CE - Sentencia 11001031500020250228700 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02287-00

Demandante: Jairo Bazurto Pachón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02287-00

Demandante: JAIRO BAZURTO PACHÓN

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE

DEFENSA NACIONAL

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – No se puede asumir de manera indeterminada la representación de grupos poblacionales por vía de tutela ; en este caso, el demandante carece de legitimación para representar a l as comunidades en las que se desarrollan operativos militares contra Grupos Armados

Organizados (GAO).

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Jairo Bazurto Pachón contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 22 de abril de 2025 1, el señor Jairo Bazurto Pachón interpuso acción de

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 22 de abril de 2025 1, el señor Jairo Bazurto Pachón interpuso acción de tutela contra las autoridades mencionadas , para que se protejan «el derecho a la vida en conexidad con el derecho a la dignidad humana, integridad personal y salud física y mental, especialmente de los niños de las comunidades pertenecientes a los municipios donde el gobierno nacional ordenó bombardeos». Formuló las siguientes

pretensiones (transcripción textual):

Primero: Tutelar los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, integridad personal y la salud física y mental de las comunidades, especialmente de los niños, en los municipios donde el Presidente de la República y el Ministro de la Defensa Nacional ordenen en lo sucesivo bombardeos contra los grupos armados organizados ELN, Disidencias de las FARC y Clan del Golfo, según se anunció mediante comunicados del Ministerio de la Defensa Nacional. Esto en razón al riesgo de vulneración de los mencionados derechos fundamentales que tuvieron las comunidades, especialmente los niños, en los municipios de Cáceres, Segovia y Tarazá del departamento de Antioquia donde se realizaron los recientes bombardeos los

1 Se advierte que el 7 de mayo de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. Samai, índice 16.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02287-00

Demandante: Jairo Bazurto Pachón

para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. Samai, índice 16.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02287-00

Demandante: Jairo Bazurto Pachón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 días 06-12-2024, 25-03-2025 y 08-04-2025 respectivamente. Así mismo para que las comunidades de los municipios donde ya hubo los bombardeos no se vean nuevamente expuestos a la amenaza de vulneración de derechos fundamentales debido a otros bombardeos que se tenga previsto realizar.

Segundo: Tutelar el derecho fundamental a la vida de las personas que integran los grupos armados organizados que en lo sucesivo sean objeto de bombardeos en cumplimiento de lo anunciado por el Ministerio de Defensa Nacional si los bombardeos a realizar siguen iguales protocolos y ejecución de aquellos objeto de los hechos de esta tutela los cuales terminaron con la muerte de todos o casi todos los afectados, llevados a cabo en los municipios de Cáceres, Segovia y Tarazá del departamento de Antioquia.

Bombardeos que está demostrado ocasionaron la muerte de los pertenecientes a esos grupos armados organizados los cuales no tenían la capacidad militar para enfrentar dichas operaciones que no se ejecutaron en medio de combates y con el factor sorpresa, superioridad numérica y sobre todo uso de armas letales por parte de las fuerzas militares en desproporción al fusil de dotación que portaban en tierra los miembros de esas estructuras que murieron

y con el factor sorpresa, superioridad numérica y sobre todo uso de armas letales por parte de las fuerzas militares en desproporción al fusil de dotación que portaban en tierra los miembros de esas estructuras que murieron fulminantemente por el efecto letal de los bombardeos. De ahí la importancia vital de revisar esos protocolos para que situaciones iguales no se repitan y se privilegien las capturas, rendiciones o desmovilizaciones, antes que la muerte como resultado único de los bombardeos. Por lo que no era necesario ni proporcional quitarles la vida como se evidencia en esta acción de tutela.

Tercero: Ordenar al Ministerio de Defensa Nacional SUSPENDER la orden de realizar nuevos bombardeos a partir de la fecha contra los grupos armados organizados, hasta que sean revisados y adecuados los protocolos del uso de bombardeos conforme a las más estrictas exigencias del respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, Jurisprudencia de la Corte Constitucional, conceptos de la Corte Internacional de Derechos Humanos, Principios del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, los cuales, entre otros, aparecen en esta acción de tutela y que jerárquicamente son superiores a las órdenes de la Presidencia de la República y de las Directivas del Ministerio de Defensa Nacional y del Comando General de las Fuerzas Militares que son el único sustento que permiten realizar los bombardeos objeto de esta acción de tutela y los que llegaren a realizar con los mismos lineamientos de los aquí descritos.

2. Como fundamento, expuso que, el 6 de diciembre de 2024, el presidente de

permiten realizar los bombardeos objeto de esta acción de tutela y los que llegaren a realizar con los mismos lineamientos de los aquí descritos.

2. Como fundamento, expuso que, el 6 de diciembre de 2024, el presidente de la República, a través de su cuenta de la red social «X» informó sobre un bombardeo contra el Clan del Golfo, realizado en el municipio de Cáceres , Antioquia, en el que se utilizaron aviones Kfir y Súper Tucano de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Precisó que no hubo enfrentamiento y que el grupo ilegal no tenía armas letales con capacidad para atacar los aviones de la Fuerza Pública ; además, que «la ausencia de recursos, el factor sorpresa o la fuerza insuficiente y la letalidad del bombardeo produjo en el grupo armado ilegal un número aún no determinado de muertos y la disolución del mencionado grupo, según el informe del señor Presidente».

3. Agregó que, el 25 de marzo de 2025, el presidente de la República ordenó un nuevo bombardeo en el municipio de Segovia, Antioquia, contra el Clan del Golfo, en el que resultaron muertos 9 integrantes de ese grupo ilegal, 1 capturado y 13 fusiles incautados. Informó que entre las víctimas se hallaban los señores Manuel Alexander Ariza y Jairo Julio de Hoyos «presuntamente asesinos de soldados y del líder social de la Colombia Humana (partido político fundado por el señor Presidente) señor

Jaime Gallego».Radicado: 11001-03-15-000-2025-02287-00

Demandante: Jairo Bazurto Pachón

de la Colombia Humana (partido político fundado por el señor Presidente) señor Jaime Gallego».Radicado: 11001-03-15-000-2025-02287-00

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4. Indicó que, el 9 de abril de 2025, el primer mandatario comunicó el bombardeo autorizado en el municipio de Tarazá y la Amazonía, en el que fueron dados de baja varios integrantes de ese GAO; adicionalmente, señaló que continúa la persecución contra alias Mordisco, principal objetivo de las operaciones militares.

5. Resaltó que no se realizaron bombardeos en la persecución de Iván Mordisco, se rescataron menores de edad en esos días de operaciones, y se hizo un llamado a la desmovilización o captura de ese grupo delincuencial, «manifestaciones en claro respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario».

6. Adujo que los tres bombardeos permiten establecer:

(…) la vulneración de los derechos fundamentales de la vida, la integridad personal y el debido proceso de las personas que murieron en dichos bombardeos, de igual manera se pone de presente la amenaza de los derechos fundamentales en las comunidades de los mu nicipios donde se utilizaron las armas letales. Mismos que también permiten evidenciar el riesgo a los derechos fundamentales de las comunidades en los municipios donde se tiene planeado utilizar los bombardeos contra el ELN, disidencias de las FARC y Clan del Golfo, según lo ha dicho enfáticamente el Ministro de la Defensa Nacional. Riesgo

fundamentales de las comunidades en los municipios donde se tiene planeado utilizar los bombardeos contra el ELN, disidencias de las FARC y Clan del Golfo, según lo ha dicho enfáticamente el Ministro de la Defensa Nacional. Riesgo concreto toda vez que ya fueron anunciados y sabemos que detrás de cada bombardeo hay estudios de alta técnica de inteligencia que se realiza en varios meses. Si estos nuevos bombardeos se llevan a cabo en las mismas condiciones de los tres descritos en esta acción de tutela, se estaría decretando la pena de muerte de las personas a quienes se dirigen, dadas las falencias evidenciadas en esta tutela, además de riesgo para los derechos fundamentales que estos nuevos bombardeos representarían para las comunidades de los municipios escogidos si no son adecuados los protocolos a tiempo bajo estrictos lineamientos de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

7. Aseguró que en el primer bombardeo los hombres objeto de ataque no tenían los medios para contrarrestar la ofensiva, ni se demostró que tuvieran en su poder secuestrados o que estuvieran realizando actividades criminales distintas a la pertenencia al grupo armado organizado, por ende, debió intentarse primero una rendición o desmovilización, o incluso capturas. Sin embargo, como se optó por el bombardeo, en su criterio, se vulneró el artículo 11 de la Constitución Política y se desconocieron la jurisprudenc ia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos, sobre el uso de la fuerza y de las armas bajo los principios de proporcionalidad, necesidad y precaución. Aseguró que la actuación reprochada fue desproporcionada porque afectó el derecho a la vida, que es

Interamericana de Derechos, sobre el uso de la fuerza y de las armas bajo los principios de proporcionalidad, necesidad y precaución. Aseguró que la actuación reprochada fue desproporcionada porque afectó el derecho a la vida, que es inviolable, y no era necesaria, pues no se registró un enfrentamiento con las fuerzas militares ni existía desventaja o amenaza inmediata, así como tampoco se hizo nada para proteger el derecho a la vida, en la máxima medida posible.

8. Añadió que en Colombia «no hay un marco normativo jurídico que permita como objetivo causar la muerte de un ser humano que no se encuentre en medio de combates o en desarrollo de actividades criminales y defensivas contra las Fuerzas Armadas». Sostuvo, así, que no existe soporte legal que autorice el empleo de fuerza letal en los bombardeos; por el contrario, la Ley 2294 de 2023 «sienta las bases para que Colombia se convierta en un líder en la protección de la vida».

9. Manifestó que se desconocieron algunas disposiciones relacionadas con el uso de la fuerza, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y el DerechoRadicado: 11001-03-15-000-2025-02287-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Internacional de los Derechos Humanos; así como lo dispuesto en los Manuales operacionales de las Fuerzas Militares FFMM 3-41 de 2009, CGFM 2015P57-58.

10. Consideró que en los tres bombardeos se puso en grave riesgo a las

operacionales de las Fuerzas Militares FFMM 3-41 de 2009, CGFM 2015P57-58.

10. Consideró que en los tres bombardeos se puso en grave riesgo a las comunidades que habitan en los municipios atacados; además, aunque el ministro de Defensa Nacional señaló que no murieron menores de edad, «tal hecho corresponde investigarlo a Medicina Legal», de modo que «no hay certeza sobre la ausencia de menores de edad en dichos bombardeos».

11. Indicó que en la mayoría de municipios de Colombia viven familias «donde invariablemente hay menores de edad», y por eso existe el riesgo de vulneración de los derechos humanos , toda vez que «los menores de edad pueden sufrir directamente el impacto de esas armas letales afectando su vida e integridad personal o su salud mental debido a la zozobra que implican los bombardeos» , de ahí la necesidad de «suspender o ajustar los actuales protocolos de bombardeos a estrictas normas jurídicas de derechos humanos».

12. Precisó que las mismas consideraciones resultaban aplicables al tercer bombardeo.

13. En cuanto al segundo bombardeo sostuvo que la Fuerza Pública tenía conocimiento de que en el grupo ilegal se encontraban «los presuntos homicidas de unos soldados y del líder de la Colombia Humana (movimiento político defensor de la vida y la paz cuyo líder es el señor Presidente de la República), señor Jaime Gallego», de modo que procedía adelantar su captura y ponerlos a disposicion de la justicia.

14. Por último, refirió que en el operativo desplegado en el sur del país contra alias Iván Mordisco no se han presentado bombardeos; «por el contrario se ha invitado

justicia.

14. Por último, refirió que en el operativo desplegado en el sur del país contra alias Iván Mordisco no se han presentado bombardeos; «por el contrario se ha invitado a los cabecillas de esa estructura armada a la desmovilización, a juzgar por el número de capturados se puede inferir que se ha privilegiado las capturas antes que la muerte, es indispensable citar este operativo como ajustado perfectamente al derecho internacional humanitario y a los Derechos Humanos . Hecho que nos permite reiterar la urgencia que hay de suspender o ajustar al máximo los protocolos de bombardeos a los derechos humanos, esos bombardeos que han resultado ser innecesarios y desproporcionados».

B. Trámite impartido e intervenciones

15. Mediante auto de l 24 de abril de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se ordenó notificar la decisión a l Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al ministro de Defensa Nacional, al comandante general de las Fuerzas Militares y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ; además, se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.

16. El Ministerio de Defensa Nacional solicitó declarar improcedente la acción de tutela. S eñaló que adoptó la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana «Garantías para la Vida y la Paz 2022-2026», mediante Resolución 2703 del 19 de julio de 2023, y la Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Sector Seguridad y Defensa, a través de la Resolución 3852 del 11Radicado: 11001-03-15-000-2025-02287-00

del 19 de julio de 2023, y la Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Sector Seguridad y Defensa, a través de la Resolución 3852 del 11Radicado: 11001-03-15-000-2025-02287-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 de septiembre de 2024, las que resultan aplicables al desarrollo de las operaciones militares u operativos de policía , así como respecto de los principios y estrategias que están llamada a materializar la Fuerza Pública. Citó los principios de distinción, precaución en el ataque y necesidad militar contenidos en el Manual de Derecho Operacional de las FFMM, y manifestó que los principios del DIH gobiernan el desarrollo de las operaciones militares que implican el uso de la capacidad estratégica del poder aéreo.

17. Hizo alusión a los informes «Colombia: Balance Humanitario 2024» y «Retos Humanitarios 2025 -Colombia» del Comité Internacional de la Cruz Roja, sobre la clasificación de los conflictos armados, y adujo que para contener el accionar de los GAO que se enfrentan al Estado y causan afectaciones humanitarias a la población civil «el uso de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Militares en materia de la planificación y ejecución de operaciones mediante el uso del poder aéreo, en la categoría de bombardeos u operaciones tipo Beta, bajo la doctrina militar y con aplicación estricta de las normas del DIH, es una opción legitima para enfrentar amenazas del GAO ‘Clan del Golfo’, también autodenominado como las

categoría de bombardeos u operaciones tipo Beta, bajo la doctrina militar y con aplicación estricta de las normas del DIH, es una opción legitima para enfrentar amenazas del GAO ‘Clan del Golfo’, también autodenominado como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)».

18. Refirió que las declaraciones del ministro de Defensa y del comandante general de las Fuerzas Militares han sido congruentes con los lineamientos de política y las normas del DIH, en tanto no amenazan ni ponen en riesgo los derechos fundamentales de la población civil, por el contrario, «reafirman la convicción institucional del deber de protección con la estricta aplicación de las normas del DIH en las operaciones militares». Agregó que en la sentencia C-430 de 2019, a la cual hizo alusión el accionante, la Corte Constitucional razonó sobre la permisió n de la muerte de combatientes en desarrollo de operaciones militares, precedente que «por su importancia y claridad frente al derecho a la vida, constituye una de las principales fuentes del derecho que reconoce la Política de Derechos Humanos y

DIH del Sector Seguridad y Defensa».

19. Por último , aludió al requisito de subsidiariedad, e indicó que «ante una presunta violación del derecho a la vida y la integridad personal que se pueda alegar en el marco de las operaciones militares en cuestión, aunada a los medios de prueba o de convicción suficiente que se puedan tener, mas no simples apreciaciones, corresponde acudir a las vías ordinarias y medios de defensa que brinda el ordenamiento jurídico interno».

20. El escrito de contestación del Ministerio de Defensa fue complementado por

apreciaciones, corresponde acudir a las vías ordinarias y medios de defensa que brinda el ordenamiento jurídico interno».

20. El escrito de contestación del Ministerio de Defensa fue complementado por el comandante general de las Fue rzas Militares , quien solicitó declarar improcedente la acción de tutela, por c uanto, en su criterio, no reúne la carga argumentativa fáctica y probatoria para efectuar un estudio de fondo y porque las operaciones militares se dirigieron contra un objetivo militar, con observancia del

DIH.

21. Señaló que en la ejecución de las operaciones militares se han respetado los preceptos contenidos en el DIH y precisó que el empleo de medios aéreos

(bombardeo) es una capacidad del Estado legítima, además, las operaciones referidas en la demanda se dirigieron contra objetivos militares plenamente identificados y no hubo afectación de personas o bienes protegidos por el DIH.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02287-00

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22. Indicó que es indispensable verificar si el accionante cuenta con legitimación en la causa por activa «bajo los requisitos constitucionales y legales establecidos, ya sea como titular de los derechos fundamentales sobre los cuales se alega la vulneración o actuando como agente oficioso en representación de víctimas que no están en capacidad de promover su propia defensa»; además, se debe establecer si la demanda se presentó en tiempo pues transcurrieron cuatro meses desde los

vulneración o actuando como agente oficioso en representación de víctimas que no están en capacidad de promover su propia defensa»; además, se debe establecer si la demanda se presentó en tiempo pues transcurrieron cuatro meses desde los hechos que se exponen en la tutela . Agregó que no se cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que no se agotaron las acciones judiciales dispuestas en el ordenamiento jurídico colombiano para garanti zar la protección de los derechos presuntamente vulnerados, «a través de las distintas jurisdicciones, a saber, jurisdicción ordinaria, jurisdicción contencioso administrativa, entre otras».

23. Seguidamente, citó el marco jurídico aplicable en el desarrollo de operaciones militares. Especificó que en los conflictos armados no internacionales se aplica como ley especial, el DIH. Añadió que Colombia cuenta con sus Fuerzas Militares legalmente constituidas, cuya finalidad es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territor io nacional y el orden constitucional; así

mismo (transcripción textual):

Los diferentes instrumentos internacionales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y el DIH ratificados por Colombia, así como las disposiciones constitucionales y legales, brindan el marco jurídico para el planeamiento, ejecución y conso lidación efectuados bajo el PCEC "AYACUCHO" PLUS. Para alcanzar el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos se observaron las perspectivas de cada una de las funciones de conducción de la guerra y posteriormente se filtraron para identificar aquellas trasversales a dichas funciones. Atendiendo el artículo 217 de la Constitución Política de Colombia de 1991, se establece la misión constitucional de las FF.

conducción de la guerra y posteriormente se filtraron para identificar aquellas trasversales a dichas funciones. Atendiendo el artículo 217 de la Constitución Política de Colombia de 1991, se establece la misión constitucional de las FF. MM;. se toma de forma inherente y transversal a la misión de defender, mantener, proteger y asegurar los intereses nacionales. De igual manera, las FF. MM. atienden cabalmente el derecho operacional; los límites y fines de las actividades de Inteligencia y Contrainteligencia de manera simultánea con los lineamientos del Gobierno Nacional, en busca de la p az. El marco normativo en el cual se rigen las FF. MM. está basado en legislación nacional e internacional, que incluyen un conjunto de normas vigentes aplicables en el territorio colombiano. El DIH Pse basa en numerosos tratados, particularmente en los convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, así como en otros convenios y Protocolos que abarcan aspectos específicos del Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA). Existe además un sustancial cuerpo de derecho consuetudinario vin culante para todos los Estados y las partes intervinientes en el conflicto tanto de Carácter Armado Internacional (CAl), como en los de Carácter No Internacional (CANI).

24. Se refirió a los Grupos Armados Organizados (GAO) y a las directrices de las Directivas 015 y 016 del Ministerio de Defensa Nacional , así como al Oficio ofi2200057886/idm 12070000 de 22 de junio de 2022 del Consejo de Seguridad Nacional que confirmó la clasificación de dichas organizaciones delictivas , en el que se incluyó al «GAO Clan del Golfo». Adujo que conforme a lo expuesto en la C-069 de

que confirmó la clasificación de dichas organizaciones delictivas , en el que se incluyó al «GAO Clan del Golfo». Adujo que conforme a lo expuesto en la C-069 de 2020, cuando una organización al margen de la ley cumple los requisitos objetivos para que se la considere como grupo armado organizado, el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, adoptado en 1977 , aplica ipso jure. «En primer lugar, entra a operar el principio de distinción entre combatientes y no combatientes, y con ello aumenta el alcance de la protección a la población civil y a las mismasRadicado: 11001-03-15-000-2025-02287-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 organizaciones armadas. Sin embargo, por otra parte también aumenta la responsabilidad jurídica que les es imputable a dichas organizaciones, por la adecuada aplicación del DIH. Finalmente, también cabe mencionar que en virtud del principio de distinción estas organizaciones se convierten en un objetivo militar legítimo de las fuerzas armadas del Estado».

25. Hizo mención a la definición de objetivo militar, a la luz del Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra y aclaró que , aunque la disposición se refiere a bienes, los combatientes ilegales en armas y quienes participan directamente en las hostilidades también pueden ser atacados de manera directa en su calidad de objetivos militares, por tener importancia táctica o estratégica y contribuir eficazmente a la acción militar. Precisó que en la determinación de un objetivo militar

las hostilidades también pueden ser atacados de manera directa en su calidad de objetivos militares, por tener importancia táctica o estratégica y contribuir eficazmente a la acción militar. Precisó que en la determinación de un objetivo militar no se contemplan las condiciones particulares de sus miembros, como la edad, raza, etnia, etc.

26. En ese sentido, afirmó que «en el marco de los conflictos armados, los combatientes, entre quienes se encuentran los miembros de las Fuerzas Militares, pueden ser considerados objetivos militares. En consecuencia, los combatientes ilegales en armas (función continua de combate), miembros de un GAO, que tienen además la característica de ser menores ilícitamente reclutados por un GAO y que mueren en el desarrollo de una operación militar en el marco del DIH, no tienen la protección internacional de la que go za la población civil en contra de los ataques directos, en razón a que perdieron dicha protección al asumir una función continua de combate. Así lo describe, por ejemplo, la Guía para Interpretar la Noción de Participación Directa en las Hostilidades del Comité Internacional de la Cruz Roja

(CICR)».

27. Señaló, además, que el DIH prohíbe utilizar escudos humanos, de modo que quien comete la infracción es quien usa dentro de sus filas menores de edad con el propósito de impedir ataques a objetivos militares o de favorecer u obstaculizar operaciones militares, «ya que los convierte en combatientes ilegales en armas con función continúa de combate, haciendo que pierdan el estatus de protección que tenían».

28. En relación con las operaciones militares contra el GAO denominado Clan del

Golfo, indicó lo siguiente:

función continúa de combate, haciendo que pierdan el estatus de protección que tenían».

28. En relación con las operaciones militares contra el GAO denominado Clan del

Golfo, indicó lo siguiente:

Se tuvieron presentes los preceptos de necesidad militar en cumplimiento de las normas del DIH, la misión constitucional asignada y el PCEC "AYACUCHO" PLUS en la alineación estratégica, en consideración que el GAO Clan del Golfo mantenía capacidad de fuego y proyección operativa, la ubicación de los combatientes ilegales con función continua de combate permitía su reabastecimiento y expansión territorial, así mismo, se referenció que se contrarrestaría los desplazamientos forzados y el confinamiento de las comunidades indígenas.

En cuando a la ventaja militar concreta y directa se referenció que con la neutralización de los objetivos militares se obtendría la reducción inmediata de la capacidad ofensiva del adversario, interrupción de actividades logísticas, de mando y control, facilitación de operaciones de estabilización y control territorial por parte de las Fuerzas Militares, disuasión de futuras acciones armadas contra la población civil o activos estratégicos del Estado, afectando los componentesRadicado: 11001-03-15-000-2025-02287-00

Demandante: Jairo Bazurto Pachón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 armados del GAO Clan del Golfo contribuyendo al debilitamiento al proyecto expansionista logrando estabilizar el territorio, restablecer los derechos fundamentales de la población civil y dar cumplimiento de los fines esenciales

www.consejodeestado.gov.co 8 armados del GAO Clan del Golfo contribuyendo al debilitamiento al proyecto expansionista logrando estabilizar el territorio, restablecer los derechos fundamentales de la población civil y dar cumplimiento de los fines esenciales del Estado, afectando los subsistemas de narcotráfico y economías ilícitas, todo lo anterior generando una ventaja militar concreta y directa en cumplimiento de la misión constitucional asignada.

29. Para finalizar , manifestó que las operaciones militares a las que se hizo referencia en la tutela se planearon y ejecutaron con plena observancia de lo establecido en los instrumentos de Derecho Internacional de los Conflictos Armados

(DICA), especialmente, el artículo 3º común, y el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, «en cumplimiento de los fines esenciales del Estado colombiano y de la misión constitucional asignada a la Fuerza Pública» . En ese contexto, reiteró que «los miembros de los GAO con función continua de combate y los partícipes directos en las hostilidades, así como las áreas campamentarias, son objetivos militares claros y determinados en el marco del DIH» y los miembros de esos grupos que no han llegado a la mayoría de edad no cuentan con la protección internacional de la que goza la población civil en contra de los ataques directos, «en razón a que perdieron dicha protección al asumir una función continua de combate».

30. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República señaló que el accionante no cuenta con legitimación para interponer la demanda porque la referencia que hizo a la defensa de los derechos fundamental