CE - Sentencia 11001031500020250107900

Demandante: Neyl David Barón Sánchez

Demandado: Unidad de Administración de la Carrera Judicial de Bogotá D.C.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01079-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01079-00

Demandante: NEYL DAVID BARÓN SÁNCHEZ

Demandado: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE LA CARRERA

JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.

Tema: Derecho fundamental de petición. Declara la carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Neyl David Barón Sánchez , actuando en nombre propio , instauró acción de tutela 1 en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Neyl David Barón Sánchez , actuando en nombre propio , instauró acción de tutela 1 en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la Carrera Judicial de Bogotá D.C., con el fin d e que le sea amparado su derecho fundamental de petición.

Consideró vulnerada dicha garantía con ocasión de la falta de respuesta a la petición presentada el 22 de enero de 2025.

1.2. Pretensiones

En concreto, solicitó lo siguiente:

Primero: Tutelar el derecho fundamental de petición.

1 El escrito de tutela se presentó el 24 de febrero de 202 5 en el aplicativo tutelaenlinea3@deaj.ramajudicial.gov.co enviada a la Secretaría General del Consejo de Estado.Demandante: Neyl David Barón Sánchez

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Segundo: Consecuencialmente, se sirva ordenar a UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL BOGOTÁ D.C. responder la petición de información realizada el día 22 de enero de 2025.

1.3. Hechos

La Sala encontró demost rados los supuestos fácticos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:

1.3. Hechos

La Sala encontró demost rados los supuestos fácticos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:

Afirmó el accionante que, mediante escrito del 22 de enero de 2025, remitió petición al correo electrónico de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de Bogotá D.C., en el que solicitó información sobre las posibilidades y condiciones para obtener un traslado de sede laboral por razones de salud, sin haber ejercido el cargo por al menos 3 años, específicamente el traslado del cargo de escribiente de un Juzgado Civil Municipal a un Juzgado Penal Municipal.

Manifestó que, vencido el término para dar respuesta, la accionada no ha resuelto su petición.

1.4. Sustento de la petición

El accionante afirmó que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de Bogotá D.C. vulneró su derecho fundamental como consecuencia de la negativa en dar respuesta oportuna a su petición.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto del 28 de febrero de 2025, el magistrado ponente de la presente decisión admitió la acción de tutela, y tuvo como accionada a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de Bogotá D.C., para que si lo consideraba del caso diera respuesta a la acción de amparo y allegara los docum entos que pretendiera hacer valer como pruebas, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la respectiva providencia.

De igual manera, dispuso tener como vinculad os en calidad de terceros con

pretendiera hacer valer como pruebas, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la respectiva providencia.

De igual manera, dispuso tener como vinculad os en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso al Consejo Superio r de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

Así mismo, requirió al accionante para que acompañara la petición del 22 de enero de 2025.Demandante: Neyl David Barón Sánchez

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1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones2, se presentaron las siguientes

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

El apoderado de la entidad, mediante escrito enviado a la Secretaría General del Consejo de Estado informó que la petición objeto de la acción constitucional fue radicada inicialmente al correo electrónico carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co, luego fue remitida al buzón electrónico mepjbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co que corresponde al dominio de la mesa de entrada del Consejo Superior de la Judicatura.

Indicó que revisado el sistema de información judicial Sigobius, conform e a imagen plasmada en su respuesta, la petición se encuentra pendiente de gestión

que corresponde al dominio de la mesa de entrada del Consejo Superior de la Judicatura.

Indicó que revisado el sistema de información judicial Sigobius, conform e a imagen plasmada en su respuesta, la petición se encuentra pendiente de gestión por parte de un profesional de la Unidad de Administración de Carrera Judicial.

Advirtió que la petición no fue radicada en la entidad, motivo por el cual la Dirección Eje cutiva de Administración Judicial no tiene legitimación en la causa por pasiva para soportar la presunta amenaza o vulneración del derecho fundamental invocado.

En consecuencia, solicitó que se le desvinculara de la acción de tutela.

1.6.2. Consejo Super ior d e la Judicatura - Unidad de Administración de la Carrera Judicial de Bogotá D.C.

En comunicación del 7 de marzo del presente año , la directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial expresó que mediante oficio CJO25 -1208 del 6 de marzo de 2 025 se resolvió la consulta elevada, cuya respuesta fue enviada el mismo día al accionante al correo electrónico neilbaron7@gmail.com, lo que acreditó con copia del oficio referido y constancia de envío.

En consecuencia, solicitó que se niegue el amparo por no haber afectado, desconocido o vulnerado ningún derecho fundamental, ya que a la fecha se dio respuesta de fondo a la petición radicada, situación que debe ser calificada como hecho superado y por ende c oncluir la carencia de objeto que impide que se ampare el derecho fundamental invocado.

2 Mediante oficios enviados por correo electrónico el 4 de marzo de 2025 al accionante , a la

hecho superado y por ende c oncluir la carencia de objeto que impide que se ampare el derecho fundamental invocado.

2 Mediante oficios enviados por correo electrónico el 4 de marzo de 2025 al accionante , a la accionada y a los vinculados como terceros con interés. Índice 7 Samai.Demandante: Neyl David Barón Sánchez

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1.6.3. Consejo Superior de la Judicatura -Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá

En escrito del 11 de marzo del presente año, el director de la entid ad manifestó que de conformidad con la Ley 270 de 1996 su función es netamente administrativa como pagadora de los salarios y prestaciones a los servidores judiciales adscritos, motivo por el cual, no es competente para dar respuesta a la petición elevada por el accionante.

En consecuencia, solicitó la desvinculación del trámite tutelar por configuración de la falta de legitimación en la causa por pasiva.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por el señor Neyl David Barón Sánchez . Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por el señor Neyl David Barón Sánchez . Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Cuestión Previa

El Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva por no haber sido radicada la petición ante dicha entidad, y no ser la competente para resolver la petición objeto de la tutela , las que serán negadas por haber sido vinculadas como terceros interesados en las resultas del proceso y no como accionadas.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, si se presenta vulneración a l derecho fundamental de petición del tutelante con ocasión de la falta de respuesta de l a accionada a la solicitud que presentó el 22 de enero de 2025, o si, por el contrario, se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.

Para el efecto, se estudiarán los siguientes temas: (i ) generalidades de la acción de tutela (ii) derecho fundamental de petición (ii) carencia act ual de objeto y (iii) análisis del caso concreto.Demandante: Neyl David Barón Sánchez

Demandado: Unidad de Administración de la Carrera Judicial de Bogotá D.C.

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análisis del caso concreto.Demandante: Neyl David Barón Sánchez

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5 2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para recl amar ante los jueces la protección inmedia ta de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en el artículo 6º ibíd., entre o tros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado.

2.5. Derecho fundamental de petición

La Constitución Política de 1991 consagr ó en su artícul o 23 el derecho fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de «presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución» 3. El mismo artícul o superior precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones

«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución» 3. El mismo artícul o superior precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «[e]l núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido»4.

Asimismo, se han e stablecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 5, que señala 15 días para resol ver la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de petición

3 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004. 4 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.

congruente con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de petición

3 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004. 4 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015. 5 Modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Demandante: Neyl David Barón Sánchez

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6 debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario d ebe encontrarse libre de ev asivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no imp ide que la auto ridad suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada”6.

Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimie nto del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cump la el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante”7.

(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cump la el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante”7.

Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando consista en indicar que se remitió la petición a la autoridad competente. En palabras de la Corte Constitucional:

(…) El deber d e notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada8.

En relación co n el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte Constitucional ha explicado que:

1. es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que median te él se garantizan otros derechos constit ucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial

comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar , en términos r espetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), ex cluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta

en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), ex cluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo9.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados e n la solicitud y, además

6 Sentencia T-149 de 2013. 7 Ibídem. 8 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020. 9 Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.Demandante: Neyl David Barón Sánchez

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7 incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

2.6. Carencia actual de objeto

La Sala ha explicado en varias ocasiones 10 que la acción de tutela ha sido

solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

2.6. Carencia actual de objeto

La Sala ha explicado en varias ocasiones 10 que la acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentale s que sean viol entados o amenazados de una manera actual e inminente.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho fundamental amenazado se mater ializa en el cu rso del proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.

En efecto, la Corte Consti tucional ha sos tenido que la terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) por hecho superado ; (ii) por daño consumado ; y, (iii) por una situación sobreviniente.

Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 1º de septiembre de 2016, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada ju risprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de s er como mecanis mo extraordinario y expedit o de

desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de s er como mecanis mo extraordinario y expedit o de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.11

10 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Cont encioso Administrativo, Sección Quinta. M .P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.1 1.17, Rad. 2017 -00085-01, y M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 19.10.17, Rad. 2017-2365-00. 11 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie d e página, bajo el número 5, la cual se transcribe literalmente: «Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005».Demandante: Neyl David Barón Sánchez

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8 A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre este respecto, que:

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8 A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre este respecto, que:

La tutela supone la acci ón protectora del Estado qu e tiende a proteger un derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza, parten de un a objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub examine - que se hubiese presentado un peligro ya subsanado. (negrillas propias)

Es por es to, que la doctrina constit ucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna or den que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figur as: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente12”.

Con base en el referenciado marco referencial, el Máximo Tribun al Constitucional ha sostenido que:

El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada , la cual se

ha sostenido que:

El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada , la cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado l as acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.13

En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante determinar si la eliminación de la vulneraci ón de los derec hos fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección Quinta), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos fundamentales.

De hecho, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segun da instancia, d urante el trámite de revisión ante ese tribunal14.

En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse s obre la conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la

12 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, en el número 6, la cual se transcribe literalmente: «Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013».

12 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, en el número 6, la cual se transcribe literalmente: «Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013». 13 Corte Constitucional. Sentencia T-038/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 14 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.Demandante: Neyl David Barón Sánchez

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9 conducta lesiva de los derechos afectados15.

2.7. Caso concreto

La parte actora consideró lesionado su derecho fundamental de petición ante la falta de respuesta de su solicitud radicada el 2 2 de enero de 2025 ante la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de Bogotá D.C. con el fin de obtener información en cuanto al traslado de sede laboral, por razones de salud, sin haber ejercido el cargo por al menos 3 años, específicamente en relación con el traslado de un cargo de es cribiente de un Juzgado Civil Municipal a un Juzgado Penal Municipal.

La directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de Bogotá D.C. en comunicación del 6 de marzo del presente año, dio respuesta a la petición del accionante, la que le fue notificada el mismo día mediante envío al correo electrónico neilbaron7@gmail.com, dominio que fue indicado en su escrito de

en comunicación del 6 de marzo del presente año, dio respuesta a la petición del accionante, la que le fue notificada el mismo día mediante envío al correo electrónico neilbaron7@gmail.com, dominio que fue indicado en su escrito de tutela, conforme se acredita con el siguiente texto:

CJO25-1208

Bogotá, D. C., 6 de marzo de 2025

Señor

NEYL DAVID BARÓN SÁNCHEZ

neilbaron7@gmail.com

Asunto: Consulta sobre traslados - Rad

EXTCSJ25-482.

Señor Barón Sánchez:

En atención a la consulta presentada por usted, el 22 de enero de 2025, en la que solicita:

“1. Se me informe de manera clara y de fondo si puedo solicitar un traslado por concepto de salud pese a que no cumplo con los 3 años en el cargo actual

2. Se me informe si para solicitar el traslado con respecto al cargo de ESCRIBIENTE MUNICIPAL que ejerzo en un juzgado civil, puedo solicitar el traslado para un juzgado Penal Municipal debido a que según l o establecido en Acuerdo PCSJA17 -10754 de 2017 se establece que: “Tratándose de solicitudes de traslado para los cargos de empleados, deberá observarse para la expedición de concepto favorable de traslado, la especialidad y jurisdicción a la cual se vinculó en propiedad, salvo para escribientes y citado res, quienes no estarán sujetos a dichas limitaciones....”

15 Corte Constitucional. Sentencia T-112 /2010, M.P. Mauricio González Cuervo. 16“9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y Juzgados. Para tal

no estarán sujetos a dichas limitaciones....”

15 Corte Constitucional. Sentencia T-112 /2010, M.P. Mauricio González Cuervo. 16“9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no hayan sido fijados p or la ley.” 17Acuerdo No. 006 del 12 de diciembre de 2002, modificado por el Acuerdo 2035 de 2023.Demandante: Neyl David Barón Sánchez

Demandado: Unidad de Administración de la Carrera Judicial de Bogotá D.C.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01079-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

10 Al respecto me permito dar respuesta en los siguientes términos:

En cuanto al punto 1, es preciso indicar que, el traslado por razon es de salud se encuentra regulado en el artículo 134 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, modificado por el artículo 70 de la Ley 2430 de 2024, así:

“ARTÍCULO 134. TRASLADO. Se produce traslado cuando se provee un cargo con un funcionario o empleado que ocupa en propiedad otro de funciones afines, de la misma categoría y especialidad, para el que se exijan los mismos requisitos, siempre que tengan distinta sede territorial. El traslado puede ser solicitado por los servidores de la Rama Judicial en los siguientes eventos: “….

categoría y especialidad, para el que se exijan los mismos requisitos, siempre que tengan distinta sede territorial. El traslado puede ser solicitado por los servidores de la Rama Judicial en los siguientes eventos: “….

2. Por razones de salud. Cuando se encuentren debidamente comprobadas razones de salud que le hagan imposible al servidor de la Rama Judicial continuar en el cargo (…)”

“… PARÁGRAFO 2. Para efectos de lo dispuesto en l os numerales 3 y 4, el concepto de traslado tendrá en cuenta, entre otros factores, la última evaluación de servicios en firme, que la persona a trasladar haya prestado servicios por lo menos por tres (3) años en el cargo actual y que garantice que prestar á igual tiempo de servicio en el cargo para el cual será trasladada…” (Subrayado propio)

Ahora bien, para solicitar traslado por razones de salud, no se requiere haber prestado servicios por lo menos por tres (3) años en el cargo actual, dado que tal exig encia únicamente aplica, para los traslados por reciprocidad o como servidor de carrera.

Respecto al punto 2, sobre la posibilidad de traslado del cargo de escribiente de juzgado civil para un juzgado penal, le indico que dada la modificación introducida por el artículo 70 de la Ley 2430 de 2024, en el que claramente se indica que procede tras lado entre cargos de la misma especialidad, en el caso partic