CE - Sentencia 11001031500020250245201 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-02452-01

Accionante: Luis Felipe Quintana Pérez

Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Subtema 2: pensión de jubilación, factores salariales .

Subtema 3: defecto fáctico y decisión sin motivación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la impugnación interpuesta por el señor Luis Felipe Quintana Pérez , en contra de la sentencia del 29 de mayo de 2025 , proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Luis Felipe Quintana Pérez, por intermedio de su apoderado, presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de su s derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vial y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerado s con ocasión de la sentencia del 19 de febrero de 2025 , proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre , dentro del

proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vial y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerado s con ocasión de la sentencia del 19 de febrero de 2025 , proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 70001-33-33-002-2017-00030-02.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2. El señor Luis Felipe Quintana Pérez prestó sus servicios al departamento de Sucre, por más de 20 años, en cuyo tiempo efectuó cotizaciones pensionales a Cajanal EICE y a la UGPP.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02452-01

Accionante: Luis Felipe Quintana Pérez

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3. El 14 de mayo de 2001, el accionante radicó escrito ante Cajanal EICE, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación. En consecuencia, la entidad, mediante Resolución núm. 14314 del 19 de julio de 2004 , reconoció a favor del señor Luis Felipe Quintana Pérez la prestación pensional en cuantía de $533.867.

Como factores salariales incluyó la asignación básica, la prima de navidad, la prima de vacaciones, la prima de servicios y la bonificación por servicios.

del señor Luis Felipe Quintana Pérez la prestación pensional en cuantía de $533.867. Como factores salariales incluyó la asignación básica, la prima de navidad, la prima de vacaciones, la prima de servicios y la bonificación por servicios.

4. El señor Quintana Pérez, a través de diferentes escritos solicitó la reliquidación de su pensión con la inclusión de los siguientes emolumentos: auxilio de alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad, que percibió durante su último año de servicio , además de la asignación básica mensual.

5. Cajanal EICE y la UGPP, mediante las Resoluciones núms. 30856 de 1 de octubre, 8523 de 6 de diciembre de 2005, 60894 de 24 de noviembre de 2006, RDO 010956 de 6 de marzo de 2013, 021072 de 31 de mayo y RDP 040002 de 24 de octubre de 2016, resolvieron de manera desfavorable las solicitudes de reliquidación.

6. El señor Luis Felipe Quintana Pérez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP, con el fin de que se dejaran sin efectos los referidos actos administrativos y, en consecuencia, se ordenará la reliquidación de su pensión de vejez con la inclusión de los siguientes conceptos : auxilio de alimentación, bonificación por servicios prestado s, prima de servicio, prima de vacaciones y prima de navidad, que percibió durante su último año de servicios, además de la última asignación básica mensual devengada.

7. El Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo , mediante sentencia del 3 de

de vacaciones y prima de navidad, que percibió durante su último año de servicios, además de la última asignación básica mensual devengada.

7. El Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo , mediante sentencia del 3 de noviembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión, la parte actora presentó recurso de apelación.

8. El Tribunal Administrativo de Sucre, a través de providencia del 19 de febrero de 2025, confirmó en todas sus partes la decisión de primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

9. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:

PRIMERO: TUTELAR los Derechos Constitucionales Fundamentales al DERECHO DE

IGUALDAD, SEGURIDAD SOCIAL, A LOS DERECHOS LABORALES

IRRENUNCIABLES, AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA CUARTA, SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMEINTO DEL DERECHO, RADICACIÓN N.° 70001-33-33002-2017-00030-02, del 19 de febrero de 2025.

1 Samai, exp . 11001 -03-15-000-2025-02452-00, índice 2, certificado núm. C93CE1327641C5D0 6F53E2083FCAAC3F C3955FD339AEC17B E3136028A29C10AF.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02452-01

Accionante: Luis Felipe Quintana Pérez

C3955FD339AEC17B E3136028A29C10AF.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02452-01

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TERCERO: En consecuencia, de lo anterior, DEJAR sin efectos la decisión de instancia y ordénese a presentar un fallo [con] los motivos debidamente expresados. [sic].

10. Como fundamento de sus pretensiones , la parte actora manifestó que la providencia del 19 de febrero de 2025 , proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, incurrió en defecto fáctico porque realizó una valoración defectuosa de los certificados de salarios, de tiempos de servicio y del acto administrativo que reconoció la prestación, en tanto, desconoció que la mesada pensional se liquidó con base en la asignación del año de 1996 y no tuvo en cuenta, que el actor adquirió el estatus para acceder a la pensión el 13 de junio de 1997 y su retiro del servicio ocurrió el 1 de julio siguiente, por lo que su pensión debió liquidarse con el salario y los factores defensados en el último año de servicio.

11. En este sentido, explicó que el Tribunal no valoró el hecho de que su pensión fue liquidada con fundamento en factores salariales devengados que «perdieron poder adquisitivo»

12. Adicionalmente, afirmó que la decisión cuestionada, también incurrió en decisión sin motivación, debido a que no efectuó un análisis razonable y coherente de las

adquisitivo»

12. Adicionalmente, afirmó que la decisión cuestionada, también incurrió en decisión sin motivación, debido a que no efectuó un análisis razonable y coherente de las pruebas aportadas al proceso ordinario, para determinar con claridad la norma que le resultaba más favorable al tutelante, con el fin de obtener una liquidación pensional actualizada.

2.3. Trámite procesal

13. El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante auto del 29 de abril de 20252, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Sucre, y puso en conocimiento el escrito de tutela a la UGPP y al Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo, en calidad de terceros interesados.

2.4. Intervenciones

14. La UGPP3 pidió que se niegue el amparo de tutela porque la providencia cuestionada se encuentra debidamente sustentada y motivada en la normativa sustancial y procedimental que regula materia objeto de estudio, además contiene un fundamento probatorio razonable sin que se pueda advertir una irregularidad que haya vulnerado las garantías constitucionales del accionante.

15. Asimismo, afirmó que la actora pretende hacer uso de la acción de tutela como una oportunidad procesal adicional para reabrir el debate jurídico y probatorio que ya fue resuelto en ambas instancias del proceso ordinario.

16. El Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo 4 solicitó que se niegue la tutela, por cuanto los argumentos expuestos por la parte actora, únicamente, se dirigen a «poner en tela de juicio» el criterio jurídico y la autonomía de las autoridades

tutela, por cuanto los argumentos expuestos por la parte actora, únicamente, se dirigen a «poner en tela de juicio» el criterio jurídico y la autonomía de las autoridades judiciales accionadas, sin acreditar la existencia una sit uación irregular ocurrida en la

2 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-02452-00, índice 4, certificado núm. CD20233C2BBE1821 B79F1C51F020C651 1E354330C902D2C9 00B8981EEAE8C967. 3 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-02452-00, índice 9, certificado núm. F6C5F15471FEFEDA 31780473D85DA25E AA6CCE740A265297 0C5CC64FEC98594A. 4 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-02452-00, índice 8, certificado núm. AE75DDEAEDA3CA16 BEF415646B7436C8 19A62AB88CFF722B DAA21F83670822B5.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02452-01

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actuación judicial, que efectivamente haya vulnerado su derecho fundamental.

17. De este modo, indicó que lo pretendido por la tutelante es insistir en el debate jurídico que se surtió al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,

actuación judicial, que efectivamente haya vulnerado su derecho fundamental.

17. De este modo, indicó que lo pretendido por la tutelante es insistir en el debate jurídico que se surtió al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, como si la tutela fuera una tercera instancia, lo cual es improcedente.

18. El Juzgado Décimo y Administrativo de Cali 5 remitió, a esta corporación, el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.

19. El Tribunal Administrativo de Sucre guardó silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia

20. El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 29 de mayo de 20256 declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que el asunto no cumplió con el requisito general de la relevancia constitucional, toda vez que los argumentos de la parte actora no cuentan con la carga argumentativa suficiente para ser estudiados por el juez de tutela.

21. Al respecto, indicó que la providencia cuestionada realizó un análisis de los documentos aportados al proceso, lo cual le permitió concluir que el señor Luis Felipe Quinta Pérez durante el último año de servicio devengó los siguientes factores salariales: asignación básica, la prima de navidad, la prima de vacaciones, la prima de servicios y la bonificación por servicios, los cuales fueron incluidos en la Resolución núm. 14314 de 19 de julio de 2004, que dispuso el reconocimiento y pago de la pensión mensual de vejez.

22. Afirmó que el acto administrativo que reconoció la pensión del actor incluyó los

núm. 14314 de 19 de julio de 2004, que dispuso el reconocimiento y pago de la pensión mensual de vejez.

22. Afirmó que el acto administrativo que reconoció la pensión del actor incluyó los factores salariales efectivamente devengados por demandante, por lo que no había lugar a reabrir el debate jurídico sobre el tema, cuando en el plenario no se encontró acreditada irregularidad alguna.

23. Así pues, mencionó que la decisión acusada no es arbitraria, toda vez que fue adoptada, con fundamento en los hechos que dieron origen a la demanda y en las pruebas aportadas en la demanda.

24. En este orden, concluyó que los argumentos expuestos por el tutelante, no permitían advertir la existencia de una cuestión que sea de «verdadera relevancia constitucional», ante una posible transgresión de los derechos fundamentales de la parte actora, pues lo que se observa es una inconformidad con la decisión judicial y un cuestionamiento de esta con relación a aspectos legales que fueron resueltos de forma admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto , dado que la tutela no es un recurso o una instancia adicional al proceso ordinario.

5 Samai, exp . 11001 -03-15-000-2025-02452-00, índice 8, certificado núm. AE75DDEAEDA3CA16 BEF415646B7436C8

19A62AB88CFF722B DAA21F83670822B5. 6 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-02452-00, índice 1 2, certificado núm. 65CBBE739C437966 D2AD32BCB3D3D654

D6EBF91DB8EDB698 CE236F0DC574A7C3.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02452-01

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2.6. Impugnación

25. La parte actora presentó impugnación7 en contra de la sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela. Además, pidió que se revoque la providencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 29 de mayo de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

27. La legitimación en la causa por activa del señor Luis Felipe Quintana Pérez está acreditada porque fue el demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del

3.2. Legitimación en la causa

27. La legitimación en la causa por activa del señor Luis Felipe Quintana Pérez está acreditada porque fue el demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoció su derecho fundamental.

28. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo de Sucre, debido a que fuer la autoridad que profirió la sentencia, objeto de estudio.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

29. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8, y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional9.

30. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado; iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental;

7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02452-00, índice 1 5, certificado 891A01B02D6E2792 9042994D819CD59E

un derecho fundamental;

7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02452-00, índice 1 5, certificado 891A01B02D6E2792 9042994D819CD59E 3975F58EA8FA7653 CAD3740F4D20243C. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-0315-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02452-01

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1. que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

31. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 10 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez c onstitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez c onstitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

32. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución11.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

33. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 12 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

34. Así pues, la Corte Constitucional13 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son los siguientes: i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»14 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»15;

fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»14 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»15; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

10 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018. 11 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022. 12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02452-01

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35. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una

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35. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.

36. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

37. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la sentencia proferida el 19 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Sucre, fue notificada el 10 de marzo siguiente16, y la demanda de tutela se presentó el 28 de abril de 202517, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional18 y del Consejo de Estado19 como razonable.

38. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos , este se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

39. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

40. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad en relación con la causal de defecto fáctico y decisión sin motivación y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

41. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la sentencia de primera instancia del 29 de mayo de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo interpuesta por el señor Luis Fernando Quintana Pérez.

42. En particular, deberá establecer si el Tribunal Administrativo de Sucre vulneró los derechos fundamentales al debido proceso , a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vial y al acceso a la administración de justicia del accionante e incurrió en defecto fáctico y en decisión sin motivación , al proferir la sentencia del 19 de febrero de 2025, mediante la cual confirmó la sentencia del 2 de noviembre de 2022, expedida

16 Samai, exp. 70001-33-33-002-2017-00030-02, índice 15. 17 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02452-00, índice 1.

16 Samai, exp. 70001-33-33-002-2017-00030-02, índice 15. 17 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02452-00, índice 1. 18 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022. 19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.1100103-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-02452-01

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por el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo, que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el tutelante en contra de la UGPP.

43. Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades de los defectos invocados; y (ii) el caso concreto.

3.4.1. El defecto fáctico

44. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 20. Este vicio en la valoración probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa en la decisión 21» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones: una positiva y otra negativa.

probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa en la decisión 21» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones: una positiva y otra negativa.

45. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez « […] aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa una valoración por “completo equivocada”» 22. Por su parte, la dimensión negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el cas o sin tener las pruebas suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»23.

46. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cua ndo el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los

en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cua ndo el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso24.

47. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial25, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación

20 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018. 21 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022. 22 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022. 23 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024. 24 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011. 25 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02452-01

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probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia»26.

48. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado , de manera genérica, por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en

cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta –siguiendo las reglas de la lógica – a la que se desprende del contenido de los materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas

[impertinentes, inconducentes o ilícitas]27.

3.4.2. Decisión sin motivación

49. El deber que les corresponde a las autoridades judiciales de fundamentar sus decisiones en el marco jurídico aplicable y en los supuestos fácticos objeto de estudio

3.4.2. Decisión sin motivación

49. El deber que les corresponde a las autoridades judiciales de fundamentar sus decisiones en el marco jurídico aplicable y en los supuestos fácticos objeto de estudio dio lugar a que la ausencia de un análisis razonable del asunto se considerara una causal autónoma para la procedencia de la tutela en contra de providencia juridiciales.

50. Al respecto, la Corte Constitucional, precisó que la decisión sin motivación se configura por «el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar