CE - Sentencia 11001031500020250142501 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01425-01

Accionante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., primero (1°) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01425-01

Accionante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.

Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Referencia: Acción de tutela

Tutela contra providencia judicial. Requisito de procedencia. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la parte actora en contra d e la sentencia del 15 de mayo de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó el amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Agropecuaria Grupo 20 S.A., a travØs de apoderado judicial, presentó escrito de tutela en el que solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debid o proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 30 de agosto de 2024 dictada por el Consejo d e Estado,

Sección Tercera, Subsección A dentro del proceso de reparación directa 050012333-000-2015-02413-01, que modificó el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia que reconoció el daæo emergente a favor de la sociedad, p ara en su lugar, declarar su falta de legitimación en la causa por activa y revocar el reconocimiento de los perjuicios materiales a la sociedad.

2. Hechos

La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fÆctica1:

2.1. La Fiscalía General de la Nación abrió investigación previa en contra de Guillermo Gaviria Echeverri y Juan Esteban `lvarez Bermœdez por el delito de co ncierto para delinquir, por presunta colaboración en la constitución y financiamiento de la “convivir”

1 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=05001233300020150241301110010 3Radicado: 11001-03-15-000-2025-01425-01

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2 en el UrabÆ. Se precisó que dentro de las empresas aportantes se encontra ba Agropecuaria Grupo 20 S.A, de propiedad de Gaviria Echeverri y gerenciada por `lvarez Bermœdez.

2.2. El 11 de abril de 2012 el ente acusador impuso medida de as eguramiento a los involucrados consistente en detención domiciliaria, decisión que fue apelada. No obstante, mediante auto del 9 de mayo del mismo aæo se declaró la nu lidad de la

involucrados consistente en detención domiciliaria, decisión que fue apelada. No obstante, mediante auto del 9 de mayo del mismo aæo se declaró la nu lidad de la decisión pues no “abordó el análisis de los fines legales y constitucionales de la medida”.

2.3. En decisión del 28 de noviembre de 2012, la Fiscalía 51 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Medellín impuso nuevamente medida de aseguramiento. Esta determinación fue revocada por el Tribunal Superior de Medellín en proveído del 21 de enero de 2013 y se ordenó su libertad. Esto, d ado que la Corporación consideró que no se demostró la necesidad de la imposición.

2.4. Finalmente, mediante providencia del 26 de septiembre de 2023 el e nte investigador precluyó la investigación. La decisión se sustentó en que los aportes realizados a las “convivir” no constituían delito, ya que se trataba de una organización privada de creación legal.

2.5. Como consecuencia de lo anterior, Agropecuaria Grupo 20 S.A y otros afectados2 interpusieron demandada en ejercicio del medio de control de reparación directa 3, en orden a que se indemnizaran los perjuicios derivados de la privación de libertad de Guillermo Gaviria Echeverri y Juan Esteban `lvarez Bermœdez.

La referida sociedad elevó una œnica pretensión consistente en la reparación del daæo emergente que tasó en $690.000.000, por concepto de los gastos de honorarios profesionales en que incurrió para la defensa de los investigados por la privación injusta de la libertad.

emergente que tasó en $690.000.000, por concepto de los gastos de honorarios profesionales en que incurrió para la defensa de los investigados por la privación injusta de la libertad.

2.6. El Tribunal Administrativo de Antioquia dictó sentencia de primera instancia el 10 de agosto de 2023 que accedió a las pretensiones de la demanda, entre ellas a la propuesta por la sociedad tutelante. Inconformes con la decisión las partes presentaron recurso de apelación.

2.7. En providencia del 30 de agosto de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A modificó la decisión de primer grado en el sentido de declarar la falta de legitimación en la causa por activa de la sociedad Agropecuaria Grupo 20 S. A y confirmó las demÆs determinaciones.

Como sustento de la decisión, indicó que el pago de los honorarios por representación judicial correspondía œnicamente a Guillermo Gaviria Echeverri y a Juan E steban

2 Adela Correa de Gaviria, Irene Gaviria Correa, Jorge JuliÆn Ga viria Correa, León TonØ Gaviria Correa, Pedro Sergio Gaviria Correa; Juan Esteban `lvarez Bermœdez, Mary Lu z Lopera Palacio, Mariana `lvarez Lopera, Pablo `lvarez Lopera. 3 Que se identificó con el radicado nœmero 0500123-33-000-2015-02413-01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01425-01

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3 `lvarez Bermœdez, como víctimas directas del daæo, ademÆs, que no s e demostró la

Accionante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.

3 `lvarez Bermœdez, como víctimas directas del daæo, ademÆs, que no s e demostró la existencia de un contrato o negocio jurídico entre los afectados y la socieda d, que tuviese por objeto la prestación de servicios jurídicos. Agregó que, en todo caso, no se probó el pago material de los honorarios dado que si bien se expidieron unos cheques no se allegó la orden de pago ni copia de los libros contables de la empresa en los que se evidenciara el registro del gasto.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional: i) amparar los derechos fundamentales solicitados. Como consecuencia de ello, pidió ii) dejar sin efectos el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del 30 de agosto de 2024 y, en su lugar, que se ordene a la autoridad judicial accionada a proferir una n ueva decisión respecto del reconocimiento del daæo emergente.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela, la accionante sostuvo que la sentencia cuestionada incurrió en los siguientes defectos:

Defecto fÆctico. Sostuvo que la autoridad enjuiciada no tuvo en cuenta las facturas de venta (447 y 940) y los cheques (512235622, 512235723, 0869 25624 y 0869257254) que se aportaron para demostrar el pago de los honorarios por concepto de servicios jurídicos para asumir la defensa de los investigados.

Resaltó que la información contenida en las referidas facturas fue ratificada con la

que se aportaron para demostrar el pago de los honorarios por concepto de servicios jurídicos para asumir la defensa de los investigados.

Resaltó que la información contenida en las referidas facturas fue ratificada con la contadora adscrita a Agropecuaria Grupo 20 S.A, en el sentido de reiterar q ue los recursos fueron pagados por la sociedad para sufragar la defensa en el proceso penal. Del mismo modo, el revisor fiscal de la empresa en diligencia de recepción del testimonio manifestó que fue la empresa tutelante quien asumió el pago de los servicios profesionales de abogado.

Puntualizó que la providencia cuestionada estableció que la œnica forma de demostrar el pago de los honorarios era la copia de los libros contables o la certificación bancaria, pese a que la Corte Constitucional ha indicado que para tal efecto no existe una tarifa legal. Por consiguiente, con fundamento en el principio de libertad pr obatoria la sociedad aportó al proceso ordinario la copia de las facturas expedidas por la prestación de los servicios jurídicos, así como los cheques expedidos para cancelar las sumas respectivas. Indicó que estos documentos no fueron tachados por falsos, por lo que el juez ordinario de segunda instancia “tenía la obligación de valorarlos”.

En punto a lo anterior, seæaló que “el pago se entendió realizado desde el momento en que el cheque le fue entregado al abogado […], independientemente d e que éste lo haya cobrado por conducto de un banco, o lo haya puesto a circular como título valor que es”.

Respecto de falta de prueba de la celebración de un contrato para la presta ción de servicios profesionales, precisó que en los folios del proceso penal se encuen traRadicado: 11001-03-15-000-2025-01425-01

que es”.

Respecto de falta de prueba de la celebración de un contrato para la presta ción de servicios profesionales, precisó que en los folios del proceso penal se encuen traRadicado: 11001-03-15-000-2025-01425-01

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4 demostrada la representación judicial que recibieron los investigados a travØs del profesional del derecho a quien la empresa tutelante hizo entrega de los cheques antes mencionados por concepto de pago. Informó que, ademÆs, esto fue manifestado por la subgerente financiera y el subgerente contable de la sociedad en diligencia de testimonio.

En tal sentido, consideró que la providencia censurada erró al sustentar la fa lta de legitimación por activa de Agropecuaria Grupo 20 S.A. en la falta de un contrato de prestación de servicios jurídico, mÆxime cuando “tenía prácticamente la obligación de pagar la defensa penal, pues ademÆs de que su nombre como compaæía se encontraba comprometido”.

Defecto sustantivo. Afirmó que la decisión cuestionada se apartó del concepto de reparación integral y desconoció que la empresa sufrió perjuicios como consecue ncia de la privación de libertad de Guillermo Gaviria Echeverri y Juan Esteban ` lvarez Bermœdez, por ello, era titular del derecho a la indemnización conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 283 del Código General del Proceso.

Agregó que la mencionada empresa sí tenía legitimación en la causa p or activa al

en el artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 283 del Código General del Proceso.

Agregó que la mencionada empresa sí tenía legitimación en la causa p or activa al interior del proceso de reparación directa, comoquiera que i) la investigación penal se adelantó en contra de uno de sus accionistas y su gerente; ii) le asistía interØs en defender su buen nombre; iii) el haber asumido el pago de los honorarios para la defensa, la convierte en víctima legitimada. AdemÆs, dicha actuación se justifica debido a la naturaleza y la complejidad del proceso.

Desconocimiento del precedente. Seæaló que la decisión atacada se apartó de lo resuelto por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2019, expediente 44572, al desconocer al de recho que tiene quien asume el pago de los gastos que acarrea la defensa judicial al i nterior del proceso penal. Igualmente, denunció que se estableció un requisito adicional no previsto en el fallo de unificación, en relación con la indemnización a los terceros que asumen el pago de los honorarios.

Indicó que la empresa tutelante cumplió con todos los requisitos establecidos por l a Sección Tercera para obtener la reparación del daæo emergente, puesto q ue i) en calidad de demandante elevó dicha pretensión; ii) demostró que el abogado que ejerció la defensa recibió el pago.

4. TrÆmite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 31 de marzo de 20254 la Sección Cuarta del Consejo de Estado

la defensa recibió el pago.

4. TrÆmite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 31 de marzo de 20254 la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela, vinculó como terceros con interØs al Tribunal Administrativo de Antioquia, a la Fiscalía General de la Nación, y a los demÆs demand antes del proceso de reparación directa.

4 ˝ndice 00013 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01425-01

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5 4.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A5 al oponerse al amparo, solicitó que se desestimen las pretensiones de la parte actora, en la medida que i) no se demostró el defecto fÆctico, dado que se analizaron todas las pruebas o brantes en el expediente ordinario a partir de lo cual se estableció que todas las accione s y/o estrategias legales empleadas por ese profesional del derecho tenían como œnica finalidad proteger los derechos e intereses de Guillermo Gaviria Echeverri y Juan Esteban `lvarez dentro de la actuación penal. AdemÆs, que Agropecuari a Grupo 20 S.A., pese a figurar en las facturas de venta como comprador, no tenía la cali dad de beneficiaria de los servicios jurídicos.

En tal sentido, se precisó que la sociedad no contaba con interØs directo para demandar y, que, en todo caso, quienes eventualmente podían reclamar el pago eran las víctimas directas del daæo; ii) no se configuró el defecto sustantivo, debido a que la legitimación

y, que, en todo caso, quienes eventualmente podían reclamar el pago eran las víctimas directas del daæo; ii) no se configuró el defecto sustantivo, debido a que la legitimación en la causa es un presupuesto para la sentencia, el cual puede ser declarado de oficio al margen que no fuera objeto de los recursos de apelación. Por consiguie nte, indicó, que dicha circunstancia impedía a la Sala confirmar la suma reconocida por el juez de la primera instancia a título de daæo emergente; iii) no se desconoció el precedente, puesto que la legitimación material por activa para reclamar del Estado el pago del daæo emergente radicaba en los beneficiados por la prestación de los servicios jurídicos o su masa hereditaria.

4.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia6 remitió el expediente digital del proceso ordinario. Sin embargo, no se pronunció sobre los fundamentos de la solicitud de amparo.

4.4. La Fiscalía General de la Nación 7 pidió ser desvinculada de este trÆmite en el entendido que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, al no haber dictado la providencia que la parte actora considera lesiva para sus garantías.

4.4. Los demÆs vinculados guardaron silencio.

5. La sentencia de primera instancia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia el 15 de mayo de 2025 8 que negó el amparo. Consideró que la controversia revestía relevancia constitucion al, dado que no se propone la misma discusión del proceso ordinario. Esto, por cuando la sentencia de primera instancia reconoció los perjuicios que luego fueron negados en la sentencia cuestionada. Agregó que no se trata de un asunto meramente ec onómico y

dado que no se propone la misma discusión del proceso ordinario. Esto, por cuando la sentencia de primera instancia reconoció los perjuicios que luego fueron negados en la sentencia cuestionada. Agregó que no se trata de un asunto meramente ec onómico y que la posible configuración de los defectos alegados podría afectar el derecho a la reparación integral de la sociedad demandante.

Ahora, respecto al caso concreto, el a quo precisó que todos los argumentos se orientan a demostrar que la sentencia del 30 de agosto de 2024 se apartó de los

5 ˝ndice 00017 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia. 6 ˝ndice 00019 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia. 7 ˝ndice 00020 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia. 8 ˝ndice 00030 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01425-01

Accionante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.

6 criterios establecidos en la sentencia de unificación del 19 de julio de 2019 respecto del daæo emergente derivado del pago de honorarios profesionales.

A partir de esto, se remitió a las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada para concluir que el fallo de unificación se aplicó al caso concreto conform e a lo que quedó demostrado en el proceso de reparación directa. En tal sentido, indicó que “resulta razonable que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A concluyera que el demandante no acreditó la existencia del contrato de prestación de servicios profesionales con el abogado que ejerció la defensa jurídica de lo s seæores

concluyera que el demandante no acreditó la existencia del contrato de prestación de servicios profesionales con el abogado que ejerció la defensa jurídica de lo s seæores Guillermo Gaviria y Juan Esteban `lvarez Bermœdez dentro del proceso pena l. En consecuencia, no puede reprocharse una indebida valoración de las pruebas o desconocimiento de normas.”.

Seæaló que dicha posición cobra mayor relevancia si se considera que Agrope cuaria Grupo 20 S.A, no aportó la prueba del contrato de prestación de servicios de asesoría jurídica en la que se subroga el pago de los honorarios en favor de terceros, ni el cobro de los cheques expedidos.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación9 en el que solicitó revocar el fallo de primer grado y, en su lugar, conceder la protección deprecada. Para sustenta r su petición reiteró los argumentos de solicitud de amparo de la siguiente manera:

Defecto fÆctico. Alegó que la providencia cuestionada i) no tuvo en cuenta las facturas expedidas por concepto de prestación de servicios jurídicos así como los cheq ues girados al profesional del derecho encargado de la defensa de los investigados; ii) estableció una tarifa legal inexistente para desconocer la prueba del pago iii) descartó que la información contenida en tales documentos fue confirmada por la contadora, el subgerente contable y tributario y la subgerente financiera de la sociedad tutelante; iv) se apartó del principio de libertad probatoria; v) no evaluó que los folios del proceso penal daban cuenta de la representación judicial y las actuaciones que de splegó el abogado contratado.

se apartó del principio de libertad probatoria; v) no evaluó que los folios del proceso penal daban cuenta de la representación judicial y las actuaciones que de splegó el abogado contratado.

Defecto sustantivo. Agropecuaria Grupo 20 S.A. estaba legitimada para solicitar la reparación integral del daæo, debido a que i) la investigación penal se adelantó en contra de uno de sus accionistas y su gerente; ii) le asistía interØs en defender su buen nombre; iii) el haber asumido el pago de los honorarios para la defensa, la convierte en víctima legitimada. AdemÆs, dicha actuación se justificada debido a la naturaleza y la complejidad del proceso.

Desconocimiento del precedente. La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado inaplicó los criterios establecidos en la sentencia de unificación del 18 de j ulio de 2019 proferida al interior del proceso identificado con el nœmero interno 44572.

9 ˝ndices 00036 y 00037 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01425-01

Accionante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de con formidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Agropecuaria Grupo 20 S.A. al ser el titular de los derechos que afirma fueron

2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Agropecuaria Grupo 20 S.A. al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados, dado que actuó como demandante en el trÆmite del medio de control de reparación directa identificado con el nœmero de radicado 0500123-33-00 0-201502413-01.

2.2. Por otro lado, estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, por cuanto fungió como juez de seg unda instancia dentro del proceso mencionado y es su decisión a la que la parte accionante le atribuyó la vulneración de su garantía constitucional.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera instancia que negó el amparo solicitado.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la do ctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preli minar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemÆtica jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

sobre la problemÆtica jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratÆndose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a travØs de la sentencia C-590 de 2005 10 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carÆcter general,

10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01425-01

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8 que habilitan la interposición de la tutela11 y otros de carÆcter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto12.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración d e justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”13.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controverti r las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo obje to exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que e l asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial te nga una

decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo obje to exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que e l asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial te nga una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el ju ez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción d e tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se co nvierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”14.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate

11 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial estÆ sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilida d: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela te nga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con e l requisito de inmediatez; que en el evento de fundamen tarse

relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con e l requisito de inmediatez; que en el evento de fundamen tarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga inc idencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifi quen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan si do cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 12 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en l os defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrÆ ser razón s uficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgÆnico, que se presenta cuando el juez carece de com petencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fÆctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con funda mento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contrad icción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaæo por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivació n, que implica el incumplimiento de los servidores

inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaæo por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivació n, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fÆcticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita fun cional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, confor me al mandato consagrado en el artículo 4” de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 13 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. 14 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01425-01

Accionante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.

9 en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

AdemÆs, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el

formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

AdemÆs, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho mÆs estricto, lo que implica veri ficar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judici ales, el anÆlisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucion al se establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilid ad relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interØs pœblico, ya que el asunto debe trascender el interØs particular de las partes y generar un efecto

la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interØs pœblico, ya que el asunto debe trascender el interØs particular de las partes y generar un efecto mÆs amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta œltima, debe destacarse que quien solicita el ampar o debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho trÆnsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordi