CE - Sentencia 11001031500020250219100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 26 de mayo de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02191-00

Accionante: Cristian Alberto Sánchez Tusarma Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de primera instancia que le negó las pretensiones en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, así como la providencia que confirmó dicha decisión.

De acuerdo con la competencia asignada 1, procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Cristian Alberto Sánchez Tusarma contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección A de la Sección Segunda d el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 11 de abril de 202 52, Cristian Alberto Sánchez Tusarma, mediante apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso , así como de l principio de imparcialidad de la prueba, con ocasión de las Sentencias de 2 de octubre de 2024 3 y de 16 de septiembre de 20 21, respectivamente, proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-42-000-2018-02521-00/01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación. 2 Cabe precisar que la acción de tutela ingresó al despacho ponente, el 21 de abril de 2025. Índice 3 de SAMAI. 3 Notificada mediante mensaje de datos enviado el 26 de noviembre de 2024.Radicación: 11001-03-15-000-2025-02191-00

Accionante: Cristian Alberto Sánchez Tusarma Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Accionante: Cristian Alberto Sánchez Tusarma Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente _________________________________________________________________________________________________________

2 de 11 “1. AMPARAR el derecho al DEBIDO PROCESO, y el PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD DE LA PRUEBA, entre otros de índole constitucional del señor

CRISTIAN ALBERTO SANCHEZ TUSARMA.

2. ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”, en amparo a los derechos enunciados, emitir una nueva sentencia, fundamentándola desde la sana crítica y teniendo en cuenta la totalidad de las pruebas que reposan dentro del proceso ordinario, haciendo un estudio acorde de las mismas, garantizando los derechos fundamentales del actor.

3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los derechos aquí tutelados.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se

identificaron los siguientes:

4. 1) Cristian Alberto Sánchez Tusarma presentó una demanda , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , contra la Secretaría Distrital de Medio Ambiente de Bogotá, en la que solicitó la nulidad del acto administrativo No. 2018EE184334 de 9 de agosto de 2018, mediante el cual se le negó el reconocimiento de una relación laboral y , con ello , las prestaciones sociales y el fuero de estabilidad reforzada por cónyuge embarazada.

mediante el cual se le negó el reconocimiento de una relación laboral y , con ello , las prestaciones sociales y el fuero de estabilidad reforzada por cónyuge embarazada.

5. 2) Mediante Sentencia de 16 de septiembre de 2021, la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones . Determinó que el señor Sánchez Tusarma brindó apoyo logístico para el transporte de especímenes de flora y fauna desde las oficinas de enlace cuando fueran incautados o desde el lugar donde los ciudadanos reportaran en el cas co urbano de Bogotá. Señaló que los testimonios demostraron que, aunque la entidad entregaba lineamientos para la programación de r ecogidas, el demandante organizaba autónomamente sus visitas, sin horarios fijos ni supervisión de jornada, limitándose a reportar el cumplimiento de las actividades, es decir, había una coordinación de actividades, pero no un grado de subordinación.

6. Sostuvo que el señor Sánchez Tusarma no se integró en la organización de la entidad demandada, puesto que solo debía acudir a las instalaciones de las oficinas de enlace, oficina central o el lugar donde el ciudadano reportara el espécimen para recogerlo y transportarlo al centro de recepción de flora y fauna silvestre, y hacer llenar todos los documentos requeridos. Indicó que la Secretaría Distrital de Ambiente actuó bajo el Plan de Desarrollo 2016 -2020, específicamente mediante el proyecto 979, enfocado a controlar el deterioro de recursos naturales mediante acciones técnicas y jurídicas, y para ello, contrató servicios especializados exigiendo solo resultados.Radicación: 11001-03-15-000-2025-02191-00

enfocado a controlar el deterioro de recursos naturales mediante acciones técnicas y jurídicas, y para ello, contrató servicios especializados exigiendo solo resultados.Radicación: 11001-03-15-000-2025-02191-00

Accionante: Cristian Alberto Sánchez Tusarma Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente _________________________________________________________________________________________________________

3 de 11 7. 3) Inconforme con dicha decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación en el que argumentó que con los elementos aportados se acreditaba la subordinación, como las declaraciones y los mensajes de WhatsApp donde se solicitaba información de las labores llevadas a cabo por los funcionarios de planta y contratistas. Adujo que la subordinación giró en torno al objeto misional de la autoridad administrativa. Manifestó que no tenía autonomía para planear sus actividades, ya que el cronograma establecido en el contrato era modificado diariamente por la supervisora, quien impartía ordenes de último momento sobre trámites, traslados y rutas distintas a las inicialmente pactadas. Por lo que, la Secretaría imponía las visitas y horarios, supeditándolo a sus directrices, lo que evidenciaba subordinación y no una mera coordinación contractual.

8. Alegó que se ignoraron pruebas documentales clave, como los mensajes de WhatsApp del grupo de la oficina, donde se exigía el reporte a la supervisora de horarios de entrada y salida en tiempo real. Afirmó que la Corte Constitucional ha reconocido el valor probatorio de estas capturas como indicios de relación laboral, pero el juez de primera instancia solo consideró los testimonios que fueron direccionados a favorecer las

la supervisora de horarios de entrada y salida en tiempo real. Afirmó que la Corte Constitucional ha reconocido el valor probatorio de estas capturas como indicios de relación laboral, pero el juez de primera instancia solo consideró los testimonios que fueron direccionados a favorecer las pretensiones de la entidad demandada.

9. 4) Mediante Sentencia de 2 de octubre de 2024, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia. Señaló que , del material probatorio , se demostró la prestación personal del servicio del demandante, consistente en apoyar la gestión en las labores logísticas y operativas de las oficinas de enlace de la Secretaría Distrital de Ambiente, y que recibía una remuneración por sus servicios.

Analizó el elemento de la subordinación con los criterios de la misma Corporación4. Estableció, conforme con las pruebas obrantes en el expediente, que no se logró demostrar la exigencia del cumplimiento de un horario. Precisó que no existían elementos de juicio que permitieran concluir que durante el tiempo que el señor Sánchez Tusarma trabajó en la entidad se le impartieran órdenes e instrucciones por la supervisora del contrato que desnaturalizaran el objeto contractual.

10. Determinó que las funciones desempeñadas por el demandante siempre se enmarcaron dentro de las obligaciones específicas del contrato y que, cuando no pudiese desarrollar alguna labor o actividad, no tenía que solicitar permiso , sino comunicar con anticipación para que la actividad fuera realizada por otro compañero. Concluyó que, pese a que el recurso de apelación alegaba que las pruebas del proceso demostraban elementos de subordinación, lo que realmente se evidenció fue el

fuera realizada por otro compañero. Concluyó que, pese a que el recurso de apelación alegaba que las pruebas del proceso demostraban elementos de subordinación, lo que realmente se evidenció fue el

4 Consejo de Estado, Sentencia de Unificación SUJ-025-CES22021.Radicación: 11001-03-15-000-2025-02191-00

Accionante: Cristian Alberto Sánchez Tusarma Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente _________________________________________________________________________________________________________

4 de 11 cumplimiento del demandante de los objetos contractuales guiados por el principio de coordinación que existe en el contrato de prestación de servicios.

11. Como fundamento de la vulneración , la parte actora alegó que las autoridades accionadas incurrieron en un: (1) defecto fáctico, pues, pese a haberse demostrado los 3 elementos del contrato realidad, el juez se apartó de lo que quedó comprobado y por un inadecuado estudio probatorio vulneró sus derechos. Señaló que sus objetos contractuales fueron los mismos en los 2 contratos que celebró, consistentes en realizar labores únicamente en las 3 oficinas de enlace dispuestas por la entidad, por lo que no tenía que ejecutar sus actividades en todo el perímetro de Bogotá, es decir, se rompió el espíritu contractual a través de las órdenes dadas por la coordinadora.

Indicó que las autoridades accionadas cayeron en la incongruencia entre lo probado y lo resuelto, ya que no podían dar total credibilidad a los testimonios porque podían ser fácilmente manipulados.

Indicó que las autoridades accionadas cayeron en la incongruencia entre lo probado y lo resuelto, ya que no podían dar total credibilidad a los testimonios porque podían ser fácilmente manipulados.

12. Manifestó que el Consejo de Estado incurrió e n los mismos defectos que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, debido a que esgrimió las mismas consideraciones del fallo de primera instancia respecto del horario y lugar donde debía realizar sus labores. Enunció que sí existió subordinación, ya que recibía órdenes, debía contar con disponibilidad, las labores que realizaba las debía hacer un trabajador de planta y estas eran intrínsecas con la misionalidad o fines esenciales para el funcionamiento de la Secretaría Distrital de Medio Ambiente de Bogotá , además, las herramientas, dotación e implementos que usaba eran dispuestos por la entidad.

13. (2) Violación directa de la Constitución , en particular, del derecho al debido proceso y el principio de imparcialidad de la prueba, dado que, las autoridades accionadas sesgadamente tomaron las declaraciones de los testigos para fundamentar sus sentencias, pero de manera defectuosa al hacer una selección de aquello que convenía a la contraparte.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados5

14. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado 6 solicitó que se declarara improcedente el amparo, ya que se valoraron en conjunto todos los elementos probatorios allegados al proceso por las partes, bajo el principio de la sana cr ítica. Alegó que no era cierto que se tomaron los testimonios de manera parcializada, pues la valoración se hizo

conjunto todos los elementos probatorios allegados al proceso por las partes, bajo el principio de la sana cr ítica. Alegó que no era cierto que se tomaron los testimonios de manera parcializada, pues la valoración se hizo

5 Mediante Auto de 23 de abril de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia, se tuvo como accionados a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y a la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se vinculó a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá , como tercero con interés en el asunto. 6 Índice 12 de SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2025-02191-00

Accionante: Cristian Alberto Sánchez Tusarma Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente _________________________________________________________________________________________________________

5 de 11 respecto de todas las manifestaciones expresadas por cada uno. Argumentó que la parte actora pretendía reabrir otro debate probatorio, simplemente por no estar de acuerdo con el resultado de las instancias y, con ello, convertir la acción de tutela en una tercera instancia.

15. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca7 solicitó que se negaran las peticiones de la acción de tutela, al evidenciar que no se configuró una violación de los derechos fundamentales, toda vez que la providencia atacada se fundamentó en la normativa y jurisprudencia aplicables al asunto.

16. La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá 8 manifestó que el

fundamentales, toda vez que la providencia atacada se fundamentó en la normativa y jurisprudencia aplicables al asunto.

16. La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá 8 manifestó que el accionante no cumplió con su deber de carga probatoria y pretendía, mediante la acción de tutela , que el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rindieran cuentas sobre su actuar o que los terceros interesados suplieran el deber probatorio , lo cual resultaba improcedente, pues el hecho de que las pretensiones no prosperaran no significada que existiera una falla en la actuación del operador judicial.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.3. Conclusión.

2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio

17. La Sala se centrará en analizar los reparos invocados respecto de la Sentencia de 2 de octubre de 2024 , proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , pues, pese a que también se enjuició la Sentencia de 16 de septiembre de 2021 de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo cierto es que, con ocasión del recurso de apelación, la decisión de segunda instancia fue la que resolvió de manera definitiva el litigio. Asimismo, ante una eventual decisión favorable a las súplicas de amparo, será la autoridad que resolvió definitivamente la controversia la encargada de dar cumplimiento a lo que se ordene.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

una eventual decisión favorable a las súplicas de amparo, será la autoridad que resolvió definitivamente la controversia la encargada de dar cumplimiento a lo que se ordene.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

18. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no superar el requisito de relevancia constitucional, por los motivos que pasan

a explicarse:

7 Índice 10 de SAMAI. 8 Índice 11 de SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2025-02191-00

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19. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.

En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a asuntos donde se afect en los derechos fundamentales e impedir que esta se convierta en una instancia adicional9.

20. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio

asuntos donde se afect en los derechos fundamentales e impedir que esta se convierta en una instancia adicional9.

20. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige, adicionalmente, que se demuestre una vulneración des proporcionada y/o arbitraria de un derecho fundamental10.

21. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001 -03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de varios elementos: (1) una carga argumentativ a por parte del accionante que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto 11; (2) que la solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia adicional al proceso ordinario12 y (3) que se trate de una controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad13.

22. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU -295 de 2023 14, estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2) perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos.

9 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.

perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos.

9 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022. 10 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024. 11 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundam entales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es men os cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.” 12 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.” 13 Ídem. “ La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre

13 Ídem. “ La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.” 14 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.Radicación: 11001-03-15-000-2025-02191-00

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23. Bajo este entendido, la Sala estima que en el presente caso no se cumplió con el mencionado requisito porque la parte actora busca reabrir el debate que se dio en el proceso ordinario respecto de la valoración probatoria. De hecho, al argumentar la relevancia constitucional del caso, presentó una explicación sobre la presunta valoración incorrecta de las pruebas testimoniales y documentales, y la configuración de los 3 elementos del contrato realidad.

24. Sumado a lo anterior, la Sala estima que, aunque el actor reprochó que se había incurrido en un defecto fáctico y una violación de la Constitución, porque la autoridad judicial accionada limitó la valoración probatoria y aceptó como veraces los testimonios de la contraparte, sin contrastarlos de manera proporcional con las pruebas documentales, para establecer que no se configuró del elemento de subordinación , tales argumentos no son más que una reiteración de lo expuesto en el recurso de apelación15, aspectos sobre los que la Subsección A de la Sección Segunda

establecer que no se configuró del elemento de subordinación , tales argumentos no son más que una reiteración de lo expuesto en el recurso de apelación15, aspectos sobre los que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado se pronunció de la siguiente manera (se trascribe):

“(…) En el caso concreto, se tiene que el demandante presentó recurso de apelación al considerar que, contrario a lo expuesto por el tribunal de instancia, con las pruebas que obran en el expediente sí se acredita el elemento de la subordinación. (…) Para ello, se tendrán en cuenta los criterios expuestos por esta Corporación en la sentencia de unificación SUJ -025-CES22021 en la que precisó como indicios los siguientes: (…)

1. Lugar de trabajo: Del análisis en conjunto del acervo probatorio y bajo la sana crítica, se puede deducir que el demandante ejecutaba las actividades contractuales en diferentes sedes de la Secretaría Distrital de Ambiente, (…).

1. Horario de trabajo: Al respecto, conviene subrayar que, según lo declarado por Albert Espitia Olaya el demandante si cumplía un horario de 6:00 AM a 10:00 PM, sin embargo, de acuerdo a los testimonios de Camilo Ernesto Niño Romero Edgar Camilo Piraján Prieto y Luisa Fernanda Pérez Parra se puede establecer que no le era exigido el cumplimiento de un horario y tampoco se verificaba la hora de ingreso y salida del demandante, en estricto sentido, se hacía una programación de actividades diarias con base a las necesidades del servicio de transporte de los elementos de fauna y flora silvestre que se podían desarrollar de lunes a viernes y en

salida del demandante, en estricto sentido, se hacía una programación de actividades diarias con base a las necesidades del servicio de transporte de los elementos de fauna y flora silvestre que se podían desarrollar de lunes a viernes y en

15 (se trascribe) “(…) De acuerdo a la jurisprudencia en cita, el operador judicial tuvo a su alcance las pruebas documentales suficientes para darse cuenta que en el asunto SI se configuró subordinación, sin embargo, de las consideraciones que le sirvieron para tomar la decisión, se encuentra que sólo se valió de las pruebas testimoniales, esto es, las gran mayoría, fueron direccionadas a favorecer las pretensiones de la entidad demandada; se demuestra entonces el actuar sesgado del Tribunal frente a una valoración probatoria que no resulta idónea, equitativa y que dista de la legalidad. A su vez, mi mandante estaba en la obligación de cumplir un horario de lunes a domingo a partir de las 8:00 am hasta las 6:00 pm, e incluso, laboraba en días festivos; situación que conforme lo ha enseñado recientemente el Honorable Consejo de Estado, puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, circunstancia que debía ser valorada en función del objeto contractual convenido en el presente asunto. Ahora bien, el despacho no dio por probado, estándolo, que con el fin de que mi representado diera cabal cumplimiento a su objeto contractual, esto es, “apoyar la gestión en las labores logísticas y operativas de las oficinas de enlace de la Secretaría Dis trital de Ambiente”, necesariamente debía recibir órdenes directas de la directora operativa de la subdirección de silvicultura, flora y fauna silvestre de la entidad, por lo tanto no era una

oficinas de enlace de la Secretaría Dis trital de Ambiente”, necesariamente debía recibir órdenes directas de la directora operativa de la subdirección de silvicultura, flora y fauna silvestre de la entidad, por lo tanto no era una labor que pudiese realizarse de manera desligada e independiente a directrices de la demandada, sino que por el contrario, estaba supeditada constantemente a ese punto, en el sentido de que determinar los puntos de turno, la fauna y flora que se debía recolectar, las rutas, los horarios, y todos esos elementos que constituyeron el contrato, no era un ejercicio normal de coordinación del contratista, por lo tanto debe ser valorado como un indicio claro de subordinación. (…). Índice 9 de SAMAIRadicación: 11001-03-15-000-2025-02191-00

Accionante: Cristian Alberto Sánchez Tusarma Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente _________________________________________________________________________________________________________

8 de 11 algunas ocasiones los fines de semana, de 6:00 AM a 10:00 PM o en la hora que la persona estuviese disponible para entregar el espécimen.

Sin embargo, la deponente Nubia Marcela Amaya Rodríguez aseguró que a Cristian Sánchez le establecían unos turnos de asistencia mediante un Drive que le compartían a todos los integrantes con los turnos a ejercer en las oficinas de enlace, sobre esto no se tiene certeza, ya que, a pregunta formulada por el agente del Ministerio Público señaló que no tuvo la oportunidad de hablar con él en las oficinas de enlace y que compartían espacios mínimos, de ahí que, la testigo no presenció

Ministerio Público señaló que no tuvo la oportunidad de hablar con él en las oficinas de enlace y que compartían espacios mínimos, de ahí que, la testigo no presenció de manera directa esa situación en específico del demandante.

En igual sentido se encuentra la declarante Angélica María Rojas Prada quién manifestó que en algunas ocasiones el demandante debía cumplir horario que se establecía con una programación mensual en la que se indicaban los horarios de atención al público en las oficinas de enlace y que los cronogramas los hacía ella y los avalaba la coordinadora Luisa Fernanda Pérez, frente a lo anterior, en el expediente obra copia de correo electrónico con el asunto de horario y plan de trabajo del mes de junio de 2017 y c aptura de pantalla de un archivo Excel con un esquema de asignación de días de atención desde el 7 al 30 de junio de 2017, no obstante, a pesar de que el documento contiene el nombre de Cristian Sánchez no da cuenta de las horas que laboraría, igualmente, en las capturas de pantalla de mensajes de datos de WhatsApp en el grupo «OFICINAS ENLACE SDA» se pudo vislumbrar que se in dicó como disponibilidad en las semanas 16 y 17 correspondientes al mes de abril de 2017 los horarios de 6:00 AM a 2 PM, de 8:00 AM a 5:00 PM, de 2:00 PM a 10 PM y de 8 AM a 4 PM., y descanso los fines de semana, sin precisarse en específico una asignación e imposición de horario al demandante.

Por lo anterior, se concluye que, contrario a lo indicado en el recurso de apelación, de las pruebas obrantes en el expediente, no se logra demostrar la exigencia del

sin precisarse en específico una asignación e imposición de horario al demandante.

Por lo anterior, se concluye que, contrario a lo indicado en el recurso de apelación, de las pruebas obrantes en el expediente, no se logra demostrar la exigencia del cumplimiento de un horario por parte del recurrente. En efecto, ninguna de las pruebas do cumentales y testimoniales permite concluir la existencia de una imposición de horarios fijos, a partir de planillas de ingresos, salidas o memorandos; o en las que se especifique de manera taxativa que las funciones ejecutadas por el interesado debían ceñ irse al cumplimiento de un tiempo determinado dentro o fuera de las instalaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente.

1. La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar: (…).

Una vez analizado el material probatorio se ti