CE - Sentencia 11001031500020250129201 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01292-01

Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01292-01

Accionante: Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones

Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B y Tribunal Administrativo de Caldas Referencia: Acción de tutela

Acción de tutela contra providencias judiciales Subtema: Requisitos generales de procedencia – inmediatez – improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia del 15 de mayo de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 5 de marzo de 2025, la Administradora Colombiana de Pensiones-Colp ensiones, a travØs de apoderado judicial, formuló acción de tutela mediante la cual solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de a cceso a la administración de justicia y a la defensa 1, que consideró vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección dentro del proceso de nulidad y restablecimiento

de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de a cceso a la administración de justicia y a la defensa 1, que consideró vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nœmero 17001-23-33-000-2013-00020-0 0/01, con ocasión de la sentencia del 3 de febrero de 2022 que, modificó el fallo estimat orio de primera instancia, para indicar que no procede el reintegro al cargo, pues el actor cumplió la edad de retiro forzoso de modo que el restablecimiento del derecho ordenado se limitaría desde el retiro del servicio.

Adicionalmente consideró transgredidas sus garantías constitucionales por el Tribun al Administrativo de Caldas, al expedir el auto del 10 de febrero de 2025, dentro del trÆmite de ejecución de sentencia, por medio del cual resolvió no reponer el auto de 6 de agosto

1 ˝ndice 00002 del expediente digital de primera insta ncia en el aplicativo SAMAI, certificado FAFE58C3CA6F968A

E72DFEA3DD8033F6 C0FC7DB00A0E22B2 464D38EC10FC2D84.0000

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2 de 2024, en virtud del cual libró mandamiento ejecutivo contra Colpensiones y rechazó por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra dicho proveído.

2. Hechos

2.1. Julio CØsar Caicedo Osorio presentó demanda en ejercicio del medio de con trol de

por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra dicho proveído.

2. Hechos

2.1. Julio CØsar Caicedo Osorio presentó demanda en ejercicio del medio de con trol de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Instituto de Seguros Sociales-I.S.S. (hoy Colpensiones), con el fin de que se dejara sin efecto la Resolución 1183 d el 31 de julio de 2012, por medio de la cual se le retiró del servicio como gerente IV, 8 ho ras, nœmero universal 24983 de la Gerencia Seccional Caldas.

A título de restablecimiento del derecho solicitó el reintegro al cargo y el pa go de todos los emolumentos dejados de percibir; de los aportes a pensión que deb ieron ser realizados y hasta que se produzca el reintegro y los que se causen hasta el retir o definitivo del servicio; de los perjuicios morales por el valor de doscientos salarios mínimos mensuales vigentes y el mismo monto por concepto de daæo a la vida de relación; y se condene en costas a la entidad.

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Caldas baj o el radicado nœmero 17001-23-33-000-2013-00020-00, autoridad judicia l que, mediante sentencia del 18 de octubre de 2013 accedió a las pretensiones de la demanda. Por lo tanto, declaró que el demandante tenía derecho a permanecer en el cargo de Ge rente IV, 8 horas, nœmero universal 24983, Gerencia Seccional Caldas, si aœn no hubiere sido suprimido, hasta la edad de retiro forzoso, esto es, los 65 aæos.

IV, 8 horas, nœmero universal 24983, Gerencia Seccional Caldas, si aœn no hubiere sido suprimido, hasta la edad de retiro forzoso, esto es, los 65 aæos.

A título de restablecimiento del derecho ordenó el reconocimiento de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el retiro del servicio hasta el reintegro si aœn no hubiere sido suprimido el cargo o hasta el momento en que es tuvo vigente. Dispuso que de este valor se debían descontar reconocidos por concepto de pensión de jubilación, los cuales deberÆ reintegrar el demandado al I.S.S., en aras d e salvaguardar los recursos pœblicos. TambiØn ordenó a la entidad demandada que efectœe los aportes a pensión dejados de cotizar durante el período enunciado, descontando de las sumas adeudadas al demandante.

2.3. Inconforme con la anterior decisión la entidad demandada interpuso recurso de apelación. El asunto fue asignado a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, mediante auto del 26 de junio de 2014 admitió el recurso de apelación y resolvió tener como sucesor procesal del ISS a Colpensiones. Luego, por se ntencia del 3 de febrero de 2022, resolvió lo siguiente:

“PRIMERO.- CONF˝RMASE PACIALMENTE la sentencia del dieciocho (18) de octubre de dos mil trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda promovida por el seæor Julio CØsar Caicedo Osorio en contra del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.

que accedió a las pretensiones de la demanda promovida por el seæor Julio CØsar Caicedo Osorio en contra del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.

SEGUNDO.- MOD˝FICASE el proveído impugnado en el sentido de indicar que no procederÆ el reintegro al cargo, pues el actor cumplió la edad de retiro forzoso, de0000

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3 modo que el restablecimiento del derecho ordenado se limitarÆ desde el retiro del servicio hasta el 27 de octubre de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

2.4. En firme la anterior decisión, el seæor Julio CØsar Caicedo Osorio solicitó su cumplimiento ante Colpensiones, no obstantes, ante la negativa de la en tidad, pidió al Tribunal Administrativo de Caldas librar mandamiento de pago en su contr a. El 6 de agosto de 2024, el referido tribunal libró mandamiento de pag o contra Colpensiones por $72.046.321.

2.5. Contra la anterior decisión, Colpensiones presentó recurso de reposición y, en subsidio apelación. Mediante auto del 29 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Caldas negó el recurso reposición; y a travØs de auto del 1 0 de febrero de 2025, rechazó el de apelación por improcedente.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,

de 2025, rechazó el de apelación por improcedente.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la defensa. En consecuencia, pidió al juez constitucional que i) deje sin efectos la sentencia del 3 de febrero de 2022, en lo correspondiente a la declaratoria de Colpensiones como suceso procesa l; ii) se ordene a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que profiera una sentencia de reemplazo en la que se acojan las pretensiones de la demanda; iii) dejar sin efecto las actuaciones surtidas dentro del proceso de ejecución de sentencia adelantado por el seæor Julio CØsar Caicedo Osorio; y iv) ordenar al Tribunal Administrativo de Caldas que profiera mandamiento de pago en contra de las entidades sucesoras de las obligaciones contractuales y extracontractuales del I.S.S.

Como fundamento a sus pretensiones la parte actora afirmó que la decisión cuestionada incurrió en defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y defecto procedimental absoluto.

Respecto al defecto sustantivo, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Caldas y el Consejo de Estado incurrieron en un yerro al no vincular a Colpensiones dentro de las actuaciones procesales para ejercer su derecho de defensa y al debido proceso, ademÆs, de declararlo sucesor procesal en asuntos contractuales, particularmente en mate ria de derechos laborales.

Indicó que tanto i) la providencia proferida por el Consejo de Estado el 3 de febrero de

de declararlo sucesor procesal en asuntos contractuales, particularmente en mate ria de derechos laborales.

Indicó que tanto i) la providencia proferida por el Consejo de Estado el 3 de febrero de 2022 como ii) la sentencia y los autos expedidos por el Tribunal Administrativo de Caldas, adolecen de un defecto sustantivo, puesto que estas decisiones desconocen por completo la normatividad y la jurisprudencia expedida por este mismo órgano, pues se reitera que, el pago de las sentencias derivadas de obligaciones contractuales y extracontractuales del extinguido Instituto de Seguros Sociales es el Ministerio de Salud y Protección Social, trÆmite que puede hacerlo esa cartera o a travØs del PAR ISS.0000

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4 En cuanto a la violación directa de la Constitución adujo que las autoridades demandas vulneraron su derecho al debido proceso, en cuanto no hubo prevalencia del valor sustantivo de la justicia ni mucho menos garantizó el ejercicio pleno de los derech os de la entidad, pues aplicaron disposiciones contrarias a derecho que no tienen fundamento fÆctico ni jurídico y que en el caso en concreto una violación clara de la ley y sus precedentes jurisprudenciales.

Por œltimo, en lo relativo al defecto procedimental absoluto expuso que “ se le impidió oponerse a las pretensiones del medio de control -nulidad y restablecimiento del derechoya que nunca fue notificada ni vinculada, lo cual, ademÆs, implica que se pretermitió una

oponerse a las pretensiones del medio de control -nulidad y restablecimiento del derechoya que nunca fue notificada ni vinculada, lo cual, ademÆs, implica que se pretermitió una parte del procedimiento que debía surtirse. Todo, se reitera, porque el Tribunal Administrativo de Caldas y el Consejo de Estado, al no vincular a Colpension es y no aplicar en debida forma la normatividad y los pronunciamientos jurisprudenciales, desconocieron la garantía constitucional al debido proceso”.

4. TrÆmite de tutela e intervenciones

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto del 10 de marzo de 2025 2 admitió la acción, vinculó como tercero con interØs al seæor Julio CØsar Caicedo Osorio, solicitó a las autoridades judiciales la remisión del proceso objeto de amparo y ordenó notificar a los sujetos procesales.

Posteriormente, mediante auto de 30 de abril de 2025 3, se vinculó al Tribunal Administrativo de Caldas a quien se le brindó el tØrmino de dos (2) días para que allegara un informe relacionado con los hechos y pretensiones de la acción de tutela.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes respuestas:

4.1. El Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B solicitó declarar la improcedencia la acción por no superar el requisito de inmediatez respecto d e la sentencia del 3 de febrero de 2022, emitida por esa Subsección en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 17001-23-33-000-2013-00020-01. Ind icó que, desde la

sentencia del 3 de febrero de 2022, emitida por esa Subsección en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 17001-23-33-000-2013-00020-01. Ind icó que, desde la expedición y notificación de la referida decisión, Colpensiones dejó trascurrir un lap so mÆs que razonable –de casi 3 aæos –, para acudir al amparo constitucional, sin que se advierta que hubiese actuado de forma diligente para enfrentar los perjuicios que asegura padecer.

4.2. El Tribunal Administrativo de Caldas solicitó se declare la improcedencia de la solicitud de amparo por no satisfacer los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez. Sostuvo que, si bien la entidad tutelante hace alusión al auto de 10 de febrero de 2025, por medio del cual no se repuso el proveído de 6 de ag osto de 2024 que libró mandamiento de pago, lo cierto es que en la demanda se cuestiona la decisión del

2 ˝ndice 00004 del expediente digital de primera instanc ia, certificado BA795C37B1A4E82B 7610FF10F5ACD379 4BFD4300102352E4 4812FD0514EF8AF6. 3 ˝ndice 00025 del expediente digital de primera instancia, certificado F8F92598CB2C8D10 30799BEC06815C8A

46B29BAC81EA4B0E 16EA8CB0F27D6679.0000

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5 Consejo de Estado de tener a Colpensiones como sucesora procesal del ISS, para lo cual han transcurrido mÆs de seis (6) meses desde el auto de 26 de junio de 2014 mediante el cual se le reconoció dicha calidad a la parte actora, igualmente desde la sen tencia de 3 de febrero de 2022.

4.3. Los demÆs sujetos procesales, a pesar de haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 15 de mayo de 2025 4, declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de inmediatez.

Sostuvo que, como la solicitud de amparo fue promovida el 5 de marzo de 2025, transcurrieron dos (2) aæos, once (11) meses y veintitrØs (23) días entre el momento de la notificación de la sentencia del 3 de febrero de 2022 y el de la interposición de la acción constitucional, tØrmino que excede el límite razonable establecido jurisprudencialm ente por la Sala Plena de esta Corporación, como regla general, acogido igualmente por la Corte Constitucional.

Precisó que, revisado el expediente, a travØs de auto del 26 de junio de 201 4, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, tuvo a Colpensiones como sucesora procesal del ISS por lo que, estudiando el plazo de inmediatez a p artir de esta

Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, tuvo a Colpensiones como sucesora procesal del ISS por lo que, estudiando el plazo de inmediatez a p artir de esta decisión, con mayor razón no se supera el mencionado requisito.

No obstante, puso de presente que, al verificar el trÆmite ordinario, no se observó que Colpensiones hubiere presentado reparo contra el proveído que decidió tenerla co mo sucesora procesal, por lo que consideró que tampoco resultaría procedente utiliza r la acción de tutela para plantear un debate que se debió proponer ante el juez natural del asunto, en tanto por ese aspecto, tampoco se superaría el requisito gene ral de subsidiariedad.

6. Impugnación

El accionante presentó escrito de impugnación contra la decisión de primera instancia y reiteró los mismos argumentos expuestos en la solicitud de amparo.

Sostuvo su desacuerdo con el fallo impugnado, en razón a que, si bien el Consejo de Estado dictó la sentencia el 2022, lo cierto es que desde el auto de 10 de febrero de 2025, al momento de la presentación de la presente tutela, no habían transcurrido mÆs de dos meses, “siendo claro que es a partir de dicha data donde se encuentra una obli gación expresa y exigible, debido a la presentación del proceso ejecutivo por parte del accionante”.

4 ˝ndice 00035 del expediente digital de primera instanci a, certificado 34D6C9D605A06EC6 EDF38E24BC7E167F

2988054984B49451 B6E278CF20381078.0000

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01292-01

2988054984B49451 B6E278CF20381078.0000

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6 Expuso que no siempre la presentación de la tutela en forma tardía podía llevar a la conclusión del incumplimiento del requisito de inmediatez. Consideró que en cas o bajo estudio era en el proceso ejecutivo en el que se presentaba la vulneración de los derechos fundamentales.

El magistrado ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto del 4 de junio de 20255, concedió la impugnación interpuesta.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa , porque Colpensiones es la titular de las garantías constitucionales que afirma fueron vulneradas, en su condición de demandada dentro del proceso de nulidad y rest ablecimiento del derecho con radicado 17001-23-33-000-2013-00020-00/01.

2.2. TambiØn estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B fue la autoridad que profirió la sentencia del 3 de febrero de 2022, que puso fin al proceso de nulidad y restablecim iento del derecho y que, segœn la tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

3 de febrero de 2022, que puso fin al proceso de nulidad y restablecim iento del derecho y que, segœn la tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del 15 de mayo de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia la acción.

Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En caso afirmativo, se procederÆ a realizar el estudio de fondo fre nte a los argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma prelimina r, realizar un

5 ˝ndice 00043 del expediente digital de primera instan cia, certificado 2E7309E97BCE1457 956FBEF4E1E0DCD7

914448E2487048E9 61D09F26C422151A.0000

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7 examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemÆtica jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específica s de

observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemÆtica jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específica s de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratÆndose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a travØs de la sentencia C-590 de 2005 6 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carÆcter general, que habilitan la interposición de la tutela 7 y otros de carÆcter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto8.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”9.

4.1. Inmediatez

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la premisa de que su objeto, no es otro que la protección inmediata de los derechos fundamentales.

Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta como una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que implica que la acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable 10, segœn las condiciones de

6 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo.

acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable 10, segœn las condiciones de

6 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 7 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial estÆ sujeta al cumplimi ento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: q ue el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia di recta en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razo nable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 8 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrÆ ser razón suficiente pa ra el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgÆnico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b ) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fÆctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se o rigina

judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fÆctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se o rigina en el evento en que se decida con fundamento en norma s inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas , o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaæo por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar c uenta de los fundamentos fÆcticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constituciona l establece el alcance de un derecho fundamental y el jue z ordinario aplica una ley limitando sustancialmente di cho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Le y Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artícul o 4” de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 8 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 9 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. 10 La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de i nmediatez en tØrminos de razonabilidad en el siguiente sentido:

10 La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de i nmediatez en tØrminos de razonabilidad en el siguiente sentido: “Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba inte rponerse dentro de un plazo razonable.  La razonabilidad d e0000

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8 tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratÆndose de acciones de tutela contra providencias judiciales , la garantía de los principios que dirigen la administración de justicia exige mayor rigurosidad 11, al punto que la Corte Constitucional ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis (6) meses12.

El examen de los seis (6) meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias fÆctica s que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las siguiente s variables de anÆlisis, las cuales habilitan determinar cuÆndo se estÆ ante una situación excepcional que permite no ceæirse de forma estricta al tØrmino en mención:

“(…) que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el nœcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercici o

entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el nœcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercici o inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continœa y es actual (…)”13.

este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto.  De acuerdo con los hechos, entonces, el juez estÆ encargad o de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tie mpo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren d erechos de terceros. || Si bien el tØrmino para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez estÆ en la obligación de verificar cuÆndo [e]sta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción (…)”. || La seguridad jurídica es un elemento determinante para la realización de la justicia, por lo que este requisito debe ser mÆs exigente. Así, cuando el objeto de la tutela es una providencia judicial precisó la sentencia T038 de 2017 “(…) si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones j udiciales estaría siempre a la espera de una controversia constitucional”.

se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones j udiciales estaría siempre a la espera de una controversia constitucional”. 11 Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015, en estos tØrminos: “la Corte ha considerado en los asuntos referentes a accion es de tutela contra providencias judiciales, que el an álisis de inmediatez debe ser mÆs estricto, con el fin de no trasto car principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues ·la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente·. En otras palabras, ser laxo con la exigencia de inmediatez en estos casos significaría ·que la firmeza de las decisiones judiciale s estaría siempre a la espera de la controversia constitucional que, en cualquier momento, sin límite de tiempo… En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuÆl es son sus derechos y cual el alcance de [e]stos, con l o cual se produciría una violación del derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídicá”. || Sobre este punto, ver tambiØn las sentencias T-315 de 2005, T-541 de 2006, T-1009 de 2006, T-594 de 2008, T-410 de 2013 y T-206 de 2014, entre otras. 12 Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continu a comunicación concordante entre la jurisprudencia de l a Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre en sus jurisdicciones lo han definido

otras. 12 Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continu a comunicación concordante entre la jurisprudencia de l a Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre en sus jurisdicciones lo han definido como razonable. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional T-246 de 2015, se alude a este criterio a partir de la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014, en la que, explícitamente, “(…) la Sala Plena,  como regla general , acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, segœn el cas o, para determinar si la acción de tutela contra providenc ias judiciales se ejerce oportunamente”. (Radicado: 11001 -03-15-000-2012-02201-01). LØase tambiØn en las sentencias T-269 de 2018 y T-079 de 2018. || Lo anterior, en todo caso, debe tomarse de manera flexible a partir de las condiciones del caso concreto, pues, como lo deja claramente dicho la Corte Constitucional en la ya mencionada sentencia T-246 de 2015, confirmando las sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011, T-217 de 2013 y T-505 del mismo año, “el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y autonomía judicial, con el fin de que cada juez evalœe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable y proporcional, toda vez que, “(…) en

algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razon able para ejercer la acción de tutel