CE - Sentencia 11001031500020250229001 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02290-01

Accionante: Julio César Agudelo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-02290-01

Accionante: JULIO CÉSAR AGUDELO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con pretensión de reconocimiento y pago de pensión de jubilación docente . No se demostró que se realizaron cotizaciones mientras estuvo vinculado mediante OPS.

Desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por el señor Julio C ésar Agudelo , quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra la sentencia de 30 de mayo de 2025 , dictada por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 22 de abril de 2025, la parte demandante solicitó al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 11 de diciembre de 2024, en el expediente rad. No. 15001-33-33-004-00046-01, transgredió los derechos fundamentales DEBIDO

PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, SEGURIDAD JURÍDICA,

DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE VERTICAL, PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA del señor JULIO CÉSAR AGUDELO, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por la jurisdicción contenciosa administrativa.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con fundamento en la normatividad aplicable al caso de la parte actora, esto es, Ley 33 de 1985 y, atendiendo al precedente jurisprudencial del Máximo Órgano de lo Co ntencioso

numeral anterior y se profiera una nueva con fundamento en la normatividad aplicable al caso de la parte actora, esto es, Ley 33 de 1985 y, atendiendo al precedente jurisprudencial del Máximo Órgano de lo Co ntencioso Administrativo”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02290-01

Accionante: Julio César Agudelo

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2. Hechos

La parte accionante afirmó que es docente y cuenta con más de 55 años de edad, ha prestado sus servicios al sector educativo oficial a través de diferentes modalidades de vinculación así: (i) contratos de prestación de servicios entre los años 1995 y 2003; (ii) nombramiento en provisionalidad entre el año 2004 y el 29 de agosto de 2007 y; nombramiento en propiedad desde el 30 de agosto de 2007 al 10 de agosto de 2010.

Aseveró que por reunir todos los requisitos de Ley 33 de 1985, el 10 de noviembre de 2020 solicitó ante la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento de su pensión de jubilación sin obtener respuesta alguna, por lo que se configuró el acto administrativo ficto.

En ese orden de ideas, sostuvo que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo presunto negativo, por

restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo presunto negativo, por medio del cual le fue negado el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación regulada por la Ley 33 de 1985 y a título de restablecimiento del derecho requirió el reconocimiento de la pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios, sobresueldos, primas y demás factores salariales devengados en el último año anterior al cumplimiento del estatus de pensionado.

El accionante refirió que el proceso identificado con el radicado 15001 -33-33-0042021-00046-00 correspondió, en primera instancia, al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja, que por sentencia de 4 de noviembre de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad del acto ficto y ordenó a las demand adas el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación del demandante, efectuar los descuentos por los períodos en los que el demandante laboró como docente a través de órdenes de prestación de servicios ante la Secretaría de Educación departamental de Boyacá.

Por último, i ndicó que con ocasión del recurso de apelación presentado por la entidad demandada, el Tribunal Administrativo de Boyacá en fallo de 11 de diciembre 2024 revocó lo resulto por el a quo, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda, al considerar que para el periodo en que el demandante estuvo vinculado por contratos de prestación de servicios no se generaron cotizaciones al sistema general de seguridad social, situación que en su

pretensiones de la demanda, al considerar que para el periodo en que el demandante estuvo vinculado por contratos de prestación de servicios no se generaron cotizaciones al sistema general de seguridad social, situación que en su criterio, constituyó un impedimento para el reconocimien to de la pensión de jubilación, en los términos establecidos en la Ley 33 de 1985 y la Ley 812 de 2003.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y en relación con la relevancia constitucional indicó que el Tribunal transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, de acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva del docente, al resolver su caso desconociendo el precedente jurisprudencial adoptado por el Consejo de Estado en asuntos con condiciones similares, sin ofrecer una justificación válida que explicara los motivos por los cuales se apartó del criterio vertical uniforme, actuar con el que comprometió la seguridad jurídica y la confianza en el ordenamiento jurídico.

En ese orden de ideas, en su criterio, el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado, en el que seRadicado: 11001-03-15-000-2025-02290-01

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3 ha establecido que es procedente el reconocimiento pensional con la inclusión de todos los tiempos laborados en el servicio público docente bajo la modalidad de

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3 ha establecido que es procedente el reconocimiento pensional con la inclusión de todos los tiempos laborados en el servicio público docente bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, aun cuando no se hubiesen efectuado aportes al sistema pensional.

Bajo ese contexto, aseguró que la decisión objeto de reproche es arbitraria, discriminatoria y restrictiva.

En se sentido, para sustentar el desconocimiento del precedente judicial, citó las siguientes providencias:

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia de 7 de abril de 2022 , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicado No. 63001 -23-33-000-2018-00184-01 (4983 -2019), en relación con la no acreditación de cotización al sistema de pensión en materia de reconocimiento pensional del personal docente.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia de 4 de julio de 2024, dentro del proceso ordinario con número único de identificación 15001-23-33000-2021-00637-01 (31367-2023).

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia de 12 de septiembre de 2024, rad. No. 15001-23-33-000-00407-01 (6687-2022), revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá que denegó pretensiones de la demanda y

de 2024, rad. No. 15001-23-33-000-00407-01 (6687-2022), revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá que denegó pretensiones de la demanda y concedió el reconocimiento de la pensión docente con vinculación de contratos de prestación de servicios, aun cua ndo no se acreditó el pago de aportes en el caso concreto.

• Consejo de Estado , Sala de lo Contencioso Administrativo , Sección Segunda , Subsección B, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia de 19 de septiembre de 2024, dentro del proceso bajo radicado número 15001 -23-33-000-2021-0033501 (1984-2023), en la cual se precisó lo relativo a la ausencia de aportes al sistema pensional en los casos en que el do cente estuvo vinculado mediante contratos de prestación de servicios con una entidad certificada en educación.

• Consejo de Estado , Sección Segunda , Subsección B, en sentencia de 19 de septiembre de 2024, al resolver un caso con connotaciones similares, concluyó que a la parte actora le asistía el derecho al reconocimiento pensional conforme al régimen establecido en la Ley 33 de 1985. Lo anterior, co nsiderando el tiempo de servicio público educativo prestado mediante contratos de prestación de servicios aun cuando se efectuaron los respectivos aportes.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia de 20 de noviembre de 2024, dentro de la controversia laboral radicada bajo No. 27001-23-33-000-2021Subsección B, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia de 20 de noviembre de 2024, dentro de la controversia laboral radicada bajo No. 27001-23-33-000-202100048-01 (7094 -2023), en la que se analizó la procedencia del reconocimiento pensional, aun cuando no se efectuaron las respectivas cotizaciones a pensión.

• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves, en sentencia de 30 de enero de 2025, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicado No. 66001 -23-33-000-2022-00016-01 (3402-2024), estudió la procedencia del reconocimiento de la pensión en el evento de la falta de acreditación de los aportes a pensión

Bajo ese contexto , aseguró que contrario a lo expuesto por el Tribunal Administrativo de Boyacá , el Consejo de Estado ha sostenido que la falta de cotización al sistema de pensiones en el tiempo en que el solicitante estuvoRadicado: 11001-03-15-000-2025-02290-01

Accionante: Julio César Agudelo

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4 vinculado mediante contrato de prestación de servicios, no genera ningún impedimento para el reconocimiento de la pensión de jubilación.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja

El titular del despacho rindió informe en el que hizo referencia a todas las

impedimento para el reconocimiento de la pensión de jubilación.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja

El titular del despacho rindió informe en el que hizo referencia a todas las actuaciones que se surtieron en la primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho n°. 15001-33-33-004-2021-00046-00, en el que figuró como demandante el señor Julio César Agudelo y aseguró que se agotaron todas las etapas del proceso con garantía de los derechos fundamentales del demandante y notificó de forma oportuna el fallo proferido.

De igual modo, aseguró que en la presente acción de tutela no se debate la decisión de primera instancia, por lo que se ratifica en las razones que sirvieron de sustento en la sentencia que profirió, por lo que solicitó tu desvinculación el proceso.

4.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Boyacá

El magistrado ponente de la decisión objeto de reproche rindió informe en el que indicó que, contrario a lo manifestado por el accionante, en el fallo cuestionado citó las providencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la s que estudiaron casos similares y sobre los cuales apoyó la decisión adoptada.

En ese contexto, aseguró no se configura el desconocimiento del precedente judicial citado por el actor, en tanto las sentencias que trae a colación no eran vinculantes en los términos del artículo 270 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y dichas providencias no constituyen una posición mayoritaria y de su análisis no se advierte una decisión consolidada que deba ser respetada.

en los términos del artículo 270 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y dichas providencias no constituyen una posición mayoritaria y de su análisis no se advierte una decisión consolidada que deba ser respetada.

Así las cosas, ante la multiplicidad de criterios jurisprudenciales, realizó una selección razonable de las providencias que constituyen precedente judicial y aplicó su ratio decidendi, al considerar que respetaban y garantizaban los principios y el debido proceso de la demandada, la sostenibilidad financiera y la congruencia de la decisión con las pretensiones de la demanda y, en ese orden, solicitó negar el amparo requerido por el accionante.

4.3. Respuesta de la Fiduprevisora S.A.

La directora de gestión judicial de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela y su desvinculación del proceso.

Lo anterior, al considerar que la presente solicitud de amparo es improcedente, en tanto el accionante no desarrollo las causales genéricas y específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial , no demostró la configuración de un perjuicio irremediable y la vulneración de los derechos fundamentales que invoca en protección.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia de 30 de mayo de 2025, declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de

de 30 de mayo de 2025, declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las razones ut supra.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02290-01

Accionante: Julio César Agudelo

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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada”.

Como primera medida, se indicó que, si bien el actor alegó el desconocimiento de las providencias emitidas el 7 de abril de 2022 1, 4 de julio de 2024 2, 12 de septiembre de 2024 3, 19 de septiembre de 2024 4, 20 de noviembre de 2024 5 y 30 de enero de 2025 6, en el trámite del proceso ordinario, el actor no las puso en consideración del juez natural y, ahora en sede de tutela, sí estima que debieron ser parte de los fundamentos de la decisión que cuestiona.

Así mismo, sostuvo que contra el fallo objeto de reproche el actor ejerció el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, que fue concedido por el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante auto del 24 de febrero de 2025 y , actualmente

Así mismo, sostuvo que contra el fallo objeto de reproche el actor ejerció el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, que fue concedido por el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante auto del 24 de febrero de 2025 y , actualmente dicho trámite se identifica con el radicado 15001 -33-33-004-2021-00046-01 y se encuentra al despacho de la consejera Elizabeth Becerra Cornejo, motivo por el cual aseveró que se incumple el requisito de subsidiariedad.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el actor impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que la acción de tutela no puede estar condicionada a la interposición del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, teniendo en cuenta que dicho mecanismo especial tiene por objeto la interpretación uniforme de la ley a través de las sentencias de unificación, mientras que el mecanismo constitucional tiene como propósito salvaguardar los derechos fundamentales vulnerados por alguna autoridad pública.

En ese orden, condicionar el ejercicio de la acción de tutela a la culminación del trámite del recurso extraordinario de unificación, ba jo el argumento del incumplimiento del requisito de subsidiariedad , tendría como consecuencia perder la oportunidad para presentar la solicitud de amparo por no cumplir el requisito de inmediatez.

Así las cosas, aseguró que la conclusión a la que arribó el juez de primera instancia, se aparta del criterio fijado por el Consejo de Estado, “según el cual la procedencia de la acción de tutela no depende de la interposición ni del resultado de los recursos

Así las cosas, aseguró que la conclusión a la que arribó el juez de primera instancia, se aparta del criterio fijado por el Consejo de Estado, “según el cual la procedencia de la acción de tutela no depende de la interposición ni del resultado de los recursos extraordinarios, pues lo que se busca controvertir es la providencia dictada en el proceso ordinario, no la decisión que eventualmente pueda adoptarse en sede extraordinaria”.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente William Hernández Gómez, sentencia del 7 de abril de 2022, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicado No. 63001-23-33-000-2018 00184-01 (4983-2019)”. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del 4 de julio de 2024, dentro del proceso ordinario con número único de identificación 15001-23-33-000-2021-00637-01 (31367 2023)”. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia del 12 de septiembre de 2024, Rad. No. 15001-23-33-000-00407-01 (6687-2022)”. 4 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección B, Consejero Ponente: Juan

Enrique Bedoya Escobar, sentencia del 19 de septiembre de 2024, dentro del proceso bajo radicado número 15001 -23-33000-2021-00335-01 (1984-2023)”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de septiembre de 2024, Rad. No. 15001 -23-33-000-2021-00135-01 (1594-2023), actor: Irenarco Enciso Díaz contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia del 20 de noviembre de 2024, dentro de la controversia laboral radicada bajo No. 2700123-33-000-2021-00048-01 (7094-2023)”. 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Luís Eduardo Mesa Nieves, en sentencia del 30 de enero de 2025, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicado No. 66001-23-33-000-202200016-01 (3402-2024)”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02290-01

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6 Finalmente, reiteró los argumentos que sirvieron de sustento para justificar la procedencia de la presente acción constitucional, descritos en el escrito de la tutela.

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6 Finalmente, reiteró los argumentos que sirvieron de sustento para justificar la procedencia de la presente acción constitucional, descritos en el escrito de la tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar en los términos del escrito de impugnación, si debe revocar la sentencia de 30 de mayo de 2025, mediante la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por desatender el requisito de subsidiariedad , y de encontrar cumplidos los restantes generales de procedencia de la tutela contra tutela, si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor y si incurrió en desconocimiento del precedente judicial.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención

constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos7 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 8, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 9, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 10, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200511.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es

cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado

7 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 8 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 9 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 10 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 11 M. P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02290-01

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7 a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la

vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico12; (ii) Defecto procedimental absoluto13; (iii) Defecto fáctico14; (iv) Defecto material o sustantivo 15; (v) Error inducido16; (vi) Decisión sin motivación17; (vii) Desconocimiento del precedente18 y (viii) Violación directa de la Constitución19.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo20 y de la Corte Constitucional21.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. A diferencia de la conclusión a la que arribó el a quo, la acción de tutela

estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. A diferencia de la conclusión a la que arribó el a quo, la acción de tutela cumple el requisito de la subsidiariedad y los restantes generales de procedencia contra providencia judicial

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud, por considerar que no cumplió con el requisito de subsidiariedad, por cuanto el actor ejerció el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia contra el fallo objeto de reproche, que fue concedido por el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante auto del 24 de febrero de 2025.

12 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 13 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 14 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 15 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 16 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 17 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 18 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una

decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 18 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 19 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU -114 de 2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera. 20 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C.

P. Lucy Jean nette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016 -02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.

21 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU -542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU