nos encontramos frente a tutela contra sentencia de tutela.

En razón a que , se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto fáctico y defecto sustantivo.

3.5 Solución al caso concreto.

En el sub lite, la parte actora alega que, la providencia de la sección primera del Consejo de Estado incurre en defecto fáctico comoquiera que se profirió con «i) ausencia de prueba que soporte el razonamiento sobre la condición de gestor fiscal; ii) ausencia de prueba que soporte la incidencia de la conducta de la demandada en la supuesta desviación de recursos; iii) ausencia de prueba

que soporte el razonamiento sobre la condición de gestor fiscal; ii) ausencia de prueba que soporte la incidencia de la conducta de la demandada en la supuesta desviación de recursos; iii) ausencia de prueba que soporte la modalidad de imputación de culpa grave por omisión y iv) omisión del análisis sobre la prueba de la conducta diligente de la demandada que obraba en el expediente».

Adicional a lo anterior, argument a que la providencia incurrió en un defecto sustantivo porque se estableció la culpa grave sin reparar en el concepto de la gravedad o levedad de la conducta bajo los parámetros definidos en el artículo 63 del Código Civil y pasando

9 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.

P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009 -01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.

2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.

P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-01022-00

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por alto las sentencia C - 619 de 2002 y C -438 de 2022 de la Corte Constitucional . Adicional a lo anterior, cuestiona que , se desconocieron los precedentes fijados por la Corte Constitucional en las sentencias, C-572 de 2003, C-1040 de 2003, C-824 de 2004, 979 de 2010 sobre la calidad de los recursos de la UPC, y la imposibilidad de distinguir o separar los recursos en la operación corriente de pago a las IPS y otros pagos propios de la operación comercial de la empresa.

Una vez aclarados los reparos efectuados contra la sentencia, se procederá a estudiar si en el presente asunto se acreditaron los defectos fácticos y sustantivos alegados en la demanda.

de la operación comercial de la empresa.

Una vez aclarados los reparos efectuados contra la sentencia, se procederá a estudiar si en el presente asunto se acreditaron los defectos fácticos y sustantivos alegados en la demanda.

3.6 Defecto fáctico.

Sea lo primero anotar que , una providencia judicial se encuentra viciada por defecto fá