CE - Sentencia 11001031500020250253901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-02539-011

Accionante : Gabriel Eduardo Ochoa Madera

Accionado : Tribunal Administrativo de Santander Acción : Tutela Tema : Tutela contra providencia judicial / auto que reliquida el crédito / defecto procedimental Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el señor Gabriel Eduardo Ochoa Madera , en contra de la sentencia del 13 de junio de 2025 , proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por el tutelante frente a la vulneración alegada; luego, revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela ; y, finalmente , resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2. La demanda de tutela2.

Gabriel Eduardo Ochoa Madera interpuso esta acción de tutela, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, la seguridad social y el acceso a la administración de justicia , presuntamente vulnerado s por el Tribunal Administrativo de Santander.

1 Expediente digital disponible en SAMAI.

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, la seguridad social y el acceso a la administración de justicia , presuntamente vulnerado s por el Tribunal Administrativo de Santander.

1 Expediente digital disponible en SAMAI. 2 Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.Acción de tutela 110010315-000-2025-02539-01

Accionante: Gabriel Eduardo Ochoa Madera

Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

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Por consiguiente, solicitó:

Segunda: Ordenar o disponer dejar sin efectos el Auto de Segunda Instancia de 30 OCT 2024, proferido por la Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo de Santander, Dra. MARIA EUGENIA CARRENO GOMEZ, dentro del ejecutivo Radicado No. 68001 -3333-001-202000130-01, que cursó en contra de la Unidad Nacional de Protección “UNP”, como sucesora del extinto DAS, notificado el 31 OCT 2024, con Auto de Obedecimiento del 21 ENE 2025, por todas las razones o motivos indicados y argumentados en esta acción de tutela y, por efectos de ello, disponer que se practique la debida liquidación del crédito, pero con un contador diferente.

Tercera: De ser procedente, se vincule no solo a dicha Magistrada Ponente, sino también a la UNP, por tener interés en este asunto.

Cuarta: De no ser procedentes las anteriores pretensiones, solicito se disponga la protección de mis derechos fundamentales que el Despacho encuentre vulnerados, con base en el estudio que la Sala realice sobre los hechos expuestos en esta acción, junto con la valoración

Cuarta: De no ser procedentes las anteriores pretensiones, solicito se disponga la protección de mis derechos fundamentales que el Despacho encuentre vulnerados, con base en el estudio que la Sala realice sobre los hechos expuestos en esta acción, junto con la valoración probatoria del caso y la corroboración de las actuaciones surtidas u omitidas, de acuerdo con lo narrado.

Quinta: Se profieran las demás órdenes que el Despacho disponga para el cumplimiento debido del fallo que se profiera.

1.3. Hechos3

El accionante expuso que, e l 30 de abril de 2014, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga.

En el marco de dicho proceso con radicado 68001-3331-009-2012-00008-00, en sentencia del 30 de abril de 20 14, la autoridad judicial accedió a las pretensiones de la demanda y dispuso lo siguiente:

SEGUNDO: […] el valor equivalente a las prestaciones sociales comunes que devengaban los escoltas pertenecientes a la planta de personal, causados durante los periodos de tiempo en los que se probó la relación laboral […]; tomando como base para la liquidación respectiva el valor de los honorarios contractuales por dicho tiempo; valores que serán reajustados conforme se indicó en la parte motiva de esta sentencia

TERCERO: […] los porcentajes de cotización correspondientes a Salud y Pensión que demuestre haber realizado y que debió trasladar el ente demandado -en su condición de empleadora los fondos correspondientes durante el periodo de la relación laboral que s e

TERCERO: […] los porcentajes de cotización correspondientes a Salud y Pensión que demuestre haber realizado y que debió trasladar el ente demandado -en su condición de empleadora los fondos correspondientes durante el periodo de la relación laboral que s e acreditó en el presente proceso. No obstante, en caso de que los respectivos aportes no se hayan efectuado por parte del demandante, la Entidad deberá efectuar las cotizaciones respectivas a los dos Sistemas, descontando de las sumas que se adeudan al de mandante el porcentaje que a ella corresponda.

Mediante auto del 27 de junio de 2017, el mismo Juzgado aclaró y adicionó la sentencia de primera instancia en los siguientes términos:

3 Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.Acción de tutela 110010315-000-2025-02539-01

Accionante: Gabriel Eduardo Ochoa Madera

Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

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PRIMERO: ACLARAR la sentencia proferida en la referencia el 30 de abril de 2014, en el sentido de establecer que la condena impuesta en los numerales SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO de la parte resolutiva, se encuentran a cargo del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS en supresión, conforme a los argumentos expuestos en el numeral 1 de la parte considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO: ADICIONAR la parte motiva de la sentencia proferida el 30 de abril de 2014, con los argumentos expuestos en el acápite segundo de la parte considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO: ADICIONAR la parte motiva de la sentencia proferida el 30 de abril de 2014, con los argumentos expuestos en el acápite segundo de la parte considerativa de la presente providencia.

En sentencia de segunda instancia del 16 de julio de 2015, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la anterior decisión adicionada.

Mediante Resolución No. 0958 de 2019, la Unidad Nacional de Protección (UNP) —que se erigió en la sucesora procesal del extinto DAS — liquidó una acreencia total de $154.881.692 a favor del señor Ochoa , de los cuales , según el accionante, la entidad pagó la suma de $149.348.145 el 4 de julio del 2025, tras descontar la retención en la fuente ($5.553.547).

El señor Ochoa Madera i nició un proceso ejecutivo contra la UNP, con radicado 680013333-001-2020-00130-00, en el marco del cual solicitó el pago de las sumas faltantes en la liquidación contenida en la Resolución No. 0958 de 2019.

Esta demanda ejecutiva correspondió al Juzgado Primero Administrativo Oral de Bucaramanga que, mediante auto del 18 de agosto de 2020, ordenó librar mandamiento de pago contra la UNP a favor del señor Ochoa Madera, por $97.399.847, a título de capital de la condena más los intereses de mora causados desde la ejecutoria de la sentencia hasta el pago total de la obligación.

En la medida en que la entidad ejecutada no propuso excepciones ni interpuso recursos, el 13 de octubre de 2020, el Juzgado ordenó seguir adelante con la ejecución y condenó

sentencia hasta el pago total de la obligación.

En la medida en que la entidad ejecutada no propuso excepciones ni interpuso recursos, el 13 de octubre de 2020, el Juzgado ordenó seguir adelante con la ejecución y condenó a la demandada al pago de las costas del proceso.

El 17 de enero de 2022, el Juzgado requirió a las partes para que presentaran la liquidación del crédito . El ejecutante aportó una liquidación por $82.958.408 pesos , mientras que el ejecutado guardó silencio . El mismo Despacho, mediante auto del 7 de febrero de 2022, ordenó remitir el expediente al contador liquidador adscrito a los juzgados administrativos de Bucaramanga para que liquidara el crédito.

El 6 de julio de 2022, mediante oficio GOC -178, el contador liquidador Germán Alonso Ojeda Solano remitió la liquidación del crédito y estableció como valor total la suma deAcción de tutela 110010315-000-2025-02539-01

Accionante: Gabriel Eduardo Ochoa Madera

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$64.775.182, incluido el capital más los intereses moratorios y habiendo descontado el abono efectuado por la entidad ejecutada. Con base en esta liquidación, el Juzgado Primero Administrativo, a través de auto del 18 de enero de 2024, modificó la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante para un total de $64.775.182.

La UNP presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación contra el auto del 18 de enero de 2024 que modificó la liquidación del crédito . El a quo, mediante auto del 6

La UNP presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación contra el auto del 18 de enero de 2024 que modificó la liquidación del crédito . El a quo, mediante auto del 6 de mayo de 2024, concedió la apelación en contra de aquella providencia, que fue conocida por el Tribunal Administrativo de Santander.

Previo a resolver el recurso , el Tribunal ordenó remitir el expediente del proceso al contador liquidador adscrito para que verificara la conformidad de la liquidación con el título ejecutivo. La autoridad judicial , siguiendo el concepto del profesional y mediante auto del 30 de octubre de 2024 —aquí atacado—, concluyó que la UNP no adeudaba suma alguna al ejecutante.

Una vez el expediente fue devuelto al Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga, a través de providencia del 21 de enero de 2025, dicho Despacho acató la decisión del Tribunal, levantó las medidas cautelares, dio por terminado el proceso y ordenó su archivo.

1.4. Argumentos de la tutela.

La parte actora estimó vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad jurídica y el acceso a la administración de justicia, con el auto del 30 de octubre de 2024 proferido por el Tribunal Administrativo de Santander en el proceso ejecutivo de radicado 68001-3333-001-2020-00130-00/01.

En concepto del accionante, el Tribunal Administrativo de Santander tramitó la apelación sin que se hubiera proferido un auto admisorio de ese recurso, y sin verificar la procedencia del mismo . Adicionalmente, la UNP no se encontraba legitimada para

En concepto del accionante, el Tribunal Administrativo de Santander tramitó la apelación sin que se hubiera proferido un auto admisorio de ese recurso, y sin verificar la procedencia del mismo . Adicionalmente, la UNP no se encontraba legitimada para interponer el recurso de alzada contra el auto del 18 de enero de 2024, y todavía menos de forma subsidiaria al recurso de reposición, porque no se opuso ni controvirtió las providencias a través de las cuales se ordenó librar mandamiento ejecutivo y seguir adelante con la ejecución.Acción de tutela 110010315-000-2025-02539-01

Accionante: Gabriel Eduardo Ochoa Madera

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La parte actora agrega que, el Tribunal le delegó indebidamente su facultad decisoria al contador Germán Alonso Ojeda Solano cuando le solicitó verificar la conformidad de la liquidación aprobada por el Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga en auto del 18 de enero de 2024 , con base en el informe del mismo profesional . En opinión del accionante, el hecho de que el mismo liquidador haya llegado a conclusiones contradictorias refleja una falta de objetividad en su cálculo del crédito. Además, estima que el tribunal acogió de plano la segunda liquidación del crédito sin verificar que esta comprendiera todas las prestaciones sociales de los servidores públicos del extinto DAS.

Alega también que, el Tribunal no hizo una adecuada valoración probatoria porque i) no contrastó la Resolución No. 0958 de 2019 de la UNP con los soportes que acreditan la fecha real del pago de la condena y ii) pasó por alto la conducta procesal de la UNP en

contrastó la Resolución No. 0958 de 2019 de la UNP con los soportes que acreditan la fecha real del pago de la condena y ii) pasó por alto la conducta procesal de la UNP en el proceso ejecutivo (no contest ó, no excepcionó y no recurrió el mandamiento de pago y el auto que ordenó seguir adelante con la ejecución).

Finalmente, el señor Ochoa Madera considera que, en la medida en que el mandamiento de pago y el auto que ordenó seguir adelante con la ejecución quedaron en firme, la liquidación del crédito podía variar de monto, pero el Tribunal Administrativo no estaba facultado para suprimir ciertos conceptos ya comprendidos en la condena y en el título ejecutivo.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección C, a través de auto del 6 de mayo de 2025 4, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión, ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Santander como accionado, y vincular como terceros con interés a l Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga, la UNP y el contador Germán Alonso Ojeda Solano.

2.1. Contestación de la acción.

2.1.1. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga5 expuso que el Despacho debía acatar la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, según la cual no existían saldos pendientes por pagar a

4 Expediente digital en SAMAI, índice 4. 5 Expediente digital en SAMAI, índice 8.Acción de tutela 110010315-000-2025-02539-01

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5 Expediente digital en SAMAI, índice 8.Acción de tutela 110010315-000-2025-02539-01

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favor del ejecutante. De ahí que haya terminado en debida forma el proceso y ordenado su archivo. En consecuencia, el Juzgado solicitó ser desvinculado del presente proceso.

2.1.2. La Unidad Nacional de Protección6 pidió ser desvinculada del proceso, por falta de legitimación por pasiva, en la medida en que las pretensiones de la tutela van dirigidas al Tribunal Administrativo de Santander y, en particular, contra las órdenes que profirió esa autoridad judicial en la segunda instancia del proceso ordinario.

2.1.3. La magistrada María Eugenia Carreño Gómez del Tribunal Administrativo de Santander7, ponente de la decisión disputada, expuso que su decisión no fue arbitraria, porque analizó cada uno de los argumentos del recurso de apelación presentados contra el auto de primera instancia.

En cuanto a la procedibilidad de la tutela, reiteró que esta no puede ser vista como una tercera instancia, y que no cumple con el requisito de inmediatez porque entre el auto del 30 de octubre de 2024 y la fecha de radicación de la acción transcurrieron más de seis meses.

La magistrada agregó en un informe posterior8 que, en la medida en que el fallo ordinario del proceso de nulidad y restable cimiento del derecho solamente reconoció las prestaciones sociales comunes de los servidores del DAS, no era posible que en la liquidación se incluyeran, además, prestaciones sociales especiales.

del proceso de nulidad y restable cimiento del derecho solamente reconoció las prestaciones sociales comunes de los servidores del DAS, no era posible que en la liquidación se incluyeran, además, prestaciones sociales especiales.

2.1.4. El contador liquidador Germán Alonso Ojeda Solano9 aseguró que la revisión de la liquidación se llevó a cabo con ocasión del recurso de apelación presentado por la parte ejecutada y con fundamento en los parámetros de la sentencia del 16 de julio de 2015 que sirvió como título ejecutivo al trámite . De esa forma , pudo determinar que la liquidación aprobada por el auto del 18 de enero de 2024 incluía factores salariales que no fueron objeto de pronunciamiento en esa sentencia.

2.2. Sentencia de primera instancia10.

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 13 de junio de 2025, resolvió declarar improcedente la acción de tutela, al no superar el requisito

6 Expediente digital en SAMAI, índice 9. 7 Expediente digital en SAMAI, índice 10. 8 Expediente digital en SAMAI, índice 14. 9 Expediente digital en SAMAI, índice 15. 10 Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 12.Acción de tutela 110010315-000-2025-02539-01

Accionante: Gabriel Eduardo Ochoa Madera

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general de relevancia constitucional. Para ello, la Sala expuso que la parte actora pretende que se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por la autoridad judicial accionada, en el marco del proceso ordinario.

general de relevancia constitucional. Para ello, la Sala expuso que la parte actora pretende que se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por la autoridad judicial accionada, en el marco del proceso ordinario.

2.3. Impugnación11.

La parte actora, en desacuerdo con la decisión, manifestó que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado no tuvo en cuenta que , la autoridad accionada, mediante providencia del 13 de octubre de 2020, ordenó seguir adelante con la ejecución e hizo tránsito a cosa juzgada, sin que la UNP hubiera presentado recursos o hubiera formulado excepciones, o sin que formulara objeciones contra la liquidación del crédito aportada por la ejecutante . Agregó que, en la medida en que la sentencia atacada fue proferida en un ejecutivo laboral, es intrínseca a sus derechos a «la favorabilidad laboral y a la irrenunciabilidad a los beneficios mínimo s laborales», por lo que se evidencia la relevancia constitucional del asunto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

En virtud de los artículos 32 12 del Decreto ley 2591 de 1991 13 y 2514 del Acuerdo 80 de 12 de marzo del 2019 15 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

3.2. Problema jurídico.

Le corresponde a esta Subsección determinar si es dable examinar, a través de la acción de tutela, el eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el auto del 30 de octubre de 2024 , por medio del cual el Tribunal Administrativo de Santander ,

Le corresponde a esta Subsección determinar si es dable examinar, a través de la acción de tutela, el eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el auto del 30 de octubre de 2024 , por medio del cual el Tribunal Administrativo de Santander , en segunda instancia, decidió revocar el auto del 18 de enero de 2024 del Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga , en el que se había fijado el monto del crédito adeudado al ejecutante y estableció que no existía ningún saldo pendiente ; y, en caso

11 Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 25. 12 “Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente (…)”. 13 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 14 “Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto”. 15 “Reglamento interno del Consejo de Estado”.Acción de tutela 110010315-000-2025-02539-01

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afirmativo, si se han vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jurídica y acceso a la administración de justicia invocados en la solicitud de amparo.

3.3. La acción.

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afirmativo, si se han vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jurídica y acceso a la administración de justicia invocados en la solicitud de amparo.

3.3. La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.4. La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C -543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió, de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó revestido de una forma jurídica aparente, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo

judicial se adoptó revestido de una forma jurídica aparente, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, dado que, a pesar del reconocimiento del principio de auton omía funcional del juez, puede que este vulnere derechos fundamentales mediante sus providencias judiciales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T -231 de 1994, se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual debe presentarse al menos uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: defecto sustantivo, defecto fáctico, defecto orgánico, o defecto procedimental.Acción de tutela 110010315-000-2025-02539-01

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Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las que se encuentran las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, en el sentido que solo procede cuando, de manera protuberante, se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación.

fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados, y que lo hubiere alegado en el proceso judicial, siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corte

Constitucional.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad, con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tu tela contra decisiones judiciales, que se da solamente cuando el asunto discutido goce de una indudable relevancia constitucional.

procedibilidad, con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tu tela contra decisiones judiciales, que se da solamente cuando el asunto discutido goce de una indudable relevancia constitucional.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, el cual se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se susten ta laAcción de tutela 110010315-000-2025-02539-01

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decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento, por parte de los servidores judiciales, del deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, frente al que, según la Corte Constitucional, procede la tutela como mecanismo para

fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, frente al que, según la Corte Constitucional, procede la tutela como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que , aunque en un principio la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales 16, rectificó su posición mediante sentencia del 31 de julio de 201217, en el sentido de disponer que, la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos18.

3.5. Solución al caso concreto.

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que:

(i) Relevancia constitucional: la discusión se plantea alrededor de la violación

16 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de

(i) Relevancia constitucional: la discusión se plantea alrededor de la violación

16 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-027001, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 17 Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. 18 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.

P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009 -01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.

P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.Acción de tutela 110010315-000-20