CE - Sentencia 11001031500020250142400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., quince (15) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01424-00

Accionante: Sandra Milena Culma Soto Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela 1 presentada por Sandra Milena Culma Soto, a través de apoderado judicial , en c ontra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 12 de marzo de 2025 2 la parte actora interpuso esta acción constitucional en procura de la protección de su s derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia que considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, debido a que, a través del auto del 12 de diciembre de 2024, desató el recurso de apelación contra las providencias del 28 de agosto y 21 de septiembre de 2023 proferidas por el Juz gado Primero Administrativo Oral de Cúcuta, en el sentido de i) rechazar por improcedente el referido recurso contra la

septiembre de 2023 proferidas por el Juz gado Primero Administrativo Oral de Cúcuta, en el sentido de i) rechazar por improcedente el referido recurso contra la decisión del 28 de agosto de 2023 y ii) confirmar el auto del 21 de septiembre de 2023 que adicionó el del 28 de agosto del mismo año, dentro del proceso ejecutivo de radicado 54001-33-33-001-2021-00067-00/02.

2. Hechos

2.1. Mediante Resolución 261089 del 26 de febrero de 2019 la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, ordenó reconocer el pago de compensación a favor de la accionante, por la muerte de su hijo Michael Stiven Culma Soto, con fundamento

1 Índice 2 de la plataforma SAMAI, certificado D5429070A349C65C 4EE31B8675AE063A C22AFA16CA9ECA33 859FD48A7354BF07. 2 Índice 2 de SAMAI, certificado 7B7A8929272EB442 3D117779D4929FC0 F4ED0269AA65D844 D1AEA019F580DDEB.2

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en el expediente 1193557074 de 2018, por la suma de $28.856.640. Sin embargo, la accionante manifiesta que la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional no ha efectuado el pago de la prestación reconocida.3

en el expediente 1193557074 de 2018, por la suma de $28.856.640. Sin embargo, la accionante manifiesta que la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional no ha efectuado el pago de la prestación reconocida.3

2.2. A raíz de lo anterior, l a señora Sandra Milena Culma Soto presentó demanda ejecutiva contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional , con el fin de obtener el pago de la suma de $28.856.640,00 contenida en la Resolución 261089 de 2019 proferida por dicha entidad, más los intereses moratorios causados desde el 23 de abril de 2019, esto es, la ejecutoria del acto administrativo hasta la fecha de cancelación total de la obligación.4

2.3. El Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta, a través del auto del 14 de julio de 20 21, ordenó librar mandamiento de pago a favor de la señora Sandra Milena Culma Soto y contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por la suma de $28.856.640,00, más los intereses moratorios causados desde el 23 de abril de 2019 hasta la fecha en que se hiciera efectivo el pago.5

2.4. Posteriormente, el 3 de febrero de 2023, el Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta profirió providencia en la que ordenó seguir adelante con la ejecución de las obligaciones concretadas en el mandamiento de pago del 14 de julio de 2021.6

2.5. El apoderado de la ejecutante presentó liquidación del crédito, de conformidad con lo dispuesto en el auto del 3 de febrero de 2023.

2.5. El apoderado de la ejecutante presentó liquidación del crédito, de conformidad con lo dispuesto en el auto del 3 de febrero de 2023.

2.6. Luego, el Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta , por medio del auto del 7 de julio de 2023 , previo a definir sobre la aprobación o modificación de la liquidación del crédito, requirió a la entidad ejecutada y al Banco Davivienda en los siguientes términos:

“PRIMERO: Por Secretaría, ofíciese al Teniente Coronel Nelson Julián Torres Urrutia y al Coronel Héctor Alfonso Candelario Guaneme, Subdirector y Director de Prestaciones Sociales Ejército Nacional, respectivamente, y/o quien haga sus veces, a efectos de que en el término de diez (10) días, contados a partir del recibo de la respectiva misiva, expidan un certificado en el que conste la fecha en la cual se transfirió a la señora

3 Archivo denominado “01 Expediente Completo”, visible a índice 18 de SAMAI, certificado 36412C99F49DC3B8 02F8BF8DF3442FC2 793EDDD7C6CF8E3C 952CB881E2AB0505, folios 2 al 8. 4 Archivo denominado “01 Expediente Completo”, visible a índice 18 de SAMAI, certifi cado 36412C99F49DC3B8

02F8BF8DF3442FC2 793EDDD7C6CF8E3C 952CB881E2AB0505, folios 2 al 8.

5 Archivo denominado “04 Auto libra mandamiento” de la carpeta llamada “ 01. Expediente principal”, visible a índice 18 de SAMAI, certificado 36412C99F49DC3B8 02F8BF8DF3442FC2 793EDDD7C6CF8E3C 952CB881E2AB0505. 6 Archivo denominado “15 Auto continua ejecución” de la carpeta llamada “01. Expediente principal”, visible a índice 18 de SAMAI, certificado 36412C99F49DC3B8 02F8BF8DF3442FC2 793EDDD7C6CF8E3C 952CB881E2AB0505.3

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CULMA SOTO SANDRA MILENA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.540.429, la suma de $ 28.856.640, por compensación por muerte de CULMA SOTO

MICHAEL STEVEN.

De igual manera deberá adjuntar los documentos que acrediten dicha transferencia, así como en los que conste la devolución que hiciera el banco Davivienda.

SEGUNDO: Por Secretaría, ofíciese al Gerente del Banco Davivienda, para que en el término de diez (10) días, contados a partir del recibo de la respectiva misiva, expida un certificado en el que conste la fecha en la cual la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional le transfirió a la señora CULMA SOTO SANDRA MILENA, identificada

certificado en el que conste la fecha en la cual la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional le transfirió a la señora CULMA SOTO SANDRA MILENA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.540.429, la suma de $ 28.856.640, por compensación por muerte de CULMA SOTO MICHAEL STEVEN, a la cuenta de ahorros No. 488402102260.

Las razones por las cuales el dinero no fue aplicado a dicha cuenta, y si la misma se encontraba o no activa el día 19 de junio de 2019.

En todo caso deberá adjuntar los documentos que acrediten dicha transferencia, así como en los que conste la devolución que hiciera el banco Davivienda.

Para mayor ilustración se les deberá adjuntar el oficio del 29 de enero de 2020, signado por el Coronel Héctor Alfonso Candelario Guaneme, Director de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional, visto a páginas 25 a 27 del archivo No. 01 del expediente electrónico.

En los oficios librados se dejará constancia que las pruebas solicitadas deberán ser remitidas en el término concedido, so pena de la sanción pecuniaria prevista en el numeral 3º del artículo 44 del CGP.”7 (Resaltado y Subrayado original del texto).

2.7. La ejecutante presentó memorial mediante el cual interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra el auto del 7 de julio de 2023, pues, en su concepto, en el trámite de liquidación del crédito no es jurídicamente admisible el decreto de pruebas de oficio a través de auto de mejor proveer.8

en su concepto, en el trámite de liquidación del crédito no es jurídicamente admisible el decreto de pruebas de oficio a través de auto de mejor proveer.8

2.8. Mediante providencia del 28 de agosto de 2023 el Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta resolvió modificar la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante y, en consecuencia, ordenó a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional , cancelarle la suma de $28.856.640. Sostuvo que no había lugar al pago de intereses: i) comerciales, en razón a que las circunstancias por las cuales la entidad ejecutada no pudo materializar el pago de la obligación obedecían a causas ajenas a esta, originadas, en principio, en la falta de actuación de la ejecutante; y ii) moratorios, porque la parte ejecutante no señaló

7 Archivo denominado “20 Auto requiere” de la carpeta llamada “01. Expediente principal”, visible a índice 18 de SAMAI, certificado 36412C99F49DC3B8 02F8BF8DF3442FC2 793EDDD7C6CF8E3C 952CB881E2AB0505. 8 Archivo denominado “25 Solicitud dejar sin efectos […]” de la carpeta llamada “01. Expediente principal”, visible a índice 18 de SAMAI, certificado 36412C99F49DC3B8 02F8BF8DF3442FC2 793EDDD7C6CF8E3C 952CB881E2AB0505.4

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la norma en que sustenta su pago, aunado a que no quedaron incluidos en el acto administrativo que reconoció el derecho.9

2.9. Por su parte, la hoy accionante interpuso solicitud de adición al auto del 28 de agosto de 2023.

2.10. El Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta, a través de auto del 21 de septiembre de 2023 ,10 resolvió adicionar la providencia del 28 de agosto de 2023 en el sentido de negar por improcedente el recurso de reposición en subsidio apelación contra el proveído del 7 de julio de 2023.

2.11. La parte accionante interpuso recurso de apelación contra los autos del 28 de agosto y del 21 de septiembre de 2023, con fundamento en que el Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta decidió excluir los intereses moratorios con base en argumentos que jamás tuvo la oportunidad de controvertir, y que, con ello, convirtió la liquidación del crédito en una sentencia.11

2.12. El 12 de diciembre de 2024 el Tribunal Administrativo de Norte de Santander desató el referido recurso de apelación en el entendido de a. rechazar por improcedente el formulado contra el auto del 28 de agosto de 2023 ; y b. confirmar la providencia del 21 de septiembre de 2023.12

3. Fundamentos de la acción de tutela

La tutelante sostuvo:

improcedente el formulado contra el auto del 28 de agosto de 2023 ; y b. confirmar la providencia del 21 de septiembre de 2023.12

3. Fundamentos de la acción de tutela La tutelante sostuvo: 3.1. El tribunal desconoció los artículos 212 y 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, porque ignoró que el Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta, al decretar y practicar pruebas de oficio dentro de la decisión sobre la liquidación del crédito, y al eliminar los intereses moratorios en perjuicio de la ejecutante, planteó un debate sobre el cual a esta jamás se le permitió defenderse.

9 Archivo denominado “28 Auto modifica liquidación” de la carpeta llamada “01. Expediente principal”, visible a índice 18 de SAMAI, certificado 36412C99F49DC3B8 02F8BF8DF3442FC2 793EDDD7C6CF8E3C 952CB881E2AB0505. 10 Archivo denominado “33 Auto resuelve recurso” de la carpeta llamada “01. Expedi ente principal”, visible a índice 18 de SAMAI, certificado 36412C99F49DC3B8 02F8BF8DF3442FC2 793EDDD7C6CF8E3C 952CB881E2AB0505. 11 Archivo denominado “36 Recurso apelación ddte ” de la carpeta llamada “01. Expediente principal”, visible a índice 18 de SAMAI, ibid. 12 Índice 2 de la plataforma SAMAI, certificado D5429070A349C65C 4EE31B8675AE063A C22AFA16CA9ECA33 859FD48A7354BF07, folios 93 al 102.5

12 Índice 2 de la plataforma SAMAI, certificado D5429070A349C65C 4EE31B8675AE063A C22AFA16CA9ECA33 859FD48A7354BF07, folios 93 al 102.5

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3.2. La autoridad accionada, antes de adoptar la decisión censurada, debió convocar a audiencia con el fi n de que al menos se le permitiera contrainterrogar, controvertir argumentos y solicitar pruebas, lo cual habría garantizado el ejercicio pleno de su derecho de defensa. De haber procedido de ese modo, la decisión adoptada habría sido distinta.

3.3. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional. Para sustentar esta afirmación, la parte interesada cita la sentencia T -113 de 2019, en la cual se establece que la s pruebas de oficio pueden decretarse, entre otros mecanismos, mediante auto de mejor proveer, cuando ya han sido superadas las etapas procesales probatorias previstas para la postulación de las partes. Dicho auto se profiere una vez se hayan escuchado los alegatos de conclusión y antes de dictar sentencia, con el fin de esclarecer puntos oscuros o confusos del debate.

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:

“PRIMERA. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de mi poderdante.

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:

“PRIMERA. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de mi poderdante.

SEGUNDA. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER dejar sin efectos la decisión calendada el 12 de diciembre de 2024 que se dio dentro del proceso bajo radicado No. 54001333300120210006700 y, en consecuencia, emitir una nueva decisión con base en l as razones expuestas en esta acción constitucional cuyo fin pretendido es que no se modifique la orden de mandamiento de pago dictada inicialmente el 14 de julio de 2021.

Solicito esta colegiatura adopte la decisión que permita asegurar el disfrute de los derechos constitucionales violados. A fin de lograr dicho goce, el juez de tutela está en la obligación de adoptar las medidas necesarias para “volver al estado anterior a la violación”, como lo dispone el artículo 23 del Decreto 2591 de 1991. Dicha posib ilidad del juez de tutela de modular los efectos de sus decisiones ha sido analizada en sentencia SU – 554 de 2001, en la cual se indicó que “…corresponde al juez determinar cuál es el mecanismo idóneo para lograr la protección del derecho fundamental afectado…”13. (Resaltado original del texto).

13 Índice 2 de la plataforma SAMAI , certificado D5429070A349C65C 4EE31B8675AE063A C22AFA16CA9ECA33 859FD48A7354BF07, folio 10.6

13 Índice 2 de la plataforma SAMAI , certificado D5429070A349C65C 4EE31B8675AE063A C22AFA16CA9ECA33 859FD48A7354BF07, folio 10.6

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5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la oposición

5.1. Mediante auto del 17 de marzo de 202514 el despacho ponente admitió la acción de tutela, vinculó al Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta y a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional . También dispuso la notificación a las partes y a los vinculados.

5.2. El Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta15 se refirió a los hechos que consideró relevantes y aseveró que tanto ese despacho como el Tribunal Administrativo de Norte de Santander sí explicaron de manera amplia la facultad que tiene el juez para variar las sumas adeudadas en un proceso ejecutivo, con el fin de adoptar una decisión ajustada a la realidad procesal, máxime cuando están comprometidos recursos públicos. En gracia de discusión, indicó que, incluso si se admitiera que no se le permitió a la interesada pr onunciarse sobre las pruebas decretadas de oficio, pudo haberlo hecho al presentar el recurso de apelación objeto de análisis.

Asimismo, expuso que el Consejo de Estado ha sostenido que el juez está facultado

decretadas de oficio, pudo haberlo hecho al presentar el recurso de apelación objeto de análisis.

Asimismo, expuso que el Consejo de Estado ha sostenido que el juez está facultado para subsanar las inconsistencias que advierta si, con posterioridad a librar el mandamiento de pago, se percata de que este fue proferido por un valor superior al que correspondía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 del CGP y 207 del CPACA, que imponen realizar el control de legalidad de la actuación procesal una vez agotada cada etapa. Por tanto, si bien se resolvió continuar adelante con la ejecución en los mismos términos en que se libró el mandamiento de pago, se consideró necesario modificar la liquidación del crédito, en el sent ido de omitir el pago de intereses, con fundamento en el material probatorio del expediente.

5.3. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional 16 señaló que el auto reprochado fue emitido con observancia del ordenamiento jurídico, comoquiera que, por un lado, el recurso de apelación no procede contra autos que decreten pruebas de oficio y, por el otro, la modificación del crédito resulta procedente de acuerdo con el artículo 446 del CGP.

14 Índice 4 de SAMAI, certificado B79BF917B1B1CE32 70DDAD88949DB67F 5D499E9A3B352F50 0A356B648BD13DF0.

15 Índice 8 de SAMAI, certificado B2CD69FD389A1648 C503A0216CAFBE84 3ADA3B7BCF1AD1A3 E07C47550E40EA5B. 16 Índice 9 de SAMAI, certificado 7F69F52EEC6D63DB 8F74AC267592379D CE2852EBAF68CADA 23433B61B33824AD.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01424-00

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Finalmente, manifestó que la presente acción de tutela no cumple con los requisitos específicos de procedencia y que, además, la actora no acreditó la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.

5.4. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander 17 sostuvo que la acción de tutela es improcedente, por cuanto no se configuró ninguno de los defectos alegados, ya que no se advierte irracionalidad ni capricho por parte del intérprete judicial en el análisis del caso objeto de estudio, el cual dio lugar a la expedición del auto del 12 de diciembre de 2024.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Sandra Milena Culma Soto en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C -590 del 2005 reco noció que la acción de tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos

17 Índice 11 de SAMAI, certificado D501B3C66E3B0D4F 2D3E5DAF200C86B4 ECA507372D072D2C 94E8B8D5FEDC97F6.8

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requisitos de procedibilidad 18 y de procedencia 19 con el fin de determinar si se vulneraron o no los derechos de orden superior.

4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

4.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.20

“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.20

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar dos elementos, a saber21: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en e l cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202222, frente al requisito de relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

18 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia

18 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez ; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela. 19 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución. 20 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005. 21 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101. 22 Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.9

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4.2. Para la Sala resulta evidente que los cargos formulados no satisfacen el

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4.2. Para la Sala resulta evidente que los cargos formulados no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un intento de revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este me canismo se tratara de una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.

4.3. En el caso concreto , la señora Culma Soto cuestiona, en esencia, que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander desconoció los artículos 212 y 213 del CPACA, al pasar por alto que el Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta, al decretar y practicar pruebas de oficio en la decisión sobre la liquidación del crédito, y al eliminar los intereses moratorios en perjuicio de la ejecutante, planteó un debate frente al cual no se le permitió ejercer su derecho de defensa.

Asimismo, señala que la autoridad accionada, antes de adoptar la decisión censurada, debió convocar a audiencia con el fin de que al menos se le permitiera contrainterrogar, controvertir argumen tos y solicitar pruebas que le permitieran ejercer su derecho de defensa. De haber procedido de ese modo, la decisión adoptada habría sido distinta.

4.4. Ahora, si bien en el sub lite no es objeto de reproche el auto del 21 de septiembre de 2023, emitido por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta, resulta pertinente traer a colación su contenido, toda vez que dicha decisión sirvió

septiembre de 2023, emitido por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta, resulta pertinente traer a colación su contenido, toda vez que dicha decisión sirvió de fundamento para la providencia que en esta ocasión se censura. Así las cosas, en aquella oportunidad el referido juzgado señaló:

“Como se expuso en párrafo anterior, a través del auto del 7 de julio de 2023, y a efectos de definir lo concerniente a la aprobación o modificación de la liquidación del crédito que presentó la parte ejecutante, el Juzgado con fundamento en lo señalado en el artículo 213 del CPACA, decretó dos pruebas de oficio para que la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional y el Banco Davivienda remitieran información sobre un aspecto que se torna indispensable al momento de realizar el mencionado trabajo.

Al respecto debe indicarse que el artículo 169 del CGP señala que las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso, por lo que la decisión no puede ser otra que la de adicionar el auto proferido el 28 de agosto de 2023 en el sentido de declarar improcedente el recurso de reposición en subsidio de apelación en contra del auto proferido el 7 de julio de 2023, por el cual se decretaron unas pruebas de oficio.

No obstante lo anterior, y dado que el apoderado de la parte ejecutante manifestó su inconformidad indicando que el artículo 213 del CPACA establece que el Juez solo podrá decretar pruebas de oficio hasta antes de dictar sentencia, por lo que disiente vehementemente de las órdenes contenidas en el auto recurrido, especialmente porque

inconformidad indicando que el artículo 213 del CPACA establece que el Juez solo podrá decretar pruebas de oficio hasta antes de dictar sentencia, por lo que disiente vehementemente de las órdenes contenidas en el auto recurrido, especialmente porque las mismas buscan la variación de un aspecto que debió ser objeto de debate en las oportunidades procesales correspondientes, se considera importante precisar que si bien este asunto con auto del 3 de febrero de 2023 se resolvió continuar adelante con la10

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Accionante: Sandra Milena Culma Soto Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

ejecución del crédito, ello se debió a la falta de defensa de la autoridad ejecutada quien ni siquiera contestó la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 440 del CGP.

Aunado a ello, tal y como lo ha señalado el Consejo de Estado de manera reiterada, el mandamiento de pago no se convierte en una situación inamovible para el juez, pues con posterioridad a la expedición de esta providencia es posible variar el monto de las sumas adeudadas con el fin de adoptar una decisión que se ajuste a la realidad procesal de cara al título ejecutivo, así como a los demás elementos de juicio que obren en el expediente.

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En todo caso en esa sentencia de tutela el máximo órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativo reiteró que los autos ilegales, como el que libró el mandamiento por una suma superior a la que correspondía, no atan al juez ni a las partes pues care cen de

En todo caso en esa sentencia de tutela el máximo órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativo reiteró que los autos ilegales, como el que libró el mandamiento por una suma superior a la que correspondía, no atan al juez ni a las partes pues care cen de ejecutoria. Por lo cual la autoridad judicial puede hacer un control de legalidad posterior y subsanar las impresiones que evidencian .” 23 (Subrayado y Resaltado original del texto).

4.5. Sentado lo anterior, al verificar los argumentos contenidos en el auto del 12 de diciembre de 2024, emitido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, se advierte el siguiente análisis textual:

“Si bien el a quo, en el auto del 21 de septiembre de 2024, esgrimió nuevos argumentos a efectos de adicionar la providencia del 28 de agosto de 2023, relativos a negar por improcedente el recurso de reposición en subsidio de apelación; en una providencia que decretó una prueba de oficio, respecto al recurso de reposición en subsidio de apelación presentado por la parte ejecutante en contra del proveído con fecha del 7 de julio de 2023, lo cierto es que no resulta una decisión susceptible y sobre la cual pueda ej