CE - Sentencia 11001031500020250244800 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02448-00

Demandante: Sonia Maritza Rojas Valero

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-02448-00

Demandante: SONIA MARITZA ROJAS VALERO Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO Temas: Derecho fundamental de petición, nombramiento de persona que se encuentra en lista de elegibles y traslados solicitados.

Contra actos administrativos. Requisitos de procedencia de la acción de tutela.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por la señ ora Sonia Maritza Rojas Valero contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de C úcuta, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 28 de abril de 2025 la señora Sonia Maritza Rojas Valero , en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 28 de abril de 2025 la señora Sonia Maritza Rojas Valero , en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de C úcuta, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, de petición, de acceso a cargos públicos y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al trabajo, igualdad, debido proceso, acceso a la función pública, derecho de petición, mínimo vital y vida digna.

2. Que se ordene el nombramiento inmediato en el cargo vacante para el cual figuro en primer lugar en la lista de elegibles, antes de su vencimiento.

3. Que se declare la vulneración al derecho de petición, en razón de la omisión de respuesta clara y completa sobre el estado del cargo solicitado.

4. Que se ordene a las entidades accionadas brindar una respuesta inmediata, clara y sustentada sobre el estado de las vacantes y los actos administrativos que han impedido mi nombramiento.

5. Que se ordene la suspensión de la Resolución 191 de 2024, proferida por el CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE LA CIUDAD DE

CÚCUTA que acepta el traslado de alguien que ya tenía derechos de carrera y que fueron arrebatados para mi persona a pesar del vencimiento inminente del registro de elegibles,

CÚCUTA que acepta el traslado de alguien que ya tenía derechos de carrera y que fueron arrebatados para mi persona a pesar del vencimiento inminente del registro de elegibles, en el cargo de Asistente Administrativo de Centro, Oficinas de Servicio y de Apoyo GradoRadicado: 11001-03-15-000-2025-02448-00

Demandante: Sonia Maritza Rojas Valero

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 5, código 261801, en el marco del Concurso No. 4 para la provisión de cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centro de Servicios.»

Como medida cautelar solicitó que se ordenara la suspensión de los efectos de la Resolución núm. 191 de 2024, proferida por el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de Cúcuta, que permitió el nombramiento por traslado en el cargo de asistente administrativo, grado 5 de la señora Elizabeth Gómez Murillo.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Por medio del Acuerdo PCSJA1710643 de 2017, el Consejo Superior de la Judicatura autorizó a los Consejos Seccionales de la Judicatura para que adelantaran concursos de méritos en aras de suplir vacantes en los tribunales, juzgados y centros de servicios bajo su jurisdicción.

En cumplimiento de lo anterior, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander convocó a concurso de méritos con el fin de proveer cargos en los

juzgados y centros de servicios bajo su jurisdicción.

En cumplimiento de lo anterior, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander convocó a concurso de méritos con el fin de proveer cargos en los tribunales y juzgados de dicho departamento y centros de servicios de Norte de Santander, Cúcuta, Pamplona y Arauca por medio de los Acuerdos CSJNS17 395 del 4 de octubre, 396 del 6 del octubre, 411 del 19 de octubre y 418 del 23 de octubre de 2017.

Procedimiento de selección al que se inscribió la demandante para el cargo de asistente administrativo, grado 5, del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta.

Con Resolución CSJNS2021-004 del 24 de mayo de 2021 el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander publicó el registro de elegibles entre los que se encontraba la demandante.

El 20 de noviembre de 2024 el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, por medio de la relación de cargos por sede publicada, informó que la demandante ocupó el primer puesto para el cargo de asistente administrativo, grado 5, del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta, con puntaje de 762,04.

También dejó constancia que se encontraban en trámite solicitudes de traslado para ese empleo de servidores de ese distrito judicial y de otros distritos judiciales.

El 8 de enero de 2025 la señora Rojas Valero presentó petición ante el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de

ese empleo de servidores de ese distrito judicial y de otros distritos judiciales.

El 8 de enero de 2025 la señora Rojas Valero presentó petición ante el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta, con la finalidad de que informara el estado del cargo.

En Oficio CSJNSOP25-30 del 9 de enero de 2025 dio respuesta a la actora, en el que informó que mediante Oficio CSJNSOP241631 del 4 de diciembre de 2024 notificó al Juez Coordinador del Centro de Servicios Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta del Acuerdo CSJNSA24-289 del 2 de diciembre de 2024, «Por medio del cual se formula ante el Coordinador del Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta, Lista de Elegibles para el cargo de vacante de Asistente Administrativo Grado 5, código 261801».Radicado: 11001-03-15-000-2025-02448-00

Demandante: Sonia Maritza Rojas Valero

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Además, que se presentó un concepto de traslado favorable para el citado cargo vacante en el mes de noviembre de 2024 de la señora Elizabeth Gómez Murillo.

El 20 de enero de 2025 la señor a Valero Rojas nuevamente remitió petición en la que solicitó información en relación con:

1. El estado de la vacante.

El 20 de enero de 2025 la señor a Valero Rojas nuevamente remitió petición en la que solicitó información en relación con:

1. El estado de la vacante.

2. En qué ciudades de las Seccionales Norte de Santander y Arauca, existe el cargo Asistente Administrativo de Centro, Oficinas de Servicio y de Apoyo Grado 5 y de estas, cu áles cargos se encuentran en propiedad, encargo y en provisionalidad.

3. En qué fechas se dieron los nombramientos, encargos o provisionalidades; convocatoria o concurso por medio del cual fueron seleccionados los funcionarios a los cargos o si por el contrario, se encuentran vacantes.

4. Respecto a la señora Elizabeth Gómez Murillo, solicitó que se le informara fecha de vinculación, cargo y su respectiva resoluci ón de nombramiento, encargo o provisionalidad. Así mismo, qué modalidad de vinculación ostentaba a la fecha de la solicitud de traslado.

5. Información si a la fecha de present ación de la petici ón, el n ominador había tomado alguna decisión respecto al nombramiento en propiedad para el cargo Asistente Administrativo de Centro, Oficinas de Servicio y de Apoyo Grado 5 con código 261801, para el Centro de Servicios Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta.

El Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander mediante oficio núm. CSJNSO25-252 del 4 de febrero de 2025 informó a la actora que la vacante de Cúcuta fue ocupada en provisionalidad el 2 de enero de 2025 y el de Arauca se encuentra ocupada en propiedad desde el 4 de agosto de 2016.

Cúcuta fue ocupada en provisionalidad el 2 de enero de 2025 y el de Arauca se encuentra ocupada en propiedad desde el 4 de agosto de 2016.

Además, el Centro de Servicios Judiciales Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta, en oficio del 2 de abril de 2025, informó que el cargo de asistente administrativo grado 5 ya no estaba vacante, porque, el juez coordinador, en ejercicio de sus facultades legales y potestad nominadora, acept ó traslado y realiz ó nombramiento en propiedad en el cargo de asistente administrativo grado 5 de la señ ora Elizabeth Gómez Murillo, mediante Resolución núm. 191 del 24 de diciembre de 2024.

El 31 de marzo de 2025 la actora solicitó al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta que se diera continuación al trámite de nombramiento, porque, pese a que ocupa el primer lugar de la lista de elegibles, a la fecha no ha sido notificada de su nombramiento y la lista se encuentra próxima a vencer.

3. Argumentos de la tutela

La demandante explicó que considera vulnerados los derechos fundamentales que invocó porque, de un lado, las peticiones ejercidas ante el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta no fueron atendidas en debida forma, en el entendido que las respuestas obtenidas no fueron de fondo y las calificó como ambiguas.

Señaló que la omisión en su nombramiento pese a ocupar el primer lugar del registro

en debida forma, en el entendido que las respuestas obtenidas no fueron de fondo y las calificó como ambiguas.

Señaló que la omisión en su nombramiento pese a ocupar el primer lugar del registro de elegibles, causa un perjuicio por que no cuenta con un trabajo ni ingresos y se encuentra ante el vencimiento inminente del registro de elegibles.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02448-00

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Indicó que se conculcaron sus derechos porque la persona nombrada por traslado no se encontraba inscrita en el concurso de méritos para el cargo de asistente administrativo grado 5, respecto del cual aduce tenía derecho por mérito.

4. Trámite previo

Mediante auto del 5 de mayo de 2025, el despacho sustanciador negó la solicitud de medida cautelar, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la demandante, al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta en calidad de demandados, así como a la señora Elizabeth Gómez Murillo en calidad de tercera con interés.

5. Oposiciones

El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial solicitó ser desvinculado del trámite de la referencia por falta de legitimación en la causa por pasiva o negar por improcedente el amparo frente a esta Corporación, porque no afect ó, desconoci ó o vulner ó los derechos

Judicial solicitó ser desvinculado del trámite de la referencia por falta de legitimación en la causa por pasiva o negar por improcedente el amparo frente a esta Corporación, porque no afect ó, desconoci ó o vulner ó los derechos fundamentales invocados.

Explicó que en el caso objeto de estudio la vulneración invocada proviene de las actuaciones administrativas de la juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de C úcuta, en su calidad de autoridad nominadora para proveer el cargo de asistente administrativo de centro, oficinas de servicio y de apoyo grado 5, decisi ón en la cual no tuvo injerencia el Consejo Superior de la Judicatura, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 131 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.

Resaltó que, la Sala de Consulta y Servicio Civil en concepto del 31 de marzo de 2022, al resolver un conflicto de competencia, donde estableció que las decisiones atinentes a nombramientos corresponden a la autoridad nominadora, con lo cual reiteró la postura adoptada en el pronunciamiento del 23 de febrero de 2022.

Sobre el caso objeto de estudio indicó que la demandante es integrante de la lista seccional de elegibles para proveer el cargo de asistente administrativo de centro, oficinas de servicio y de apoyo grado 5, en el marco del concurso de méritos convocado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, mediante Acuerdo CSJNS17-396 del 6 de octubre de 2017 y presentó la acción de tutela con diferentes pretensiones, entre las que solicitó información sobre el trámite de su nombramiento.

mediante Acuerdo CSJNS17-396 del 6 de octubre de 2017 y presentó la acción de tutela con diferentes pretensiones, entre las que solicitó información sobre el trámite de su nombramiento.

Al respecto, señaló que la demandante fue informada del traslado favorable de una persona que no estaba inscrita para el cargo en cuestión , por lo cual procedió a reiterar su solicitud, a la que se le brindó respuesta en el sentido de señalar que el cargo había sido provisto.

Igualmente, se le informó que mediante Resolución 191 de 2024, el juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta comunicó el traslado de la señora Elizabeth Gómez Murillo al cargo en cuestión.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02448-00

Demandante: Sonia Maritza Rojas Valero

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Finalmente mencionó respecto a la falta de respuesta sobre el trámite de nombramiento en el cargo de asistente administrativo de centro, oficinas de servicio y de apoyo, grado 5, que esa Unidad no ha recibido alguna solicitud radicada por la señora Sonia Maritza Rojas Valero, tal como consta en los anexos, la petición fue dirigida al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander.

El Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander explicó que la señora Sonia Maritza Rojas Valero el 8 y 20 de enero de 2025 presentó peticiones similares, en las que solicitó información relacionada con el cargo de asistente

El Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander explicó que la señora Sonia Maritza Rojas Valero el 8 y 20 de enero de 2025 presentó peticiones similares, en las que solicitó información relacionada con el cargo de asistente administrativo, grado 5.

Mencionó que las referidas peticiones fueron atendidas por medio de los oficios CSJNSOP25-30 del 9 de enero de 2025 y CSJNSO25-252 del 4 de febrero de 2025, en los que respondió de fondo, de manera clara y congruente lo solicitado y le informó que, por medio del Acuerdo CSJNSA24-289 del 2 de diciembre de 2024, se formuló ante el juez coordinador del Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta, la lista de e legibles para el cargo de vacante de asistente administrativo, gr ado 5, código 261801 y además se le advirtió que existía un concepto de traslado favorable para el citado cargo vacante en el mes de noviembre de 2024.

Señaló que nuevamente el 31 de marzo de 2025, la señora Rojas Valero, presentó otra petición similar, en la cual requería que se le informara el trámite dado a la lista de elegibles del cargo de asistente administrativo, grado 5, código 261801; petición que fue traslada da al juez coordinador del Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta, por medio de oficio CSJNSO25762 del 10 de abril de 2025 a fin de que le informara dentro del ámbito de su competencia las gestiones adelantas respecto a tal lista de elegibles.

Puso de presente que el Juez Coordinador del Centro de Servicios del Sistema

a fin de que le informara dentro del ámbito de su competencia las gestiones adelantas respecto a tal lista de elegibles.

Puso de presente que el Juez Coordinador del Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta informó al Consejo Seccional de la Judicatura, que por medio del oficio del 2 de abril de 2025 dio respuesta a la peticionaria, en el sentido de informar la decisión que adoptó frente a la lista de elegibles del cargo asistente administrativo, grado 5, código 261801.

El juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta informó que revisados los archivos de esa dependencia, se constató que la petición elevada por la demandante el 31 de marzo del 2025 fue atendida por medio del oficio del 2 de abril de 2025, es decir, dentro del término legal, de forma clara y de fondo, conforme lo regula el artículo 14 y de la ley 1755 de 2015.

Señaló que en dicha oportunidad indicó a la demandante que el cargo al que aspiraba no se encontraba vacante, porque en ejercicio de sus facultades legales y potestad nominadora, aceptó traslado y realizó nombramiento en propiedad en el cargo de asistente administrativo , grado 5 de la señora Elizabeth Gómez Murillo, mediante Resolución núm. 191 del 24 de diciembre de 2024 y se le comunicó el contenido de dicho acto administrativo.

Explicó que el traslado se aceptó, en atención al Acuerdo CSJNSA24289 de 2 de diciembre de 2024, mediante el cual el Consejo Seccional de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial formuló lista de elegibles para el cargo de

diciembre de 2024, mediante el cual el Consejo Seccional de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial formuló lista de elegibles para el cargo de vacante de asistente administrativo grado 5, código 261801 y que informó laRadicado: 11001-03-15-000-2025-02448-00

Demandante: Sonia Maritza Rojas Valero

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 existencia de un concepto de traslado favorable para el citado cargo vacante, concretamente, de la señora Elizabeth Gómez Murillo.

Que, en ese contexto, afirmó, el nombramiento se efectuó en cumplimiento de las normas vigentes para tal fin y bajo la potestad que la Ley Estatutaria le otorga en ejercicio de su facultad nominadora. En ese sentido, estimo que, a la actora, no se le han vulnerado los derechos fundamentales invocados.

Asimismo afirmó que, la señora Rojas Valero puede optar por la vacante que se generó con el traslado de la hoy posesionada en el cargo de asistente administrativo grado 5, en el Centro de Servicios de Arauca.

Indicó que, al momento en que se notificó el acto administrativo objeto de la litis, no contaba con el correo electrónico de la hoy accionante, para notificar el contenido de la Resolución núm. 191 de 2024; por lo que, por medio de correo del 8 de enero de 2025 solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura que aportara el correo de contacto de la señora Sonia Maritza Rojas Valero; sin embargo, no se recibió respuesta.

de 2025 solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura que aportara el correo de contacto de la señora Sonia Maritza Rojas Valero; sin embargo, no se recibió respuesta.

No obstante, una vez la actora radicó la petición ante el Centro de Servicios, le fue comunicado el contenido del acto administrativo y se dio respuesta a su petición con oficio del 2 de abril de 2025, en la que se indicó que se había procedido con el nombramiento por traslado del cargo a la señora Elizabeth Gómez Murillo.

Señaló que hay lugar a ser desvinculado del trámite de la solicitud de amparo de la referencia, en la medida que no incurrió en la vulneración alegada por la actora.

La señora Elizabeth Gómez Murillo, en calidad de tercera con interés , indicó que se posesionó en el cargo al que aspiraba la demandante luego de haber realizado todo el proceso de participar en este tipo de convocatorias y de haber obtenido un puntaje total de 746.09 puntos y quedar en segundo lugar dentro del registro de elegibles para el cargo de asistente administrativo de centro u oficinas de servicios y/o equivalentes grado 5.

Explicó que para poder posesionarse en su momento en el cargo tuvo que desplazarse desde su ciudad de arraigo, esto es , Cúcuta, Norte de Santander y cambiar su sitio de residencia hacia la ciudad de Arauca, toda vez que fue allí donde fue nombrada en propiedad.

Adujo que por más de ocho años se desempeñó en el cargo de asistente administrativa grado 05 en la oficina del centro de servicios judiciales de Arauca, tiempo durante el cual su desempeño fue responsable y dedicado.

Adujo que por más de ocho años se desempeñó en el cargo de asistente administrativa grado 05 en la oficina del centro de servicios judiciales de Arauca, tiempo durante el cual su desempeño fue responsable y dedicado.

Resaltó que desde el momento en el que se posesionó en propiedad en el municipio de Arauca, siempre tuvo la esperanza de que en algún momento pudiera tener la oportunidad de solicitar el traslado por servidor de carrera judicial al mismo cargo en la ciudad de Cúcuta, ciudad en la que además se encuentra la totalidad de su familia.

Informó que en atención a la facultad como nominador que tiene el juez coordinador, procedió a nombrarla en el cargo vacante de asistente administrativo grado 05 de la oficina centro de servicios judiciales del sistema penal acusatorio de Cúcuta,Radicado: 11001-03-15-000-2025-02448-00

Demandante: Sonia Maritza Rojas Valero

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Norte de Santander, mediante la Resolución núm. 191 de 2024, la cual le fue notificada el 8 de enero de 2025.

Que aceptó el nombramiento dentro de los términos establecidos en las Leyes 270 de 1996 y 2430 de 2024.

Explicó que se adhiere a lo expuesto por el juez coordinador y señaló que el acto administrativo que dio lugar a su nombramiento en propiedad se efectuó en cumplimiento a las normas vigentes para tal fin y bajo la potestad que la Ley 270 de 1996 le otorga al nominador en el ejercicio de su facultad nominadora.

administrativo que dio lugar a su nombramiento en propiedad se efectuó en cumplimiento a las normas vigentes para tal fin y bajo la potestad que la Ley 270 de 1996 le otorga al nominador en el ejercicio de su facultad nominadora.

Solicitó no acceder a las pretensiones de la demandante, toda vez que las mismas causarían un perjuicio irremediable sobre su situación particular.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema jurídico y solución

A la Sala le corresponde determinar si se vulneró el derecho fundamental de petición i nvocado por la señora Sonia Maritza Rojas Valero por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander con la presunta omisión en dar respuesta a las solicitudes que ejerció el 8 y el 20 de enero de 2025 y el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta.

Adicionalmente, deberá determinar procede la acción de tutela para cuestionar la

respuesta a las solicitudes que ejerció el 8 y el 20 de enero de 2025 y el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta.

Adicionalmente, deberá determinar procede la acción de tutela para cuestionar la provisión de la vacante del cargo de asistente administrativo grado 5, en el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta.

La Sala anticipa que respecto a la vulneración del derecho fundamental de petición se negará la solicitud de amparo, toda vez que fue probado dentro del proceso que las solicitudes elevadas por la demandante fueron debidamente respondidas y frente a una de ellas la tutela se ejerció antes de vencer el término de contestación y respecto a la procedencia de la solicitud de amparo contra el acto administrativo de nombramiento se declarara improcedente por no encontrar acreditado el requisito general de procedencia de la subsidiariedad.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) la legitimación en la causa por pasiva propuesta por algunas de las entidades demandadas, (ii) al derecho fundamental de petición y su análisis en el caso concreto, (iii) de la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos y el análisis del caso concreto.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02448-00

Demandante: Sonia Maritza Rojas Valero

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1. Falta de legitimación en la causa por pasiva

Frente a las solicitudes de que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva invocadas por la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la

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1. Falta de legitimación en la causa por pasiva

Frente a las solicitudes de que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva invocadas por la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y el Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta, se observa que no están llamadas a prosperar, en la medida en que, fueron vinculadas al presente trámite en calidad de demandadas, razón por la que no se accederá a la solicitud de desvinculación.

1. Derecho fundamental de petición

De conformidad con lo anterior, se tiene que en el marco del artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y también ante organizaciones privadas, por motivos de interés general o p articular y a obtener una pronta resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de la Carta.

La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el acceso a documentos públicos, entre otros.

El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional. De acuerdo con esta última, son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho: i) que resolución sea pronta; ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara, precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y iii) que la decisión adoptada se le notifique al peticionario1.

sea pronta; ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara, precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y iii) que la decisión adoptada se le notifique al peticionario1.

Como derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de petición. Por esto, se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa vulneración del derecho fundamental de petición, ya que “existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido” 2. Aun así, la Corte Constitucional ha aclarado que “ una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante”3.

Para que la respuesta sea efectiva debe ser expedida oportunamente, resolver de fondo la petición de manera clara y congruente con lo solicitado y debe ser notificada al peticionario. El incumplimiento de estos requisitos implica la vulneración del derecho fundamental de petición.

De la presunta vulneración del derecho fundamental de petición por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta.

• Petición 8 de enero

1 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017. 2 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017. 3 Corte Constitucional. Sentencias T-561 de 2007 y T-556 de 2013.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02448-00

Demandante: Sonia Maritza Rojas Valero

3 Corte Constitucional. Sentencias T-561 de 2007 y T-556 de 2013.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02448-00

Demandante: Sonia Maritza Rojas Valero

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 El 8 de enero de 2025 la señora Sonia Maritza Rojas Valero radicó petición ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, con la finalidad de que se le informara la relación de cargos y aspirantes por sede de noviembre de 2024 para el cargo de asistente administrativo de centro de servicios, porque ocupaba el primer lugar en la lista y existía una solicitud de traslado, y además solicitó que se le informara sobre si existía una determinac