CE - Sentencia 11001031500020250122500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 19 de mayo de 2025

Radicación: 11001-03-15-0002025-01225-00

Demandante: Paula Andrea Moncada Marín Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La accionante enjuició las providencias que negaron la s pretensiones de su demanda de reparación directa. Alegó que ambas instancias valoraron de forma incorrecta las pruebas y aplicaron de manera inadecuada la jurisprudencia de lo contencioso administrativo sobre los daños padecidos por operadores subcontratados en una obra pública.

De acuerdo con la competencia asignada 1, procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Paula Andrea Moncada Marín contra el Juzgado 7 Administrativo de Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados

1.1. Posición de la parte actora

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados

1.1. Posición de la parte actora

1. El 4 de marzo de 2025, Paula Andrea Moncada Marín, mediante apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra el Juzgado 7

Administrativo de Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda, por la presunta vulneración de su derecho al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, al considerar que la s Sentencias de 21 de agosto de 2020 y 22 de agosto de 2024, dictadas, respectivamente, por las autoridades judiciales accionadas, en el proceso de reparación directa No. 66001-33-33-006-2016-00291-00/01, incurrieron en un defecto f áctico y en un desconocimiento del precedente.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se

trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.Radicación: 11001-03-15-0002025-01225-00

Demandante: Paula Andrea Moncada Marín Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro Referencia: Acción de tutela. Primera instancia Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

2 de 13 “1.Declarar que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, en las sentencias de

Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

2 de 13 “1.Declarar que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, en las sentencias de (21) de agosto de dos mil veinte (2020) y del 26 de agosto de 2024 (sic), respectivamente, confirmo la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado séptimo Administrativo de Pereira, negando las pretensiones, en el proceso en acción de Reparación Directa en contra del Municipio de Pereira y del Aeropuerto Internacional Matecaña, vulner ó los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y el acceso a la Administración de Justicia; dado, que en ambas sentencias de primera y segunda instancia es ostensible la manera como los falladores, hierran en la apreciación de los hechos de la demanda, desconoce normas y el precedente jurisprudencial del Honorable Consejo de Estado aplicables a establecer la declaración de la falla en el servicio del ente territorial demandado, como, de la responsabilidad a responder por parte de las llamadas en garantía.

2. Como consecuencia de la anterior declaración se proceda a: 2.1.

Conceder a los actores el amparo de los derechos fundamentales a la Igualdad, al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia.

2.2. Se decrete dejar sin efecto las providencias proferidas por el juzgado séptimo administrativo del Circuito de fecha (21) de agosto de dos mil veinte (2020) y la del Tribunal De Lo Contencioso Administrativo De Risaralda, del día treinta y uno (26) de agosto de 2024 (sic).

séptimo administrativo del Circuito de fecha (21) de agosto de dos mil veinte (2020) y la del Tribunal De Lo Contencioso Administrativo De Risaralda, del día treinta y uno (26) de agosto de 2024 (sic).

2.3. Se ordene al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, según corresponda, proferir fallo donde objetivamente se condene administrativamente y solidariamente al Municipio de Pereira y al Aeropuerto Internacional Matecaña y a las llamadas en garantía por la falla o fallas probadas en el proceso.

2.4. Se ordene condenar solidariamente a los demandado s a indemnizar por los perjuicios deprecados en la demanda.

2.5. Se ordene pagar las indemnizaciones a las aseguradoras llamadas en garantía la Previsora Compañía de Seguros, llamada en garantía del municipio de Pereira y el Aeropuerto Internacional Matecaña, compañía aseguradora de Fianza Confianza llamada en garantía por parte del consorcio JMO 2014, en las proporciones que le corresponda a cada una.

2.6. Se ordene, indemnizar integralmente a los actores por los perjuicios materiales e inmateriales de acuerdo a los lineamientos establecidos por la jurisprudencia, como referencia para conceder esta clase de compensaciones conforme a la verdadera identidad del daño”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,

se identificaron los siguientes:

4. 1) El 19 de mayo de 2014, el municipio de Pereira suscribió el contrato de obra 1681 con el Consorcio JMO 2014 para la conformación de terrenos

se identificaron los siguientes:

4. 1) El 19 de mayo de 2014, el municipio de Pereira suscribió el contrato de obra 1681 con el Consorcio JMO 2014 para la conformación de terrenos en las franjas de pistas y la zona RESA en la cabecera 26 y áreas complementarias del Aeropuerto Internacional Matecaña . El 22 de mayo de 2014 , el municipio firmó el contrato 1685 con la sociedad Hernández Pantoja S.A.S. para la interventoría de dicha obra. En desarrollo del proyecto, el consorcio subcontrató a Gustavo Alexi González para ejecutar los movimientos de tierra, incluida la disposición del material sobrante enRadicación: 11001-03-15-0002025-01225-00

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3 de 13 escombreras autorizadas por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER, tarea para la cual se utilizó la volqueta de Nora Lucía López Aguirre.

5. 2) El 29 de septiembre de 2014, el conductor de la volqueta, John Jaime Rúa Jiménez, falleció tras un accidente en la escombrera El Otoño, cuando el terreno cedió y el vehículo rodó por un abismo.

6. 3) La familia del conductor 2 y la propietaria del vehículo presentaron demandas de reparación directa en las que alegaron la omisión de medidas de seguridad y vigilancia tendientes a minimizar los riesgos de las labores de descarga en la escombrera. Los procesos se acumularon

demandas de reparación directa en las que alegaron la omisión de medidas de seguridad y vigilancia tendientes a minimizar los riesgos de las labores de descarga en la escombrera. Los procesos se acumularon mediante la providencia de 5 de julio de 2017 3.

7. 4) El 21 de agosto de 2020, el Juzgado 7 Administrativo de Pereira , mediante sentencia, negó las pretensiones de la demanda . Señaló que, cuando el trabajador contribuye a la creación del riesgo derivado de una actividad peligrosa —como la remoción de tierra —, el título de imputación aplicable es la falla probada del servicio y no el régimen de riesgo excepcional, el cual solo procede frente a terceros, conforme a la jurisprudencia4. Además, descartó la valoración de las fotografías por no estar acompañadas de elementos que permitieran establecer con certeza las condiciones de modo, tiempo y lugar en que fueron tomadas.

8. Concluyó que el daño ocurrió en un predio privado, por lo que no era imputable al municipio ni al aeropuerto. Aplicó el régimen de falla probada del servicio y determinó que no se demostró una omisión atribuible a las entidades públicas , pues “ las garantías de las condiciones de seguridad para el descargue del material al interior de la Escombrera el Otoño corresponden a esta última y se tornan inimputables a las entidades demandadas en mención”. Se abstuvo de pronunciarse de los llamados en garantía, porque no se declaró la responsabilidad.

9. 5) La parte accionante interpuso recurso de apelación contra dicha decisión. Afirmó que no se estudió la responsabilidad de los llamados en

garantía, porque no se declaró la responsabilidad.

9. 5) La parte accionante interpuso recurso de apelación contra dicha decisión. Afirmó que no se estudió la responsabilidad de los llamados en garantía. Reprochó que no se hubieran resuelto las excepciones

2 Paula Andrea Moncada Marín, Michell Rúa Moncada, Jaime Alberto Rúa Restrepo, María Eduviges Jiménez Vélez, Luz Yaned Ortiz Jiménez, Edison Smith Ortiz Jiménez, Sandra Patricia Ortiz Jiménez, Blanca Milena Ortiz Jiménez y Ángel Hernando Ortiz Jiménez. 3 Auto de 5 de julio de 2017 “Decretar la acumulación del proceso radicado No. 66001 -33-33-006-2016-00360-00 al radicado No. 66001-33-33-006-2016-00291-00, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído”. 4 Se trascribe: “Reiteración jurisprudencial del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 3B. Providencia del 5 de diciembre de 2016. Rad. 17001 -23-31-000-2005-00276-01(38371). Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2009, Exp No.16689. Posición reiterada en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, fallo del 6 de 2012, Radicación: 52001233100019990111301 (24592); y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativa, Sección Tercera, fallo del 24 de julio de 2013, Radicación número: 44001 -23-31-000-2001-0070601(25640)”.Radicación: 11001-03-15-0002025-01225-00

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4 de 13 planteadas por las demanda das y la s llamadas en garantía , a pesar de haber anunciado que serían estudiadas. Cuestionó que no hubiera realizado en forma debida un juicio de responsabilidad, pues la jurisprudencia del Tribunal Administrativo de Risaralda 5 y del Consejo de Estado6 obliga a las autoridades a responder por los daños derivados de obras públicas, incluso si son ejecutadas por contratistas.

10. Sostuvo que de las pruebas listadas en el fallo se dejaron “por fuera del análisis las pruebas que contenían la información que determinaban la existencia de la falla del servicio” . Señaló que existía un “manto de duda”, porque no hubo claridad si se probó, o no, el hecho de un tercero, pues no se demostraron los responsables de la muerte de la víctima . Afirmó que, si la entidad debía acudir a terceros para ejecutar una obra pública , por no contar con la infraestructura necesaria, debía ser responsable de todo lo que se desarrollara derivado de la obra.

11. Argumentó que, al ser la obra pública ejecutada por terceros, las entidades demandadas seguían siendo responsable s. Indicó que no se cumplió con el programa de seguridad y salud en el trabajo exigido por la

que se desarrollara derivado de la obra.

11. Argumentó que, al ser la obra pública ejecutada por terceros, las entidades demandadas seguían siendo responsable s. Indicó que no se cumplió con el programa de seguridad y salud en el trabajo exigido por la normativa vigente, ni con las condiciones impuestas en la autorización ambiental de la escombrera expedida por la C ARDER. Tampoco se acreditaron las capacitaciones para trabajar en la escombrera, solo para trabajar en el aeropuerto. Señaló omisiones del consorcio, la interventoría y el municipio frente al control del sitio de disposición final del material.

12. 6) Mediante la Sentencia de 22 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Risaralda confirmó la decisión apelada. Determinó que la falla del servicio era el titulo aplicable para los operadores que ejecutan una obra pública 7. Concluyó que “ el consorcio JMO 2014, en calidad de contratista del municipio de Pereira, fue diligente en la implementación de medidas de prevención de riesgos laborales, las cuales fueron impartidas a los trabajadores que ejecutarían materialmente la obra, así como a los conductores de los vehículos que tenían su cargo el transporte de material sobrante que debía ser depositado en la escombrera el Otoño, en aras de minimizar los riesgos, que representaba su labor”.

13. A pesar de los argumentos de la parte apelante, el Tribunal sostuvo que, si bien el contrato de obra asignaba al contratista la obligación de disponer el material sobrante en una escombrera autorizada, esto no

5 “Rad. 66001-23-31-001-2011-00091-00”. No se indica fecha exacta de la providencia.

disponer el material sobrante en una escombrera autorizada, esto no

5 “Rad. 66001-23-31-001-2011-00091-00”. No se indica fecha exacta de la providencia. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencias de noviembre 28 de 2002, Rad. 17001-23-31-000-1993-9051-01 (14397) y de 13 de febrero de 2003, Rad. 12654. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia 30 de enero de 2012, Rad icado 17001-23-31-000-1999-00092-01(22748). También, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 20 de septiembre de 2007. Radi cado: 08001-23-31000-1991-06256-01(21322).Radicación: 11001-03-15-0002025-01225-00

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5 de 13 implicaba que debiera garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo dentro de dicha escombrera , pues aquella no constituía un centro de trabajo cubierto por el contrato de interventoría . Con base en la declaración del señor James de Jesús Cano Ruiz, profesional en salud ocupacional vinculado a la firma interventora Hernández y Pantoja, se precisó que la responsabilidad en materia de seguridad se limitaba al acompañamiento hasta el ingreso del vehículo a la escombrera. A partir de ese punto, dicha responsabilidad correspondía al propietario del lugar

precisó que la responsabilidad en materia de seguridad se limitaba al acompañamiento hasta el ingreso del vehículo a la escombrera. A partir de ese punto, dicha responsabilidad correspondía al propietario del lugar

14. Afirmó que el daño no era atribuible a las entidades demandadas en relación con las observaciones del informe técnico de la CARDER, ya que la autorización para operar la escombrera no fue revocada. Por lo tanto, se descartó la supuesta omisión señalada por el recurrente sobre la selección del proveedor del servicio.

15. Por último, concluyó que “no es posible estructurar la responsabilidad de la demandada a partir de una supuesta omisión en la prevención del accidente, cuando no se demostró que la causa del siniestro fuera la omisión de la parte demandada por la falta de control y mantenimiento de las condiciones en que funcionaba la escombrera donde se efectuaba la disposición final del material sobrante de la obra que se realizaba en el Aeropuerto internacional Matecaña ”. En ese sentido, determinó que l a parte demandante incumplió su carga probatoria, porque no acreditó la relación causal entre el daño y la conducta de las demandadas.

16. Como fundamento de la vulneración de sus derechos , la parte actora sostuvo que la Sentencia de 21 de agosto de 2020 , dictada por el Juzgado 7 Administrativo de Pereira y la Sentencia de 22 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrieron en defecto fáctico, al valorar inadecuadamente las pruebas, y en desconocimiento del precedente, al no aplicar la jurisprudencia sobre daños sufridos por operadores subcontratados en obras públicas.

defecto fáctico, al valorar inadecuadamente las pruebas, y en desconocimiento del precedente, al no aplicar la jurisprudencia sobre daños sufridos por operadores subcontratados en obras públicas.

17. Señaló que las providencias enjuiciadas incurrieron en un defecto fáctico por “ falta de valoració n a lo informado en los hechos de la demanda, la [apreciación] equivocada de normas y actos administrativos en donde desconoce de manera flagrante la contratación de terceros privados para la ejecución de obra pública”.

18. Afirmó que se probó que las entidades demandadas no cumplieron con su deber de exigir el cumplimiento de la normativa en seguridad y salud en el trabajo, especialmente lo establecido en la Ley 1562 de 2012, los decretos reglamentarios, y el Manual de Interventoría del municipio de Pereira (Decreto 1461 de 2010). Indicó que no se evaluó la idoneidad delRadicación: 11001-03-15-0002025-01225-00

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6 de 13 proveedor del servicio —la escombrera El Otoño —, pese a que no ofrecía condiciones mínimas de seguridad, como quedó registrado en informes de la CARDER.

19. Reiteró que el incumplimiento de los deberes del municipio concurrió en la causa ción del daño, “ en la medida que no tomó correctivos para impedir que el particular que iba a servir de proveedor de servicios ejercía

la CARDER.

19. Reiteró que el incumplimiento de los deberes del municipio concurrió en la causa ción del daño, “ en la medida que no tomó correctivos para impedir que el particular que iba a servir de proveedor de servicios ejercía una actividad sin los más mínimos requerimientos de seguridad y bajo riesgo adicional. Como lo citamos en la apelación ante el juzgado de instancia”.

20. Respecto del desconocimiento del precedente sostuvo que las providencias enjuiciadas desconocieron la “ nutrida jurisprudencia de la forma en que contrata la administración pública para llevar a cabo las obras públicas y la cadena de contratos de que se deben realizar para la ejecución de las mismas, y como simplemente se indica que la muerte del señor Rua, sucede en predio privado y que por lo tanto no son responsables los demandados en la muerte de su trabajado r8”.

Adicionalmente, señaló que e l tribunal no trató “ ninguno de los puntos del recurso de apelación y simplemente concluye diciendo que no estuvo probado el nexo de causalidad”.

21. Expresó que “ la interpretación que se da de la jurisprudencia multi citada, la escombrera que servía de proveedor del servicio depósito del material sobrante de la obra del aeropuerto, pese a ser privada, constituía el último extremo de la cadena de contratación como se ha explicado tantas veces, esto es, municipio de Pereira, Aeropuerto Matecaña, Consorcio JMO2014, este a su vez contrataba a un tercero que desarrollara el contrato de depósito de material, y esto es porque la administración no tiene un lugar exclusivo para este tipo de depósito y por lo tanto debe contratar con este proveedor, que se le pagaba con el presupuesto del

el contrato de depósito de material, y esto es porque la administración no tiene un lugar exclusivo para este tipo de depósito y por lo tanto debe contratar con este proveedor, que se le pagaba con el presupuesto del contrato, y no es viable que se indique y se tome como cierto, que la administración respondía hasta la puerta de la escombrera y que de ahí para allá, estos conductores que hacían parte de la obra, le correspondía a la escombrera la cobertura en materia de seguridad y salud en el trabajo, y es de entender que la escombrera no tenían ningún vínculo laboral con estos trabajadores, y quien los capacito fue el aeropuerto y el consorcio en el tema de seguridad”.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados9

8 Para fundamentar este aspecto, citó las siguientes sentencias (se trascribe) “Consejo de Estado, Sección Tercera (…) seis (6) de marzo de dos mil ocho (2008), Radicación número: 66001 -23-31-000-1996-03099-01(14443), Actor: AGROLACTEOS S.A (…) [y] Sentencia de 26 de septiembre de 2002, exp: 14.122.”. 9 Mediante Auto de 10 de marzo de 2025, el despacho ponente (1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo como demandado a l Tribunal Administrativo de Risaralda y al Juzgado 7 Administrativo de Pereira y (3) vinculó alRadicación: 11001-03-15-0002025-01225-00

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22. El Tribunal Administrativo de Risaralda 10 solicitó que se declarara improcedente la tutela, al considerar que no cumplía con el requisito de relevancia constitucional, pues pretendía reabrir un debate judicial concluido y convertir la tutela en una tercera instancia. Señaló que no basta con invocar la violación de derechos fundamentales, sino que se requería una justificación razonada. En todo caso, indicó que sí realizó un análisis normativo y jurisprudencial adecuado, para concluir que no se configuró falla en el servicio atribuible a las entidades demandadas.

Sostuvo que la seguridad en la escombrera era responsabilidad exclusiva de su operador, y que esta contaba con autorización vigente de funcionamiento otorgada por la CARDER.

23. El Juzgado 7 Administrativo de Pereira 11 también solicitó que se declarara improcedente la tutela. Consideró que la parte actora buscaba una nueva valoración fáctica y jurídica del caso. Además, afirmó que no se cumplió con el requisito de inmediatez.

24. El Aeropuerto Internacional Matecaña 12 argumentó que la tutela carecía de relevancia constitucional. Por su parte, Proyecto e Inversiones WW SAS en liquidación 13 se opuso a las pretensiones , con fundamento en que las decisiones judiciales se ajustaron al ordenamiento jurídico y las pruebas fueron debidamente valoradas.

25. Los demás terceros vinculados , pese a haber sido debidamente notificado14s, no se pronunciaron.

que las decisiones judiciales se ajustaron al ordenamiento jurídico y las pruebas fueron debidamente valoradas.

25. Los demás terceros vinculados , pese a haber sido debidamente notificado14s, no se pronunciaron.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio . 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.3. Conclusiones.

2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio

26. El análisis de la presente acción de tutela se circunscribe únicamente a la Sentencia de 22 de agosto de 2024, proferida p or el Tribunal Administrativo de Risaralda que resolvió el litigio en segunda instancia en el proceso de reparación directa. Lo anterior, porque a pesar de que la

municipio de Pereira, al Aeropuerto Internacional Matecaña, a la Previsora SA Compañía de Seguros, al Consorcio JMO 2014, a la Compañía Aseguradora de Fianza Confianza, a la Sociedad Proyectos e Inversiones WW SAS, a la Empresa Interventora Hernández Pantoja SAS, a Jaime Alberto Rúa Restrepo, María Eduviges Jiménez Vélez, Luz Yaned Ortiz Jiménez, Edison Smith Ortiz Jiménez, Sandra Patricia Ortiz Jiménez, Blanca Milena Ortiz Jiménez, Ángel Hernando Ortiz Jiménez, Nora Lucia López Aguirre y Gustavo Alexy Gonzales Cardona, como terceros con interés en el asunto. 10 Índice 10 de Samai. 11 Índice 11 de Samai. 12 Índice 12 de Samai. 13 Índice 15 de Samai.

como terceros con interés en el asunto. 10 Índice 10 de Samai. 11 Índice 11 de Samai. 12 Índice 12 de Samai. 13 Índice 15 de Samai. 14 Índices 7 y 17 de Samai.Radicación: 11001-03-15-0002025-01225-00

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8 de 13 accionante también enjuició la providencia de primera instancia, fue la providencia del tribunal la que resolvió el litigio, así como el hecho de que, ante un eventual fallo favorable, serí a el tribunal el llamado a cumplir con la respectiva orden de tutela.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

27. En este caso, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no se cumplió con el requisito de relevancia constitucional.

28. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal. En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta

sido identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se convierta en una instancia adicional15.

29. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001 -03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto 16; (2) que la solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia adicional al proceso ordinario17 y (3) que se trate de una controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad18.

30. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU -295 de 2023 19, estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres

15 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022. 16 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001 -03-15-000-2012-02201-01. “ El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela

asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.” 17 Ídem. “ El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.” 18 Ídem. “ La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.” 19 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.Radicación: 11001-03-15-0002025-01225-00

Demandante: Paula Andrea Moncada Marín Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro Referencia: Acción de tutela. Primera instancia Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

9 de 13 criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o simplemente económicos, (2) perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir

Decisión: Declara improcedente ____________________________________________________