CE - Sentencia 11001031500020250162601 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-01626-01

Demandante: Orlando Méndez Trujillo Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro

Temas: Tutela contra providencia judic ial / Caducidad en el medio de control de reparación directa / Defecto sustantivo, violación directa de la Constitución Política y desconocimiento del precedente judicial Decisión: Revocar la decisión del a quo, y negar el amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Orlando Méndez Trujillo, en contra de la sentencia proferida el 8 de mayo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Orlando Méndez Trujillo promovió solicitud de tutel a con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia , los cuales consider ó vulnerados con ocasión de la providencia proferida el 26 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del

ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia , los cuales consider ó vulnerados con ocasión de la providencia proferida el 26 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima, en el medio de control de reparación directa identificado con el radicad o 73001-33-33-001-2024-00118-00/01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda en contra de la Nación, Rama Judicial y otros, con la finalidad de que se les declarara responsables por los perjuicios ocasionados por las condiciones de hacinamiento en que se encontraba mientr as estuvo detenido en las instalaciones de la Permanente Central de Ibagué, del 17 de noviembre de 2021 al 13 de diciembre de 2022.

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2».2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01626-01

Demandante: Orlando Méndez Trujillo 2.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, en providencia del 17 de julio de 2024 rechazó el medio de control al considerar que había operado el fenómeno jurídico de la caducidad, ya que el demandante tuvo conocimiento de la situación de hacinamiento desde el momento en que ingresó a la permanente central ( 17 de noviembre de 2021), por lo que cont aba hasta el 18 de noviembre de 2023 para interponerlo, lo cual no ocurrió. En contra de esta decisión

conocimiento de la situación de hacinamiento desde el momento en que ingresó a la permanente central ( 17 de noviembre de 2021), por lo que cont aba hasta el 18 de noviembre de 2023 para interponerlo, lo cual no ocurrió. En contra de esta decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación.

2.3. El Tribunal Administrativo del Tolima, en providencia del 26 de septiembre de 2024 confirmó la decisión del a quo con similares argumentos.

2.1. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado 2 bajo el cual, el conteo del término para determinar la caducidad del medio de control de reparación directa comienza a partir del momento en que la víctima se percata de ello, y de los Tribuna les Administrativos del Quindío 3, Tolima 4 y Antioquia 5 en los cuales se revocó el auto que rechazó la demanda en casos de hacinamiento similares.

2.2. El término de caducidad debió contabilizarse desde el día siguiente a la cesación del daño continuado, es decir, el 14 de diciembre de 2022, fecha desde la cual transcurrió solo 1 año, 2 meses y 21 días hasta la radicación de la solicitud de conciliación extr ajudicial, lo cual suspendió el término correspondiente, reanudándose el 10 de mayo de 2024, una vez expedida la constancia de conciliación fallida, por lo que dicho fenómeno jurídico operaría el 20 de febrero de 2025

2.3. En violación directa de la Constitución Política porque se desconocieron los principios y derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y

fallida, por lo que dicho fenómeno jurídico operaría el 20 de febrero de 2025

2.3. En violación directa de la Constitución Política porque se desconocieron los principios y derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y aquellos de las personas privadas de la libertad.

2.4. En defecto sustantivo por cuanto se omitió aplicar las reglas fijadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en relación con la caducidad de la acción de

2 Al respecto citó las sentencias: i) 6 de 2022 de la Sección Tercera, Subsección C, rad. 05001-23-31000-2002-04829-01 (47148), demandante: William Alberto Molina Sánchez y otros, demandado: INPEC, C.P. Guillermo Sánchez Luque; ii) 25000-23-41-000-2014-01569-01(AG) de junio 26 de 2015, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección B, C.P.: Stella Conto Díaz del Castillo; iii) 25000 -23-26-000-1997-05265-01 (22867) de enero 30 de 2013, C.P.: Danilo Rojas Betancourth; iv) 70001 -23-33-0002014-00186-01(AG) de octubre 3 de 2019, C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico; v) 76001233300020140083901 (54799) de junio 8 de 2017, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; vi) 11001 -03-15-000-2015-02405-01(AC) proferida en junio 8 de 2016. M.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.

del Castillo; vi) 11001 -03-15-000-2015-02405-01(AC) proferida en junio 8 de 2016. M.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. 3 Al respecto citó la providencia del 8 de noviembre de 2024 de la Sala Quinta de Decisión, rad: 630013333-005-2024-00227-01, demandante: Robinson González Aguirre y otros, demandado: municipio de Armenia y otros, MP: Luis Javier Rosero Villota. 4 Al respecto citó la providencia del 5 de septiembre de 2024, demandante: Daniel Hernán Orozco Torres, demandado: Municipio de Ibagué y otros, radicado: 73001 - 33-33-001-2024-00124-01, MP: Luis Eduardo Collazos Olaya. 5 Al respecto citó la sentenci a del 29 de enero de 2.024, rad: 05001 33 33 029 2019 00033 01, demandante: Edwin Johnson Rodas Mosquera y otro, demandado: Nación, Ministerio del Derecho y Justicia y otros, MP: Liliana Navarro Giraldo.3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01626-01

Demandante: Orlando Méndez Trujillo reparación directa en casos de daños continuados, referente a que el término de caducidad debe contarse desde el día siguiente a su cesación, y no desde la fecha en que comenzó el hecho generador.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el Juzgado 1 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 17 de julio de 2.024, y del auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 26 de septiembre de 2.024, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de ORLANDO MÉNDEZ TRUJ ILLO, radicado No. 73001-33-33-001-2024-0011800, así como también las actuaciones posteriores a la sentencia, tales como: auto de obedézcase y cúmplase del 18 de octubre de 2.024, y subsiguientes, proferidos por el Juzgado 1 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.

2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué6 luego de reiterar las actuaciones surtidas en el proceso contencioso, precisó que no vulneró los derechos fundamentales invocados por el demandante, comoquiera que el rechazo de la demanda se basó en el material probatorio allegado y en la normativa aplicable sobre la caducidad del medio de control de reparación d irecta. Por el contrario, evidenció que la verdadera intención fue convertir el amparo en una instancia adicional respecto a la decisión adoptada por el juez natural.

aplicable sobre la caducidad del medio de control de reparación d irecta. Por el contrario, evidenció que la verdadera intención fue convertir el amparo en una instancia adicional respecto a la decisión adoptada por el juez natural.

5. El Tribunal Administrativo del Tolima 7 luego de hacer un recuento de las actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al interior del expediente contencioso, solicitó que se negara la petición de amparo, pues, dio cumplimiento a todas las actuaciones que el expediente requirió, con respeto a las garantías formales y materiales contempladas en el artículo 29 de la Constitución Política.

1.3 Sentencia de primera instancia8

6. El Consejo de Estado, Sección Cuarta , en sentencia del 8 de mayo de 2025 declaró improcedente la solicitud de tutela al considerar que el asunto no cumplía con el requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional, pues, la parte demandante continuó con el debate jurídico planteado en el medio de control en

6 Ver índice 8 de Samai. Archivo denominado «8_MemorialWeb_Respuesta-Informedetutelapd(.pdf) NroActua 8». 7 Ver índice 9 de Samai. Archivo denominado «12RECIBEMEMORIAL_INFORMETUTELA2024001(.pdf) NroActua 9». 8 Ver índice 12 de SAMAI en el expediente 70001233300020230015201, en actuación denominada «13Sentencia_620250162600ORLANDOM(.pdf) NroActua 12».4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01626-01

Demandante: Orlando Méndez Trujillo cuestión para su admisión, y reiteró su inconformidad respecto al conteo del término

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01626-01

Demandante: Orlando Méndez Trujillo cuestión para su admisión, y reiteró su inconformidad respecto al conteo del término de caducidad al insistir que se trataba de un daño continuado.

6.1. Los pronunciamientos referidos como desconocidos no eran aplicables al tratarse de hechos distintos. Además, el desconocimiento de la jurisprudencia horizontal no obligaba al juez a seguir decisiones que carecían de carácter vinculante, a diferencia de la jurisprudencia vertical, en el que sí existía la obligación de acatar las sentencias de unificación del máximo órgano de lo contencioso-administrativo.

1.4. Escrito de impugnación9

7. El demandante impugnó la decisión del a quo, para lo cual insistió en los argumentos expuestos en la solicitud de tutela.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden : i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de la tu tela contra providencia judicial; v) determinación del problema jurídico; y vi) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1382 de 2000 10 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 11, esta Sala es competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

2.2. Cuestión previa

competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

2.2. Cuestión previa

10. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de las decisiones proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, se observa que los argumentos que sustentan sus pretensiones son similares respecto a una y otra.

11. Por lo anterior y en atención a que la providencia del 17 de julio de 2024 , proferida en primera instancia fue apelada y el Tribunal Administrativo de Tolima desató el recurso a través de la providencia del 26 de septiembre de 2024, el reclamo constitucional formulado será estudiado solo respecto a esta última, en tanto fue la que puso fin al proceso.

9 Ver índice 17 de Samai en el expediente 70001233300020230015201, en actuación denominada «17RECIBEMEMORIAL_ANEXO20250162600pdf(.pdf) NroActua 17». 10 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. 11 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01626-01

Demandante: Orlando Méndez Trujillo 2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

12. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estado12 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas

del Consejo de Estado12 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 13. Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Con tencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

13. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

14. Sobre el particular, el Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contenciosoadministrativo14, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucion al en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como

14. Sobre el particular, el Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contenciosoadministrativo14, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucion al en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

15. Ahora bien, la Corte Constitucional 15 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González. 13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 14 Consejo de Estado . Sala Plena de lo Contencioso -administrativo. Sentencia de l 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos

14 Consejo de Estado . Sala Plena de lo Contencioso -administrativo. Sentencia de l 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 15 Entre otras en las sentencias T -949 del 16 de octubre de 2003; T -774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01626-01

Demandante: Orlando Méndez Trujillo con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

16. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos16, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales17.

17. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

18. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir : ¿si el

reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

18. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir : ¿si el Tribunal Administrativo del Tolima, vulneró los derechos fundamentales de Orlando Méndez Trujillo con ocasión de la providencia del 26 de septiembre de 2024 , mediante la cual confirmó la decisión de rechazar el medio de control de reparación directa por haber operado el fenómeno de la caducidad , con la que incurrió, presuntamente, en defecto sustantivo , desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución Política? 2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

19. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo señalado por el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados puede llevar consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.

20.  Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Defecto sustantivo

21. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda del mar co constitucional y legal, al apoyarse en una norma

21. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda del mar co constitucional y legal, al apoyarse en una norma

16 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 17 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01626-01

Demandante: Orlando Méndez Trujillo evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

22. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición

de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica de la norma ; y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

23. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales de los sujetos procesales.

2.5.3. Desconocimiento del precedente judicial

24. En e ste punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un imperativo de rivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas. Adicionalmente, e l principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

25. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión

adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

25. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.

El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso de decisión trazado en l a ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01626-01

Demandante: Orlando Méndez Trujillo

26. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la modificación de las bases axiológica s del sistema jurídico o de una drástica transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse de l precedente si, pese a la existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.

Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos, no existe un precedente claro que lo vincule.

27. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,

decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos, no existe un precedente claro que lo vincule.

27. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta mayores be neficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivara de la desobediencia al precedente.

2.5.4. Violación directa de la Constitución Política

28. Se recuerda que fue reconocida, en un principio, como un defecto sustantivo, el cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.

29. Posteriormente el Alto Tribunal de lo Constitucional, en sentencia SU -069 de 2018, señaló que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los jueces de aplicar la Constitución, conforme con el mandato contenido en el artículo 4º de la Carta que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados», el cual

puede configurarse por dos hipótesis:

30. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso (a) se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

31. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos reconocidos en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 constitucional cuando exista incompatibilidad con las disposiciones legales

2.5.5. Sobre el caso concreto

32. Orlando Méndez Trujillo acude al juez de tutela con el fin de que se ampar en sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la providencia proferida el 26 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Tolima ,9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01626-01

Demandante: Orlando Méndez Trujillo mediante la cual confirmó la decisión de rechazar el medio de control de reparación directa que interpuso, al encontrar configurado el fenómeno jurídico de la caducidad.

33. Lo anterior, al considerar que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado 18 y defecto sustantivo, en razón a que el conteo del término para determinar la caducidad del medio de control de reparación directa comienza a partir del momento en que la víctima se percata de la cesación del daño continuado, y de los Tribunal Administrativos del Quindío 19, Tolima20 y Antioquia21 mediante los cuales se revocó el auto que rechazó la demandada en casos de hacinamiento similares.

34. En violación directa de la Constitución Política porque desconoci eron los

mediante los cuales se revocó el auto que rechazó la demandada en casos de hacinamiento similares.

34. En violación directa de la Constitución Política porque desconoci eron los principios y derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, el precedente jurisprudencial y la protección de las garantías de las personas privadas de la libertad.

35. En este punto, se recuerda que el literal i) numeral 2 del artículo 164 del CPACA, en cuanto a la caducidad del medio de control de reparación directa,

dispuso:

Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

[…]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

[…]

1. Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. […]

18 Al respecto citó las sentencias: i) 6 de 2022 de la Sección Tercera, Subsección C, rad. 05001 -2331-000-2002-04829-01 (47148), demandante: William Alberto Molina Sánchez y otros, demandado: INPEC, C.P. Guillermo Sánchez Luque; ii) 25000-23-41-000-2014-01569-01(AG) de junio 26 de 2015,

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección B, C.P.: Stella Conto Díaz del Castillo; iii) 25000 -23-26-000-1997-05265-01 (22867) de enero 30 de 2013, C.P.: Danilo Rojas Betancourth; iv) 70001 -23-33-0002014-00186-01(AG) de octubre 3 de 2019, C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico; v) 76001233300020140083901 (54799) de junio 8 de 2017, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; vi) 11001 -03-15-000-2015-02405-01(AC) proferida en junio 8 de 2016. M.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. 19 Al respecto citó la providencia del 8 de noviembre de 2024 de la Sala Quinta de Decisión, rad: 63001-3333-005-2024-00227-01, demandante: Robinson González A