CE - Sentencia 11001031500020250152100 de 2025

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250152100 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA UNO ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

RADICADO: 11001-03-15-000-2025-01521-00 (2359)

DEMANDANTE: E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD

SUR OCCIDENTE

DEMANDADO: MARTHA YANETH FAJARDO GALLEGO

REFERENCIA: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Las causales de revisión son taxativas y restrictivas / CAUSAL QUINTA DE REVISIÓN –CPACAExistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación / NULIDAD DE LA SENTENCIA - FALTA DE CONGRUENCIA - La congruencia interna se refiere a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia, mientras que la congruencia externa se relaciona con la coherencia entre la parte resolutiva y la demanda, su contestación o el recurso interpuesto.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente contra la sentencia de 25 de abril de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-20172024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-201703765-00, en la cual se revocó el fallo de primera instancia que negó las súplicas de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte recurrente asegura que la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación vulneró su derecho fundamental al debido proceso, debido a la falta de congruencia entre lo solicitado en la demanda, y lo debatido y probado durante el proceso, por cuanto la demanda tenía por objeto la declaratoria de nulidad de un acto administrativo y, la sentencia de segunda instancia prescindió del estudio de las causales de nulidad consagradas en el artículo 137 de CPACA.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01521-00 (2359)

Demandante: E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud

Sur Occidente

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II. ANTECEDENTES

A. El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 1

1. El 4 de agosto de 2017, la señora Martha Yaneth Fajardo Gallego instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se dejara sin efectos el oficio de 21 de marzo de 2017, suscrito por la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, que negó la existencia de un contrato realidad y, en su lugar, se declarara el reconocimiento de una relación laboral por los servicios que prestó en forma personal y subordinada a esa

Jurídica de la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, que negó la existencia de un contrato realidad y, en su lugar, se declarara el reconocimiento de una relación laboral por los servicios que prestó en forma personal y subordinada a esa entidad, y se ordenara el consecuente reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas de recibir.

2. Como sustento de las pretensiones indicó que prestó sus servicios para la E.S.E.

Hospital Occidente de Kennedy III Nivel, de manera continua e ininterrumpida, desde el 11 de julio de 2010, hasta el 30 de julio de 2015, a través de «contratos de prestación de servicios» y el cumplimiento de «un horario de trabajo que se le asignaba por medio de su jefe inmediato». Añadió que «no tenía ninguna clase de autonomía, pues si necesitaba retirarse de sus labores durante el cumplimiento de las jornadas establecidas por el Hospital, tenía que pedirle permiso a su jefe inmediato» ; además, los contratos de prestación de servicios «a. Eran elaborados por la demandada en forma unilateral; b. A aquel no le era permitido hacer ninguna clase de sugerencia sobre su contenido». Agregó que, hasta su renuncia voluntaria, asumió la totalidad de aportes por concepto de prestaciones sociales, no le fue consignado el auxilio de cesantías y le realizaban descuentos a su salario.

3. Señaló que el 1º de marzo de 2017 presentó una petición ante la gerente de la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, en la que le solicitó reconocer la existencia de un contrato realidad, en virtud de la relación laboral que sostuvo con esa entidad. Además, pidió que se reconocieran, liquidaran y pagaran las

E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, en la que le solicitó reconocer la existencia de un contrato realidad, en virtud de la relación laboral que sostuvo con esa entidad. Además, pidió que se reconocieran, liquidaran y pagaran las prestaciones sociales, bonificaciones, indemnizaciones, sanciones y demás acreencias derivadas de la relación laboral.

1 Los antecedentes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se encuentran en formato digital, en el índice 22 de SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01521-00 (2359)

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4. La Oficina Jurídica de la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, en respuesta otorgada el 21 de marzo de 2017, argumentó que en el caso de la accionante resultaban aplicables las normas de la relación contractual en la modalidad de pr estación de servicios, la cual no le generaba vinculación laboral y como, consecuencia, no daba derecho al reconocimiento y pago de prestaciones sociales, acreencias laborales o indemnizaciones a su cargo.

5. El 17 de abril de 2017, la señora Martha Yaneth Fajardo Gallego presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Décima Judicial II Administrativa, en la que convocó a la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.

6. El 8 de mayo de 2017, ante la Procuraduría 153 Judicial II para asuntos administrativos, se llevó a cabo audiencia de conciliación prejudicial entre las partes, la cual fue declarada fallida, previa solicitud de aplazamiento formulada por la parte

6. El 8 de mayo de 2017, ante la Procuraduría 153 Judicial II para asuntos administrativos, se llevó a cabo audiencia de conciliación prejudicial entre las partes, la cual fue declarada fallida, previa solicitud de aplazamiento formulada por la parte convocada. La parte convocante manifestó su negativa a continuar con el trámite conciliatorio y solicitó de manera expresa que se diera por terminado el mismo.

7. El 10 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones de la demanda.

8. Como sustento de la decisión, señaló que las formas de vinculación con entidades públicas corresponden a: «(i) la de empleados públicos cuya relación es legal y reglamentaria; (ii) la de trabajadores oficiales, que es una relación contractual laboral y (iii) la de los contratistas de prestación de servicios que es una relación contractual estatal». Advirtió que esta última se encuentra regulada en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y es permitida cuando no se dispone del personal suficiente para realizar el servicio o se carece del conocimiento especializado requerido, sin que ello implique la existencia de una relación laboral.

9. Explicó que el contrato de prestación de servicios se desvirtúa cuando se constata la concurrencia de los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, siendo necesario que dichos elementos queden plenamente acreditados.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01521-00 (2359)

conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, siendo necesario que dichos elementos queden plenamente acreditados.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01521-00 (2359)

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10. Al abordar el caso concreto evidenció que:

Se encuentra probado que la demandante fue vinculada al Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE, ahora Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, entre los años 2010 a 2015, a través de contratos de prestación de servicios, cuyo objeto fue la prestación de servicios como BACTERIOLOGA en el área de laboratorio clínico, como dan cuenta los diferentes contratos que obra en el expediente.

En los diferentes contratos de prestación de servicios, ya relacionados, consta que la entidad le fijó a la señora Martha Yaneth Fajardo Gallego una retribución por sus servicios, que recibía en mensualidades previa certificación sobre el cumplimiento de las actividades por parte del supervisor.

Si bien es cierto la demandante estuvo vinculada con la entidad demandada a través de contratos de prestación de servicios por más de cinco años, es decir, que atendió el aspecto temporal y de la prueba testimonial y el interrogatorio de parte se hace alus ión al cumplimiento de horario y la presunta existencia de un jefe, circunstancias que parecieran indicar que existió la pretendida subordinación, también lo es que no se encuentra demostrada, porque es necesario, conforme a la jurisprudencia del Consejo d e Estado, que haya pruebas adicionales que demuestren ese elemento, y en este caso, los documentos allegados no ayudan

también lo es que no se encuentra demostrada, porque es necesario, conforme a la jurisprudencia del Consejo d e Estado, que haya pruebas adicionales que demuestren ese elemento, y en este caso, los documentos allegados no ayudan a soportar esa tesis, sumado a que no se acreditó que las actividades que realizaba la accionante fueran las mismas que ejecutara un empl eado de planta de la entidad.

De manera que la entidad accionada contrató a la demandante, en razón a que en la planta de personal de la entidad no existía el personal suficiente para prestar los servicios de salud, lo que significa que se trató de una relación contractual regulada específicamente por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, más no una relación laboral, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda. En consecuencia, se pasa a desarrollar esos temas.

Se encuentra probado que la demandante suscribió varios contratos de prestación de servicios, de forma continua e ininterrumpida con la entidad demandada, 19 de julio de 2010 al 31 de agosto de 2015, es decir, que desempeñó sus labores por más de cinco año s, circunstancia que evidencia que no se trató de un vínculo ocasional o temporal, característica propia del contrato de prestación de servicios, sino que por el contrario, el tiempo de vinculación prolongado, constituye un “indicio claro de que bajo la figura del Contrato de Prestación de Servicios se dio en realidad una relación de tipo laboral. (…)

Sin embargo, no es suficiente la prueba testimonial y el interrogatorio de parte, para probar la subordinación, en casos como el que se analiza. (…)

Por lo anterior, es necesario concluir, que no existen pruebas contundentes que

(…)

Sin embargo, no es suficiente la prueba testimonial y el interrogatorio de parte, para probar la subordinación, en casos como el que se analiza. (…)

Por lo anterior, es necesario concluir, que no existen pruebas contundentes que lleven al convencimiento de que en efecto realmente hubiera desarrollado una relación subordinada y dependiente, pues la prueba testimonial y la aseveración de la actora en ese sentido no resulta suficiente, y además, las pruebas documentales que reposan en el plenario no dan cuenta de ello, como se explicó con anterioridad.

No hay similitud de funciones con un empleado de planta.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01521-00 (2359)

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Entonces, si bien es cierto que las testigos indican que esas labores eran las mismas funciones que realizaba un personal de planta, también lo es que no obra en el plenario copia del manual de funciones para el cargo contemplado en la planta global del ente hospitalario, con el fin de corroborar la existencia del cargo de bacterióloga de planta, y con ello efectuar un análisis entre las funciones propias del cargo y las actividades desempeñadas por la señora Fajardo Gallego.

11. Concluyó que los medios probatorios aportados por la accionante resultaban insuficientes para demostrar la concurrencia de los tres elementos que configuran una relación laboral, correspondiendo a ella la carga de acreditarlos. Señaló que fue vinculada mediante contrato de prestación de servicios, por la insuficiencia de personal en la entidad demandada, debiendo cumplir con las coordinaciones, jornadas y condiciones necesarias para el desarrollo del objeto contractual, sin que ello implicara

vinculada mediante contrato de prestación de servicios, por la insuficiencia de personal en la entidad demandada, debiendo cumplir con las coordinaciones, jornadas y condiciones necesarias para el desarrollo del objeto contractual, sin que ello implicara subordinación laboral.

12. Contra esa decisión, la señora Martha Yaneth Fajardo Gallego interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en sentencia de 25 de abril de 2024, en el siguiente sentido:

Primero. Revocar la sentencia del 10 de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las pretensiones de la demanda incoada por Martha Yaneth Fajardo Gallego contra la ESE Subred Integrada de Servi cios de Salud Sur Occidente, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad del Oficio 229 (1498) del 21 de marzo de 2017, por medio del cual la jefe de la oficina jurídica de la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, le negó la existencia de una relación laboral y el reconocimiento de las prestaciones laborales y sociales que se derivaban de ella.

Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, declarar la existencia de una relación laboral entre Martha Yaneth Fajardo Gallego y la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente durante el periodo comprendido entre el 19 de julio de 2010 y el 31 de agosto de 2015, tiempo que se tendrá en cuenta para efectos pensionales.

Fajardo Gallego y la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente durante el periodo comprendido entre el 19 de julio de 2010 y el 31 de agosto de 2015, tiempo que se tendrá en cuenta para efectos pensionales.

Cuarto. Condenar a la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente a reconocer a Martha Yaneth Fajardo Gallego las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho, para lo cual tomará como referente los salarios de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las que ejecutó en el periodo reclamado y, en caso de no existir, se tendrá como base los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, por el tiempo en el cual se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, entre el 19 de julio de 2010 y el 31 de agosto de 2015, conforme con lo explicado en la parte motiva.

Como consecuencia la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de Martha Yaneth Fajardo Gallego que corresponde a los salarios de un empleado de planta que desarrollara sus funciones y, en caso de no existir, se tendrá como base los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, para el periodo comprendido entre el 19 julio de 2010 y el 31 de agosto de 2015. La entidad deberáRadicado: 11001-03-15-000-2025-01521-00 (2359)

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cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía como empleador.

Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al

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cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía como empleador.

Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleado.

Quinto. Ordenar a la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente reconocer a Martha Yaneth Fajardo Gallego las diferencias que resulten entre lo que recibió por concepto de honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones respecto del cargo que desempeñaba sus funciones.

Sexto. La ESE Hospital Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor (IP C) certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh x índice final índice inicial

Séptimo: Negar las demás pretensiones de la demanda.

Octavo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA.

Noveno. No condenar en costas en esta instancia.

13. Para arribar a esa decisión, el Consejo de Estado valoró los documentos aportados que acreditaban las condiciones contractuales de la vinculación de la demandante, así como el interrogatorio de parte y los testimonios rendidos en

13. Para arribar a esa decisión, el Consejo de Estado valoró los documentos aportados que acreditaban las condiciones contractuales de la vinculación de la demandante, así como el interrogatorio de parte y los testimonios rendidos en audiencia de pruebas por l as profesionales Adriana Patricia Cerón Bolívar, Marisol Cuellar Campos y Liliana Marcela Romero López, quienes laboraron junto a la demandante.

14. Sostuvo que las pruebas aportadas al proceso evidenciaban la existencia de un contrato de trabajo ejecutado entre el 19 de julio de 2010 y el 31 de agosto de 2015, en virtud del cual la señora Martha Yaneth Fajardo Gallego prestó sus servicios profesionales como bacterióloga del laboratorio de la ESE Hospital de Occidente Kennedy III Nivel, hoy ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, mediante contratos y órdenes de prestación de servicios, de manera directa con la entidad.

15. Agregó que el elemento de la remuneración estaba debidamente acreditado mediante las certificaciones aportadas al proceso, los testimonios rendidos y los contratos y órdenes de prestación de servicios suscritos por la señora Martha YanethRadicado: 11001-03-15-000-2025-01521-00 (2359)

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Fajardo Gallego, en los cuales se estipularon expresamente: (i) el valor total de los contratos, y (ii) la modalidad de pago en montos mensuales, constituyéndose estos como la contraprestación económica pactada por la prestación del servicio profesional.

16. Manifestó que la valoración probatoria integral permitía establecer que las

contratos, y (ii) la modalidad de pago en montos mensuales, constituyéndose estos como la contraprestación económica pactada por la prestación del servicio profesional.

16. Manifestó que la valoración probatoria integral permitía establecer que las funciones desempeñadas por la demandante no fueron ejercidas de manera autónoma, sino con sujeción a condiciones de tiempo, modo y lugar (horarios, instrucciones y órdenes) impuestas por la entidad demandada, generándose así una subordinación efectiva a la autoridad de esta última. En consecuencia, concluyó que la prestación de los servicios por parte de la demandante revestía la vocación de permanencia y continuidad, y configuraba la existencia de una relación laboral de carácter subordinado.

17. Señaló que no se configuró la prescripción, dado que la relación laboral concluyó el 31 de agosto de 2015 y la solicitud de reconocimiento fue presentada el 1º de marzo de 2017, sin que transcurriera un plazo superior a tres (3) años para ejercer la acción administrativa correspondiente. Asimismo, precisó que no se registraron interrupciones superiores a treinta (30) días hábiles entre las vinculaciones que pudieran generar solución de continuidad, conforme a lo dispuesto en la sentencia de unificación SUJ2005-16 del 25 de agosto de 2016.

18. De conformidad con los razonamientos precedentes, consideró que la señora Martha Yaneth Fajardo Gallego tenía derecho al reconocimiento y pago de los emolumentos prestacionales correspondientes a cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, primas y d emás prestaciones laborales de carácter legal que le habrían correspondido como empleada de planta de la entidad, por el desempeño de funciones

emolumentos prestacionales correspondientes a cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, primas y d emás prestaciones laborales de carácter legal que le habrían correspondido como empleada de planta de la entidad, por el desempeño de funciones equivalentes a las suyas, durante el período comprendido entre el 19 de julio de 2010 y el 31 de agosto de 2015. No accedió a las pretensiones relacionadas con la devolución de los aportes a salud, pensión, riesgos laborales ( ARL) y retenciones en la fuente, ni al reconocimiento de la sanción moratoria, la indemnización por el no pago de prestaciones y salarios, ni los recargos nocturnos, dominicales y festivos.

B. El recurso extraordinario de revisión

19. El 14 de marzo de 2025, la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, a través de apoderada judicial, instauró recurso extraordinario de revisiónRadicado: 11001-03-15-000-2025-01521-00 (2359)

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contra la sentencia de 25 de abril de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado 25000 -23-42-000-2017-03765-00. Formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Se tenga por presentado en tiempo y forma, el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto en contra de la sentencia con radicado N°25000-23-42-0002017-03765-01 (3678 -2022) del 25 de abril de 2024 proferida por la Sección

REVISIÓN interpuesto en contra de la sentencia con radicado N°25000-23-42-0002017-03765-01 (3678 -2022) del 25 de abril de 2024 proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, conforme los argumentos expuestos.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia con radicado N°25000 -2342-000-2017-03765-01 (3678-2022) del 25 de abril de 2024 proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado debido a la falta de congruencia entre lo solicitado en la demanda, lo debatido y lo probado durante el proceso, por cuanto, en ningún momento se invocó causal alguna de nulidad y mucho menos se analizó la procedencia de alguna de las contempladas en el norma.

20. Propuso la causal quinta de revisión, relacionada con la existencia de nulidad originada en la sentencia contra la que no procede recurso de apelación. En concreto, adujo que no existe congruencia entre la demanda y la sentencia de segunda instancia.

21. Explicó que la señora Martha Yaneth Fajardo Gallego, en calidad de apelante única, no invocó ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), a pesar de que ese requisito era exigido por el artículo 138 del mismo cuerpo normativo para solicitar la nulidad de un acto administrativo. A su juicio, no se le atribuyó al acto administrativo cuestionado vicio o ilegalidad alguna; en consecuencia, mantiene su validez. Asimismo, advirtió que el perjuicio alegado por la apelante no se fundamenta

administrativo cuestionado vicio o ilegalidad alguna; en consecuencia, mantiene su validez. Asimismo, advirtió que el perjuicio alegado por la apelante no se fundamenta en la presunta nulidad del acto administrativo, sino en la pretensión de obtener, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el reconocimiento de la existencia de una relación laboral.

22. Consideró que en la decisión contenida en la sentencia objeto de revisión «se dio una nulidad que afecta el debido proceso», debido a «la falta de congruencia entre lo solicitado en la demanda, lo debatido y lo probado durante el proceso, por cuanto, en ningún momento se invocó causal alguna de nulidad y mucho menos se analizó la procedencia de alguna de las contempladas en el norma».

23. Afirmó que se cumplen los requisitos para la configuración de la causal quinta de revisión, en la medida en que: «1) el vicio que configura la nulidad alegada acaeció al momento de proferir la sentencia objeto de revisión, ya que en primera instancia seRadicado: 11001-03-15-000-2025-01521-00 (2359)

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emitió sentencia favorable a la Entidad; y 2) la nulidad alegada se fundamenta en la falta de congruencia entre lo solicitado en la demanda, lo debatido y lo probado durante el proceso».

C. Trámite impartido e intervenciones

24. Mediante auto de 11 de abril de 2025 se inadmitió la demanda con el fin de que la parte demandante diera cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 7° y 8º del

C. Trámite impartido e intervenciones

24. Mediante auto de 11 de abril de 2025 se inadmitió la demanda con el fin de que la parte demandante diera cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 7° y 8º del artículo 162 del CPACA (índice 8 SAMAI).

25. Cumplido el requerimiento, en proveído de 3 de junio de 2025 se admitió el recurso extraordinario de revisión. Se ordenó notificar la decisión a la señora Martha Yaneth Fajardo Gallego y al Ministerio Público (índice 15 SAMAI). Las notificaciones se efectuaron en debida forma (índice 18, 19, 23 y 26 SAMAI).

26. Durante el término de traslado no se pronunció la señora Martha Yaneth Fajardo Gallego, pese a que fue notificada del auto admisorio.

27. En la demanda no se elevaron solicitudes probatorias; sin embargo, el Despacho, en el auto admisorio, solicitó requerir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que enviara copia digital del proceso ordinario, el cual es necesario para proferir decisión de fondo.

III. CONSIDERACIONES

D. Caducidad

28. De acuerdo con el primer inciso del artículo 251 del CPACA, el término para interponer el recurso extraordinario de revisión por la causal quinta de revisión es de un año, contado a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia cuestionada.

29. En el presente caso, la sentencia que es materia de revisión fue proferida el 25 de abril de 2024 y se notificó por medios electrónicos el 19 de junio de 2024, por tanto,

29. En el presente caso, la sentencia que es materia de revisión fue proferida el 25 de abril de 2024 y se notificó por medios electrónicos el 19 de junio de 2024, por tanto, quedó ejecutoriada el 26 de junio siguiente, según lo dispuesto en el artículo 302 de l CGP.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01521-00 (2359)

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30. El plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión, por la causal quinta de revisión vencía, así, el 27 de junio de 2025. Como la demanda se radicó el 14 de marzo de 2025, se concluye que fue oportuna.

E. Competencia

31. La Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia del 25 de abril de 2024, proferida por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, en atención a lo dispuesto en los artículos 1072 y 2493 del CPACA, en concordancia con la distribución de negocios al interior del Consejo de Estado establecida en el artículo 29 4 del Acuerdo No. 80 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

F. Recurso extraordinario de revisión –marco normativo y jurisprudencial

32. El recurso extraordinario de revisión, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada. Las causales de revisión se encuentran enlistadas en el artículo 250 del CPACA y en el artículo 20 de la Ley 797

administrativo, constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada. Las causales de revisión se encuentran enlistadas en el artículo 250 del CPACA y en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

33. Este medio de impugnación pretende la infirmación de la providencia por resultar contraria a la justicia y al derecho, con miras a que se produzca una nueva decisión, ajustada a la ley.

34. El recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o sobre la valoración

2 Artículo 107. Integración y composición . «El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. Estará integrado por treinta y un (31) Magistrados. (…) Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdi da de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso. 3 Artículo 249. Competencia . «De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subseccione

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