CE - Sentencia 11001031500020250184600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00

Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

Demandada: Corte Suprema de Justicia1

Tema: Procedencia de la acción de tutela para proteger a los sujetos de especial protección constitucional/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Trabajo; ii) mínimo vital ; iii) seguridad social; iv) debido proceso; v) salud; y vi) estabilidad laboral reforzada

Derechos Fundamentales Amparados: i) Trabajo; ii) mínimo vital: iii) seguridad social; iv) salud; y v) estabilidad laboral reforzada

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) consideraciones de la Sala; y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “23ED_Caratula(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00

Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00

Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

1. La actora 2, a través de apoderada 3, presentó solicitud de tutela contra la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, porque, a su juicio, vulneró sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social, al debido proceso, a la salud y a la estabilidad laboral reforzada , con ocasión a que “[…] A pesar de haber informado oportunamente el estado de embarazo y solicitar una reubicación laboral, […] no tomó ninguna medida para proteger mi estado de salud ni brindó condiciones adecuadas para el desempeño y protección laboral […]”.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela son

los siguientes:

3. Señaló que “[…] El día 1 de marzo de 2024, se suscribió un contrato con el ACUERDO PCSJA24 -12152 del, (sic) mediante el cual se crean unos cargos transitorios en la Corte Suprema de Justicia. Tomé posesión del cargo de Asistente Administrativo Grado 05 el 18 de marzo de 2024, conforme al Acta de Posesión Número 358, con una fecha de terminación prevista para el 13 de diciembre de

2024 […]”.

4. Sostuvo que el 9 de septiembre de 2024, informó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, vía correo electrónico, de su estado de embarazo, indicando que se encontraba en la quinta semana de gestación.

4. Sostuvo que el 9 de septiembre de 2024, informó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, vía correo electrónico, de su estado de embarazo, indicando que se encontraba en la quinta semana de gestación.

5. Manifestó que, “[…] El 19 de septiembre de 2024, se presentó nuevamente la notificación de embarazo mediante correspondencia formal […]”.

6. Indicó que “[…] El 12 de noviembre de 2024, se le notificó […] mediante un comunicado dirigido a la doctora Damaris Orjuela Herrera que, debido al carácter

2 Quien manifestó “[…] Tomé posesión del cargo de Asistente Administrativo Grado 05 el 18 de marzo de 2024, conforme al Acta de Posesión Número 358, con una fecha de terminación prevista para el 13 de diciembre de 2024 […] Como resultado, del contrato laboral terminado el 13 de diciembre de 2024, sin que se garantizara la estabilidad laboral ni acceso a un siste ma de salud, afectando el bienestar y el del bebe (sic) que esta por nacer […]”. 3 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “21ED_CorreoElectronico(.pdf) Nro. Actua 2(.pdf) Nro. Actua 2”. Archivo aportado en forma digital.3

Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00

Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

transitorio del cargo, el vínculo laboral finalizaría el 13 de diciembre de 2024, sin que se reconocieran medidas de protección a la maternidad […]”.

7. Expuso que “[…] El 3 de diciembre de 2024, […] recibe respuesta del

transitorio del cargo, el vínculo laboral finalizaría el 13 de diciembre de 2024, sin que se reconocieran medidas de protección a la maternidad […]”.

7. Expuso que “[…] El 3 de diciembre de 2024, […] recibe respuesta del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro, donde se reafirmó que mi contrato no podría ser extendido debido a restricciones presupuestales […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

8. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,

MÍNIMO VITAL, SEGURIDAD LABORAL REFORZADA, PROTECCION (sic)

CONSTITUCIONAL A LA PROTECCION (sic) DURANTE EL EMBARAZO Y

POSTERIOR AL PARTO Y AL TRABAJO.

SEGUNDO: Ordenar a la PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, reintegre a la accionante al puesto que desempeñaba, asegurando su derecho a la igualdad, la no discriminación y la protec ción durante el embarazo y postparto. Adicionalmente, se le ordene el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, así como la afiliación inmediata al sistema de seguridad social.

TERCERO: En caso de tutelarse los derechos invocados, prevenir a la PRESIDENCIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA frente al incumplimiento o desacato del fallo que se profiera dentro del presente proceso. […]”.

8.1. Como fundamento de su solicitud, la actora expuso lo siguiente:

PRESIDENCIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA frente al incumplimiento o desacato del fallo que se profiera dentro del presente proceso. […]”.

8.1. Como fundamento de su solicitud, la actora expuso lo siguiente:

“[…] Como resultado, del contrato laboral terminado el 13 de diciembre de 2024, sin que se garantizara la estabilidad laboral ni acceso a un sistema de salud, afectando el bienestar y el del bebe (sic) que esta por nacer.

8. Adicionalmente, tenía una expectativa de reingreso y reincorporación laboral, la cual se ha visto frustrada, generando inestabilidad, periodos de depresión y ansiedad debido a la incertidumbre sobre mi futuro y la imposibilidad de suplir o cubrir elementos vitales para la protección del bebé que está por nacer. Esto ha afectado significativamente mi estado de salud y mi embarazo.

9. Debido a esta expectativa y la falta de recursos, no contaba con los medios para acceder a herramientas judiciales y poder poner en conocimiento mi caso para hacer valer mis derechos a la estabilidad laboral reforzada, protección al sistema de salud y acceso al mínimo vital.4

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Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

10. El artículo 43 de la Constitución Política de Colombia establece que las mujeres embarazadas tienen derecho a igualdad de derechos y oportunidades sin discriminación. Sin embargo, en este caso, las restricciones presupuestales han dejado en total despr otección mi estabilidad laboral y el derecho a la maternidad, lo que coloca en riesgo tanto mi bienestar como el de mi hijo.

discriminación. Sin embargo, en este caso, las restricciones presupuestales han dejado en total despr otección mi estabilidad laboral y el derecho a la maternidad, lo que coloca en riesgo tanto mi bienestar como el de mi hijo.

11. Actualmente la señora LORENA CRISTINA REYES SALAMANCA no cuenta con una pareja que la apoye en este proceso ni con familiares que la ayuden económicamente a soportar los gastos para ella y su bebé, lo que agrava aún más mi situación y hace indispensabl e la intervención del Estado para garantizar sus derechos. […]”.

[…]

“[…] En el caso particular, la desvinculación de una persona en estado de debilidad manifiesta debe ser revisada por el Ministerio de Trabajo, ya que no existe una justa causa que fundamente la legalidad del despido. La estabilidad laboral reforzada exige una evaluación integral para determinar si la desvinculación, además de ser legal, es también constitucionalmente válida. En el caso que nos atañe, se requiere que la desvinculación de esta persona con debilidad manifiesta se ponga en consideración del Ministerio de Trabajo, dado que no existe justa causa, no funda la legalidad del despido, porque la estabilidad laboral reforzada por fuero dado su estado de embarazo, se espera una evaluación más íntegra para conocer si el despido o la desvinculación, además de ser legal, llega a ser también constitucional.

A la señora LORENA CRISTINA REYES SALAMANCA se le vulneró el derecho al debido proceso al ser despedida de manera unilateral, sin una motivación clara respecto a su estado de embarazo. No se explicó por qué era imposible mantenerla en su cargo, lo que impl ica un desconocimiento del principio de estabilidad laboral

debido proceso al ser despedida de manera unilateral, sin una motivación clara respecto a su estado de embarazo. No se explicó por qué era imposible mantenerla en su cargo, lo que impl ica un desconocimiento del principio de estabilidad laboral reforzada y afecta directamente su derecho al trabajo y su mínimo vital. avocando literalmente el concepto de la Corte cuando si parafrasear cuando señala que: […]”.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 3 de abril de 2025: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al presidente de la Corte Suprema de Justicia; y iii) vinculó a la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico , en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndole el término de tres (3) días para que rindiera informe sobre el particular.

10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 2 de mayo de 2025 , vinculó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en calidad de accionada, concediéndole el término de tres (3) días para que rindiera informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo5

Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00

Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

11. El presidente de la Corte Suprema de Justicia rindió informe en los siguientes

términos:

“[…] 1. Expresamos en primer lugar nuestra solidaridad con Lorena Cristina Reyes Salamanca y lamentamos que esté pasando las dificultades mencionadas en la

términos:

“[…] 1. Expresamos en primer lugar nuestra solidaridad con Lorena Cristina Reyes Salamanca y lamentamos que esté pasando las dificultades mencionadas en la solicitud de tutela. No nos resulta indiferente el apremio que se expresa ante la situación de incertidumbre en un momento de tanta relevancia como el nacimiento de un hijo.

2. La solicitante fue nombrada en provisionalidad mediante el Acuerdo No. 2248 del 7 de marzo de 2024 en el cargo de Asistente Administrativo Grado 05 de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Dicho cargo fue creado como transitorio mediante Acuer do PCSJA24-12152 de 2024 del Consejo Superior de la Judicatura hasta el 13 de diciembre de la mencionada anualidad.

3. Mediante oficio OSG No. 1294 del 7 de marzo de 2024 de la Secretar ía General de la Corte, se comunicó a la solicitante que había sido nombrada y las condiciones de su nombramiento en provisionalidad hasta el 13 de diciembre de 2024.

4. El nombramiento en tales condiciones fue aceptado por Lorena Cristina Reyes Salamanca, según lo manifestó en escrito dirigido al presidente de la Corte el 8 de marzo de 2024.

5. La nombrada tomó posesión del cargo el 18 de marzo de 2024 según consta en el acta No. 358 de la misma fecha.

6. El 19 de septiembre de 2024, la solicitante presentó ante la Secretaría General de la Corporación un escrito en el que comunicó que había informado sobre su estado de embarazo «actualmente en la 6 semana de gestación poniendo en conocimiento a la empresa de este hecho a fin de que adopte las medidas de prevención, previstas

la Corporación un escrito en el que comunicó que había informado sobre su estado de embarazo «actualmente en la 6 semana de gestación poniendo en conocimiento a la empresa de este hecho a fin de que adopte las medidas de prevención, previstas en la ley de protección de riesgos laborales especialmente en el artículo 26 relativas de la protección de la maternidad» (sic).

7. El 20 de septiembre de 2024, la demandante envió a la Secretaría General de la Corte Suprema un mensaje por correo electrónico en el cual reiteró que se encontraba en embarazo en la sexta semana de gestación, a la vez que manifestó lo siguiente: «Dado que mi contrato con la entidad es provisional, me gustaría saber cuáles son los pasos a seguir en relación con mi situación laboral. Me interesa conocer cómo afectará mi estado a mi contrato y qué opciones tengo disponibles.

Agradezco su atención y orientac ión en este asunto. Por favor, no duden en hacérmelo saber si necesitan cualquier documentación médica o información adicional».

8. En respuesta a las solicitudes anteriores, se informó sobre el trámite impartido y

se dio respuesta en los siguientes términos:

1. Mediante oficio OSG No. 5537 de fecha 26 de septiembre 2024 la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia remitió su solicitud al Consejo Superior de la Judicatura.

2. La directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, mediante oficio UDAEO24-3832 del 12 de noviembre de 2024, dio respuesta al oficio mencionado en el numeral precedente indicando lo siguiente:6

Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00

Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

respuesta al oficio mencionado en el numeral precedente indicando lo siguiente:6

Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00

Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

• El cargo ocupado por Usted fue creado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA24-12152 de 2024 con carácter transitorio a partir del 4 de marzo y hasta el 13 de diciembre de 2024 como consecuencia de las restricciones de la presente vigencia fiscal.

Debido al ejercicio fiscal y a las limitaciones presupuestales, no le es posible al Consejo Superior de la Judicatura exceder el monto global fijado en la ley de apropiaciones iniciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 270 de 1996.

3. Teniendo en cuenta el carácter transitorio del cargo que Usted desempeña, su permanencia en dicho empleo se encuentra sujeta al límite temporal fijado por el Consejo Superior de la Judicatura en el acto de creación del cargo, tal como se indicó expresamente en el nombramiento (Acuerdo 2248 del 7 de marzo de 2024) y en el oficio OSG1294 de la misma fecha por el cual se le comunicó dicho nombramiento.

4. El Consejo Superior de la Judicatura no ha modificado el límite temporal de los cargos transitorios, razón por la cual, una vez llegada la fecha final, estos expirarán, dando lugar a la consecuente terminación del vínculo laboral.

5. En cuanto a su solicitud «de que se adopte las medidas de prevención, previstas en la ley de protección de riesgos laborales especialmente en el artículo 26 relativas

dando lugar a la consecuente terminación del vínculo laboral.

5. En cuanto a su solicitud «de que se adopte las medidas de prevención, previstas en la ley de protección de riesgos laborales especialmente en el artículo 26 relativas a la protección de la maternidad» (sic); informo a Usted que, en su condición de servidora judicial se encuentra afiliada al Sistema General de Riesgos Laborales y, como tal, está amparada contra los riesgos cubiertos por el Sistema mientras subsista su vinculación.

9. El 13 de diciembre de 2024, como consecuencia del hecho objetivo de la terminación de los cargos transitorios creados por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PCSJA24 -12152 de 2024, tuvo ocurrencia la terminación del vínculo laboral.

A partir de los hechos expuestos, cuyo soporte documental se adjunta a este informe, deben ser precisadas algunas de las afirmaciones que hace la abogada de la solicitante en la demanda de tutela:

• La vinculación de Lorena Cristina Reyes Salamanca con la Corte Suprema de Justicia no estuvo mediada por un contrato como se indica en el hecho número 1, sino que se consolidó bajo una relación legal, estatutaria y reglamentaria como empleada judicial de carácter transitorio.

• En los hechos 4 y 5 se afirma que la Corte Suprema no tomó ninguna medida para proteger el estado de salud de la solicitante, ni brindó condiciones adecuadas para el desempeño y protección laboral. Ante dicha manifestación se pone de presente que la demandante comunicó su estado de embarazo sin reportar situación alguna de riesgo en su salud que determinara su «reubicación laboral» o la adopción de

el desempeño y protección laboral. Ante dicha manifestación se pone de presente que la demandante comunicó su estado de embarazo sin reportar situación alguna de riesgo en su salud que determinara su «reubicación laboral» o la adopción de medida alguna para su adecuado desempeño o protección laboral. Las peticiones que presentó Lorena Reyes ante la Corte se referían a su preocupación por la continuidad de su vínculo laboral y ante ello se dio traslado de la solicitud al Consejo Superior de la Judicatura, puesto que la Corte Suprema de Justicia no tiene la competencia para crear cargos en la Rama Judicial ni para extender la vinculación de sus servidores más allá del límite temporal de existencia de los cargos transitorios.

• En el hecho 6 se menciona que en la respuesta del Presidente de la Corte Suprema de Justicia a las peticiones se indicó que por restricciones presupuestales no era7

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Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

posible extender el «contrato»; lo cual es impreciso si se tiene en cuenta que fue la Directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, mediante oficio UDAEO24-3832 del 12 de noviembre de 2024, la que hizo referencia a limitaciones de tal índole que impedían «exceder el monto global fijado en la ley de apropiaciones iniciales».

• La terminación de la vinculación de Lorena Cristina Reyes Salamanca como Asistente Administrativo de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia se produjo por el hecho objetivo, cierto y conocido desde el mismo momento del

• La terminación de la vinculación de Lorena Cristina Reyes Salamanca como Asistente Administrativo de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia se produjo por el hecho objetivo, cierto y conocido desde el mismo momento del nombramiento y la aceptación del cargo de su carácter transitorio. No fue producto de ninguna decisión arbitraria y mucho menos en el marco de alguna situación que implicara el agotamiento de un debido proceso (páginas 6 y 7).

• Por último, tampoco resulta admisible que la abogada de la demandante afirme que fue «despedida de manera unilateral, sin una motivación clara respecto a su estado de embarazo» (página 7) o que invoque la presunción de despido discriminatorio por causa d el embarazo (página 17), cuando la razón objetiva de la terminación del vínculo fue la expiración del cargo por haber llegado la fecha límite de duración del empleo. […]”.

12. La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura solicitó su desvinculación o, en su defecto, negar la acción de tutela, al

considerar lo siguiente:

“[…] I COMPETENCIAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN EL

PRESENTE ASUNTO

Para efectos de establecer si es posible endilgarle alguna responsabilidad al Consejo Superior de la Judicatura, lo primero es señalar algunas de las precisas funciones atribuidas a la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 35 de la Ley 2430 de 2024, que se enuncian a continuación: […]”.

[…]

atribuidas a la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 35 de la Ley 2430 de 2024, que se enuncian a continuación: […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, el Consejo Superior de la Judicatura, en uso de su autonomía, teniendo en cuenta los estudios adelantados, y las facultades establecidas en el artículo 63 de la citada disposición, mediante Acuerdo PCSJA24 -12152 del 1 de marzo de 2024, adoptó una serie de medidas transitorias en la Corte Suprema de Justicia , entre ellas la creación de 21 cargos de asistente administrativo grado 05 en la Presidencia de la Corporación, a partir del 4 de marzo y hasta el 13 de diciembre de 2024, tal como se constata en el artículo 1 del referido acto administrativo.

Ahora bien, se destaca que estas medidas tienen el carácter de transitorias, según lo establecido en el Plan Nacional de Descongestión, y sobre el cual la Corte Constitucional señaló: […]”.

[…] “[…] Así las cosas y una vez superado el límite temporal dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura para el cargo que venía desempeñando la accionante, la consecuencia jurídica de dicha situación fue la desvinculación del cargo en el que la actora fue nombrada.8

Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00

Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

Bajo esta línea argumentativa debe advertirse que la peticionaria conocía previamente la transitoriedad de las medidas de descongestión, siendo esta la causa

Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

Bajo esta línea argumentativa debe advertirse que la peticionaria conocía previamente la transitoriedad de las medidas de descongestión, siendo esta la causa de su desvinculación laboral y no su estado de gestación, razón suficiente para determinar que exi ste una causal objetiva, razonable, relevante y suficiente en la finalización de la relación laboral, que no obedece a su estado de gravidez. Respecto a este punto la Corte manifestó: […]”.

[…]

“[…] En ese sentido, se debe tener en cuenta que la supresión o prórroga de las medidas de descongestión, está sustentada en criterios de eficiencia y eficacia de las mismas, y a la luz de los recursos presupuestales asignados a la Rama Judicial, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política Nacional y en la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, que indica que el Consejo Superior de la Judicatura“… no podrá establecer con cargo al tesoro, obligaciones que excedan el m onto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales”.

En este orden de ideas, se concluye que el Consejo Superior de la Judicatura no ha vulnerado derecho fundamental alguno a la accionante, toda vez que las medidas de descongestión tienen una transitoriedad previamente establecida, y debe consultar a la existencia de recursos presupuestales so pena de incurrir en las faltas disciplinarias a que esto conllevaría.

En este mismo sentido es improcedente la solicitud de continuidad en los pagos de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos solicitados por la actora, fundamentado en un primer momento en la inexistencia de relación legal que permita

a que esto conllevaría.

En este mismo sentido es improcedente la solicitud de continuidad en los pagos de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos solicitados por la actora, fundamentado en un primer momento en la inexistencia de relación legal que permita dicho pago. Así mismo tal como fue expuesto en líneas precedentes, la Corporación carece de la disponibilidad presupuestal para asumir dichos pagos, dada la finalización del cargo en referencia […]”.

[…]

“[…] La solicitud realizada por la accionante se torna improcedente teniendo en cuenta que, el Consejo Superior de la Judicatura no puede asumir la continuidad de las medidas transitorias sin el debido soporte presupuestal […]”.

[…]

“[…] Por último es necesario indicar que, mediante el Acuerdo PCSJA25 -12257 del 24 de enero de 2025 el Consejo Superior de la Judicatura adoptó unas medidas transitorias en la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, en el artículo 1 del referido acto administrativo se determinó la creación con carácter transitorio, a partir del 3 de febrero y hasta el 12 de diciembre de 2025 de 10 cargos de asistente administrativo grado 05 en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

En este contexto debe recordarse tal como se expuso en el acápite precedente, que la vinculación de la referida servidora en el cargo en referencia deberá realizarse por parte del nominador tal como establece el artículo 131 de la Ley 270 de 1996. […]”.

13. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación y, en su defecto, declarar la improcedencia de la solicitud de tutela, al considerar que:9

13. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación y, en su defecto, declarar la improcedencia de la solicitud de tutela, al considerar que:9

Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00

Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

“[…] Nótese prima facie que las pretensiones de la demanda de tutela se dirigen exclusivamente contra la Corte Suprema de Justicia y no ante la DEAJ, de allí que mi representada no se encuentra legitimada materialmente en la causa por pasiva para soportar la presunta amenaza o vu lneración de los derechos fundamentales invocados.

Lo anterior, sin perjuicio de insistir que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial constituye un órgano técnico y administrativo del orden nacional que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, conforme lo previsto en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 45 de la Ley 2430 de 2024. Razón por la cual, no tiene una incidencia en la nominación o las directrices sobre la continuidad del vínculo laboral de los servidores del nivel jurisdiccional.

Adicionalmente, se advierte que, de un análisis de las pruebas aportadas a la solicitud de amparo, no se observa que la actora haya radicado alguna petición a la DEAJ, relacionada con los hechos y pretensiones formulados en la demanda que hoy se invoca, de allí que no se justifica la vinculación de la DEAJ como extremo accionado.

DEAJ, relacionada con los hechos y pretensiones formulados en la demanda que hoy se invoca, de allí que no se justifica la vinculación de la DEAJ como extremo accionado.

En gracia de discusión, la presente demanda se torna improcedente por no cumplir con el principio de subsidiariedad conforme lo previsto en el numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de 199117, al existir otros mecanismos judiciales idóneos para cuestionar las diferencias surgidas en el marco del vínculo laboral entre la actora y la Corte Suprema de Justicia; por tal razón, el accionante cuenta con otros medios de defensa para cuestionar el procedimiento adoptado por el Consejo Superior de la Judicatura frente a las directrices de descongestión en la Rama Judicial.

En todo caso, se destaca que la actora no probó siquiera la utilidad del amparo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable que haga procedente la demanda de tutela, razón suficiente para desestimar las pretensiones de la demanda […]”.

13.1. La División de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial rindió informe en los siguientes términos:

“[…] Como bien lo indica el Despacho en proveído del 2 de mayo de 2025, dentro de las competencias en cabeza de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJseñaladas por el artículo 99 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia -LEAJ-, se encuentra la de actuar como ordenador del gasto, más específicamente y, en lo que respecta al caso particular, la Unidad de Talento Humano le corresponde la liquidación y proceso de nómina de los empleos

Justicia -LEAJ-, se encuentra la de actuar como ordenador del gasto, más específicamente y, en lo que respecta al caso particular, la Unidad de Talento Humano le corresponde la liquidación y proceso de nómina de los empleos pertenecientes a la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Consejo Superior de la Judicatura y DEAJ. Lo anterior, comprende tanto a las plantas permanentes de personal, así como de aquellas plantas creadas como parte de las medidas transitorias adoptadas por Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de sus atribuciones y constitucionales conferidas en el artículo 63 de Ley 270 de 1996 modificado por el artículo 15 de la Ley 1285 de 2009.

En virtud de facultades contenidas en las normas citadas, el Consejo Superior de la Judicatura emitió el Acuerdo PCSJA24 -12152 del 1 de marzo de 2024, en el que10

Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00

Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

creo unos cargos transitorios en la Corte Suprema de Justicia, a partir del 4 de marzo hasta el 13 de diciembre de 2024.

En este sentido, corresponde señalar que el empleo que ocupaba la accionante Asistente Grado 05, en la Corte Suprema de Justicia, corresponde a uno de creación transitoria en el acuerdo citado, esto es, aquel del cual se predica, desde el primer momento, una duración determinada en el tiempo y definido en el acto de creación. En este punto, conforme a las prescripciones legales contenidas en la Ley 270 de

transitoria en el acuerdo citado, esto es, aquel del cual se predica, desde el primer momento, una duración determinada en el tiempo y definido en el acto de creación. En este punto, conforme a las prescripciones legales contenidas en la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia” modificada por la Ley 2430 del 9 de octubre de 2024, que regula la Administración de la Rama Judicial, ha definido claramente que la competencia para el estudio y la definición de las situaciones administrativas en los que se puedan ver inmersos los fun