CE - Sentencia 11001031500020250247200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-02472-001

Demandante : Francisco Javier García Londoño

Demandado Vinculados : : Consejo de Estado , Sección Tercera , Subsección A Consejo de Estado , Secciones Segunda, Subsección A y Quinta y Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

Acción : Tutela

Derechos

Tema :

: Debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y a ejercer cargo público en carrera administrativa Tutela contra providencia, cosa juzgada fraudulenta Decisión : Sentencia de primera instancia - declara improcedente

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela incoada por Francisco Javier García Londoño, por la presunta vulneración de su s derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y a ejercer cargo público en carrera administrativa.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela.

Francisco Javier García Londoño , qu ien actúa en nombre propio , interpus o el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y a ejercer cargo público en carrera administrativa ,

1 Expediente digital disponible en Samai.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-02472-00

Demandante: Francisco Javier García Londoño

Demandado: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A

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presuntamente vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos el fallo del 4 de abril de 2025, mediante el cual el Consejo de Estado , Sección Tercera , Subsección A 2, confirmó la providencia del 6 de febrero del mismo año , en la que la Sección Quinta de esa Corporación declaró la cosa juzgada constitucional y la temeridad en la tutela que instauró contra el Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A (expediente 11001 -03-15-000-2024-07030-01), al encontrar que en anteriores oportunidades ya había presentado otras demandas de igual naturaleza y con el mismo propósito. En su lugar, pidió que se ordene a la autoridad accionada emitir

oportunidades ya había presentado otras demandas de igual naturaleza y con el mismo propósito. En su lugar, pidió que se ordene a la autoridad accionada emitir una nueva decisión en la que se acceda a las súplicas formuladas en el aludido asunto constitucional.

Hechos3.

El tutelante relata que, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) [expediente 11001 -03-25-000-2012-00372-00] con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales fue sancionado disciplinariamente con la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 12 años, del que conoció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A4 que, con providencia de 28 de marzo de 2019 negó las pretensiones formuladas, al considerar que, no logró desvirtuar la legalidad de los actos demandados.

Que, inconforme con la aludida decisión incoó la acción de tutela identificada con el radicado 11001-03-15-000-2024-05185-01, la cual fue declarada improcedente el 25 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A5, por configurarse la cosa juzgada y temeridad, dado que, previamente ya había formulado otra demanda de igual naturaleza y con el mismo propósito (expediente 11001-03-15-000-2023-01080-01), determinación que fue confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado - Sección Quinta6.

Aduce que, interpuso una nueva acción de tutela contra la sentencia de 28 de

11001-03-15-000-2023-01080-01), determinación que fue confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado - Sección Quinta6.

Aduce que, interpuso una nueva acción de tutela contra la sentencia de 28 de

2 C. P. José Roberto Sáchica Méndez. 3 Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002. 4 C. P. Rafael Francisco Suárez. 5 C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez. 6 C. P. Gloria María Gómez Montoya.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-02472-00

Demandante: Francisco Javier García Londoño

Demandado: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A

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marzo de 2019, « teniendo como justificación hechos nuevos que no fueron debatidos ni esclarecidos en la anterior », cuyo asunto también fue desatado, en primera instancia, por la Sección Quinta 7 el 6 de febrero de 2025 y, en seg unda instancia, por la «Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado [8] el día 04 de abril [siguiente] con radicado número 11001 -03-15-000-2024-0703001», pese a que, «el artículo 39 del Decreto Ley 2591 de 1991, […] dispone que los jueces tienen el deber de declararse impedidos para conocer y fallar un caso específico, siempre que en ellos concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal; en este caso en particular, es la […] contenida en el numeral 4° del artículo 56», lo que conllevó a que se configurara la cosa juzgada fraudulenta.

del Código de Procedimiento Penal; en este caso en particular, es la […] contenida en el numeral 4° del artículo 56», lo que conllevó a que se configurara la cosa juzgada fraudulenta.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 22 de mayo de 2025, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó notificar a l Consejo de Estado , Sección Tercera , Subsección A ; y (ii) dispuso vincular a las Secciones Segunda , Subsección A y Quinta del Consejo de Estado y a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 El Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A.

-Por conducto del consejero de Estado Fernando Alexei Pardo Flórez 9, quien fue ponente de la sentencia de 25 de octubre de 2025 proferida dentro de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-05185-01, indicó que resulta «improcedente efectuar un estudio de fondo, en tanto la nueva demanda está dirigida a cuestionar unas decisiones judiciales proferidas en otras acciones de tutela[, frente a lo cual] [c]onviene recordar que la jurisprudencia constitucional10 ha proscrito este tipo de conductas con miras a evitar una prolongación indefinida de las controversias, en detrimento de principios esenciales como la seguridad jurídica y la protección real, estable y oportuna de los derechos fundamentales».

proscrito este tipo de conductas con miras a evitar una prolongación indefinida de las controversias, en detrimento de principios esenciales como la seguridad jurídica y la protección real, estable y oportuna de los derechos fundamentales».

7 C. P. Omar Joaquín Barreto Suárez. 8 C. P. José Roberto Sáchica Méndez. 9 Índice 00019 de Samai. 10 Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A. Sentencia del 2 de marzo de 2023. Radicado núm. 11001-03-15000-2023-00419-00.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-02472-00

Demandante: Francisco Javier García Londoño

Demandado: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A

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Agregó que, «lejos de acreditar que las providencias proferidas por esta Subsección fueron fruto de una actuaci ón dolosa, espuria o manifiestamente contraria a los principios constitucionales, la iniciación de un nuevo proceso de tutela pone en evidencia un actuar alejado del deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios exigible a todo ciudadano. De hecho, en sentencia del 4 de abril de 2025 (magistrado ponente: José Roberto Sáchica Méndez), ordenó al accionante para que se abstuviera promover acciones de tutela que compartieran la triple identidad».

-A través del consejero de Estado José Roberto Sáchica Méndez 11, quien fue ponente de la sentencia de 4 de abril de 2025 objeto de reproche, emitida en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-07030-01, solicitó que se

ponente de la sentencia de 4 de abril de 2025 objeto de reproche, emitida en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-07030-01, solicitó que se declare improcedente el mecanismo constitucional de la referencia por las siguientes razones:

«(i). La sentencia que se cuestiona fue proferida el 4 de abril de 2025 por la Sección Tercera - Subsección A, en el marco de otra acción de tutela 12, y el accionante no acreditó que sea el resultado de una actuación fraudulenta. Simplemente presenta una objeción respecto a la postura de la Sala, que dista de la suya, en lo atinente a la configuración de una causal de impedimento. Ello determina la improcedencia del amparo.

(ii). Los argumentos con los que se pretende censurar el fallo de tutela redundan sobre uno de los asuntos abordados en la impugnación que presentó en aquella acción, pretendiendo insistir en una discusión que no tiene relevancia constitucional. La misma causal de impedime nto que hoy endilga a la Sección Tercera - Subsección A del Consejo de Estado la atribuyó a la Sección Quinta, como juez de primera instancia en dicha acción constitucional. En la providencia cuestionada la Sala de la que hice parte expuso los motivos por los cuales consideró que tales reproches no eran de recibo y, expresamente, indicó que ese mismo razonamiento determinaba que ninguno de los integrantes de la Subsección estaba impedido.

[…]

(iv). La presente acción se suma a una cadena de tutelas, que p one en evidencia el uso inadecuado de este valioso mecanismo de protección constitucional. Con la

integrantes de la Subsección estaba impedido.

[…]

(iv). La presente acción se suma a una cadena de tutelas, que p one en evidencia el uso inadecuado de este valioso mecanismo de protección constitucional. Con la particularidad de que ahora el accionante pretende valerse de la temeridad para sustentar recusaciones que, además de ser ajenas al trámite de la tutela, tien en como único fin desplazar del conocimiento a todos los magistrados que ya han conocido de las acciones previas y han censurado actuaciones temerarias».

2.1.2 El Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A13 informó que, «si bien es cierto la providencia enjuiciada no fue proferida por es [e] despacho, la acción de tutela tien [e] relación, entre otros, con la Sentencia de 28 de marzo de 2019, proferida en el marco del proceso No. 11001 -03-25-000-2012-00372-00 (1425-2012), decisión a través de la cual se negaron las pretensiones de nulidad y

11 Índice 00023 de Samai. 12 Expediente 11001-03-15-000-2024-07030-01. 13 Índice 00021 de Samai.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-02472-00

Demandante: Francisco Javier García Londoño

Demandado: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A

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restablecimiento del derecho presentadas por el hoy [demandante] contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y, en ese orden, debe advertirse que contra la misma han cursado otros procesos de tutela en los que […] ha reclamado lo mismo que allí pretende».

restablecimiento del derecho presentadas por el hoy [demandante] contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y, en ese orden, debe advertirse que contra la misma han cursado otros procesos de tutela en los que […] ha reclamado lo mismo que allí pretende».

2.1.3 La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)14 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, comoquiera que, «los argumentos subjetivos para sustentar una causal de impedimento con esta demanda y anular un pronunciamiento judicial, no son suficientes para indicar que existió algún vicio o propósito diferente a la administración de justicia y así seguir persistiend o en realizar el mismo planteamiento ya resuelto».

Que, lo pretendido por el actor es «reabrir la discusión en torno a la legalidad de los actos administrativos demandados en el proceso inicial, lo cual desvirtúa la naturaleza y el propósito de ese recurso», máxime, cuando ya ha radicado un gran número de acciones de tutela encaminadas hacía lo mismo, configurándose así el fenómeno jurídico de la temeridad.

2.1.4 El Consejo de Estado - Sección Quinta guardó silencio en la oportunidad prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de 2021.

3.2 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por

333 de 2021.

3.2 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales, permite a las per sonas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de

14 Índice 00024 de Samai.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-02472-00

Demandante: Francisco Javier García Londoño

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cualquier autoridad pública o de los partic ulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico.

Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 4 de abril de 202 5, mediante el cual el Consejo de Estado , Sección Tercera , Subsección A, confirmó la providencia del 6 de febrero del mismo año, en la que la Sección Quinta de esa Corporación declaró la cosa juzgada constitucional y la temeridad en la tutela que instauró contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,

Subsección A, confirmó la providencia del 6 de febrero del mismo año, en la que la Sección Quinta de esa Corporación declaró la cosa juzgada constitucional y la temeridad en la tutela que instauró contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A (expediente 11001-03-15-000-2024-07030-01), al encontrar que, en anteriores oportunidades ya había presentado otras demandas de igual naturaleza y con el mismo propósito ; y, en caso afirmativo, si se ha n vulnerado las garantías superiores al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y a ejercer cargo público en carrera administrativa invocadas en este mecanismo constitucional.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C -543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación bu rda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio de autonomía funcional del juez, quien la administra qu ebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio de autonomía funcional del juez, quien la administra qu ebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual , sostuvo que esta se configura cuandoAcción de tutela 11001-03-15-000-2025-02472-00

Demandante: Francisco Javier García Londoño

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se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplica ble; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judic ial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU -1184 de 2001 y SU -159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,

sentencias SU -1184 de 2001 y SU -159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hu biere alegado en el proceso judicial siempre que esto

derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hu biere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideraciónAcción de tutela 11001-03-15-000-2025-02472-00

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al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acci ón de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual, solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) d efecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,

se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, s í se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente pa ra controvertir decisiones judiciales 15, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 2012 16, en el sentido de disponer

15 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso -administrativo del

posición mediante sentencia de 31 de julio de 2012 16, en el sentido de disponer

15 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso -administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,

C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 200403194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 16 Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-02472-00

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que, la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados

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que, la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que, esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos17.

3.5 Caso concreto.

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y a ejercer cargo público en carrera administrativa del tutelante; (ii) la decisión controvertida no es susceptible de otro medio de defensa judicial, dado que fue proferida en segunda instancia y se encuentra ejecutoriada ; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; y (iv) el requisit o de inmediatez se satisface, comoquiera que la sentencia atacada quedó ejecutoriada el 24 de abril de 202518 y la solicitud de amparo se presentó el 29 de los mismos mes y año, es decir, dentro de un término prudencial (5 días).

No obstante, se advierte que no se satisface el requisito de que la solicitud de amparo no se instaure contra un fallo que decida una acción de esa naturaleza, puesto que la providencia reprochada fue dictada en la acción de tutela con

No obstante, se advierte que no se satisface el requisito de que la solicitud de amparo no se instaure contra un fallo que decida una acción de esa naturaleza, puesto que la providencia reprochada fue dictada en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-07030-01, promovido por el tutelante contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

La jurisprudencia constitucional19, en principio, indicó que la tutela no es procedente para controvertir decisiones adoptadas dentro de otras acciones de ese tipo, por cuanto se afectaría su naturaleza y se originaría inseguridad jurídica y

17 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 200800779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009 -01082-01, C. P. Víctor Hernando

Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011 -01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 18 El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 22 de julio de 2024, motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 24 de los mismos mes y año, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA. 19 Corte Constitucional, sentencia T-200 de 2003, M. P. Rodrigo Escobar Gil.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-02472-00

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desconocimiento del principio de cosa juzgada, puesto que las controversias conocidas por la autoridad judicial nunca serían resueltas definitivamente ante la posibilidad de instaurar, de manera concadenada, varias solicitudes de amparo. Al respecto, la Corte Constitucional20 sostuvo:

conocidas por la autoridad judicial nunca serían resueltas definitivamente ante la posibilidad de instaurar, de manera concadenada, varias solicitudes de amparo. Al respecto, la Corte Constitucional20 sostuvo:

«3.2. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha precisado que la posibilidad de interponer una acción de tutela contra providencias judiciales no incluye aquellos casos en los cuales la providencia judicial es otra tutela. Es decir, los precedentes han establecido que la acción de tutela dirigida contra otra tutela no es procedente. El criterio uni ficado de la Corte frente a la improcedencia general de la acción de tutela contra fallos de tutela, fue precisado en la sentencia SU-1219 de 200121. En dicha providencia se reiteraron las razones constitucionales por las cuales no procede la acción de tutela contra fallo de tutela.

En síntesis, en esa decisión la Corte indicó que no es procedente la tutela contra tutela porque de lo contrario (i) implicaría instituir un recurso adicional para insistir en la revisión de tutelas que con anterioridad no fuer on seleccionadas, (ii) supondría crear una cadena interminable de demandas, con lo cual resultaría afectado el principio de seguridad jurídica, (iii) se afectaría el mecanismo de cierre hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte Constitucional, y (iv) la tutela perdería su efectividad, pues “quedaría indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar que su posición coincida con la op inión de algún juez. En este evento, seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta volver a vencer”.

decidiera no insistir