CE - Sentencia 11001031500020250191800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Consejera Ponente (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202501918-00

Actor: Segundo Juan de Dios Ruiz Rojas

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá

Temas: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de procedencia de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 12 de septiembre de 2024, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 1500133330022017-00031-01, vulneró sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso.2

de reparación directa identificado con el número único de radicación 1500133330022017-00031-01, vulneró sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso.2

Núm. único de radicación: 110010315000202501918-00

Actor: Segundo Juan de Dios Ruiz Rojas

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3.Manifestó que, en ejercicio del medio de control de reparación directa, promovió demanda contra la E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la muerte del señor Nelson Enrique Ruiz Pérez, bajo el título de imputación de falla del servicio.

4.El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja, mediante sentencia de 30 de junio de 2021, denegó las pretensiones de la demanda.

5.El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia de 1 2 de septiembre de 2024, resolvió lo siguiente:

[…] PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 30 de junio de 2021 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, excepto el NUMERAL SEGUNDO que se MODIFICA y el NUMERAL CUARTO que se REVOCA. En su lugar, se dispone:

“SEGUNDO: CONDENAR a la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA a reconocer y pagar a los demandantes por concepto de daño moral, las siguientes sumas de dinero, correspondientes a salarios mínimos legales mensuales vigentes

“SEGUNDO: CONDENAR a la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA a reconocer y pagar a los demandantes por concepto de daño moral, las siguientes sumas de dinero, correspondientes a salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de la presente sentencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, así: 40 SMLMV para a menor Paula VIVIANA RUIZ SUAREZ y 40 SMLMV para el menor JERSON ANDRÉS RUIZ SUAREZ, en sus condiciones de hijos del señor Nelson Enrique Ruiz Pérez (q.e.p.d.)

CUARTO: NEGAR la pretensión de condena en contra de la llamada en garantía LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.”

SEGUNDO. Sin costas en esta instancia […]”.

6.El Tribunal Administrativo de Boyacá consideró lo siguiente:

“[…] Entonces, resulta claro para la Sala que el diagnóstico dado al señor Nelson Enrique Ruiz Pérez (q.e.p.d.), en su primer ingreso el día 1º de abril de 2015 a la E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja, contraviene lo dispuesto por la “lex artis” y las guías medicas ya que no se realizó, como primera respuesta, el examen de electrocardiograma con el fin de descartar algún tipo de enfermedad cardiovascular, sino por el contrario, se dio un diagnóstico residual de “Osteocondritis”, sin tener fundamento pues, como ya se dijo, el señor acudió fue por “picadas al corazón”,3

Núm. único de radicación: 110010315000202501918-00

Actor: Segundo Juan de Dios Ruiz Rojas

fundamento pues, como ya se dijo, el señor acudió fue por “picadas al corazón”,3

Núm. único de radicación: 110010315000202501918-00

Actor: Segundo Juan de Dios Ruiz Rojas

“dolor torácico asociado a parestesias en Miembro superior Izquierdo” sin haber algún tipo de dolor osteomuscular como erróneamente fue determinado por las galenos; ello comprueba que no se dio la debida atención al paciente, pues en principio el médico que lo atendió debió descartar las enfermedades que presentaba con riesgo mortal, pues de haberlo hecho hubieran podido darse cuenta de la existencia del problema cardiovascular que presentaba el señor Nelson Enrique Ruiz Pérez (q.e.p.d.) con 12 horas de evolución, y por el cual falleció.

8.2 Del tratamiento

Con relación al tratamiento, para la Sala es lógico concluir que, si el diagnóstico es erróneo, consecuentemente, el tratamiento establecido para aquel también.

Esta premisa está fundamentada en que, al no haberse realizado los exámenes para descartar una enfermedad cardiovascular, como la que padecía el señor Nelson Enrique Ruiz Pérez (q.e.p.d.), de acuerdo con el informe pericial de necropsia (fs. 9 a 11), el tratamiento que se otorgó se dirigió únicamente para tratar el equivocado diagnóstico de “Osteocondritis” y para ello, se le formuló un analgésico intramuscular consistente en diclofenaco, conforme a lo dispuesto en la historia clínica del paciente (fs. 72 a 83).

Sin embargo, como bien lo mencionó el a quo, lo que se generó al haber dado un tratamiento equivocado como consecuencia de un error en el diagnóstico, fue que

(fs. 72 a 83).

Sin embargo, como bien lo mencionó el a quo, lo que se generó al haber dado un tratamiento equivocado como consecuencia de un error en el diagnóstico, fue que el proceso de isquemia con el cual ingreso el señor Nelson Enrique Ruiz Pérez (q.e.p.d.) a la E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja, continuara hasta evolucionar inevitablemente en infarto agudo de miocardio por el cual falleció el día 1º de abril de 2015, pues al haberle formulado el diclofenaco, se disfrazó el dolor ocasionado por la isquemia dándole una sensación de mejoría disfrazada, hasta cuando ya fue muy tarde para lograr intervenir y salvar su vida […]”.

[…]

“[…] Para la Sala, es claro que además de darle un diagnóstico erróneo al señor Nelson Enrique Ruiz Pérez (q.e.p.d.), la E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja, también erró al momento de darle como tratamiento el analgésico intramuscular consistente en diclo fenaco, lo cual claramente género que el síndrome coronario obstructivo agudo (fs. 9 a 11), que padecía el señor Nelson Enrique Ruiz Pérez (q.e.p.d.), avanzara hasta tales niveles de mortandad, siendo sin lugar a dudas imputable a la entidad demandada […]”.

[…]

“[…] En ese orden, se sugiere una actuación de la E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja que permite atribuirle material y jurídicamente el daño, de cara a la atención médica que se le prestó al señor NELSON ENRIQUE RUIZ PÉREZ, y por consiguiente, permite hacerle un juicio de imputación por el daño cuya reparación se pretende, porque se pudo determinar probatoriamente, que la forma de

médica que se le prestó al señor NELSON ENRIQUE RUIZ PÉREZ, y por consiguiente, permite hacerle un juicio de imputación por el daño cuya reparación se pretende, porque se pudo determinar probatoriamente, que la forma de atención realizada por la institución médica le restó la posibilidad real para el paciente de recuperar su salud o preservar su vida […]”.

[…]

“[…] 9.2 De los perjuicios morales: el porcentaje de probabilidad de sobrevida de Nelson Enrique Ruiz Pérez y el pago de la pérdida de oportunidad como un daño autónomo: […]”.

[…]4

Núm. único de radicación: 110010315000202501918-00

Actor: Segundo Juan de Dios Ruiz Rojas

“[…] En el caso bajo análisis, encuentra la Sala que, no fue aportada prueba alguna sobre el porcentaje del truncamiento de la expectativa que le asistía a Nelson Enrique Ruiz Pérez de evitar la muerte, lo que en otros términos significa que se presenta un defecto de información médica, científica o técnica que impide obtener certeza cuantitativa de la pérdida de oportunidad.

Esta deficiencia se debe a la actividad probatoria de la parte actora, a quien, por regla general, le corresponde la carga demostrativa de conformidad con lo previsto en el artículo 167 del CGP. Sin embargo, al encontrarse probado el daño antijurídico relacionado con la pérdida de oportunidad, el Estado debe repararlo acudiendo al principio de equidad , pues no hay duda de que se le restó la posibilidad real para el paciente de recuperar su salud o preservar su vida […]”.

[…]

“[…] En ese orden, la equidad como fundamento para cuantificar el perjuicio por la

acudiendo al principio de equidad , pues no hay duda de que se le restó la posibilidad real para el paciente de recuperar su salud o preservar su vida […]”.

[…]

“[…] En ese orden, la equidad como fundamento para cuantificar el perjuicio por la pérdida de oportunidad de sobrevida que sufrió el señor Nelson Enrique Ruiz Pérez debe, sin duda, contar con elementos objetivos que sustenten la condena, puesto que, en los términos del Consejo de Estado, la equidad no debe ser confundida con arbitrariedad. En este caso, tales elementos objetivos existen en el presente proceso y están representados en la certeza que tiene la Sala, acerca de que, si se hubiera hecho un buen d iagnóstico, el debido examen y tratamiento al momento que el paciente ingreso por primera vez, la oportunidad de prolongar su vida hubiera estado presente.

Así las cosas, en principio podría afirmarse que, dada la imposibilidad de fijar científica y técnicamente el porcentaje de probabilidades, la cuantificación del porcentaje se debería determinar en un 50%; empero, existen diversas razones que le disminuían al señor Nelson Enrique Ruiz Pérez la posibilidad de obtener esta proporción para sobrevivir y que se encuentran respaldadas por las pruebas, máxime cuando el paciente acudió con un dolor torácico, con características de obesidad, dada además la condición de fumador y la evolución del dolor de más de 12 horas.

En ese contexto, la sentencia tomada como guía para resolver el caso, indicó que el juez administrativo tiene la potestad de determinar el monto a reconocer cuando se trata establecer el monto de la indemnización, por ejemplo, del daño moral. Esta

12 horas.

En ese contexto, la sentencia tomada como guía para resolver el caso, indicó que el juez administrativo tiene la potestad de determinar el monto a reconocer cuando se trata establecer el monto de la indemnización, por ejemplo, del daño moral. Esta discrecionalidad, dijo, está regida bajo criterios de relativización como i) por la regla de que la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, más no de restitución ni de reparación; ii) por la aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; iii) por el deber de estar sustentada en los medios probatorios que obran en el expediente respecto del perjuicio y su intensidad; y iv) por el deber de estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad.

En ese orden, dado que la aplicación del principio de equidad es una decisión discrecional del juez, la Sala determinará el 40% de probabilidades de vida del señor Nelson Enrique Ruiz Pérez, la cual se encuentra debidamente justificada.

En consecuencia, el reconocimiento de los perjuicios morales será el 40% de lo establecido como reparación del perjuicio moral en caso de muerte en sentencia de unificación proferida el 24 de agosto de 2014 por el Consejo de Estado, únicamente para los sucesores procesales, Paula Viviana Ruiz Suarez y Jerson Andrés Ruiz Suarez, en su condición de hijos del señor Nelson Enrique Ruiz Pérez.

Así las cosas, el reconocimiento de los perjuicios morales solo se otorgará en cuantía de 40 SMLMV para Paula Viviana Ruiz Suarez y 40 SMLMV para Jerson Andrés Ruiz Suarez. En este aspecto será modificada la sentencia de primera instancia […]”.5

cuantía de 40 SMLMV para Paula Viviana Ruiz Suarez y 40 SMLMV para Jerson Andrés Ruiz Suarez. En este aspecto será modificada la sentencia de primera instancia […]”.5

Núm. único de radicación: 110010315000202501918-00

Actor: Segundo Juan de Dios Ruiz Rojas

[…]

“[…] 9.3 Perjuicios por daño a la salud o a la vida de relación […]”.

[…]

“[…] Sin embargo, se mantuvo el hecho de que, en la reparación del daño a la salud, la indemnización está sujeta a lo probado en el proceso a favor, única y exclusivamente para la víctima directa conforme a los criterios contenidos en la sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, exp. 19031, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Por lo cual la Sala no accederá al reconocimiento de este perjuicio teniendo en cuenta que se presentó con la ocasión del sufrimiento padecido por los demandantes como consecuencia de la muerte del señor Nelson Enrique Ruiz Pérez (q.e.p.d.), situación que ya fue reconocida en el perjuicio moral, además no se aportó ninguna prueba que demostrara la existencia de algún otro tipo de afectación psicofísica; sumado al hecho de que dicha reparación debía solicitarse a favor de la víctima directa que en este caso es el señor Nelson Enrique Ruiz Pérez y no de sus familiares como se hizo en el escrito de demanda […]”.

[…]

“[…] 9.3.2 Daño a la vida de relación

Ahora bien, en cuanto al perjuicio a la vida de relación, el Consejo de Estado

y no de sus familiares como se hizo en el escrito de demanda […]”.

[…]

“[…] 9.3.2 Daño a la vida de relación

Ahora bien, en cuanto al perjuicio a la vida de relación, el Consejo de Estado estableció que este fue reemplazado por el daño a la salud, cuando el perjuicio se genera por una lesión corporal o por el daño a un bien jurídicamente protegido. Al respecto: […]”.

[…]

“[…] De acuerdo con lo anterior, es claro para la Sala que, tratándose de los perjuicios inmateriales, pueden ser reconocidos con ocasión al daño a la salud o bien por la afectación de otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, sin embargo, para ello, deben estar acreditados y ser diferenciables de aquél que se reconoce como fuente de los perjuicios morales, para evitar una doble indemnización, situación que no fue realizada en el presente proceso pues, la razón por la cual se solicitó el recon ocimiento de estos perjuicios fue la afectación de los demandantes como consecuencia de la muerte del señor Nelson Enrique Ruiz Pérez (q.e.p.d.), situación por la que no se accederá a su reconocimiento con el fin de evitar el enriquecimiento sin justa caus a que se ocasionaría por la doble indemnización del daño moral.

De tal suerte que la Sala confirmará lo resuelto por el a quo, frente al reconocimiento y pago del perjuicio a la salud o daño a la vida de relación, y así se declarará […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7.El actor solicitó en su escrito de tutela1:

1 Transcripción literal del texto.6

Núm. único de radicación: 110010315000202501918-00

La solicitud de tutela

Pretensiones

7.El actor solicitó en su escrito de tutela1:

1 Transcripción literal del texto.6

Núm. único de radicación: 110010315000202501918-00

Actor: Segundo Juan de Dios Ruiz Rojas

“[…] Se ampare los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, Y DEMAS QUE APAREZCAN, conculcados durante el trámite de la presente acción, del señor SEGUNDO JUAN DE DIOS RUlZ ROJAS, identificado con C.C. 19.1 17.041 cualquier otro del mismo rango que se determine como violado.

2. Se deje sin valor y efecto la Sentencia proferida TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA Magistrado LUIS ERENESTO ARCINIEGAS, y en su lugar se deje en firma la Sentencia de Segunda instancia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA Magistrado LUIS ERENESTO ARCINIEGAS, dentro del medio de control REPARACION DIRECTA Radicado 1500133330022017-00031-01 promovido por el Accionante y otros en contra de la E.S.E. Hospital

San Rafael de Tunja […]”.

Actuación

8.El Despacho sustanciador, mediante auto de 7 de abril de 2025: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de l Tribunal Administrativo de Boyacá; y iii) vinculó como tercero s con interés legítimo, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja, a la ESE Hospital Universitario San Rafael de

de Boyacá; y iii) vinculó como tercero s con interés legítimo, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja, a la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja, a La Previsora S.A., a los señores María Isolina Pérez Jiménez, Félix Antonio Ruiz Pérez, Anyi Milena Ruiz Pérez, Jhon Jairo Ruiz Pérez y Ana Maritza Ruiz Pérez, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja señaló que:

“[…] De forma respetuosa se considera que la acción de tutela se fundamentó exclusivamente en lo decidido en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá; razón por la cual, el Juzgado Segundo Administrativo de Boyacá carece de legitimación en la causa por pasiva.

Además, la acción de tutela de la referencia es improcedente por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional porque tiene por objeto debatir en una tercera instancia las personas que deben ser beneficiarias de la indemnización de perjuicios, en la medida en que el actor no está de acuerdo con la tesis expuesta por el Tribunal Administrativo de Boyacá; en efecto, el asunto no está relacionado con la violación de los derechos fundamentales, sino con la inconformidad respecto de la tesis interpretativa del Tribunal Administrativo de Boyacá […]”.

10.La ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.7

10.La ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.7

Núm. único de radicación: 110010315000202501918-00

Actor: Segundo Juan de Dios Ruiz Rojas

11.El Tribunal Administrativo de Boyacá afirmó que:

“[…] Como puede observar, señor consejero, al fallar el asunto de la referencia este Tribunal actuó de manera razonable dentro de la órbita de autonomía que le reconoce la Carta Política a la función jurisdiccional, sin que al hacerlo hubiera interpretado o aplicado equivocadamente la ley, ni hubiera valorado erradamente el material probatorio o hubiera omitido injustificadamente algún elemento de prueba relevante para tomar la decisión.

Con todo, de la lectura de la acción de tutela frente al contenido del fallo proferido por este Tribunal, resulta evidente que lo allí decidido no amenaza ninguno de los derechos fundamentales invocados, pues el proceso se surtió con las ritualidades establecidas y garantizando en todo momento el DEBIDO PROCESO y ACCESO A

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA […]”.

12. La Previsora S.A. y los señores María Isolina Pérez Jiménez, Félix Antonio Ruiz Pérez, Anyi Milena Ruiz Pérez, Jhon Jairo Ruiz Pérez y Ana Maritza Ruiz Pérez, pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con

pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1° y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213 y con el artículo 134 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

14.La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.

13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”. 5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.8

Núm. único de radicación: 110010315000202501918-00

Actor: Segundo Juan de Dios Ruiz Rojas

fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

Falta de legitimación en la causa por pasiva

15.La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

16.Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

17.De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T -1001 de 30 de noviembre de 20066, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

6 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.9

Núm. único de radicación: 110010315000202501918-00

Actor: Segundo Juan de Dios Ruiz Rojas

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto ."[7]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

18.La Sala advierte que la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja solicitó

responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

18.La Sala advierte que la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja solicitó su desvinculación , porque , a su juicio , carece de legitimación en la causa por pasiva.

19.Al respecto, es preciso indicar que la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja fue parte demandada dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 150013333002201700031-01, por lo que le asiste interés en el resultado del proceso de la referencia, razón por la que la Sala denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte considerativa de la presente providencia.

Problema jurídico

20.Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente, si se cumplieron con

7 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.10

Núm. único de radicación: 110010315000202501918-00

Actor: Segundo Juan de Dios Ruiz Rojas

los requisitos generales de procedencia de la subsidiariedad y de relevancia constitucional.

21.Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los

Actor: Segundo Juan de Dios Ruiz Rojas

los requisitos generales de procedencia de la subsidiariedad y de relevancia constitucional.

21.Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) la procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia; v) el análisis del caso concreto y, finalmente, vi) las conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

22. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena8, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

23. Esta Sección adoptó9 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 200510, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de

judiciales

23. Esta Sección adoptó9 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 200510, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso d