CE - Sentencia 11001031500020250170900 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01709-00

Accionante: Yidis del Carmen HernÆndez Mez a y otro

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., veintitrØs (23) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01709-00

Accionante: Yidis del Carmen HernÆndez Meza y Edinson Fortich

Barraza

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

Segunda, Subsección A Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 2: Relevancia constitucional. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela formulada p or Yidis del Carmen HernÆndez Meza y Edinson Fortich Barraza en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Yidis del Carmen HernÆndez Meza y Edinson Fortich Barraza, a travØs de apoderado judicial 1, presentaron escrito en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana, a la buena fe y al principio “pro homine” 2 que

apoderado judicial 1, presentaron escrito en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana, a la buena fe y al principio “pro homine” 2 que consideraron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, con ocasión de los autos proferidos el 2 de diciembre de 2024 y el 11 de marzo de 2025, que negaron la apertura del incidente de d esacato excepcional por incumplimiento de la sentencia T-1024 de 2012 de la Corte Constitucional, identificado con el radicado nœm. 25000-23-15-000-2009-0 171100/01

2. Hechos

2.1. El 23 de noviembre de 2009 la Subsección A de la Sección Segund a del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió fallo de primera instancia en la

1 ˝ndice 002 del aplicativo SAMAI, certificado 4EE1722DCF8A37FD F77E1DBCDE582E8C EDB91E2855EA551F 84289D8902F68055. 2 ˝ndice 002 del aplicativo SAMAI, certificado 5DBB90877E3A6DE9 5594C0782B2DB8DD 44FB02A58F09C6F5

8CC5A0193DF924A6.0000

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acción de tutela con radicado 25000-23-15-000-2009-01711-00, en la cual ordenó

Accionante: Yidis del Carmen HernÆndez Meza y otro

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acción de tutela con radicado 25000-23-15-000-2009-01711-00, en la cual ordenó a la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes, bajo la dirección de la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos que en el tØrmino de 15 días hiciera entrega fo rmal, material y definitiva de unos bienes inmuebles.

2.2. Contra la anterior decisión no se presentó impugnación, por lo ta nto, el asunto se remitió a la Corte Constitucional y fue seleccionado para su eventual revisión. Por consiguiente, profirió la sentencia T-1024 de 2012, en la que se orde nó lo siguiente:

“Primero. LEVANTAR la suspensión de tØrminos en el proceso de la referencia.

Segundo. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”. En esa medida, CONCEDER PARCIALMENTE la protección de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, en los tØrminos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. ORDENAR a la Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE-, que si aœn no lo ha hecho, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia, devuelva a la sociedad Bray Escobar S en C los siguientes inmuebles: “En Cartagena Bolívar: el apar tamento 1-B, ubicado en el edificio

aœn no lo ha hecho, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia, devuelva a la sociedad Bray Escobar S en C los siguientes inmuebles: “En Cartagena Bolívar: el apar tamento 1-B, ubicado en el edificio Perna, de la Carrera 7 Calle 6 Barrio Castillo Grande, matricula inmobiliaria No. 606-30921; el No. 2-B del mismo edificio y con matrícula No. 060-30923. En el municipio de Arjona (Bolívar), predio rural denominado Villa Patricia, Ærea 11 7 hectÆreas, siete punto cinco metros2 (7.5m2), matrícula inmobiliaria No. 060124621”, correspondiendo a la mencionada Dirección el pago de los impuestos distritales y municipales de Cartagena y Arjona, junto con la cancelación en el registro de la Oficina de Instrumentos Pœblicos de Cartagena de los gravÆmenes que pesan sobre ellos. Lo anterior, so pena de incurrir en las sanciones correspondientes (art. 27, Decreto ley 2591 de 1991).

Cuarto. ORDENAR a la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos y a la Dirección Nacional de Estupefacientes -DNEque, en el tØrmino de quince (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia, procedan a devolver al seæor Fernando Martínez Bohórquez, individual y exclusivamente, los cinco (5) lotes de terreno ubicados en el corregimiento de Tierra Bomba, Isla de Tierra Bomba, conforme las escrituras pœblicas 747 del 14 de abril de 2000, 998, 999 y 1000

de terreno ubicados en el corregimiento de Tierra Bomba, Isla de Tierra Bomba, conforme las escrituras pœblicas 747 del 14 de abril de 2000, 998, 999 y 1000 de 20 de abril de 1999 y la 672 del 16 de marzo de 1999, que contienen las coordenadas de los bienes; lo cual habrÆ de ejecutarse con la participación de los tØcnicos topógrafos que se designen para tal fin.

Quinto. ORDENAR a la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos y a la Dirección Nacional de Estupefacientes -DNEque, en el tØrmino de quince (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia, procedan a restituir los derechos de posesión en la Isla de Tierra Bomba, de aquellas personas que fueron desalojadas con ocasión del fallo del juez de instancia en tutela, al haberse materializado la devolución de las acciones en Inversiones Bocachica S.A. y cuotas o partes de interØs en las empresas unipersonales Inversiones Isla Carey e Inversiones Portal del Sol, en lotes o globos de terreno, en orden a lo consignado en las actas del 14 al 18 de diciembre de 2009.0000

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Sexto. ORDENAR a la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos que publique,

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Sexto. ORDENAR a la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos que publique, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del expediente de tutela, un aviso en diarios de amplia circulación nacional y local (Cartagena), como en una emisora local (Cartagena), por una sola vez, la decisión aquí adoptada a efecto de que los terceros interesados puedan hacerse partícipes en las respectivas diligencias de devolución de los cinco (5) lotes de terrenos y, con ello, la restitución de los demÆs bienes.

SØptimo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Decreto ley 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, corresponde al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, asegurar el cumplimiento de esta decisión.

Octavo. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales, adelante un proceso de acompaæamiento destinado a verificar el adecuado cumplimiento de esta decisión. Así mismo se dispondrÆ remitir copi a de esta decisión al Fiscal General de la Nación para los efectos a que hubiere lugar.

Noveno. DEVOLVER el expediente 672 ED (acumulado) a la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos. Proceda la Secretaría General de la Corte Constitucional de conformidad con lo dispuesto. (…)”3.

Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos. Proceda la Secretaría General de la Corte Constitucional de conformidad con lo dispuesto. (…)”3.

2.3. El 28 de octubre de 2024, los seæores Yidis del Carmen HernÆndez Mesa y Edinson Fortich Barraza, por intermedio de apoderado, radicaron solicitud de apertura de desacato excepcional ante la Corte Constitucional, la cual fue re mitida a la Subsección A de la Sección Segundo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca segœn auto de 31 de octubre de 2024, por ser del resorte de l juez constitucional de primera instancia.

2.4. El magistrado ponente de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 2 de diciembre de 2 024 negó la apertura del incidente de desacato en la medida en que no se advierte alguna circunstancia excepcional.

2.5. Luego, el 13 de diciembre de 2024 los aquí accionantes radicaron ante la Corte Constitucional una nueva solicitud de apertura de incidente de desacato excepcional, la cual fue remitida, de nuevo a la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 30 de enero de 2025 y recibida, por dicha autoridad judicial el 4 de febrero de 2025.

2.6. Posteriormente, el 19 de febrero de 2025, los accionantes, remitieron co rreo ante el tribunal denominado -solicitud de apertura de incidente de desacato a la

2.6. Posteriormente, el 19 de febrero de 2025, los accionantes, remitieron co rreo ante el tribunal denominado -solicitud de apertura de incidente de desacato a la sentencia T-1024 de 2012 -. En la misma petición presentó recusación contra el magistrado que venía tramitando la acción.

3 Corte Constitucional, sentencia T-1024 de 2012.0000

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2.7. El magistrado ponente de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 11 de marzo de 2025 ordenó estarse a lo resuelto en el auto del 2 de diciembre de 2024 y declaró improcedente la recusación presentada.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamen tales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la dignidad hum ana y al principio pro homine.

Revisado el escrito de la tutela, se advierte que a pesar de que los accionantes no elevaron una pretensión concreta, en síntesis, se colige que acuden al m ecanismo constitucional para que se dØ apertura a un incidente de desacato frente a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en sentencia T-1024 de 2012.

La parte actora indicó que, debido a episodios y hechos generados por autoridades, empresas, y particulares, “hoy por hoy se ha descontextualizado y desdibujado la

La parte actora indicó que, debido a episodios y hechos generados por autoridades, empresas, y particulares, “hoy por hoy se ha descontextualizado y desdibujado la sentencia 1024 del aæo 2012, revisión. No de expediente 2.517.467, desconociØndose el fallo y despojando a mis poderdantes de sus de rechos y posesiones legitimas reconocidas en el fallo en mención” 4.

Relacionó una lista de trece procesos de diferentes acciones que se estaban tramitando con ocasión a los acontecimientos derivados del cumplimient o de la sentencia de tutela.

Sostuvo que el Tribunal se sustrajo de estudiar todas las circunstancias “acaecidas que alteran diametralmente el fallo del 2012, sentencia 1024 del aæo 2 012, revisión. No de expediente 2.517.467, y sin hacer el mÆs mínimo, esfuerzo se abstien e en tramitar la solicitud de Incidente de desacato excepcional, convalidando l a vulneración de derechos fundamentales como el DERECHO PRO HONMINE,

DIGNIDAD, DEBIDO PROCESO, BUENA FE, SEGURIDAD JURIDICA, ACCESO

A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, NUCLEO ESENCIAL, Y OTROS”5.

4. TrÆmite de tutela e intervenciones

El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 27 de marzo de 20256, admitió la acción de tutela, vinculó como terceros con interØs a Fernando Martínez Bohórquez, a la Dirección Nacional de Estupefacientes, a la Sociedad de Activo s

la acción de tutela, vinculó como terceros con interØs a Fernando Martínez Bohórquez, a la Dirección Nacional de Estupefacientes, a la Sociedad de Activo s Especiales S.A.S.- SAE S.A.S., a `lvaro León VØlez Rosales, a Dusan `lbin V Ølez Trujillo, a Edwin Erasmo Cabrera Naranjo, a Jan Carlos PÆjaro Miranda, a Je an DomØnico Cadena, a la sociedad Natturale y Cía. S.C.A. en Liquidación y a quienes

4 ˝ndice 002 del aplicativo SAMAI, certificado 5DBB90877E3A6DE9 5594C0782B2DB8DD 44FB02A58F09C6F5 8CC5A0193DF924A6. 5 Ibid. 6 ˝ndice 00005 aplicativo SAMAI, certificado B574B61B1E238C8C 78B1C72D33099E29 F8CAE40FE97D664E

5D2DF371F980B283.0000

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hayan participado en el trÆmite de tutela identificado con el radicado nœm. 2 500023-15-000-2009-01711-00/01; ademÆs, ordenó la notificación a las p artes y suspendió los tØrminos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibió el siguiente informe:

4.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó declarar la improcedencia de la acción porque no se

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibió el siguiente informe:

4.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó declarar la improcedencia de la acción porque no se cumplen los requisitos establecidos por la ley. Sostuvo que, los ahora accionantes acuden al mecanismo constitucional para que se dØ apertura a un incidente de desacato frente a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en sente ncia T1024 de 2012.

Frente a lo anterior, sostuvo que, el entonces titular del despacho, en aud iencia celebrada el 30 de junio de 2023, declaró que las entidades accionadas dieron cumplimiento a las órdenes constitucionales. En consecuencia, afirmó que la acción de tutela resultaba improcedente, toda vez que, con la misma se busca rea brir el debate en torno al cumplimiento de la orden de tutela, la cual se d eclaró cumplida mediante providencia que cobró firmeza.

Adicionalmente, manifestó que la misma Corte Constitucional en la sentencia T1024 de 2012, dispuso que, en el evento en que persistieran los conflictos entre los accionantes y los terceros (calidad que alegan los seæores Yidis del Carmen HernÆndez Meza y Edinson Fortich Barraza), sobre la división y titularidad de los derechos de posesión sobre lotes o globos de terreno, deberÆ acudirse a la jurisdicción ordinaria para que, a travØs de los medios correspondientes, se resuelvan tales discrepancias “con independencia del momento en que los terceros hubieran adquirido los derechos de posesión en la Isla de Tierra Bomba” 7.

jurisdicción ordinaria para que, a travØs de los medios correspondientes, se resuelvan tales discrepancias “con independencia del momento en que los terceros hubieran adquirido los derechos de posesión en la Isla de Tierra Bomba” 7.

Así las cosas, expuso que la acción de tutela se tornaba improcedente no solo po r la existencia de otros mecanismos ordinarios de protección (los cuales indica ya se vienen agotando), sino tambiØn, respecto del requisito de inmediatez, toda ve z que, como se indica en el escrito de tutela, la presunta afectación deviene de actuaciones proferidas en cumplimiento del fallo del aæo 2012. Solicitó que a l a hora de proferir decisión de fondo se tengan en cuenta todas y cada una de las pruebas y actuaciones consignadas dentro del expediente radicado nœmero 25000-23-15-0002009-01711-00.

4.2. La Sociedad Activos Especiales S.A.S. allegó su respectivo informe y solicitó se denieguen las pretensiones de la demanda y se le desvincule del trÆmite constitucional en la medida en que no ha vulnerado derecho fundamental alguno.

Puso de presente que las órdenes de la Corte Constitucional contemplada s en los numerales cuarto y quinto de la Sentencia T-1024 de 2012 se cumplieron en

7 ˝ndice 00011 aplicativo SAMAI, certificado 8C91F7F4E7CA4188 8A002CF269DE6121 27371BB8210E8CDB

28BC27D2F97FD4DC.0000

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diferentes oportunidades. Las relativas a lo relacionado con los accionantes en esta tutela respecto del numeral quinto, en el mes de diciembre del aæo 2 014, por lo tanto, las Æreas de los accionantes les fueron restituidas tal como lo ordenó la Corte Constitucional y, en esta oportunidad, al dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 167 de 2023, esas mismas Æreas quedarÆn intactas en posesión de esas personas restituidas en el aæo 2014, con respeto de las entregas efectuadas.

Advirtió que la tutela “NO CUMPLE UNO SOLO DE LOS REQUISITOS DE

PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS

JUDICIALES, CONTRA OTRA SENTENCIA DE TUTELA, CONTRA ACTOS

ADMINISTRATIVOS, NO AGOTA EL PRINCIPIO DE SUBSIDIAREIDAD, NO DEMOSTRÓ UN PERJUICIO IRREMEDIABLE, NO LE ASISTE LEGITIMACIÓN POR ACTIVA A LOS ACCIONANTES, por lo que respetuosamente solicitamos negar el amparo constitucional invocado por la accionante en la tutela de la referencia” 8.

4.3. El seæor Fernando Martínez Bohórquez se opuso a la prosperidad de las pretensiones y solicitó que se declare la improcedencia de la acción por carecer de fundamentos fÆcticos y jurídicos.

referencia” 8.

4.3. El seæor Fernando Martínez Bohórquez se opuso a la prosperidad de las pretensiones y solicitó que se declare la improcedencia de la acción por carecer de fundamentos fÆcticos y jurídicos.

Indicó que el texto de la tutela lleva a concluir que no existe una situación excepcional para tramitar un nuevo incidente de desacato. La parte actora menciona sus derechos fundamentales “vulnerados y socavados por autoridades públicas, empresas privadas y terceros particulares” 9 sin decir cuÆl fue la vulneración, ni identificar a las empresas privada y los particulares, contra los que es procedente esta tutela en los tØrminos planteados. Es solo un decir del accionante, por lo que incurre en un abuso del derecho, toda vez que pone en funcionamie nto todo el aparato jurisdiccional, para estudiar una tutela carente de fundamentos fÆcticos y jurídicos.

4.4. La Fiscalía Treinta y Uno Delegada ante los jueces penales del circuito especializado de BogotÆ afirmó que la solicitud de amparo era improcedente, en la medida en que ya se dio cumplimiento a la sentencia T-1024 del 28 de noviembre de 2012 y se procedió a la entrega de los bienes a quienes ostentaban la calidad de propietarios de los inmuebles afectados dentro de la acción extintiva. Afirmó que, si los accionantes consideraban que tenían algœn derecho, contaban con otro s mecanismos diferentes a esta acción constitucional.

4.5. La Agencia de Desarrollo Rural solicitó declarar la improcedencia de la acción comoquiera que no se vulneraron los derechos fundamentales incoados. Por otra

mecanismos diferentes a esta acción constitucional.

4.5. La Agencia de Desarrollo Rural solicitó declarar la improcedencia de la acción comoquiera que no se vulneraron los derechos fundamentales incoados. Por otra parte, deprecó su desvinculación por no ser la entidad llamada a dar cumpli miento a la pretensión de amparo.

8 ˝ndice 00012 aplicativo SAMAI, certificado B7EBE4DA7E152ED0 369C5549679C2CFB 692581EA5C21238E D42236DBFA4AE2CB. 9 ˝ndice 00017 aplicativo SAMAI, certificado 3E082AE42C797497 0731A5FBD7B00E73 61F20262E76106E7

314575DC3211A81C.0000

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4.6. La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias allegó la contestación a la solicitud de amparo. Manifestó que, como quiera que el reproche constitucional de l accionante va dirigido contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, carece de legitimación en la causa por pasiva.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de confor midad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque

con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Yidis del Carmen HernÆndez Meza y Edinson Fortich Barraza son los titu lares de las garantías constitucionales que afirman fueron vulneradas en su condición de solicitantes dentro del incidente de desacato adelantado dentro del proceso de tutela con radicado nœm. 25000-23-15-000-2009-01711-00/01.

2.2. TambiØn estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A fue la autoridad que profirió las decisiones que, segœn los tutelantes, vulneraron sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En caso afirmativo, se procederÆ a realizar el estudio de fondo fre nte a los argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preli minar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento d e fondo sobre la problemÆtica jurídica que el extremo actor plantea, en función de los

un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento d e fondo sobre la problemÆtica jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratÆndose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a travØs de la sentencia C-590 de 2005 10 indicó que estas

10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo.0000

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proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carÆcter general, que habilitan la interposición de la tutela 11 y otros de carÆcter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto12. Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento jud icial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración d e justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”13.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuy o objeto

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuy o objeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”14.

11 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en c ontra de providencia judicial estÆ sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor ha ya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la pe tición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión

extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la pe tición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundam entales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, d e ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 12 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cu estionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrÆ se r razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgÆnico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fÆctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prue ba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el e vento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaæo por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta dere chos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciale s de dar cuenta de los fundamentos fÆcticos y jurídicos de

mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta dere chos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciale s de dar cuenta de los fundamentos fÆcticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley l imitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4” de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 13 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. 14 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.0000

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En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un de recho fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

AdemÆs, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho mÆs estricto, lo que impli ca verificar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el anÆlisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad imp lica la necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas ; iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derecho s fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. De manera