CE - Sentencia 11001031500020250143900 de 2026

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250143900 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01439-00

Demandante: Edgar Alberto Pava Stevez

Fallo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA QUINTA ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión Radicación: 11001-03-15-000-2025-01439-00

Demandante: Edgar Alberto Pava Stevez Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)

Temas: Causal octava del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Sentencia de única instancia

La Sala Quinta Especial de Decisión decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto, mediante apoderado judicial, por el señor Edgar Alberto Pava Stevez contra la sentencia del 22 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que confirmó la providencia del 24 de marzo de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima.

I. ANTECEDENTES

1. Actuaciones judiciales que dieron origen al medio de control y demanda

1.1. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 73001-23-33-000I. ANTECEDENTES

1. Actuaciones judiciales que dieron origen al medio de control y demanda

1.1. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 73001-23-33-0002020-00254-01 (3913)

1. El señor Edgar Alberto Pava Stevez ingresó a la Policía Nacional , como agente alumno, el 12 de agosto de 1991 . E l 1.º de febrero de 1992 ascendió al grado de agente.

2. El 23 de junio de 2018, el señor Pava Stevez fue retirado del servicio activo en el grado de agente.

3. El 16 de octubre de 2019, Edgar Alberto Pava Stevez presentó solicitud ante la Policía Nacional en la que pidió l a reliquidación, el reconocimiento y el pago de la diferencia entre la asignación mensual, los salarios y las prestaciones sociales percibidas desde el 1.º de enero de 2004 hasta la fecha de su retiro y los valores que, a su juicio, le correspondían por la actualización conforme a la inflación causada y acumulada entre los años 1992 y 2004. Asimismo, elevó petición a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional con el fin de lograr el reajuste, reconocimiento y pago de la diferencia entre la asignación mensual de retiro reconocida desde su causación y aquella que consideraba procedente por el mismo concepto de actualización.

4. Mediante oficios núm. S-2019-069124/ANOPA-GRULI-1.1.0 del 18 de noviembre de 2019 y 533811 del 29 de enero de 2020, la Policía Nacional y la Caja de Sueldos

4. Mediante oficios núm. S-2019-069124/ANOPA-GRULI-1.1.0 del 18 de noviembre de 2019 y 533811 del 29 de enero de 2020, la Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, respectivamente, negaron las peticiones presentadas por el demandante.

5. El señor Pava Stevez promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), conRadicación: 11001-03-15-000-2025-01439-00

Demandante: Edgar Alberto Pava Stevez

Fallo

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el objeto de obtener la nulidad de los oficios núm. S-2019-069124/ANAPA-GRULI-1.10 del 18 de noviembre de 2019 y 533811 del 29 de enero de 2020. A título de restablecimiento del derecho, pidió : (i) la reliquidación , el reajuste y el pago de las diferencias de la asignación mensual devengada entre enero y diciembre de 2004, con fundamento en la actualización conforme a la inflación causada durante el año 2003 y teniendo en cuenta los factores salariales computables para su liquidación , y (ii) la reliquidación, el reajuste y el pago del incremento equivalente a la diferencia entre la asignación mensual de retiro pagada por la entidad conforme a los decretos de salarios expedidos por el Gobierno Nacional y la que realmente correspond ía por la

reliquidación, el reajuste y el pago del incremento equivalente a la diferencia entre la asignación mensual de retiro pagada por la entidad conforme a los decretos de salarios expedidos por el Gobierno Nacional y la que realmente correspond ía por la actualización conforme con la inflación acumulada entre 1992 y 2004.

6. Mediante sentencia del 24 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda. Consideró que resultaba improcedente el reajuste de la asignación básica del demandante con fundamento en el IPC, por cuanto el incremento salarial para el personal activo de la Fuerza Pública se efectúa de conformidad con la escala gradual porcentual fijada en los decretos expedidos anualmente por el Gobierno Nacional. Asimismo, indicó que el actor no se encontraba en el supuesto excepcional previsto por la jurisprudencia constitucional1 para ordenar incrementos con base en el IPC, pues devengó más de dos salarios mínimos y, en todo caso, los incrementos salariales percibidos durante el periodo reclamado respetaron los parámetros fijados por la Corte Constitucional para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo del salario.

7. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión ; para tal efecto indicó que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta el mandato de carácter constitucional contenido en la sentencia C -931 de 200 4 de la Corte Constitucional, en cuanto a que la actualización de los salarios se debe hacer conforme al IPC.

2. Sentencia objeto de revisión

8. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 22 de

Constitucional, en cuanto a que la actualización de los salarios se debe hacer conforme al IPC.

2. Sentencia objeto de revisión

8. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 22 de febrero de 2024, confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda promovida por el señor Edgar Alberto Pava Stevez.

9. En primer lugar, se refirió al régimen salarial y prestacional de la Fuerza Pública y explicó que la Ley 4 de 1992 dispuso que las prestaciones sociales no podían ser desmejoradas, asimismo, que la remuneración del personal activo y retirado debía nivelarse para las vigencias fiscales de 1993 a 1996, razón por la cual las pensiones y las asignaciones se ajustaría n en la misma proporción en que se incrementan los sueldos del personal activo. También indicó que el artículo 151 del Decreto 1212 de 1990 estableció que las asignaciones de retiro y las pensione s debían liquidarse teniendo en cuenta el aumento salarial decretado para cada grado mediante el principio de oscilación.

10. Explicó que, aunque el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 prevé el reajuste de las pensiones, el artículo 279 excluyó de ese régimen a los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. No obstante, señaló que la Ley 238 de 1995 adicionó un parágrafo al artículo 279 de la Ley 100 de 1993, mediante el cual dispuso que los pensionados pertenecientes a los regímenes exceptuados tendrían derecho al reajuste de sus mesadas conforme a las variaciones porcentuales del IPC.

un parágrafo al artículo 279 de la Ley 100 de 1993, mediante el cual dispuso que los pensionados pertenecientes a los regímenes exceptuados tendrían derecho al reajuste de sus mesadas conforme a las variaciones porcentuales del IPC.

11. Precisó que el reajuste de las asignaciones de retiro y pensiones con fundamento en el IPC únicamente estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, por cuanto el artículo 3 de la Ley 923 del 2004 y el artículo 42 del Decreto 4433 de ese mismo año,

1 Citó la sentencia C-1433 de 2000.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01439-00

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restablecieron el principio de oscilación como mecanismo para el incremento de dichas prestaciones.

12. A continuación, señaló que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado que el reajuste de las asignaciones de retiro con fundamento en el IPC solo procede respecto de quienes tenían reconocida dicha prestación entre 1997 y 2004, pues el sistema previsto en la Ley 100 de 1993 y la Ley 238 de 1995 únicamente estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, sin que resulte aplicable a las asignaciones percibidas en servicio activo, por tratarse de situaciones jurídicas y fácticas distintas.

13. En relación con la sentencia C -931 de 2004, indicó que esta adop tó medidas

percibidas en servicio activo, por tratarse de situaciones jurídicas y fácticas distintas.

13. En relación con la sentencia C -931 de 2004, indicó que esta adop tó medidas respecto de los ajustes salariales de los servidores públicos cobijados por la Ley de Presupuesto General de la Nación antes de finalizar la vigencia fiscal del año 2004.

Asimismo, indicó que dicha decisión reiteró que e l derecho a mantener el poder adquisitivo no podía ser desconocido, aunque admitía limitaciones en atención al nivel de remuneración de los servidores públicos, de manera que quienes devengaran hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes debían recibir un reajuste igual o superior al IPC del año inmediatamente anterior.

14. Con fundamento en lo anterior, afirmó que el derecho al mantenimiento del poder adquisitivo del salario no tiene el carácter absoluto, pues admite limitaciones en atención a las diferencias salariales existentes entre los servidores públicos. Agregó que las variaciones anuales de los salarios y de las asignaciones de retiro responden a las políticas fijadas por el Congreso y el Gobierno Nacional y recordó que, en virtud del principio de separación de poderes, el juez no puede modificar el presupuesto ni sustituir las competencias atribuidas a las demás ramas del poder público.

15. En el caso concreto, encontró acreditado que al demandante le fue reconocida la asignación de retiro a partir del año 2018 2, motivo por el cual no le era aplicable el marco normativo y jurisprudencial antes expuesto. Téngase en cuenta que el reajuste con fundamento en el IPC solo procede para los miembros de la Fuerza Pública cuya

marco normativo y jurisprudencial antes expuesto. Téngase en cuenta que el reajuste con fundamento en el IPC solo procede para los miembros de la Fuerza Pública cuya asignación de retiro se hizo efectiva entre 1997 y 2004. En consecuencia, como el señor Pava Stevez no acreditó haber adquirido ese derecho con anterioridad al 31 de diciembre de 2004 , el ad-quem concluyó que no era procedente el reajuste de su asignación de retiro con base en el IPC.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

1. Escrito del recurso extraordinario de revisión

16. El 12 de marzo de 2025, el señor E dgar Alberto Pava Stevez interpuso recurso extraordinario de revisión, en el cual solicitó que se revocara la sentencia del 22 de febrero de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, que confirmó la providencia del 24 de marzo de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima. La petición se formuló con base en la causal consagrada en el numeral octavo del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de

lo Contencioso Administrativo.

17. Como fundamento del recurso, sostuvo que la providencia objeto de revisión era contraria a la sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional, la cual, a su juicio, constituye cosa juzgada constitucional con efectos erga omnes y un mandato dirigido a garantizar la actualización plena de l poder adquisitivo del salario de todos los servidores públicos, conforme al índice de inflación. En ese sentido, afirmó que dicha decisión era obligatoria y oponible a todas las autoridades, incluidas las judiciales, por

a garantizar la actualización plena de l poder adquisitivo del salario de todos los servidores públicos, conforme al índice de inflación. En ese sentido, afirmó que dicha decisión era obligatoria y oponible a todas las autoridades, incluidas las judiciales, por

2 Mediante Resolución núm. 3163 del 28 de mayo de 2018, proferida por el director general de CASUR.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01439-00

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lo que solicitó infirmar la sentencia recurrida y, en su lugar, acceder a las pretensiones formuladas en el proceso ordinario.

2. Trámite procesal

18. Mediante auto del 28 de marzo de 2025, el despacho sustanciador admitió el recurso extraordinario de revisión interpuesto y ordenó notificar el mismo a la Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. Igualmente, solicitó el expediente dentro del cual se tramitó e l proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.1. Contestación del recurso

19. El Ministerio de Defensa, Policía Nacional 3 solicitó negar las pretensiones del recurso extraordinario de revisión, por c onsiderar que esa entidad aplicó lo dispuesto en las normas vigentes para la fecha de los hechos y de la causación de los derechos reclamados. Asimismo, sostuvo que el demandante realmente pretendía utilizar ese mecanismo extraordinario como una tercera instancia del proceso ordinario.

en las normas vigentes para la fecha de los hechos y de la causación de los derechos reclamados. Asimismo, sostuvo que el demandante realmente pretendía utilizar ese mecanismo extraordinario como una tercera instancia del proceso ordinario.

20. Indicó que el recurso extraordinario de revisión no constituye el mecanismo para cuestionar la actividad interpretativa del juez, la valoración probatoria ni para plantear cuestiones que no fueron alegadas oportunamente en el proceso originario, de ahí que su procedencia se restrinja a las causales previstas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, las cuales no comprenden eventuales errores derivados de la falta de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación errónea de una norma sustancial.

21. Frente al caso concreto, indicó que el recurrente incumplió la carga prevista en el artículo 252 del CPACA, pues no aportó ni solicitó como prueba la sentencia que, según afirmaba, constituía cosa juzgada respecto de la providencia recurrida. En consecuencia, afirmó que no se encontraba demostrada la configuración de la causal e insistió en que el recurso no podía emplearse para reabrir el debate jurídico resuelto en el proceso ordinario.

2.2. Concepto del Ministerio Público

22. La Procuraduría Delegada de Intervención 7, Segunda ante el Consejo de Estado4 pidió declarar infundado el recurso extraordinario de revisión al considerar que este constituye un mecanismo excepcional que no puede utilizarse como una tercera instancia para reabrir el debate jurídico resuelto en el proceso ordinario.

23. En relación con la causal prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA,

que este constituye un mecanismo excepcional que no puede utilizarse como una tercera instancia para reabrir el debate jurídico resuelto en el proceso ordinario.

23. En relación con la causal prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA, señaló que su configuración exige la existencia de dos sentencias contradictorias, que la anterior constituya cosa juzgada y que en el segundo proceso no hubiera sido posible proponer la excepción de cosa juzgada.

24. Luego de realizar un cuadro comparativo entre la sentencia C -931 de 2004 de la Corte Constitucional y la providencia objeto de revisión, encontró que correspondían a decisiones proferidas en jurisdicciones y acciones distintas, sin identidad de sujetos, objeto ni causa. En consecuencia, sostuvo que en este asunto no se satisfacen los presupuestos exigidos para la configuración de la causal invocada.

3. Intervención del demandante

3 Índice 16, SAMAI. 4 Índice 13, SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01439-00

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25. El señor Edgar Alberto Pava Stevez presentó memorial de «alegatos de conclusión» en el que reiteró los argumentos del recurso extraordinario de revisión5.

4. Auto de pruebas

26. En auto del 17 de junio de 2025, el despacho tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda y la contestación.

5. Manifestación de impedimento

4. Auto de pruebas

26. En auto del 17 de junio de 2025, el despacho tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda y la contestación.

5. Manifestación de impedimento

27. Mediante auto del 16 de octubre de 2026, se declaró infundado el impedimento manifestado por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez, integrante de la Sala Quinta

Especial de Decisión.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

28. De conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 y en los artículos 28 y 29 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala Quinta Especial de Decisión es competente para decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Edgar Alberto Pava Stevez contra la sentencia del 22 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que confirmó la providencia del 24 de marzo de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima.

2. Oportunidad del recurso

29. El recurso extraordinario de revisión se presentó el 12 de marzo de 2025 6.

Comoquiera que la sentencia que se cuestiona fue expedida el 22 de febrero de 2024, notificada por correo electrónico el 11 de marzo de 2024 7, se entiende que quedó ejecutoriada el 18 del mismo mes y año8. Así, se concluye que el recurso extraordinario de revisión se presentó dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia, según lo señalado en el inciso primero del artículo 251 del Código de Procedimiento

ejecutoriada el 18 del mismo mes y año8. Así, se concluye que el recurso extraordinario de revisión se presentó dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia, según lo señalado en el inciso primero del artículo 251 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3. Legitimación en la causa

30. Respecto del señor Edgar Alberto Pava Stevez recae interés jurídico sobre el asunto que se debate en el sub examine, en tanto que fue la parte demandante vencida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó la providencia objeto de reproche.

31. Por su parte, la Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, están legitimados, pues integraron la parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual se profirió la sentencia que ahora se cuestiona.

4. Planteamiento del problema jurídico

32. En los términos del recurso, corresponde a la Sala estudiar si la sentencia de l 22 de febrero de 2024 est á incursa en la causal de revisión prevista en el numeral 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

5 Índice 15, SAMAI 6 Índice 2, SAMAI 7 Expediente núm. 73001-23-33-000-2020-00254-01. Índice 35, SAMAI. 8 De acuerdo con el inciso 2 del artículo 205 del CPACA y el artículo 302 del Código General del Proceso.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01439-00

Demandante: Edgar Alberto Pava Stevez

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8 De acuerdo con el inciso 2 del artículo 205 del CPACA y el artículo 302 del Código General del Proceso.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01439-00

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33. En concreto, la Sala deberá determinar, como lo sostiene la parte recurrente, si la decisión proferida por el Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección A desconoció la sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional , la cual, según alega, constituye una decisión con efectos de cosa juzgada constitucional y ordenó garantizar la actualización del poder adquisitivo del salario de los servidores públicos conforme al índice de inflación.

4.1. Naturaleza y marco legal del recurso extraordinario de revisión

34. En los términos del artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos, en los eventos contemplados en el artículo 250 del CPACA9 y en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

35. Respecto de la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, la Corte Constitucional ubica al recurso extraordinario de revisión como una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin de restablecer la justicia material 10, en el mismo

35. Respecto de la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, la Corte Constitucional ubica al recurso extraordinario de revisión como una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin de restablecer la justicia material 10, en el mismo sentido, la Sala ha expresado que el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional de las sentencias ejecutoriadas, cuyo objeto es romper el principio de cosa juzgada11. Se propone con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por las sentencias injustas.

36. Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario.

Es un instr umento para discutir y ventilar ciertos «hechos procesales externos a la labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material».

37. De ahí que, el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el legislador ha determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de situaciones excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten interpretaciones más allá de lo que en buena ley se deduce de su texto.

38. Las causales de revisión previstas en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo básicamente tienen que ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del debido proceso.

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo básicamente tienen que ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del debido proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a eventuales errores que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación errónea de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por violación de la ley.

9 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó́ una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó́ una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.

Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. 10 Sentencia C-418 de 1994. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 10 de agosto de 2017, exp. 21126.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01439-00

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4.2. Del alcance y requisitos de la causal octava: «Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada»

39. Para la procedencia de la causal , deben concurrir los siguientes requisitos: i) la existencia de una sentencia ejecutoriada anterior al fallo recurrido; ii) que las dos sentencias sean contradictorias, y iii) que la sentencia anterior constituya cosa juzgada frente a la sentencia recurrida, en el entendido que existe identidad de partes y que tienen el mismo objeto y causa. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo

sentencias sean contradictorias, y iii) que la sentencia anterior constituya cosa juzgada frente a la sentencia recurrida, en el entendido que existe identidad de partes y que tienen el mismo objeto y causa. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y esta fuere rechazada12.

40. El fenómeno de la cosa juzgada busca garantizar los principios de unidad y seguridad jurídica, igualdad, buena fe, tra nsparencia, eficacia, economía y celeridad, en tanto que, lo ideal es que no exista más de un pronunciamiento sobre la misma materia y, en ese sentido, el artículo 303 del Código General del Proceso, prevé que la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

41. Por su parte, el artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que la sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor. Dicho de otro modo, la cosa juzgada tiene lugar cuando la controversia sometida al conocimiento del juez ya ha sido definida en otra sentencia judicial que produce efectos jurídicos, al punto que impide pronunciamientos en posteriores procesos que versen sobre el mismo o bjeto, en virtud del carácter definitivo e inmutable de la decisión, en la cual, en todo caso, ya se definió la relación jurídica objeto de litigio.

42. Esta Corporación ha sostenido que el concepto de cosa juzgada «(…) hace

definitivo e inmutable de la decisión, en la cual, en todo caso, ya se definió la relación jurídica objeto de litigio.

42. Esta Corporación ha sostenido que el concepto de cosa juzgada «(…) hace referencia al carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza, lo cual implica de suyo la imposibilidad de volver sobre asuntos ya juzgados, para introducir en ellos variaciones o modificaciones mediante la adopción de una nueva providencia ». En consecuencia, es posible «(…) predicar la existencia del fenómeno de la cosa juzgada, cuando llegue al conocimiento de la jurisdicción un nuevo proceso con identidad jurídica de partes, causa y objeto»13.

4.3. Del caso concreto

43. La Sala anticipa que la causal prevista en el numeral 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 no se configura, por las razones que pasan a exponerse:

44. En el caso concreto, el señor Edgar Alberto Pava Stevez fundamentó la causal de revisión prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA en la sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional, al considerar que la providencia objeto de revisión desconoció los efectos de cosa juzgada constitucional derivados de dicha decisión.

45. No obstante, el argumento planteado no satisface los presupuestos de la causal invocada. En primer lugar, la sentencia C -931 de 2004 fue prof erida en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, mientras que la providencia objeto de revisión

12 Sentencia del 2 de abril de 2013, radicado número: 11001 -03-15-000-2001-00118-01, Consejo de Estado, Sala Plena de lo

control abstracto de constitucionalidad, mientras que la providencia objeto de revisión

12 Sentencia del 2 de abril de 2013, radicado número: 11001 -03-15-000-2001-00118-01, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 5 de marzo de 2009, radicado número: 11001-03-24-000-2004-00262-01, M.P. Rafael Ostau de Lafont P, reiterada en sentencia del 24 de marzo de 2011, de la Sección Tercera, Subsección A, M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz, radicado número 34396 y

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