CE - Sentencia 11001031500020250116300

Demandante: Carlos Evelio Balanta Triviño Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-01163-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01163-00

Demandante: CARLOS EVELIO BALANTA TRIVIÑO

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCI ÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN B Y OTROS

Temas: Tutela contra providencia judicial – falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Carlos Evelio Balanta Triviño, actuando por medio de apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y de la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante, Colpensiones).

judicial, presentó acción de tutela en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y de la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante, Colpensiones). Con la solicitud de amparo pretende la protecci ón de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital.

2. La anterior trasgresión constitucional se la adjudica a las siguientes providencias: (i) sentencia del 29 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda; y (ii) fallo del 3 de octubre de 2024, dictado por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado , que confirmó y ad icionó la decisión de primera instancia. Ello, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-23-33-006-2018-00367-00/01

(0902-2023).

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.Demandante: Carlos Evelio Balanta Triviño Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-01163-00

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1.2. Pretensión constitucional

3. El accionante solicitó lo siguiente:

Se protejan los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido

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1.2. Pretensión constitucional

3. El accionante solicitó lo siguiente:

Se protejan los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, la igualdad, la seguridad social, el m ínimo vital y el principio de favorabilidad laboral del señor CARLOS EVELIO BALANTA, y en consecuencia, se proceda a DEJAR SIN EFECTO la Sentencia emanada del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Secci ón Segunda – Subsección B, mediante Sentencia de segunda instancia del tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), y en consecuencia se ordene a esta Corporaci ón emitir un nuevo fallo en el que tenga en cuenta los dispuesto en el Art ículo 86 de la Ley 2381 de 2024, respecto de la aplicaci ón de la figura jur ídica de la caducidad y atendiendo el principio de favorabilidad y de la condici ón m ás beneficiosa conforme a los lineamientos del artículo 53 de la Carta Política, que prescribe en su inciso final (no está en negrilla en el texto original): “La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana n i los derechos de los trabajadores. ” y conforme a lo dispuesto en la Convención Colectiva de Trabajo y el precedente jurisprudencial fijado en Sentencias SU-241 de 2015 y SU-113 de 2018, SU -241 de 2015 y SU 273 de 2022, revocando el fallo de primer grado y aplicando el ordenamiento que actualmente impera y los pluricitados alcances de los precedentes

fijado en Sentencias SU-241 de 2015 y SU-113 de 2018, SU -241 de 2015 y SU 273 de 2022, revocando el fallo de primer grado y aplicando el ordenamiento que actualmente impera y los pluricitados alcances de los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional.2

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la

siguiente manera:

5. El municipio de Palmira, mediante la Resolución 1742 de 1997, le reconoció al señor Carlos Evelio Balanta Triviño la pensión de jubilación extralegal, a partir del 19 de julio de 1997. La prestación aludida se liquidó teniendo como base el 100% del último salario devengado, de conformidad con lo dispuesto en la Convención Colectiva del Trabajo, suscrita entre el ente territorial y sus empleados.

6. Posteriormente, el Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones), a través de la Resolución 21612 del 15 de diciembre de 2009, le reconoció al accionante la pensión de vejez a partir del 1 de enero de 2010. La liquidación de la prestación se efectuó con el 90% de lo percibido durante las semanas cotizadas por el actor, a partir de lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 19903.

7. Debido a una solicitud presentada por el señor Balanta Triviño, Colpensiones, por medio de la Resolución 165892 del 2 de julio de 2013, reliquidó la pensión referida anteriormente.

8. El 4 de abril de 2018, Colpensiones promovió demanda de nulidad y

Colpensiones, por medio de la Resolución 165892 del 2 de julio de 2013, reliquidó la pensión referida anteriormente.

8. El 4 de abril de 2018, Colpensiones promovió demanda de nulidad y

2 Transcrito del escrito de tutela. 3 Aprobado por el Decreto 758 de 1990.Demandante: Carlos Evelio Balanta Triviño Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-01163-00

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restablecimiento del derecho en contra del señor Carlos Evelio Balanta Triviño4. Pretendió que se declarara la nulidad de la s Resoluciones 21612 del 15 de diciembre de 2009 y 165892 del 2 de julio de 2013 5, y, que , a título de restablecimiento del derecho , se le reintegrara lo pagado al accionante . Alegó que no era razonable que el actor percibiera más de una pensión, teniendo en cuenta que la prestación que le había reconocido el municipio de Palmira se fundamentó en los mismos tiempos de servicio que la pensión de vejez.

9. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , mediante sentencia del 29 de septiembre de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En concreto, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y negó el reintegro de las sumas percibidas por el

mediante sentencia del 29 de septiembre de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En concreto, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y negó el reintegro de las sumas percibidas por el accionante, ya que las recibió de buena fe. Consideró que se incurrió en la prohibición del artículo 128 de la Constitución Política6, pues las prestaciones que se le reconocieron al señor Balanta Triviño se basaron en los mismos tiempos de servicio prestados en el sector público.

10. Inconformes con la decisión, ambas partes interpusieron recurso de apelación. Por una parte, Colpensiones adujo que se encontraba acreditada la mala fe del actor, puesto que, desde que se le puso en conocimiento la ilegalidad de los actos administrativos controvertidos, no consintió la revocatoria de estos.

Por otra parte , el señor Balanta Triviño s ostuvo que a partir de la vigencia del artículo 18 del Decreto 758 de 1990 7, s í podía percibir simultáneamente la pensión de jubilación y de vejez.

11. Por medio de la providencia del 3 de octubre de 2024, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó y adicionó la decisión de l tribunal. Señaló que , a pesar de que legalmente no sean compatibles las pensiones reconocidas por el municipio de Palmira y por el Instituto de Seguros Sociales, en el caso concreto se configura la compartibilidad pensional. Es decir, que la prestación a favor del señor Balanta Triviño debe estar a cargo de la entidad territorial y de Colpensiones.

12. En ese orden, confirmó la nulidad de los actos administrativos

que la prestación a favor del señor Balanta Triviño debe estar a cargo de la entidad territorial y de Colpensiones.

12. En ese orden, confirmó la nulidad de los actos administrativos

4 Al medio de control se le asignó el número de radicado 76001-23-33-006-2018-00367-00. 5 En ejercicio de la acción de lesividad, por ser actos administrativos proferidos por la misma entidad. 6 ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley […]. 7 Artículo 18. Compartibilidad de las pensiones extralegales. Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto proc ederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado. […]Demandante: Carlos Evelio Balanta Triviño Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-01163-00

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Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-01163-00

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controvertidos, pero condicionó a Colpensiones a expedir un nuevo reconocimiento pensional en el que se tenga en cuenta la resolución proferida por el municipio de palmira, « así como las cotizaciones efectuadas con posterioridad, a fin de determinar si le corresponde subrogar a la entidad territorial en la obligación o si esta deberá sufragar una parte del monto pensional».

1.4. Sustento de la vulneración

13. La parte actora afirmó que las autoridades judiciales accionadas, al proferir las providencias controvertidas, vulneraron sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital. En concreto, adujo que se incurrió en los defectos procedimental absoluto, sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial y por violación directa de la Constitución, pues, las decisiones referidas se tomaron,

a su juicio, cometiendo los siguientes errores:

• Desconocer las sentencias T -370 de 2016, SU -241 de 2015 , SU-113 de 2018 y SU-267 de 2019, de la Corte Constitucional . Dichas providencias recalcan la obligación de los jueces de aplicar el principio de favorabilidad y la condición más beneficiosa para el trabajador. - No aplicar el artículo 86 de la Ley 2381 de 20248, que establece el término

recalcan la obligación de los jueces de aplicar el principio de favorabilidad y la condición más beneficiosa para el trabajador. - No aplicar el artículo 86 de la Ley 2381 de 20248, que establece el término de caducidad para el tipo de acción que se ejerció en el trámite ordinario. En ese orden, estima que operaba la figura jurídica mencionada, pues el medio de control se adelantó 8 años después de la expedición de los actos administrativos demandados.

1.5. Trámite de la acción de tutela

14. Por medio del auto del 14 de marzo de 2025, el despacho ponente de esta decisión admitió la tutela. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de accionados a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al Tribunal Administrativo del Val le del Cauca y a Colpensiones . Además, vinculó como tercero con interés a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

15. Solicitó que se declare la improcedencia de la acción constitucional o , en su defecto, que se nieguen las pretensiones. En su opinión, el asunto carece de

8 ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no Podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para

acciones administrativas y contencioso administrativas, no Podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito. […]Demandante: Carlos Evelio Balanta Triviño Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-01163-00

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relevancia constitucional, debido a que el actor pretende que se estudie su caso en una instancia adicional.

16. De igual forma, adujo que no hay una configuración del defecto sustantivo como lo planteó el accionante, respecto a la presunta inaplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 . Esto, en razón a que la aplicación de la disposic ión mencionada recae sobre las demandas formuladas posterior a la promulgación de la norma.

1.6.2. Administradora Colombiana de Pensiones — Colpensiones9

17. Pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela . Estimó que el asunto ya fue resuelto por el juez natural de la causa, por ende, a su juicio, existe la cosa juzgada. Igualmente, consideró que en las providencias controvertidas no se materializó ningún defecto o vulneración de algún derecho fundamental del actor.

1.6.3 El Tribunal Administr ativo del Valle del Cauca se limitó a remitir el

controvertidas no se materializó ningún defecto o vulneración de algún derecho fundamental del actor.

1.6.3 El Tribunal Administr ativo del Valle del Cauca se limitó a remitir el expediente identificado con el radicado 76001-23-33-006-2018-00367-00/01.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

18. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la parte actora en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y de Colpensiones. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de

Estado.

2.2. Cuestión previa

19. Resulta importante indicar que el accionante adjudica la vulneración de sus garantías constitucionales tanto al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado .

Esto con ocasión de las sentencias proferidas en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 76001-23-33-006-2018-00367-00/01.

20. Sin embargo, esta colegiatura estudiará únicamente la sentencia del 3 de octubre de 2024 emitida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por ser la providencia que puso fin al proceso ordinario referido.

9 Memorial presentado por fuera del término para intervenir, dispuesto a través del auto del 14 de

octubre de 2024 emitida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por ser la providencia que puso fin al proceso ordinario referido.

9 Memorial presentado por fuera del término para intervenir, dispuesto a través del auto del 14 de marzo de 2025.Demandante: Carlos Evelio Balanta Triviño Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-01163-00

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2.3. Legitimación en la causa

21. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

22. La Sala advierte que el señor Carlos Evelio Balanta Triviño está legitimado en la causa por activa, porque conformó el extremo demandado del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , en el que se dictó la providencia que se cuestiona en la presente acción constitucional.

23. Por su parte, la colegiatura evidencia que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado se encuentra legitimada en la causa por pasiva por ser la autoridad que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.

24. Finalmente, se observa que los reproches formulados por la parte actora van dirigidos exclusivamente a la providencia judicial controvertida en esta sede,

por ser la autoridad que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.

24. Finalmente, se observa que los reproches formulados por la parte actora van dirigidos exclusivamente a la providencia judicial controvertida en esta sede, por ende, Colpensiones ca rece de legitimación en la causa por pasiva. No obstante, se mantendrá vinculada al presente trámite constitucional como tercero con interés.

2.4. Problema jurídico

25. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados; la Sala deberá

resolver los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de procedencia de acción de tutela contra providencias judiciales?

26. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, se examinará lo

sucesivo:

• ¿La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital del actor, con ocasión de la sentencia proferida el 3 de octubre de 202410?

27. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los temas a saber: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción

10 En dicha providencia, la autoridad referida confirmó y adicionó la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.Demandante: Carlos Evelio Balanta Triviño Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-01163-00

pretensiones de la demanda.Demandante: Carlos Evelio Balanta Triviño Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-01163-00

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de tutela contra providencias judiciales; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad; y, de superarse, (iii) el análisis del caso concreto.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 11. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema 12. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales13.

29. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201414. En esta sentencia se establecieron seis requisitos generales de procedencia y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial15.

30. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes

requisitos generales de procedencia:

especiales en los que puede incurrir una providencia judicial15.

30. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes

requisitos generales de procedencia:

1. que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional,

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 3 1 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 13 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sen tencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 15 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri ó́ la providencia impugna da, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu ó́ completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se

completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivac ión, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.Demandante: Carlos Evelio Balanta Triviño Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-01163-00

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1. identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,

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1. identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

31. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fon do del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

2.6. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

32. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal, sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una garantía constitucional16.

33. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022, los cuales fueron acogidos por esta corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:

1. que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

1. que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

1. que la acción de tutela no se erija en una i nstancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

1. que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porqu e estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.

34. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado, la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga una solicitud de amparo constitucional contra una decisión judicial «el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.Demandante: Carlos Evelio Balanta Triviño Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-01163-00

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Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-01163-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

35. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo. Esto, teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».

36. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utiliz ar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución».

2.6.1. Relevancia constitucional en el caso concreto

en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución».

2.6.1. Relevancia constitucional en el caso concreto

37. Conforme a lo expuesto, el señor Carlos Evelio Balanta Triviño cuestiona el fallo del 3 de octubre de 2024 proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En este se confirmó y adicionó la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

38. A juicio de la parte tutelante, en la providencia cuestionada se incurrió en los defectos procedimental absoluto, sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial y por violación directa de la Constitución , por los siguientes yerros que cometió la autoridad accionada: (i) desconocer las sentencias T-370 de 2016, SU-241 de 2015, SU-113 de 2018 y SU-267 de 2019, de la Corte Constitucional, en las cuales se establece la obligación que tienen los jueces de aplicar el principio de favorabilidad y la condición más beneficiosa para el trabajador; y (ii) no declarar la caducidad del medio de control en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 17, teniendo en cuenta que la acción de lesividad se adelantó 8 años después de la expedición de los actos