CE - Sentencia 11001031500020250207400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02074-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: ARTURO ORTIZ OSEJO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE ECONÓMICO. CONDENA

EN COSTAS

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO Y

AL MÍNIMO VITAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

DE PASTO1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO2.

1 En adelante el JUZGADO. 2 En adelante el TRIBUNAL.2

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Actor: ARTURO ORTIZ OSEJO

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor ARTURO ORTIZ OSEJO , a través de apoderado , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al mínimo vital, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL y el JUZGADO, al haber proferido las providencia de 7 de octubre de 2024 y 26 de marzo de 2025, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2016-00154-03.

I.2.- Hechos

Indicó que laboró al servicio del Estado colombiano desde el 12 de febrero de 1969 hasta el 30 de diciembre de 2013 , ocupando como último cargo el de analista en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Adujo que la Caja Nacional de Previsión Social, hoy Unidad3

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Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)3, reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación a su favor, omitiendo la inclusión

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Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)3, reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación a su favor, omitiendo la inclusión de la totalidad de factores salariales devengados en el último año de servicios.

Expresó que , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió demanda contra la UGPP, con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 013466 de 8 de abril de 2015 y RDP 027186 de 3 de julio de 2015.

Manifestó que el JUZGADO mediante sentencia de 18 de diciembre de 2020, resolvió negar las pretensiones de la demanda.

Adujo que el TRIBUNAL “[…] mediante sentencia de fecha 09 de marzo de 2022, decidiendo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, CONFIRMÓ la sentencia de primera instancia, con fundamento en que el monto de la pensión del señor ARTURO ORTIZ OSEJO, debe determinarse teniendo en cuenta únicamente los devengados durante el último año de prestación de servicios,

3 En adelante UGPP.4

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siempre y cuando hayan servido de base para calcular los aportes, es decir, los que cotizó y se encuentre relacionados en el artículo 1°

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siempre y cuando hayan servido de base para calcular los aportes, es decir, los que cotizó y se encuentre relacionados en el artículo 1° la Ley 62 de 1985, en el mismo sentir, condenó en costas a la parte vencida, situación tal que fue recurrida mediante r ecurso de aclaración, corrección y modificatoria respecto a la improcedencia de esa condena a la luz de la normatividad vigente […]”.

Afirmó que la Secretaría del JUZGADO procedió con la liquidación de las costas procesales, en primera instancia por $1.620.000 y , en segunda, por $540.000, estimándolas en su totalidad por $2.160.000, valores que fueron aprobados por el despacho judicial en auto de 6 de febrero de 2024.

Señaló que el TRIBUNAL “[…] mediante auto del 07 de octubre de 2024, procede sesgadamente a condenar de nuevo en costas al recurrente, con en el argumento: “que al haberse resuelto desfavorablemente la apelación que interpusieron Finalmente, en aplicación del criterio objetivo, se condenará en costas al apelante, al perder la impugnación […]”.

Concluyó aduciendo que “[…] El despacho de primera instancia procede a obedecer y cumplir lo resuelto en segunda instancia, y5

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nuevamente realiza la liquidación de costas procesales, por lo que mediante auto del 26 de marzo de 2025, liquidó las nuevas agencias en derecho por valor de $270.000 […]”.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de l actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defectos fáctico, procedimental absoluto y sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas y en “[…] desconocimiento del precedente […]”.

Señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto fáctico, toda vez que “[…] procedieron a condenar en costas a mi representado(a), sin elementos probatorios suficientes que respaldara dicha condena […]”.

Adujo que con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado para determinar si hay lugar o no a la condena en costas, se estudian aspectos como la conducta de las partes, y que principalmente estas aparezcan causadas y comprobadas.

Manifestó que para condenar en costas no basta que la parte sea6

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vencida, por el contrario, se requiere una valoración por parte del

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vencida, por el contrario, se requiere una valoración por parte del Juez de la conducta observada por ella en el proceso, “[…] y en el presente caso, tanto el demandante como su apoderado NO realizaron conductas tendientes a dilatar el proceso, ni actuaron de mala fe, así como tampoco se tiene probado dentro del expediente, los gastos y/o agencias en derecho en que pudo haber incu rrido la parte demandada y menos, que los mismos estuvieren acreditados en el proceso; razones por la cuales no habría lugar a la imposición de la misma […]”.

Adujo que se incurrió en un defecto sustantivo “[…] al condenar en costas en ambas instancias al demandante, y no conforme a ello, tras exponer razones más que de peso en cuanto la improcedencia de esa condena de manera rigurosa y hasta burlesca procede el Tribunal nuevamente a condenar, apartándose de lo normado por los artículos 188 del CPACA y el art. 365 del CGP, abandonando entonces el criterio “MIXTO” u “Objetivo Valorativo7”, para su imposición, y adoptando uno netamente Objetivo (dado que no se efec tuó la comprobación de su causación), es decir, procedió a su imposición por el solo hecho de haber sido vencido en el proceso […]”.

Manifestó que en los términos del artículo 188 de la Ley 1437 de 187

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Manifestó que en los términos del artículo 188 de la Ley 1437 de 187

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de enero 20114, no se comprobó temeridad o mala fe en el proceso objeto de controversia.

Expresó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en desconocimiento del precedente, teniendo en cuenta que “[…] esta corporación como órgano de cierre de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se ha pronunciado respecto de la obligatoriedad de la condena en costas, explicando la facultad de disponer sobre esta condena como resultado de un análisis de lo di spuesto en conjunto por el 188 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 365 del Código General Proceso, no siendo una obligación su condena, sin o una facultad de disponer que tendrá el fallador analizando principalmente la conducta y la buena fe de las partes; al respecto ha señalado la Sala en Sentencia del 20 de agosto de 2015, No. Interno 2219 -2014, consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez […]”.

Por último, expresó que incurrieron en un defecto procedimental, toda vez que “[…] dejaron de lado que el CPACA permitió la remisión expresa al Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, para tratar lo ateniente a la liquidación y ejecución de

toda vez que “[…] dejaron de lado que el CPACA permitió la remisión expresa al Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, para tratar lo ateniente a la liquidación y ejecución de

4 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.8

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costas; por tanto, si bien es cierto el CPACA no contempla de forma expresa que el auto que aprueba la liquidación de costas sea susceptible de recurso de apelación, el Código General del Proceso si lo establece en el numeral 5to del artículo 366; norma qu e es aplicable al caso, por autorización expresa del 188 del CPACA […]”.

I.4.- Pretensiones

El actor solicita el amparo de sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. AMPARAR los derechos AL MINIMO VITAL, AL PRINCIPIO

DE SEGURIDAD JURIDICA, FAVORABILIDAD LABORAL, DEBIDO

PROCESO, Y DERECHO A LA IGUALDA PROCESAL, del(la)

Señor(a) SEGUNDO CLIMACO RUANO (SIC).

2. ORDENAR al JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO, y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, en amparo a los derechos enunciados, revocar la

2. ORDENAR al JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO, y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, en amparo a los derechos enunciados, revocar la condena en costas ordenada y liquidada en las sentencias y que definieron el asunto ordinario, como l os autos que también condenaron y posteriormente liquidaron y aprobaron. De lo contrario se estudie la cuantía exorbitante por la que fue condenado el recurrente y posteriormente aprobadas por la rigurosidad del Tribunal cuando se replicó la improcedente d e esa condena.

4. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los derechos aquí tutelados […]”.9

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I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO indicó que “[…] Las actuaciones de primera y segunda instancia, fueron ajustadas a las garantías del debido proceso y del derecho de defensa. La sentencia de primera instancia estuvo debidamente motivada en aspectos jurídicos y fácticos, y en observancia a las dispos iciones constitucionales por lo que no se le puede calificar de ser apartada del derecho o de vía de hecho […]”.

I.5.2. El TRIBUNAL señaló que “[…] las providencias proferidas por esta Corporación, hoy acusadas, fundamentaron su decisión en el

puede calificar de ser apartada del derecho o de vía de hecho […]”.

I.5.2. El TRIBUNAL señaló que “[…] las providencias proferidas por esta Corporación, hoy acusadas, fundamentaron su decisión en el criterio objetivo para la imposición de costas, el cual como se dijo, también es aceptado por el H. Consejo de Estado […]”.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La UGPP indicó que no existió vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor y pide ordenar que la acción de tutela sea declarada improcedente, teniendo en cuenta que la tutela se está utilizando como una tercera instancia.10

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento11

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jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y12

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extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un

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extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la

claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.13

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f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales

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f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue

decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la14

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tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se dejen sin efecto las providencias de 7 de octubre de 2024 y 26 de marzo de 2025 proferidas por el TRIBUNAL y el JUZGADO,

texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se dejen sin efecto las providencias de 7 de octubre de 2024 y 26 de marzo de 2025 proferidas por el TRIBUNAL y el JUZGADO, respectivamente, dentro medio de control de nulidad y restablecimiento identificado con el número único de radicación 2016-00154-03.

A las citadas providencias el actor les atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al mínimo vital, habida cuenta que, a su juicio, se incurrió en defectos fáctico, sustantivo, procedimental absoluto y desconocimiento del precedente.

Señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto fáctico, toda vez que “[…] procedieron a condenar en costas a mi representado(a), sin elementos probatorios suficientes que respaldara dicha condena […]”.15

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Adujo que con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado para determinar si hay lugar o no a la condena en costas, se estudian aspectos como la conducta de las partes y que estas aparezcan causadas y comprobadas.

Manifestó que para condenar en costas no basta que la parte sea vencida, por el contrario, se requiere una valoración por parte del

estudian aspectos como la conducta de las partes y que estas aparezcan causadas y comprobadas.

Manifestó que para condenar en costas no basta que la parte sea vencida, por el contrario, se requiere una valoración por parte del Juez de la conducta observada por ella en el proceso, “[…] y en el presente caso, tanto el demandante como su apoderado NO realizaron conductas tendientes a dilatar el proceso, ni actuaron de mala fe, así como tampoco se tiene probado dentro del expediente, los gastos y/o agencias en derecho en que pudo haber incurrido la parte demandada y menos, que los mismos estuvieren acreditados en el proceso; razones por la cuales no habría lugar a la imposición de la misma […]”.

Adujo que se incurrió en un defecto sustantivo “[…] al condenar en costas en ambas instancias al demandante, y no conforme a ello, tras exponer razones más que de peso en cuanto la improcedencia de esa condena de manera rigurosa y hasta burlesca procede el Tribunal nuevamente a condenar, apartándose de lo normado por los artículos 188 del CPACA y el art. 365 del CGP, abandonando entonces el16

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criterio “MIXTO” u “Objetivo Valorativo7”, para su imposición, y adoptando uno netamente Objetivo (dado que no se efectuó la comprobación de su causación), es decir, procedió a su imposición

criterio “MIXTO” u “Objetivo Valorativo7”, para su imposición, y adoptando uno netamente Objetivo (dado que no se efectuó la comprobación de su causación), es decir, procedió a su imposición por el solo hecho de haber sido vencido en el proceso […]”.

Manifestó que en los términos del artículo 188 de la Ley 1437, no se comprobó temeridad o mala fe en el proceso objeto de controversia.

Expresó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en desconocimiento del precedente, teniendo en cuenta que “[…] esta corporación como órgano de cierre de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se ha pronunciado respecto de la obligatoriedad de la condena en costas, explicando la facultad de disponer sobre esta condena como resultado de un análisis de lo di spuesto en conjunto por el 188 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 365 del Código General Proceso, no siendo una obligación su condena, si no una facultad de disponer que tendrá el fallador analizando principalmente la conducta y la buena fe de las partes; al respecto ha señalado la Sala en Sentencia del 20 de agosto de 2015, No. Interno 2219 -2014, consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez […]”.

Por último, expresó que incurrieron en un defecto procedimental17

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absoluto, toda vez que “[…] dejaron de lado que el CPACA permitió la remisión expresa al Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, para tratar lo ateniente a la liquidación y ejecución de costas; por tanto, si bien es cierto el CPACA no contempla de forma expresa que el auto que aprueba la liquidación de costas sea susceptible de recurso de apelación, el Código General del Proceso si lo establece en el numeral 5to del artículo 366; norma que es aplicable al caso, por autorización expresa del 188 del CPACA […]”.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii) establecer si la s autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida18

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según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida18

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por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

5 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 6 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.19

5 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 6 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02074-00

Actor: ARTURO ORTIZ OSEJO

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Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo: