CE - Sentencia 11001031500020250105500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01055-00

Accionante: DUVERNEY ARDILA GERMÁN DE RIBÓN

Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra el presidente de la República por la exhibición de la bandera del grupo guerrillero movimiento 19 de abril. Procedencia para cuestionar usos no protegidos por la libertad de expresión de servidores públicos // límites constitucionales al derecho a la libertad de expresión de servidores públicos // se niega el amparo pues no se verificó la vulneración concreta de los derechos del tutelante.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes Escrito de tutela

1. Duverney Ardila Germán de R ibón formuló acción de tutela contra el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, por cuanto cuestiona que en actividades institucionales en las que actúa como jefe de gobierno y jefe de Estado ha “ordenado exhibir” la bandera del M-19, “grupo guerrillero”.

2. Puntualmente reprocha que la bandera de aquella agrupación subversiva fue exhibida el 26 de abril de 2024 durante una visita del jefe de Estado a Zipaquirá. El 4 de diciembre siguiente, durante una visita oficial en la ciudad de Montevideo,

2. Puntualmente reprocha que la bandera de aquella agrupación subversiva fue exhibida el 26 de abril de 2024 durante una visita del jefe de Estado a Zipaquirá. El 4 de diciembre siguiente, durante una visita oficial en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay “promovió la exhibición de la bandera del M-19 junto a la bandera Nacional de Colombia”. Y el 23 de febrero de 2025 durante la firma del Pacto por la Tierra y la Vida “ volvió a aparecer la bandera del M-19, en una alocución, “lo cual generó indignación pública”.

3. Finalizó indicando que estos hechos han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación, lo cual, en su criterio ha generado zozobra y afectado la tranquilidad emocional de la población, revictimizando a quienes han sufrido actos de violencia. Lo anterior vulnera los derechos a la dignidad humana, seguridad ciudadana y orden público, el derecho a la vida, a la libertad y la integridad personal, el derecho a recibir información veraz e imparcial, el derecho a la paz, la prohibición del presidente de hacer proselitismo político.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01055-00

Accionante: Duverney Ardila Germán de Ribón Accionado: Presidencia de la República Referencia: Primera instancia acción de tutela

Trámite de la acción de tutela.

4. En auto de 26 de febrero de 2025, el despacho sustanciador admitió la tutela, notificó a la entid ad accionada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del

Estado.

5. Dentro del término procesal, la profesional del derecho designada por la

notificó a la entid ad accionada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Dentro del término procesal, la profesional del derecho designada por la Presidencia de la República solicitó que se declare improcedente el amparo o de manera subsidiaria sea denegada la protección invocada por el actor toda vez que, el jefe del Estado ha permitido que, se exhiban banderas de grupos indultados y perdonados por el Estado colombiano, y lo ha hecho en ejercicio legítimo del derecho fundamental a la libertad de expresión del cual es titular toda la ciudadanía.

En la exhibición de la bandera se han respetado los límites de la libertad de expresión contenida en la Constitución de 1991. Añadió que, los actos en los que se ha exhibido la bandera del M-19 han tenido como finalidad el reconocimiento de la importancia de la reinserción, la resocialización y la construcción de la paz.

6. Esa posición ya fue reconocida en otro proceso de tutela por el Consejo de Estado, bajo el radicado 11001-03-15-000-2024-02198-00, decisión que planteó una situación similar a la expuesta por el hoy accionante, debido a que se cuestionó al presidente de la República por exhibir una bandera del M -19 en una conmemoración del 1 de mayo. La Corporación encon tró que se estaba manifestando un disgusto con las expresiones y actos del primer mandatario, pero que dichas expresiones o actos no vulneraron derechos fundamentales y que sólo evidenciaron las tensiones que son propias del ejercicio de la libertad de expresión en un sistema democrático.

7. Expresó que la exhibición de una bandera, por sí sola, no constituye una vulneración de derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de una

evidenciaron las tensiones que son propias del ejercicio de la libertad de expresión en un sistema democrático.

7. Expresó que la exhibición de una bandera, por sí sola, no constituye una vulneración de derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de una bandera asociada a un grupo armado que participó en un proceso de paz c on el Estado, en el cual se comprometió a un proceso de desarme, desmovilización y reintegración a la sociedad.

8. Indicó que la exhibición de la bandera no implica la vulneración concreta de un derecho fundamental del actor, y se realizó como parte del ejercicio de la libertad de expresión del jefe de Estado y no implica el ultraje de símbolos nacionales.

Finalmente precisó que la exhibición de la bandera puede ser considerada como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de un discurso que goza d e protección reforzada, por tratarse de un asunto político y de de interés público.

9. El accionante remitió al despacho un memorial de “réplica” a los alegatos de defensa de la presidencia de la República. Afirmó que, la defensa de la entidad accionada des conoce la realidad de un perjuicio irremediable, pues minimiza el impacto de la exhibición de la bandera del M -19 cuando “está demostrado que las víctimas del conflicto armado continúan sufriendo los efectos de la violencia y la revictimización de un hecho continuo”.

10. No compartió que se haya solicitado que el amparo sea declarado improcedente, pues en criterio del tutelante, la jurisprudencia constitucional haRadicación número: 11001-03-15-000-2025-01055-00

Accionante: Duverney Ardila Germán de Ribón

improcedente, pues en criterio del tutelante, la jurisprudencia constitucional haRadicación número: 11001-03-15-000-2025-01055-00

Accionante: Duverney Ardila Germán de Ribón Accionado: Presidencia de la República Referencia: Primera instancia acción de tutela

indicado que la acción de amparo es procedente para cuestionar ejercicios abusivos de la liberta d de expresión. Añadió que la respuesta de la presidencia de la República evade la responsabilidad “política y jurídica” cuando en realidad se trata de un abuso de poder con fines políticos. Precisó que “la Corte Constitucional en la Sentencia T -244 de 201 0 estableció que cuando un derecho colectivo afecta de manera individual a una persona, la acción de tutela sí procede.”

11. Manifestó que la exhibición constante de la bandera del M -19 “ha generado zozobra, revictimización y afectación a la tranquilidad emocional de la población, en especial a quienes hemos sido víctimas de la violencia armada en Colombia .” Iteró que la exhibición de un símbolo no oficial en eventos gubernamentales podría interpretarse como una infracción del deber del presidente de represent ar a todos los colombianos de manera imparcial (art. 188 CP). Por último, agregó que el tutelante fue víctima de secuestro por parte del ELN, lo que genera una afectación emocional directa e individualizable frente a estos actos.

12. Solicitó que el juez de tutela ordene al presidente de la República abstenerse de exhibir símbolos o banderas de cualquier grupo armado ilegal en actos oficiales del Estado, considerando que esto vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos. Agregó que es necesario: “Ordenar al Presidente de la República

de exhibir símbolos o banderas de cualquier grupo armado ilegal en actos oficiales del Estado, considerando que esto vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos. Agregó que es necesario: “Ordenar al Presidente de la República abstenerse de realizar actos con fines proselitistas en eventos oficiales. Exigir al Presidente que emita un comunicado público reconociendo el impacto negativo de sus acciones en las víctimas del conflicto armado. Solicit ar al Ministerio del Interior que implemente medidas para evitar la revictimización de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Garantizar el principio de no repetición, para evitar que actos similares vuelvan a ocurrir en el futuro. Exhortar a la Pr esidencia de la República a respetar la neutralidad e imparcialidad que le impone la Constitución, evitando la instrumentalización del Estado con fines políticos”.

CONSIDERACIONES

Competencia

13. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos

14. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos de procedencia formales, en tanto que la autoridad accionada afirma que no s e satisface el requisito de legitimación en la causa por activa, pues no se evidencia una vulneración concreta a un derecho fundamental de una persona identificada. En caso de concluir que la acción de tutela es procedente, como segundo problema jurídico debe resolverse si la exhibición de

causa por activa, pues no se evidencia una vulneración concreta a un derecho fundamental de una persona identificada. En caso de concluir que la acción de tutela es procedente, como segundo problema jurídico debe resolverse si la exhibición de la bandera del M -19 por parte del jefe del Estado, se encuentra cubierta por el derecho a la libertad de expresión o si, por el contrario, como lo sostiene el tutelante,Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01055-00

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implica un acto violatorio de los derechos de las víctimas y una afectación a l os símbolos nacionales.

15. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, en primer lugar, se reiterará el precedente constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela para solicitar la limitación del ejercicio a la libertad de expresión. Posteriormente, se reiterará el precedente relacionado con los discursos cubiertos, reforzados y no protegidos por el derecho a la libertad de expresión.

Procedencia de la acción de tutela para limitar la libertad de expresión de servidores públicos.

16. La jurisprudencia constitucional ha indicado que la acción de tutela es el medio judicial procedente para solicitar la protección de los derechos fundamentales de una persona que estima amenazados o vulnerados por una manifestación de un servidor público. Se ha indicado que estos gozan del derecho a la libertad de expresión, sin embargo, sometido a límites constitucionales y legales relacionados con las responsabilidades que ostentan. En esa medida, existen deberes de veracidad y objetividad en la expresión que difunden.

expresión, sin embargo, sometido a límites constitucionales y legales relacionados con las responsabilidades que ostentan. En esa medida, existen deberes de veracidad y objetividad en la expresión que difunden.

17. Por regla general, el precedente constitucional ha resuelto acciones de tutela formuladas por personas particulares contra servidores públicos, quienes, en ejercicio de sus cargos, y a través de redes sociales o medios de comuni cación, realizan afirmaciones que pugnan con el derecho al buen nombre y honra de personas determinadas 1. En esos casos, el cumplimiento del requisito de legitimación en la causa por activa resulta sencillo de constatar, pues la acción constitucional de amparo es el medio para solicitar la protección del derecho al buen nombre y honra afectado de manera concreta.

18. Un escenario jurisprudencial diferente es aquel en que un servidor público, en ejercicio de su libertad de expresión hace manifestaciones que, en estricto sentido no afectan el derecho al buen nombre y honra de personas concretas. Sin embargo, incluso en contextos semejantes, la Corte Constitucional ha reconocido que el amparo resulta procedente para que una persona lleve ant e los jueces la necesidad de establecer límites constitucionales al ejercicio de la libertad de expresión de un servidor público.

19. En efecto, en la sentencia T -124 de 2021 2, la Corte Constitucional resolvió una acción de tutela formulada por una persona particular, quien cuestionó que la vicepresidenta de la República, a través de sus redes sociales, hiciera uso de su libertad de expresión para hacer manifestaciones de contenido religioso. Si bien en aquel caso se trataba de discurso de otro contenido dif erente al político, la Corte

vicepresidenta de la República, a través de sus redes sociales, hiciera uso de su libertad de expresión para hacer manifestaciones de contenido religioso. Si bien en aquel caso se trataba de discurso de otro contenido dif erente al político, la Corte Constitucional reconoció que la acción de tutela es el medio judicial para cuestionar discursos de servidores públicos, y además que un ciudadano particular tiene legitimación en la causa para cuestionar dichas afirmaciones.

1 T-446 de 2020 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas) o T-203 de 2022 (M.P. Diana Fajardo Rivera). 2 M.P. Diana Fajardo Rivera.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01055-00

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20. Respecto al contenido de los discursos constitucionalmente protegidos, la jurisprudencia de la Corte ha distinguido que, si bien cualquier servidor público es titular del derecho a la libertad de expresión, en todo caso, por su situación administrativa, existen específicas restricciones al ejercicio de la libertad. Por ello se han diferenciado dos escenarios jurisprudenciales. Por un lado, el contenido genérico de la libertad de expresión, en tanto derecho humano, y cuya titularidad está en cabeza de todo individuo de la especie humana3. Otro escenario relacionado es cuando un servidor público ejerce el mismo derecho fundamental, pero sometido a otras restricciones en atención a la responsabilidad que constitucional y legalmente cumple.

21. Respecto al prime r escenario y por esa vía el contenido genérico de la libertad de expresión, resultan relevantes las sentencias T-391 de 20074, C-442 de

legalmente cumple.

21. Respecto al prime r escenario y por esa vía el contenido genérico de la libertad de expresión, resultan relevantes las sentencias T-391 de 20074, C-442 de 20115 y SU-420 de 2019 6. En esas providencias se ha indicado el contenido del derecho a la libertad de expresión y las cuatro reglas que sirven para resolver los casos en los que se solicita la limitación al ejercicio del derecho.

22. Se ha señalado que el artículo 20 de la Constitución, interpretado a la luz de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, puntualmente el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, determina el contenido del derecho a la libertad de expresión. Los dos incisos del artículo 20 superior, se denominan “libertad de expresión en genérico” 7, el cual a su vez está compuesto por el derecho a recibir y buscar información veraz e imparcial; el derecho a difundir las propias opiniones; el derecho a fundar medios de comunicación; el derecho a solicitar rectificación y réplica en condiciones de igualdad; y la prohibición constitucional de censura previa. Además se ha indicado que, existen discursos que no están protegidos por la libertad de expresión, puntualmente: (i) La prohibición de la propaganda de la guerra y la apología del odio, la violencia y el delito , cualificada y precisada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, (ii) La prohibición de la pornografía infantil, y, (iii) La prohibición de la instigación pública y directa al genocidio.

23. En desarrollo de los anteriores contenidos, la Corte Constitucional ha

todas las formas de discriminación racial, (ii) La prohibición de la pornografía infantil, y, (iii) La prohibición de la instigación pública y directa al genocidio.

23. En desarrollo de los anteriores contenidos, la Corte Constitucional ha indicado, entre otras cosas que, “la expresión protegida por esta libertad puede ser tanto la del lenguaje convencional, como la manifestada a través de conducta simbólica o expresiva c onvencional o no convencional; (5) la expresión puede efectuarse a través de cualquier medio elegido por quien se expresa, teniendo en cuenta que cada medio en particular plantea sus propios problemas y especificidades jurídicamente relevantes, ya que la l ibertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su forma y su manera de difusión; (6) la

3 En la T-391 de 2007 se indicó: “En términos del alcance y el contenido de la libertad de expresión stricto senso, existen ocho rasgos del ámbito constitucionalmente protegido que la Corte considera indispensable resaltar con detalle, para efectos de llegar a una decisión adecuada en el caso presente: (1) su titularidad es universal sin discrim inación, compleja, y puede involucrar intereses públicos y colectivos, además de los intereses privados del emisor de la expresión”. 4 M.P. Manuel José Cepeda. 5 M.P. Humberto Sierra Porto. 6 M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 7 Cfr.- T-391 de 2007.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01055-00

Accionante: Duverney Ardila Germán de Ribón Accionado: Presidencia de la República Referencia: Primera instancia acción de tutela

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libertad constitucional protege tanto las expresiones socialmente aceptadas como las que son inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono”8.

24. Sumado a lo anterior, se fijaron presunciones en favor del ejercicio del derecho. Puntualmente se indicó que, existe una presunción de cobertura, es decir, prima facie se presume que cualquier ejercicio de la libertad de expresión está cubierto por el artículo 20 superior. Consecuencia de lo anterior, existe una sospecha de inconstitucionalidad en relación con las restricciones a la libertad de expresión y la necesidad de aplicar un control judicial estricto a las limitaciones.

También derivado de lo anterior, surge una presunción de primacía de la libertad de expresión frente a otros derechos o valores constitucionales en conflicto. Además de la prohibición constitucional de aplicar censura previa. Esta última prohibición es “imbatible”, pues conforme la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las responsabilidades por usos no protegidos por la libertad de expresión siempre son ulteriores.

25. Con base en las reglas anteriores, la Corte ha señalado que existen discursos que gozan de protección constitucional r eforzada, pues se relacionan con la materialización de valores de sociedades pluralistas y democráticas, lo cual tiene efectos directos sobre la regulación estatal admisible y el estándar de control

que gozan de protección constitucional r eforzada, pues se relacionan con la materialización de valores de sociedades pluralistas y democráticas, lo cual tiene efectos directos sobre la regulación estatal admisible y el estándar de control constitucional al que se han de sujetar las limitaciones.

26. Dentro de los discursos que gozan de protección reforzada “ el mayor grado de protección se provee al discurso político, al debate sobre asuntos de interés público, y a los discursos que constituyen un ejercicio directo e inmediato de derechos fundamentales adicionales que se vinculan necesariamente a la libertad de expresión para poder materializarse”9. La Corte IDH10 ha indicado:

“Las expresiones de contenido político, o que contribuyen al debate abierto sobre asuntos de interés público o general, reciben –y han recibido tradicionalmente - un nivel especialmente alto de protección constitucional frente a todo tipo de regulación. Es claro que el discurso de contenido político, o que forma parte del debate público, no se agota en las publicaciones y discursos políticos relacionados con temas electorales; esta categoría cubre toda expresión relevante para el desarrollo de la opinión pública sobre los asuntos que contribuyan a la vida pública de la nación”.

27. En el mismo sentido, se ha indicado que existen discursos que no están protegidos por la libertad de expresión. Puntualmente se ha señalado que se trata de la propaganda a la guerra y la apología al odio que constituya incitación a la violencia, especialmente, aquel “ que constituya incitación a la discriminación, la

8 Cfr. T-391 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda). 9 Ibidem.

de la propaganda a la guerra y la apología al odio que constituya incitación a la violencia, especialmente, aquel “ que constituya incitación a la discriminación, la

8 Cfr. T-391 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda). 9 Ibidem. 10 En el mismo sentido, Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 72. c).Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01055-00

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hostilidad, la violencia contra cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo (modo de expresión que cobija las categorías conocidas comúnmente como discurso del odio, discurso discriminatorio, apología del delito y apología de la violencia); (c) la pornografía infantil; y (d) la incitación directa y pública a cometer genocidio”11. Estos discursos prohibidos de ben interpretarse con celoso apego a sus definiciones precisas en los instrumentos jurídicos correspondientes, para así minimizar el riesgo de que se incluyan, bajo su alcance, formas de expresión que sí son legítimamente acreedoras de la protección constitucional.

28. Respecto al segundo escenario relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión, es decir, aquel referido a la libertad de expresión por parte de funcionarios, la jurisprudencia constitucional e interamericana señalan que los servidores del Estado son titulares del derecho a la libertad de expresión en sus diversas manifestaciones. No obstante, en su caso, el ejercicio de este derecho adquiere ciertas connotaciones y características específicas. Se ha indicado que

servidores del Estado son titulares del derecho a la libertad de expresión en sus diversas manifestaciones. No obstante, en su caso, el ejercicio de este derecho adquiere ciertas connotaciones y características específicas. Se ha indicado que tienen un deber especial de constatación razonable de los hechos que fundamentan sus pronunciamientos. Indicó la Comisión IDH:

“Cuando los funcionarios públicos (sic) ejercen su libertad de expresión, sea en cumplimiento de un deber legal o como simple ejercicio de su derecho fundamental a expresarse, “están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos”12.

29. En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha indicado que el derecho a la libertad de expresión ejercido por servidores públicos en el desempeño de sus funciones tiene limitaciones mayores a las que ostenta cuando lo ejerce un particular, puesto que al pronunciarse como una autoridad pública no está ejerciendo “la simple libertad de expresión reconocida en general a los ciudadanos, sino que están utilizando un medio legítimo para el ejercicio de la autoridad pública.” En todo caso, la libertad de expresión de los funcionarios al igual que la de cualquier persona, también está sujeta a las reglas de los discursos prohibidos que se indicaron más arriba.

30. En la sentencia T -124 de 2021 precisó que en los eventos que las autoridades públicas actúan en ejercicio de sus funciones “tienen un rango muy

persona, también está sujeta a las reglas de los discursos prohibidos que se indicaron más arriba.

30. En la sentencia T -124 de 2021 precisó que en los eventos que las autoridades públicas actúan en ejercicio de sus funciones “tienen un rango muy limitado de autonomí a y deben orientarse a la defensa de (…) los derechos fundamentales de todas las personas habitantes del territorio”, puesto que “ostentan una posición de garante frente a las prerrogativas de los asociados, es necesario que se guíen bajo el criterio de má xima prudencia al momento de emitir manifestaciones que pongan en riesgo o constituyan injerencias lesivas sobre tales derechos.” Lo anterior aunado al hecho de que la emisión de opiniones o

11 Cfr. C-442 de 2011 (M.P. Humberto Sierra Porto). 12 Cfr. Inf orme del año 2009 de la relatoría para la libertad de expresión de la CIDH. Capítulo

3. Marco Jurídico Interamericano del derecho a la Libertad de Expresión. Pág. 308, párr. 200.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01055-00

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información por parte de funcionarios “puede tener un impacto mucho mayor en el imaginario colectivo, en las creencias de las gentes e incluso en su conducta, dado el enorme grado de confianza que las personas suelen tener en las afirmaciones de quienes ocupan los cargos más representativos.”.

31. La providencia que se reitera indicó las reglas jurisprudenciales relacionadas con los eventos en los que servidores públicos ejercen la libertad de expresión a

quienes ocupan los cargos más representativos.”.

31. La providencia que se reitera indicó las reglas jurisprudenciales relacionadas con los eventos en los que servidores públicos ejercen la libertad de expresión a través de medios de comunicación de alto alcance. Precisó que se han identificado dos escenarios del referido ejercicio comunicativo, diferenciables a partir de la intención del discurso divulgado, a saber: (i) aquellas manifestaciones que pretenden transmitir información objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de interés general; y (ii) aquellas otras en las que, más allá de la transmisión objetiva de información, se expresan cuestiones acerca de la política oficial o expresan su opinión sobre algún asunto. En estos últimos caben apreciaciones subjetivas formuladas a partir de criterios personales.

32. Agregó que para garantizar la formación de una opinión pública verdaderamente libre, estas opiniones no pueden ser formuladas sino a partir de un mínimo de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad. Las responsabilidades derivadas del anterior escen ario cobran mayor relevancia cuando, la libertad de expresión se ejerce a través de medios de comunicación “en atención a la gran capacidad de penetración en todas las esferas de la sociedad que éstos poseen, al número considerable de receptores a los que pueden llegar, al impacto inmediato que poseen sobre la formación de la opinión pública e, incluso, sobre los comportamientos y reacciones de los individuos”13.

33. Con base en el anterior escenario jurisprudencial corresponde examinar la presente controversia.

Caso Concreto

34. Respecto a la procedencia formal de la acción de tutela, a criterio de esta

33. Con base en el anterior escenario jurisprudencial corresponde examinar la presente controversia.

Caso Concreto

34. Respecto a la procedencia formal de la acción de tutela, a criterio de esta Subsección, se satisfacen los requisitos de legitimación en la causa por activa y pasiva, subsidiariedad y parcialmente el de inmediatez.

35. En relación con el requisito de legitima ción en la causa por pasiva y activa, la Sala advierte que la acción de tutela se dirige contra el Presidente de la República quien, según el escrito de amparo, mostró la bandera del movimiento guerrillero 19 de abril en una visita del jefe de Estado el 26 de abril de 2024, al municipio de Zipaquirá. Igual puesta a la vista, la efectuó el 4 de diciembre de 2024 y el 23 de febrero de 2025 en actividades institucionales en su condición de jefe de gobierno y jefe de Estado. En esa medida, la acción constitucional se dirige contra la persona que es señalada de incurrir en actos vulneratorios de derechos fundamentales.

36. De igual manera, conforme a la sentencia T -124 de 2021 14, el actor cuenta con legitimación en la causa por activa, pues conforme al artículo 86 Superior y al

13 En la T-124 de 2021, se reiteró la Sentencia T-1191 del 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 14 Como ya se indicó en aquel caso, una persona particular presentó acción de tutela contra la vicepresidenta de la república, pues en su cuenta de twitter había consagrado al país a unaRadicación número: 11001-03-15-000-2025-01055-00

Accionante: Duverney Ardila Germán de Ribón

Accionado: Presidencia de la República

Accionante: Duverney Ardila Germán de Ribón Accionado: Presidencia de la República Referencia: Primera instancia acción