CE - Sentencia 11001031500020250124701 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01247-01

Accionante: GUILLERMO RAFAEL GUTIÉRREZ PARRADO

Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se revoca el fallo impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de 4 de abril de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Guillermo Rafael Gutiérrez Parrado solicitó, a través de apoderada judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 30 de enero de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo

judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 30 de enero de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 13001-23-33-000-2017-00505-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la demanda núm. 13001-23-33-000-2017-00505-00/01 contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci ón Social – UGPP para que se declarara la nulidad de las Resoluciones núm. RDP 043551 del 24 de noviembre de 2016 y RDP 007544 del 27 de febrero de 2017 , por medio de las cuales se le negó el reconocimiento2

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Accionante: Guillermo Rafael Gutiérrez Parrado

de su pensión gracia y confirmó tal decisión respectivamente al resolver el recurso de apelación.

2.2. Expuso que, mediante sentencia de primera instancia de 31 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Bolívar accedió a las pretensiones de la demanda y, en

de apelación.

2.2. Expuso que, mediante sentencia de primera instancia de 31 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Bolívar accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, declaró la nulidad de los actos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión mencionada.

2.3. Refirió que la UGPP interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó, mediante sentencia de 30 de enero de 2025 la providencia de primera instancia y negó las pretensiones.

2.4. Afirmó que la providencia antes referida vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al incurrir en un defecto fáctico, en un defecto sustantivo, en un desconocimiento del precedente judicial y en una violación directa de la Constitución.

2.5. Frente al defecto fáctico, refirió que la autoridad judicial accionada actuó al margen de las pruebas por él aportadas, se fundamentó en una interpretación errónea de los hechos, se desestimaron pruebas cruciales como fue la certificación laboral emitida por el Municipio de el Carmen de Bolívar, que acreditaba de manera clara y suficiente su vinculación como docente territorial , así mismo esa certificación era “[…] un elemento probatorio esencial para la correcta aplicación del marco legal relativo a la pensión gracia […]”.

2.6. Señaló que la autoridad judicial accionada incurr ió en un defecto sustantivo porque: “[…] adoptó una decisión que se aparta claramente del marco jurídico

pensión gracia […]”.

2.6. Señaló que la autoridad judicial accionada incurr ió en un defecto sustantivo porque: “[…] adoptó una decisión que se aparta claramente del marco jurídico sustantivo aplicable al caso. La sentencia recurrida se fundamentó en una interpretación errónea de las normas pertinentes, lo que llevó a una contradicción evidente entre los fundamentos expu estos y la decisión final tomada […]”. [e]l Señor Juez no tuvo en cuenta este precepto sobre la fecha de retiro, con el fin de no desconocer las normas de carácter legal o infra legal aplicables a mi caso. Ya que la norma que se me aplico [sic] es claramente inadvertida y no tenida en cuenta por el fallador […]”.

2.7. Finalmente sostuvo que l a omisión de aplicar las disposiciones legales pertinentes constituye una vulneración clara d e los derechos sustanti vos lo que afecta gravemente su acceso a la justicia y su derecho a obtener el reconocimiento de su pensión gracia.

2.8. Acerca del desconocimiento del precedente judicial sostuv o que éste fue ignorado por el Consejo de Estado ya que había sido debidamente citado y presentado durante el curso del proceso.3

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Accionante: Guillermo Rafael Gutiérrez Parrado

2.9. Aseguró que el desconocimiento del precedente no solo afecta el principio de igualdad, sino que también vulnera la eficacia jurídica del derecho fundamental al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad jurídica al no seguir la línea jurisprudencial establecida.

igualdad, sino que también vulnera la eficacia jurídica del derecho fundamental al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad jurídica al no seguir la línea jurisprudencial establecida.

2.10. Respecto de la violación directa de la Constitución afirmó que la autoridad accionada viola “[…] de manera directa el artículo 29 de la constitución nacional que consagra el derecho fundamental al debido proceso como un derecho vinculante con fuerza normativa superior […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] “1. Amparar los derechos fundamentales constitucionales de la accionante, señor Guillermo Rafael Gutiérrez Parrado, al debido proceso judicial y al acceso a la administración de justicia, vulnerados por el Consejo de Estado en la sentencia emitida el 30 de enero de 2025, notificada el 12 de febrero de 2025, que revocó el fallo en primera instancia emitidos por el Tribunal Administrativo de Bolívar, se solicita dejar sin efecto jurídico dicha sentencia y, en su lugar, ordenar al Consejo de Estado que reconozca el derecho de pensión gracia al señor Guillermo Rafael Gutiérrez Parrado, conforme a los requisitos establecidos por la ley, con efectos fiscales a partir del 1 de febrero de 2001, fecha en la que adquirió el derecho.

2. Se tenga en cuenta el certificado expedido por el municipio de El Carmen de Bolívar, donde consta la vinculación del señor Guillermo Rafae l Gutiérrez Parrado como docente en 1980, así como todas las demás pruebas que serán anexadas en este proceso. Dichas pruebas acreditan que el accionante cumplió

Bolívar, donde consta la vinculación del señor Guillermo Rafae l Gutiérrez Parrado como docente en 1980, así como todas las demás pruebas que serán anexadas en este proceso. Dichas pruebas acreditan que el accionante cumplió con los requisitos legales establecidos para el reconocimiento de la pensión gracia, particularmente con respecto a su vinculación como docente territorial.

3. Se ordene a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP) reconocer y pagar la pensión gracia al señor Guillermo Rafael Gutiérrez Parrado desde el 1 de febrero de 2001, fecha en la que cumplió con los requisitos legales para acceder a la pensión gracia, conforme a las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, y en concordancia con las pruebas presentadas y la jurisprudencia aplicable”.

4. Se ordene el cumplimiento inmediato del fallo de tutela en los términos del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, para que el reconocimiento y pago de la pensión gracia se lleve a cabo sin dilaciones, garantizando la protección de los derechos del señor Guillermo Rafael Gutiérrez Parrado, particularmente su derecho a la seguridad social y el mínimo vital […]”

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 7 de marzo de 2025, el magistrado a cargo de la sustanciación del proceso de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la presente acción de tutela . Asimismo, ordenó vincular en calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso al Tribunal Administrativo de4

del proceso de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la presente acción de tutela . Asimismo, ordenó vincular en calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso al Tribunal Administrativo de4

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Accionante: Guillermo Rafael Gutiérrez Parrado

Bolívar y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,

se allegó el siguiente informe:

5.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP solicitó se declare la improcedencia de la tutela porque no incurrió en defecto material o sustantivo, así como tampoco se inobservó el precedente judicial, sino que por el cont rario la misma se ajustó al ordenamiento legal y al precedente jurisprudencial que regula el tema, para determinar que no se logró probar que en efecto el accionante cumplía los requisitos para acceder a la pensión gracia pedida.

5.2. Consideró que la tutela p retende ser usada como una tercera instancia para revisar decisiones adoptadas por el Juez competente de la causa.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 4 de abril de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela, con

base en lo siguiente:

“[…] De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se tiene que

Tercera del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela, con base en lo siguiente:

“[…] De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se tiene que la autoridad judicial accionada, al momento de efectuar el análisis sobre la procedencia del reconocimiento pensional en favor del señor Guillermo Rafael Gutiérrez Parrado tuvo en cuenta lo siguiente:

“Al respecto, el accionante aseguró que su primera vinculación como educador oficial, antes del 31 de diciembre de 1980, fue a través de nombramien to del orden territorial efectuado por el municipio de Carmen de Bolívar, precisamente durante el año 1980

Para demostrar lo anterior, la parte activa basó su reclamación en dos certificados laborales emitidos el 14 de junio de 2000 por el jefe de personal de la referida entidad territorial y del 31 de marzo de 2016 suscrito por el secretario de educación de esa misma autoridad, en los que se indica, en términos generales, que el demandante laboró como docente municipal en la Escuela Rural Mixta San Rafael durante el año 1980, sin especificar los extremos inicial y final de tal período, tal como se observa a continuación.5

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Accionante: Guillermo Rafael Gutiérrez Parrado

Adicionalmente, en el expediente administrativo obra otro certificado expedido por el secretario de gobierno municipal el 23 de enero de 1990 que indica exactamente con las mismas palabras lo que señala el documento del 14 de junio de 2000. De igual forma, reposa la Resolución 0230 del 8 de junio de 2012, por medio de la cual el alcalde de la referida entidad territorial reconoció

exactamente con las mismas palabras lo que señala el documento del 14 de junio de 2000. De igual forma, reposa la Resolución 0230 del 8 de junio de 2012, por medio de la cual el alcalde de la referida entidad territorial reconoció un tiempo de servicio a favor del accionante, basado en actas de posesión y contratos de prestación de servicio, pero exclusivamente para los años 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 y 1994. […]”.

Con fundamento en lo anterior, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que los documentos aludidos no eran idóneos para acreditar la supuesta labor desempeñada por el accionante, debido a que no informan de donde se basa su contenido y, de mencionarlo, sólo lo hace de manera general. En ese sentido, sostuvo que el fundamento para la prestación del servicio del docente en 1980 y de 1982 a 1994 se desconoce por completo.

De esta manera, con base en “un criterio eminentemente derivado de la sana crítica”, concluyó que a los element os materiales probatorios aportados por la parte accionante debía restársele credibilidad, al no ser medios inequívocos para poder establecer con precisión la labor educativa presuntamente desarrollada por el reclamante, así como tampoco la naturaleza del vínculo docente de carácter territorial como el alegado.

[…]

Señalado lo anterior, no encuentra esta Sala de Subsección que las conclusiones a las que llegó la parte accionada para resolver el caso obedezcan a un capricho o arbitrariedad, sino que se basaron en el criterio interpretativo del juez natural de la causa, el cual, en virtud del principio de

conclusiones a las que llegó la parte accionada para resolver el caso obedezcan a un capricho o arbitrariedad, sino que se basaron en el criterio interpretativo del juez natural de la causa, el cual, en virtud del principio de autonomía judicial, puede efectuar la valoración probatoria que considere más adecuada, conforme con la normatividad aplicable.

Por lo anterior, en el presente asunto no se estructura una situación en la cual se vislumbre una lesión de derechos, porque la intervención del juez de tutela se activa únicamente en los casos específicos en que se evidencia una argumentación defectuosa, abiertamente insuficien te, o inexistente al punto que se torna arbitraria, supuestos que no se cumplen en el presente asunto.

Por lo tanto, al no encontrarse la configuración de ninguna de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, se negará el amparo solicitado por medio de la acción de tutela interpuesta por la parte accionante […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

7. La parte accionante impugnó el fallo de tutela de primera instancia con base en lo

siguiente:

“[…] La impugnación se fundamenta en la necesidad de que se ordene de forma inmediata la práctica de una diligencia probatoria que obligue a la Alcaldía del Carmen de Bolívar a expedir un certificado complementario o a rendir declaración oficial. Este documento de be precisar con rigor los siguientes aspectos:

o La fecha exacta de inicio y término de la vinculación laboral del accionante como docente territorial en el año 1980.6

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aspectos:

o La fecha exacta de inicio y término de la vinculación laboral del accionante como docente territorial en el año 1980.6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01247-01

Accionante: Guillermo Rafael Gutiérrez Parrado

o La naturaleza del vínculo (por ejemplo, si se trató de un nombramiento, contrato de prestación de servicios o acto administrativo de posesión).

o Cualquier otro dato relevante que permita corroborar la continuidad y formalidad del servicio prestado, proporcionando certeza jurídica y disipando dudas originadas por la documentación previa.

2. Vulneración de derechos fundamentales y efecto en el mínimo vital: La omisión de solicitar una diligencia complementaria genera una valoración incompleta de la prueba, afectando directamente el ejercicio del debido proceso. Esto no solo implica una vulneración del derecho al acceso efectivo a la justicia, sino también un menoscabo del mínimo vital del accionante, quien, al ser privado de un derecho adquirido a la pensión, sufre una situación de inseguridad económica. La doctrina constitucional establece que, ante la duda razonable en la acreditación de hechos vitales para el goce de derechos fundamentales, se debe privilegiar la protección del ciudadano para evitar perjuicios irreparables.

3. Error en la valoración probatoria y la inadecuada aplicación del principio de veracidad material: El fallo impugnado se basa en una interpretación que exige soportes complementarios (actas, nombramientos o posesiones) sin considerar el contexto históri co y administrativo en el que fueron expedidas las certificaciones originales. El Tribunal Administrativo de Bolivar ya reconoció la

soportes complementarios (actas, nombramientos o posesiones) sin considerar el contexto históri co y administrativo en el que fueron expedidas las certificaciones originales. El Tribunal Administrativo de Bolivar ya reconoció la suficiencia de la certificación emitida por el municipio de El Carmen de Bolívar, razón por la cual la revocación del fallo en segunda instancia resulta arbitraria. La exigencia de documentación complementaria debe enmarcarse en el equilibrio entre garantizar la seguridad jurídica y el derecho a la protección social, especialmente en el ámbito de las pensiones, donde se revist e una importancia sustancial para la estabilidad de la persona.

4. Desconocimiento del precedente judicial y la carga probatoria en materia administrativa: En materia administrativa, la carga probatoria no recae de forma absoluta sobre el ciudadano, sino que, en situaciones de imprecisión, le corresponde a la entidad proveedora de la certificación complementar la información. Al no ordenar esta diligencia adicional, el Consejo de Estado incurre en un defecto tanto procedimental como sustantivo que contravi ene la interpretación de la normativa y el precedente establecido, debilitando la protección de derechos adquiridos.

5. Relación entre los hechos y fundamentos jurídicos de la tutela con la sentencia referida (Radicado 11001-03-15-000-2019-04032-01) y análisis para fundamentar la impugnación Similitudes […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

8. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de

VIII.1. Competencia de la Sala

8. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 2 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.7

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Accionante: Guillermo Rafael Gutiérrez Parrado

de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20194.

VIII.2. Problemas jurídicos

9. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado5, la Sala debe establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá: b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante al haber incurrido, presuntamente, en un fáctico, en un defecto sustantivo, en un desconocimiento del precedente judicial y en una violación directa de la constitución.

fundamentales invocados por la parte accionante al haber incurrido, presuntamente, en un fáctico, en un defecto sustantivo, en un desconocimiento del precedente judicial y en una violación directa de la constitución.

10. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

11. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

12. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

13. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto

del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los

3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 5 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.8

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Accionante: Guillermo Rafael Gutiérrez Parrado

hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

14. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,

constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución8.

15. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”9 que encaje en dichos parámetros.

16. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

17. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

18. El señor Guillermo Rafael Gutiérrez Parrado solicitó, a través de apoderada judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la

VIII.4. El caso concreto

18. El señor Guillermo Rafael Gutiérrez Parrado solicitó, a través de apoderada judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la

7 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 8 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 9 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01247-01

Accionante: Guillermo Rafael Gutiérrez Parrado

administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 30 de enero de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 13001-23-33-000-2017-00505-00/01.

19. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el requisito de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

20. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental 10 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que

recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental 10 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones11.

21. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales12, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces13.

22. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación14, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia co