CE - Sentencia 11001031500020250150100

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202501501-00

Actora: Concepción Amézquita Díaz

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Tema: Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de tutela

Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia y ii) debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por Concepción Amézquita Díaz contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderado1, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, “[…] el despacho accionado no ha

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “3_DemandaWeb_Poder_PODERTUTELACONCEPCIO(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202501501-00

Actora: Concepción Amézquita Díaz

Núm. único de radicación: 110010315000202501501-00

Actora: Concepción Amézquita Díaz

efectuado pronunciamiento alguno frente a las diversas solicitudes de impulso procesal […]”, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 050012333000201901597-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, el 27 de junio de 2019, radicó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, que se identifica con el núm. único de radicación 050012333000201901597-00, demanda que fue admitida el 15 de julio de 2019 y notificada el 20 de agosto de 2019.

4. Sostuvo que, la demanda fue contestada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP, el 20 de agosto de 2019, que permaneció sin actuaciones hasta el 16 de febrero de 2022, fecha en que el Ministerio Público radicó un impulso procesal.

5. Indicó que, el 20 de junio de 2022, radicó un impulso procesal, como lo hizo el 4 de agosto de 2022, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

5. Indicó que, el 20 de junio de 2022, radicó un impulso procesal, como lo hizo el 4 de agosto de 2022, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, lo reiteró el 17 de marzo de 2023.

6. Manifestó que, el 18 de abril de 2024, el Despacho Veinte del Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó remitir el proceso al Despacho Veinticuatro del

Tribunal Administrativo de Antioquia.

7. Adujo que, el 21 de enero de 2025, presentó un nuevo impulso procesal en los que de manera reiterada solicitó que se fijara la audiencia inicial, prevista en el3

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artículo 1802 de la Ley 1437 de 2011 3 y que a la fecha en que radi có la tutela no ha recibido respuesta por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia.

La solicitud de tutela

Pretensiones

8. La actora solicitó en su escrito de tutela4:

“[…] 1. Se TUTELEN los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y ACCESO

A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de la docente CONCEPCIÓN AMÉZQUITA

DÍAZ.

2 ARTÍCULO 180. Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes

2 ARTÍCULO 180. Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas: 1. Oportunidad. La audiencia se llevará a cabo bajo la dirección del Juez o Magistrado Ponente dentro del mes siguiente al vencimiento del término de traslado de la demanda o del de su prórroga o del de la de reconvención o del de la contestación de las excepciones o del de la contestación de la d emanda de reconvención, según el caso. El auto que señale fecha y hora para la audiencia se notificará por estado y no será susceptible de recursos. 2. Intervinientes. Todos los apoderados deberán concurrir obligatoriamente. También podrán asistir las part es, los terceros y el Ministerio Público. La inasistencia de quienes deban concurrir no impedirá la realización de la audiencia, salvo su aplazamiento por decisión del Juez o Magistrado Ponente. 3. Aplazamiento. La inasistencia a esta audiencia solo podrá excusarse mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa. Cuando se presente la excusa con anterioridad a la audiencia y el juez la acepte, fijará nueva fecha y hora para su celebración dentro de los diez (10) días siguientes, por auto que no tendrá recursos. En ningún caso podrá haber otro aplazamiento. El juez podrá admitir aquellas justificaciones que se presenten dentro de los tres (3) días siguientes a la realización de la audiencia siempre que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito y solo tendrán el efecto de exonerar de las consecuencias pecuniarias adversas que se hubieren derivado de la inasistencia. En este caso, el juez resolverá sobre la

fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito y solo tendrán el efecto de exonerar de las consecuencias pecuniarias adversas que se hubieren derivado de la inasistencia. En este caso, el juez resolverá sobre la justificación mediante auto que se dictará dentro de los tres (3) días siguientes a su presentaci ón y que será susceptible del recurso de reposición. Si la acepta, adoptará las medidas pertinentes. 4. Consecuencias de la inasistencia. Al apoderado que no concurra a la audiencia sin justa causa se le impondrá multa de dos (2) salarios mínimos legales m ensuales vigentes. 5. Saneamiento. El juez deberá decidir, de oficio o a petición de parte, sobre los vicios que se hayan presentado y adoptará las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias. 6. Decisión de excepciones previas pendientes de resolver. El juez o magistrado ponente practicará las pruebas decretadas en el auto de citación a audiencia y decidirá las excepciones previas pendientes de resolver. (Numeral 6, modificado por el Art. 40 de la Ley 2080 de 2021) 7. Fijación del litigio. Una vez resueltos todos los puntos relativos a las excepciones, el juez indagará a las partes sobre los hechos en los que están de acuerdo, y los demás extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la de reconvención, si a ello hubiere lugar, y con fundamento en la respuesta procederá a la fijación de litigio. 8. Posibilidad de conciliación. En cualquier fase de la audiencia el juez podrá invitar a las partes a conciliar sus diferencias, ca so en el cual deberá proponer fórmulas de arreglo, sin que ello signifique

litigio. 8. Posibilidad de conciliación. En cualquier fase de la audiencia el juez podrá invitar a las partes a conciliar sus diferencias, ca so en el cual deberá proponer fórmulas de arreglo, sin que ello signifique prejuzgamiento. No se suspenderá la audiencia en caso de no ser aportada la certificación o el acta del comité de conciliación. (Numeral 8, modificado por el Art. 40 de la Ley 2080 de 2021) 9. Medidas cautelares. En esta audiencia el juez o magistrado ponente se pronunciará sobre la petición de medidas cautelares en el caso de que esta no hubiere sido decidida. En los procesos de nulidad electoral la competencia será del juez, sala, subsección o sección. (Numeral 9, modificado por el Art. 40 de la Ley 2080 de 2021) 10. Decreto de pruebas. Solo se decretarán las pruebas pedidas por las partes y los terceros, siempre y cuando sean necesarias para demostrar los hechos sobre los cuales exista disconformidad, en tanto no esté prohibida su demostración por confesión o las de oficio que el Juez o Magistrado Ponente considere indispensables para el esclarecimiento de la verdad. En todo caso, el juez, antes de finalizar la audiencia, fijará fecha y hora para la audiencia de pruebas, la cual se llevará a cabo dentro de los cuarenta (40) días siguientes. PARÁGRAFO 1. Las decisiones que se profieran en el curso de la audiencia inicial pueden ser recurridas conforme a lo previsto en los artículos 242, 243, 245 y 246 de este código, según el caso. (Parágrafo 1,

adicionado por el Art. 40 de la Ley 2080 de 2021) PARÁGRAFO 2. Las audiencias relativas a procesos donde exista similar discusión jurídica podrán tramitarse de manera concomitante y concentrada. (Parágrafo 2, adicionado por el Art. 40 de la Ley 2080 de 2021). 3 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 4 Transcripción literal del texto.4

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Actora: Concepción Amézquita Díaz

2. Como consecuencia, se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – DESPACHO Numero 24 Magistrado […], que, en término de las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia favorable, proceda a dar el trámite correspondiente al medio de control incoado por la accionante ante ese despacho judicial.

3. Se conmine a la accionada, a respetar los términos judiciales y los principios de eficacia y celeridad que consagra el ordenamiento jurídico.

[…]”.

8.1. Como fundamento de su solicitud manifestó que5:

“[…] Desde sus inicios, la jurisprudencia constitucional ha dejado sentado que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades y constituye una garantía de legalidad procesal, el derecho al debido proceso comprende un conjunto de principios materiales y formales todos los cuales responden mejor a la estructura jurídica de verdaderos derechos fundamentales. Una vez se ha particularizado el derecho-garantía a un debido proceso, adquiere el carácter de derecho constitucional fundamental en beneficio de quienes integran la

responden mejor a la estructura jurídica de verdaderos derechos fundamentales. Una vez se ha particularizado el derecho-garantía a un debido proceso, adquiere el carácter de derecho constitucional fundamental en beneficio de quienes integran la relación procesal. De esa manera quien se sienta amenazado o vulnerado por algún acto u omisión de la autoridad o de los sujetos de la relación procesal, podrá invocar y hacer efectivo los derechos que implícitamente hacen parte del debido proceso, como para el caso el respeto a los términos judiciales.

En virtud de lo consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política, los términos procesales son de carácter perentorio y su observancia es obligatoria por las partes y las autoridades judiciales. En este entendido, los términos además de desarrollar la seguridad jurídica, constituyen la oportunidad establecida por la ley o por el juez, a falta de norma expresa que así lo señale, para que se ejecuten ciertas etapas o actividades dentro del proceso.

El respeto al derecho a un debido proceso y a los principios en él incorporados, es deber del Estado, en cabeza de la administración de justicia, ya que una vez se ha tenido acceso a ella, conforme a lo dispuesto en el artículo 228 de la Carta, es un imperativo observar en las actuaciones judiciales los términos procesales con diligencia. De ello surgen entonces principios que se deben cumplir en las actuaciones judiciales, como son el de la eficacia y celeridad, habida cuenta que, sin su acatamiento y obse rvancia, se configura entonces una dilación injustificada del proceso y una indebida y morosa obstrucción para el acceso efectivo a la administración de justicia. […]”.

Actuación

su acatamiento y obse rvancia, se configura entonces una dilación injustificada del proceso y una indebida y morosa obstrucción para el acceso efectivo a la administración de justicia. […]”.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 19 de marzo de 2025: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia; y iii) vinculó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en calidad de tercero

5 Transcripción literal del texto.5

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con interés legítimo , concediéndole el término de tres (3) días para que rindiera informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo

10. El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó negar la solicitud de tutela, al

considerar que:

“[…] El día 26 de abril de 2023, el proceso fue remitido al Despacho 020 del Tribunal Administrativo de Antioquia, en virtud del Acuerdo CSJANTA23-29 del 23 de febrero de 2023. […]”.

[…]

“[…] El 18 de abril de 2024 el Despacho 024 de esta Corporación a mi cargo, recibió el proceso en mención según lo establecido en el Acuerdo N° CSJANTA24 -61 del 14 de marzo de 2024, mediante el cual el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia ordenó la r edistribución de 685 procesos a cada uno de los tres nuevos

el proceso en mención según lo establecido en el Acuerdo N° CSJANTA24 -61 del 14 de marzo de 2024, mediante el cual el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia ordenó la r edistribución de 685 procesos a cada uno de los tres nuevos despachos que habían sido creados (022, 023 y 024) a través del Acuerdo N° PCSJA23-12125 del 19 de diciembre de 2023.

Es necesario precisar que dicha carga laboral, fue recibida una vez nos posesionamos como Magistrados del Tribunal, lo que, en mi caso tuvo ocurrencia el día 4 de abril de 2024, fecha en que tomé posesión del Despacho 024.

Una vez me fue entregado el mencionado número de procesos, este Despacho procedió a revisarlos uno a uno, con el fin de establecer y verificar el estado de los expedientes y el tema en cada uno de ellos para priorizar su atención, por lo que se hizo imperioso, en aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia, planear y organizarla sustanciación de los asuntos recibidos que se encontraban en trámite de primera instancia, junto con el reparto nuevo que iba ingresando, incluyendo las acciones constitucionales y especiales, así como la proyección de las sentencias de los procesos recibidos por redistribución, de acuerdo al turno que traían con anterioridad.

Teniendo en cuenta lo anterior, el 26 de marzo de 2025 este Despacho profirió auto concentrado mediante el cual se fijó el litigio y se decretaron las pruebas solicitadas por las partes. […]”. (Resaltado en texto original)

[…]

“[…] Lo expuesto quiere decir que no todo retardo para adoptar las decisiones

auto concentrado mediante el cual se fijó el litigio y se decretaron las pruebas solicitadas por las partes. […]”. (Resaltado en texto original)

[…]

“[…] Lo expuesto quiere decir que no todo retardo para adoptar las decisiones judiciales al interior de la administración de justicia, significa que se incurre en una mora judicial, pues esta debe ser injustificada y provenir de una actitud negligente de la autoridad judicial, además que debe ser probable la existencia de un perjuicio irremediable.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU 394 de 2016 indicó que la acción de tutela es procedente cuando las autoridades judiciales incurren en mora judicial injustificada que se presenta cuando (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial.6

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Actora: Concepción Amézquita Díaz

En conclusión, para identificar si la autoridad judicial incurre en mora judicial, se debe valorar objetivamente los aspectos que rodean la tardanza, tales como, la existencia de motivos razonables que justifiquen la dilación, la complejidad del asunto, la actitud de los interesados y la conducta del funcionario judicial dentro del proceso. […]”.

[…]

“[…] Me permito sustentar las razones por las cuales no me encuentro incurso en mora judicial en el proceso con radicado 05001 23 33 000 2019 01597 00, y son las

[…]

“[…] Me permito sustentar las razones por las cuales no me encuentro incurso en mora judicial en el proceso con radicado 05001 23 33 000 2019 01597 00, y son las siguientes: Se reitera que el Despacho 024 del Tribunal Administrativo de Antioquia, fue creado por el Consejo Superior de la Judicatura a través del Acuerdo N° PCSJA23-12125 del 19 de diciembre de 2023. A su vez, el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia mediante Acuerdo N° CSJANTA24 -61 del 14 de marzo de 2024, ordenó la redistribución de 685 procesos a cada uno de los tres nuevos despachos que habían sido creados (022, 023 y 024).

El Despacho 024 entró en funcionamiento el 4 de abril de 2024, fecha en que tomé posesión del cargo de Magistrado. Desde esa fecha se inició con el recibo de los procesos reasignados de otros Despachos Judiciales, lo que implicó una primera revisión de cada uno de los expedientes, con verificación de partes, número de folios, cuadernos, etc.

Igualmente, se hizo el estudio y clasificación de cada uno de los procesos en aras de impulsar su trámite; al respecto se debe poner de presente que inicialmente se recibieron 685 procesos, de los cuales 534 tenían apelación de sentencia, y 146 se encontraban en trámite de primera instancia, es decir, en etapas previas a la actuación “a despacho para sentencia”, sin contar los que fueron ingresando por reparto otros procesos, además de acciones constitucionales y especiales cuyo trámite tiene prelación.

Es importante recalcar que este Despacho 024 desde que empezó su

actuación “a despacho para sentencia”, sin contar los que fueron ingresando por reparto otros procesos, además de acciones constitucionales y especiales cuyo trámite tiene prelación.

Es importante recalcar que este Despacho 024 desde que empezó su funcionamiento (en abril de 2024) hasta la fecha ha proferido un total de 314 sentencias entre ordinarias y de tutela; 198 autos interlocutorios y 254 autos de sustanciación, para un total de 766 providencias, adicional a las demás actividades realizadas que, si bien no quedan reflejadas en la estadística, también demandan tiempo y dedicación del personal adscrito al mismo, para la correcta y cumplida administración de justicia. Respecto del proceso con radicado 05001 23 33 000 2019 01597 00, debo indicar que fue recibido dentro de los procesos reasignados en abril de 2024, y que provenía del Despacho 020 del Magistrado […], quien a su vez también había recibido ese proceso por redistribución. Con todo, al proceso de la accionante ya se le dio el trámite pertinente por parte de este Despacho, esto es, se emitió auto del 26 de marzo de 2025 por medio del cual se fijó el litigio y se decretaron las pruebas solicitadas, y una vez se alleguen la tot alidad de las pruebas, se continuará con el trámite correspondiente. […]”.

11. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPPsolicitó su desvinculación y declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que:

“[…] la presente acción de tutela es abiertamente improcedente respecto de la UGPP

Parafiscales de la Protección Social –UGPPsolicitó su desvinculación y declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que:

“[…] la presente acción de tutela es abiertamente improcedente respecto de la UGPP porque no tiene competencia en relación a lo pretendido por la actora y en este sentido, es válido considerar que la UGPP no es sujeto pasivo de la acción de tutela y el trámite de las pretensiones que le sirven de objeto como lo indica la aquí7

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Actora: Concepción Amézquita Díaz

accionante en el escrito de tutela corresponden al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA contra quien dirigió la acción de tutela, es decir, esta es la entidad accionada dentro del trámite de la presente acción de tutela, a quien le corresponde resolver de fondo las pretensiones incoadas por la parte actora en la presente acción de tutela, encontrándose así ésta Unidad ante una evidente ausencia de legitimación en la causa por pasiva, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 que consagra:

“ARTICULO 13.- Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimie nto de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.

u otro hubiesen actuado en cumplimie nto de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tend rá por ejercida contra el superior (…,) Negrillas y subrayado fuera de texto”

En este sentido es importante traer a colación el artículo 42 del Código General del Proceso, que establece como uno de los deberes del Juez:

“…ARTICULO 42. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del Juez: 1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y dilación del proceso y procurar la mayor economía procesal…” (Negrillas fuera de texto) Así las cosas, siendo el Juez el director del proceso judicial, es aquella autoridad de la cual se reclama su protección a través de la Acción de Tutela, la única obligada a responder por las pretensiones incoadas en el escrito de tutela y consecuencia de ello es esta y no otras las llamadas a ser vinculadas por la presunta vulneración. […]”.

[…]

“[…] En conclusión, como se puede evidenciar su Señoría, tal como lo afirma la propia parte accionante en el escrito de tutela, ni los argumentos de la acción ni las pretensiones de esta están encaminados en demostrar la vulneración de algún derecho fundamental por parte de la UGPP […]”.

11.1. Consideró que es el Tribunal Administrativo de Antioquia el que debe pronunciarse de fondo en relación con las pretensiones de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

derecho fundamental por parte de la UGPP […]”.

11.1. Consideró que es el Tribunal Administrativo de Antioquia el que debe pronunciarse de fondo en relación con las pretensiones de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 6, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de

6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''8

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6 de abril de 2021 7 y con el artículo 13 8 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20199, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

14. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

15. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa

por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

7 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 8 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”. 9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.9

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16. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T -1001 de 30 de noviembre de 200610, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en

los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción. La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto ."[11]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

17. La Sala advierte que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

17. La Sala advierte que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPPsolicitó su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva.

10 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería. 11 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.10

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18. Al respecto, es preciso indicar que dicha entidad fu