CE - Sentencia 11001031500020250175201 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-01752-011

Demandante : Reina María Gallego de Ríos y otros2

Demandado Vinculados : : Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Tribunal Administrativo de Caldas y otros3

Acción : Tutela (impugnación)

Derechos Tema : : Acceso a la administración de justicia y debido proceso Tutela contra providencia judicial , fuerza mayor como eximente de responsabilidad, desastres naturales Decisión : Sentencia de segunda instancia – confirma en el sentido de negar

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por los accionantes contra el fallo del 26 de junio de 2025 proferido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta4, que declaró improcedente el trámite constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por los actores frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

Reina María Gallego de Ríos, Beatriz Elena Ríos Gallego, Eliana Ylinoly Salazar Ríos, Claudia Milena Montoya, Juanita Ríos Montoya, Jennifer Ríos López, Zoraida Tamayo Ospina, Ingryd Lorena Ríos Tamayo, Sayda Lorena Ríos Tamayo, Claudia

1 Expediente digital disponible en Samai. 2 Beatriz Elena Ríos Gallego, Eliana Ylinoly Salazar Ríos, Claudia Milena Montoya, Juanita Ríos Montoya, Jennifer Ríos López, Zoraida Tamayo Ospina, Ingryd Lorena Ríos Tamayo, Sayda Lorena Ríos Tamayo, Claudia Patricia López Herrera, Luz Belén Vásquez Arango, Luz Elena Vásquez Arango, Manuela Ramírez Vásquez, Magda Lorena Muñoz Betancur, Lauro Roselly Sánchez Durán y los señores Jhon Ferney Ríos Gallego, Beiman Orlando Ríos Gallego, José Anderson Salazar Ríos, Oscar Armando Ríos Gallego, Jacobo Ríos López, Daniel Ramírez Vásquez, Henry Ramírez Ramírez. 3 Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPORCALDAS, Municipio de Manizales, Municipio de Villamaría, Instituto Nacional de Vías –INVÍAS y Empresa de Aguas de Manizales S.A. E.S.P., Consorcio Vías del Centro (Integrado por Procopal

S.A., e Ingeniería de Vías S.A.) , Consorcio Etsa -Pebsa (Integrado por Estudios Técnicos S.A.S., y Pablo Emilio Bravo Consultores S.A.S.), Royal Sun Alliance Seguros S.A. , Seguros la Previsora S.A., Mundial de Seguros S.A., y Seguros Generales Suramericana S.A. 4 C. P. Luis Antonio Rodríguez Montaño.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01752-01

Demandantes: Reina María Gallego de Ríos y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

2

Patricia López Herrera, Luz Belén Vásquez Arango, Luz Elena Vásquez Arango, Manuela Ramírez Vásquez, Magda Lorena Muñoz Betancur, Lauro Roselly Sánchez Durán y los señores Jhon Ferney Ríos Gallego, Beiman Orlando Ríos Gallego, José Anderson Salazar Ríos, O scar Armando Ríos Gallego, Jacobo Ríos López, Daniel Ramírez Vásquez, Henry Ramírez Ramírez , quienes actúan por medio de apoderado judicial, interpusieron el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

Por consiguiente, solicitaron:

Se ruega al Juez de amparo Constitucional, dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por el H. Tribunal Administrativo del Quindío, dado el quebranto de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justic ia, y en su

Se ruega al Juez de amparo Constitucional, dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por el H. Tribunal Administrativo del Quindío, dado el quebranto de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justic ia, y en su lugar, proferir una nueva decisión, conforme a los parámetros que se sirva fijar el H. Juez Constitucional, de ser posible, reconociendo desde ese momento, la responsabilidad Estatal, tal como lo ha hecho la H. Corte Constitucional en varias oportunidades.

Hechos5

La parte actora manifestó que el 6 de diciembre de 2011, se presentó un deslizamiento de aproximadamente 700.000 m³ de tierra sobre las aguas del río Chinchiná, el cual, originó una avalancha que causó la muerte del señor Carlos Enrique Ríos Sánchez (q.e.d.p), además de la destrucción de viviendas, enseres, vehículos y maquinaria industrial.

Por lo anterior, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Corporación Autónoma Regional de Caldas – Corpocaldas, el Municipio de Manizales, el Municipio de Villamaría, el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS y la Empresa de Aguas de Manizales. El conocimiento del proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Caldas, bajo el radicado núm. 17001-2333-000-2014-00033-00/02.

Esta colegiatura, mediante sentencia del 7 de febrero de 2020, negó las pretensiones de la demanda, al estimar que, los hechos se encontraban amparados por la causal de exoneración de responsabilidad denominada fuerza mayor.

Esta colegiatura, mediante sentencia del 7 de febrero de 2020, negó las pretensiones de la demanda, al estimar que, los hechos se encontraban amparados por la causal de exoneración de responsabilidad denominada fuerza mayor.

5 Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01752-01

Demandantes: Reina María Gallego de Ríos y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

3

Inconformes con la decisión, interpusieron recurso de apelación, el cual, fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que, en providencia del 23 de agosto de 2024, confirmó lo decidido en primera instancia.

El accionante sostuvo que la Alta Corporación incurrió en defecto fáctico negativo, al omitir la valoración individual y conjunta de abundante prueba técnica que demostraba la previsibilidad del riesgo y la obligación de las autoridades de prevenir sus efectos. Según el relato, la sentencia se limitó a citar las pruebas de manera global y concluyó, de forma irracional y contraevidente, que los informes técnicos no anticipaban la gravedad del riesgo en el sector afectado, cuando en realidad todos coincidían en calificarlo como alto y recomendar la reubicación inmediata de los moradores.

Además, se alegó que el Consejo de Estado tergiversó el contenido de los informes técnicos y testimonios, apoyándose casi exclusivamente en la intervención de un perito, para sostener que las consecuencias del deslizamiento del 6 de diciembre

Además, se alegó que el Consejo de Estado tergiversó el contenido de los informes técnicos y testimonios, apoyándose casi exclusivamente en la intervención de un perito, para sostener que las consecuencias del deslizamiento del 6 de diciembre de 2011 eran imprevisibles. El accionante resaltó que los técnicos habían advertido reiteradamente la inminencia del desastre, la imposibilidad de mitigarlo con obras civiles y la necesidad de evacuar y reubicar a la población ribereña.

Por otro lado, se denunció un defecto sustantivo, pues la sentencia desconoció normas aplicables al caso, como el Decreto Ley 919 de 1989, la Ley 388 de 1997, la Ley 9 de 1989, el Decreto 93 de 1998 y la Ley 1523 de 2012, que imponen a las autoridades el d eber de identificar zonas de alto riesgo, adoptar medidas de prevención y coordinar acciones para evitar desastres. El accionante afirmó que, de haberse aplicado estas disposiciones junto con el material probatorio, se habría concluido la responsabilidad administrativa por la omisión de las entidades locales y nacionales en la gestión del riesgo.

Finalmente, se solicitó la intervención del juez constitucional para dejar sin efectos la sentencia cuestionada y, de ser posible, reconocer la responsabilidad estatal, dado que la administración adoptó medidas para proteger la planta de tratamiento «Luis Prieto» y a sus funcionarios, pero omitió evacuar y reubicar a los habitantes del sector, pese a la previsibilidad del evento y sus consecuencias.

1.2 Contestaciones de la acciónRadicado: 11001-03-15-000-2025-01752-01

Demandantes: Reina María Gallego de Ríos y otros

pese a la previsibilidad del evento y sus consecuencias.

1.2 Contestaciones de la acciónRadicado: 11001-03-15-000-2025-01752-01

Demandantes: Reina María Gallego de Ríos y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

4

1.2.1 El municipio de Manizales 6 solicitó declarar improcedente el recurso de amparo por no cumplir el requisito de subsidiariedad, en la medida en que , los accionantes disponían del recurso extraordinario de revisión para continuar el trámite dentro de la jurisdicción contencioso -administrativa. Asimismo, manifestó que la acción no satisface los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

1.2.2 El Instituto Nacional de Vías - INVÍAS7 pidió declarar improcedente la acción de tutela, bajo el argumento que, los accionantes pretende emplear este mecanismo constitucional como medio para reabrir el debate ya surtido en el proceso contencioso.

1.2.3 El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C 8 solicitó declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional, en tanto, la providencia cuestionada se fundamentó en un estudio riguroso del ordenamiento jurídico. Asimismo, advirtió que , el propósito de los actores con el presente trámite es introducir nuevos argumentos, pretendiendo utilizar el amparo como una tercera instancia.

1.2.4 Aguas de Manizales S.A. E.S.P. 9 manifestó que la entidad no cuenta con legitimación en la causa por pasiva para intervenir en el presente trámite , puesto

utilizar el amparo como una tercera instancia.

1.2.4 Aguas de Manizales S.A. E.S.P. 9 manifestó que la entidad no cuenta con legitimación en la causa por pasiva para intervenir en el presente trámite , puesto que, los hechos planteados no son atribuibles a alguna acción u omisión por su parte.

1.2.5. El m unicipio de Villamaría 10 solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto, la acción de tutela está dirigida contra providencias judiciales que no se encuentran dentro de su ámbito de competencia.

1.2.6 La Corporación Autónoma Regional de C aldas - Corpocaldas11 solicitó declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad, al considerar que , los accionantes omitió acudir previamente al recurso extraordinario de revisión antes de promover el presente amparo constitucional. De otro lado, sostuvo que, la tutela no puede ser utilizada como una

6 Índices 10 del expediente de Samai de primera instancia. 7 Índice 12 del expediente de Samai de primera instancia. 8 Índice 13 del expediente de Samai de primera instancia. 9 Índice 14 del expediente de Samai de primera instancia. 10 Índice 21 del expediente de Samai de primera instancia. 11 Índice 30 del expediente de Samai de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01752-01

Demandantes: Reina María Gallego de Ríos y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

5

Demandantes: Reina María Gallego de Ríos y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

5

tercera instancia para revivir procesos que ya fueron decididos e hicieron tránsito a cosa juzgada. Por último, manifestó que , no ha vulnerado derecho fundamental alguno de los accionantes.

1.2.7 Mundial de Seguros S.A.12 indicó que la presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que los actores no expusieron de manera suficiente y concreta las vulneraciones que alega a sus derechos fundamentales; además, en el proceso ordinario se analizaron cada una de las pruebas aportadas, a partir de las cuales, se determinó que lo ocurrido fue a causa de una fuerza mayor.

1.2.8 El Tribunal Administrativo de Caldas 13 solicitó declarar improcedente la acción de tutela al carecer de relevancia constitucional y porque, los accionantes pretenden utilizar este mecanismo como un recurso adicional para reabrir un debate jurídico que ya fue agotado dentro del proceso contencioso.

1.2.9 El Consorcio Vías del Cerro14 adujo que la acción de tutela es improcedente ya que , no reviste un carácter de relevancia constitucional . Afirmó que , no se acreditan los requisitos de procedencia excepcional ni la configuración de “vías de hecho”. En particular, negó la existencia de defectos fáctico y sustantivo: (i) no hubo omisión ni arbitrariedad en la valoración probatoria —el debate que plantea el actor es de mera legalidad, especialmente en torno a la fuerza mayor—; y (ii) la normativa

omisión ni arbitrariedad en la valoración probatoria —el debate que plantea el actor es de mera legalidad, especialmente en torno a la fuerza mayor—; y (ii) la normativa de gestión del riesgo invocada por la parte actora no resultaba aplicable ni necesaria, máxime cuando se declaró un eximente de responsabilidad por fuerza mayor, por lo que no surgían deberes específicos que fundaran imputación. En consecuencia, solicitó negar el amparo constitucional

1.3 Providencia impugnada15

Mediante fallo del 26 de junio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, declaró improcedente la acción de tutela de la refe rencia, al considerar que no cumple el requisito de relevancia constitucional. En dicha decisión, se señaló que, los fundamentos expuestos por los accionantes coinciden con los mismos argumentos presentados en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia

12 Índice 31 del expediente de Samai de primera instancia. 13 Índice 32 del expediente de Samai de primera instancia. 14 Índice 33 del expediente de Samai de primera instancia. 15 Índice 38 del expediente de Samai de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01752-01

Demandantes: Reina María Gallego de Ríos y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

6

de primera instancia del 7 de febrero de 2020. En consecuencia, concluyó que , la finalidad de los actores es prolongar el debate ordinario a través del trámite constitucional, desnaturalizando así la función excepcional de la tutela.

de primera instancia del 7 de febrero de 2020. En consecuencia, concluyó que , la finalidad de los actores es prolongar el debate ordinario a través del trámite constitucional, desnaturalizando así la función excepcional de la tutela.

1.4 La impugnación16

Inconforme con la anterior decisi ón, l os tutelantes la impugnaron, para cuyo propósito sostuvieron que, la sentencia ordinaria de segunda instancia incurrió en defecto fáctico al dar por acreditada la fuerza mayor con una valoración incompleta y global del acervo técnico.

Además, manifestaron que se desconocieron el informe y la declaración del geotécnico Fernando Sánchez Zapata y otros medios de prueba allegados al proceso, y que el fallo se apoyó casi exclusivamente en el peritaje de Carlos Eduardo Rodríguez, confundiendo la irresistibilidad con la imprevisibilidad pese a que, a juicio del recurrente, el deslizamiento ocurrido el 6 de diciembre de 2011 eran previsibles en el sector Lusitania-Chupaderos. Asimismo, reiteraron antecedentes y advertencias previas —incluidas recomendaciones de reubicación— para acreditar la previsibilidad del riesgo.

En cuanto al defecto sustantivo, señalaron que se omitió aplicar el régimen de gestión del riesgo cuyo contenido —según manifestaron— fue referenciado en el hecho 18 de la demanda y no requería reiteración expresa por virtud del principio iura novit curia y de congruencia.

Adicionalmente, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C peticionó 17 confirmar la sentencia del 26 de junio de 2025, para lo cual sostuvo que el

iura novit curia y de congruencia.

Adicionalmente, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C peticionó 17 confirmar la sentencia del 26 de junio de 2025, para lo cual sostuvo que el mecanismo constitucional aquí estudiado no acreditó afectación alguna de los derechos fundamentales invocados por los accionantes, situación que tampoco se produjo con la decisión objeto de tutela.

Además, los cargos por defecto fáctico y sustantivo no se configuran. En cuanto al primero, reitera los mismos argumentos de la apelación del proceso ordinario y no evidencia una valoración arbitraria de la prueba; la decisión ordinaria se fundó en la fuerza mayor como eximente de responsabilidad, acreditada principalmente por la

16 Índice 44 del expediente de Samai de primera instancia. 17 Índice 4 de Samai de segunda instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01752-01

Demandantes: Reina María Gallego de Ríos y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

7

experticia del perito Carlos Eduardo Rodríguez, quien concluyó que la inundación resultaba imprevisible para las demandadas, sin que las pruebas citadas por los actores, en su mayoría genéricas desvirtúen tal conclusión.

En lo atinente al defecto sustantivo adujo que, «[…] las razones expuestas en el recurso de impugnación no logran desvirtuar las conclusiones del juez de primera instancia en la acción de tutela. Aunque el recurrente sostiene que la decisión ordinaria debió hacer referencia a las normas relativas a los deberes y obligaciones de algunas de las demandadas en materia de prevención de

impugnación no logran desvirtuar las conclusiones del juez de primera instancia en la acción de tutela. Aunque el recurrente sostiene que la decisión ordinaria debió hacer referencia a las normas relativas a los deberes y obligaciones de algunas de las demandadas en materia de prevención de desastres, resulta inconducente su remisión al postulado iura novit curia. Como bien lo señaló la sentencia de primera instancia , no era necesario aludir a dichas normas, dado que la decisión de segunda instancia, dentro del proceso ordinario, se fundamentó en la configuración de un eximente de responsabilidad. Estas normas no fueron invocadas expresamente en dicho proceso […]»

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

En virtud de los artículos 32 18 del Decreto Ley 2591 de 1991 19 y 2520 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 21 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado , esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,

cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema Jurídico

18 «Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente». 19 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 20 «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto». 21 Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».Radicado: 11001-03-15-000-2025-01752-01

Demandantes: Reina María Gallego de Ríos y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

8

Se contrae a determinar si la acción de tutela satisface los requisitos de procedibilidad; y, en caso afirmativo, establecer si la sentencia del 23 de agosto de 2024, proferida por el Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección C , dentro del expediente núm. 17001 -23-33-000-2014-00033-00/02, mediante la cual , se

2024, proferida por el Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección C , dentro del expediente núm. 17001 -23-33-000-2014-00033-00/02, mediante la cual , se decidió de fondo la demanda de reparación directa p romovida por la señora Reina María Gallego de Ríos y otros contra la Corporación Autónoma Regional de Caldas y otros , incurrió en defecto sustantiv o y f áctico por la falta de valoración de las pruebas y la inobservancia de la normati vidad del régimen de gestión de riesgos y desastres.

2.4 La acción de tutela contra providencia judicial

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C -543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T -231 de 1994

de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T -231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que, una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez car ece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, queRadicado: 11001-03-15-000-2025-01752-01

Demandantes: Reina María Gallego de Ríos y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

9

aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU -1184 de 2001 y SU -159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, se destacó su carácter excepcional, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

sentencias SU -1184 de 2001 y SU -159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, se destacó su carácter excepcional, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuán do una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto l os hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto

derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto l os hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tut ela contra decisiones judiciales, la cual, solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01752-01

Demandantes: Reina María Gallego de Ríos y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

10

Al respecto, la Corte indica que, los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la d ecisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente

carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la d ecisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundame ntos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo contencioso -administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales 22, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 201223, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así

mediante sentencia de 31 de julio de 201223, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos24.

22 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso -administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C.

P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004,