CE - Sentencia 11001031500020250261700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-02617-00

Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: reparación directa . Daño causado por obra pública. Subtema 2: requisitos generales de procedibilidad .

Subtema 3: defectos fáctico y sustantivo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud de amparo interpuesta por el Instituto Nacional Penitenciario y Car celario (INPEC) contra el Tribunal Administrativo del Tolima.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El INPEC, a través de apoderado, presentó escrito de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Tolima con ocasión de la providencia proferida el 13 de diciembre de 2024, dentro del proceso con radicado núm. 73001-33-33-006-2022-00158-01.

II. ANTECEDENTES

de la providencia proferida el 13 de diciembre de 2024, dentro del proceso con radicado núm. 73001-33-33-006-2022-00158-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

A partir del escrito de tutela 1 y demás elementos aportados por las partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1. Zhommer Julieth Usme Pérez, en nombre propio y en representación del menor Edwin Alejandro Charry Usme, Floralba Ortiz Riobo, Jorge Enrique Charry Morales, Leider Johan Charry Ortiz y Jael Riobo Rubio radicaron demanda de reparación directa contra el INPEC, con el propósito de que se le declarara administrativamente responsable de la muerte de Edwin Albeiro Charry Ort iz, ocurrida el 23 de abril de 2020, como consecuencia de la falla en el servicio presentada en el establecimiento Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué (COIBA).

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02617-00, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02617-00

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2. Relataron que los señores Miller Alexander Núñez Rengifo, Luis Freddy Cuéllar Vargas y Edwin Albeiro Charry Ortiz ingresaron al COIBA el 23 de abril de 2020 . No obstante, el señor Edwin Albeiro Charry Ortiz se electrocutó , lo que le produjo

Vargas y Edwin Albeiro Charry Ortiz ingresaron al COIBA el 23 de abril de 2020 . No obstante, el señor Edwin Albeiro Charry Ortiz se electrocutó , lo que le produjo instantáneamente su muerte.

3. Consideraron que el daño era imputable al INPEC toda vez que el COIBA contrató irregularmente al señor Miller Alexander Núñez Rengifo, quien a su vez vinculó a la víctima, lo que materializó el riesgo que se concretó con el deceso.

4. El Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué profirió sentencia el 10 de noviembre de 2023 en la que negó las pretensiones, porque consideró que la muerte del señor Edwin Albeiro Charry Ortiz tuvo como causa que se inobservaron las normas relativas a la seguridad eléctrica por parte de la víctima y del señor Miller Núñez Rengifo, lo que impedía imputarle responsabilidad a la demandada, porque esta no tenía relación contractual con los operarios. De este modo, no se incurrió en una falla en el servicio.

Desarrolló esta tesis en los siguientes puntos:

5. Está probado el daño con la muerte del señor Edwin Albeiro Charry Ortiz, que tuvo lugar el 23 de abril de 2020 en el COIBA.

6. En cuanto a la imputación, está acreditado que los señores Miller Alexander Núñez Rengifo y Edwin Albeiro Charry Ortiz sirvieron al Consorcio USPEC ERON 2018, quien suscribió el contrato de obra núm. 142 de 2019 con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura física en el INPEC.

quien suscribió el contrato de obra núm. 142 de 2019 con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura física en el INPEC.

7. Puntualmente, estos sostuvieron una relación contractual con el Consorcio USPEC ERON 2018 y no existió contratación irregular por parte del COIBA. Por oposición, su actuar se desarrolló en el marco de las garantías de las luminarias que se instalaron con ocasión del contrato de obra núm. 142 celebrado el 18 de marzo de 2019, entre la USPEC y el Consorcio, el cual fue liquidado el 22 de septiembre de 2020.

8. De esta forma, según el acta de recibo y entrega de los espacios suscrita el 20 de diciembre de 2020, el recibo de los trabajos no eximía al Consorcio de cumplir con sus deberes y obligaciones. Por tanto, aunque la demandante sostiene que el suceso ocurrió fuera del contrato núm. 142, en el expediente se demostró lo opu esto, dado que, en hechos concomitantes a este, incluso, el 7 de octubre de 2021, el director del COIBA advirtió los problemas eléctricos derivados del acuerdo.

9. Adicionalmente, el señor Miller Alexander Núñez Rengifo constituyó la sociedad denominada Soluciones Integrales de Energía S.A.S en su condición de representante legal, la cual tuvo por objeto el suministro, el diseño y la construcción de redes de tensión, de sistemas de comunicaciones y de alumbrado público.

10. También se probó que el 31 de mayo de 2019 la subdirectora de Construcción

legal, la cual tuvo por objeto el suministro, el diseño y la construcción de redes de tensión, de sistemas de comunicaciones y de alumbrado público.

10. También se probó que el 31 de mayo de 2019 la subdirectora de Construcción y Conservación de la USPEC le pidió al director del COIBA su autorización para que el señor Miller Núñez Rengifo y otras personas ingresaran al establecimiento como contratistas del contrato núm. 142 de 2019. Igualmente existió un estudio de seguridad con relación al personal integrado por los señores Miller Alexander Núñez Rengifo y Edwin Albeiro Charry Ortiz, y la dirección del COIBA habilitó su ingreso.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02617-00

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11. En igual sentido, en marzo de 2020 se instalaron en el COIBA varias lámparas con ocasión del contrato núm. 142, situación que conoció primero la dirección del COIBA y después el señor Miller Alexander Núñez Rengifo , por la comunicación que emitió el dragoneante César Andrés Martínez Espinosa como técnico del Consorcio USPEC ERON 2018. Además, el ingreso de las personas al complejo se efectuó en cumplimiento del contrato núm. 142.

12. En estos términos, el INPEC no es responsable del daño comoquiera que es un tercero ajeno a las reparaciones administrativas sin injerencia en el asunto. De suerte

cumplimiento del contrato núm. 142.

12. En estos términos, el INPEC no es responsable del daño comoquiera que es un tercero ajeno a las reparaciones administrativas sin injerencia en el asunto. De suerte que en un escenario hipotético la imputación tenía que revisarse contra la USPEC y el Consorcio USPEC ERON 2018, pero esto no era posible al no haber sido demandadas en el proceso.

13. En consecuencia, la muerte del señor Edwin Albeiro Charry Ortiz fue producto de que tanto él como el señor Miller Alexander Núñez Rengifo, quien lo contrató, desconocieron las normas básicas de seguridad en cuanto a la forma de realizar las instalaciones eléctricas, tan así que el primero no llevaba puestos los guantes de protección. Específicamente, inobservaron el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), como lo acreditó el peritaje que se rindió el proceso a partir del cual se demostró el exceso de confianza.

14. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra esta decisión en el que expresó que el juez confundió la terminación de un contrato con su liquidación y que, aunque el acta de recibo de espacios y establecimientos del 20 de diciembre de 2019 no exoneraba al consorcio de sus obligaciones y responsabilidades, ello no eximía a la demandada de cumplir el procedimiento de gestión de las garantías.

15. Adicionalmente, indicó que el INPEC contrató directamente a Miller Alexander Núñez Rengifo para la realización de reparaciones por su propia cuenta y riesgo, y no en representación del Consorcio.

16. Agregó que existía responsabilidad del compañero de obra quien tenía

Núñez Rengifo para la realización de reparaciones por su propia cuenta y riesgo, y no en representación del Consorcio.

16. Agregó que existía responsabilidad del compañero de obra quien tenía experiencia en temas eléctricos al estar titulado como técnico electricista. Y que, no se le podía atribuir la culpa en el accidente, ya que cuando ascendió al poste no sabía que no se había suspendido la energía. Finalmente, expresó al asunto se le aplicaba un régimen objetivo de responsabilidad.

17. El INPEC se pronunció en el término previsto en el numeral 5 del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y solicitó que se confirmara la sentencia apelada. Expresó que la víctima , y quienes ejecutaron una actividad en el tendido eléctrico , no tenían relación contractual con el INPEC sino con la USPEC y el Consorcio USPEC ERON con ocasión del contrato de obra núm. 142 de 2019. De ahí que el INPEC no intervino en la causación del hecho dañoso y, por tanto, no era responsable.

18. También manifestó que la USPEC y el Consorcio USPEC ERON no se vincularon al proceso, aunque fueron contratistas en el contrato de obra. Por último, señaló que se configura el hecho de la víctima en tanto esta omitió aplicar las normas técnicas relacionadas con el RETIE, de modo que su propia imprudencia fue la que le causó la muerte.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02617-00

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19. El Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia el 13 de diciembre de

2024 en la que abordó los siguientes puntos:

20. El hecho generador del daño radicó en la descarga eléctrica que sufrió el señor Edwin Albeiro Charry Ortiz el 23 de abril de 2020 durante la ejecución de labores en el tendido eléctrico de COIBA. En este orden, está demostrado el daño antijurídico consistente en la muerte de este según el registro civil de defunción, el informe ejecutivo de policía judicial y el informe pericial de necropsia.

21. En cuanto a la imputación, puso de presente que cuando el daño era producto de la ejecución de una obra que la administración contrató, la responsabilidad debe analizarse bajo el principio ubi est emolumentum ibi onus ese debet, que implica que quien se beneficia de la obra funge como ejecutora de esta y no pu ede oponerles a terceros los pactos de indemnidad que celebre con el contratista. Igualmente precisó que, pese a que la construcción de obras públicas es considerada una actividad peligrosa, en estos asuntos aplica un régimen subjetivo de responsabilidad ya que deben extremarse las medidas de seguridad para evitar lesiones y configurarse una falla en el servicio.

22. El Tribunal precisó que la USPEC y el Consorcio USPEC ERON 2018 suscribieron

deben extremarse las medidas de seguridad para evitar lesiones y configurarse una falla en el servicio.

22. El Tribunal precisó que la USPEC y el Consorcio USPEC ERON 2018 suscribieron contrato de obra núm. 142 que se liquidó el 22 de septiembre de 2020. Adicionalmente, que el 20 de diciembre de 2019 se entregaron las activades áreas y espacios por parte de los contratistas a la USPEC y al INPEC, y que el señor Miller Alexander Núñez Rengifo fue representante de Soluciones Integrales de Energía S.A.S , subcontratista del contrato, quien junto con Edwin Albeiro Ortiz Charry ejecutó la instalación de lámparas en el COIBA antes de la ocurrencia del accidente , con ocasión del contrato núm. 142.

También encontró acreditado que el señor Edwin Albeiro Ortiz Charry fue vinculado por el subcontratista en calidad de operario eléctrico para ejecutar labores el 23 de abril de 2020.

23. Precisó que COIBA era beneficiario de la obra ejecutada en los términos en que se suscribió el contrato núm. 142 , y que contrario a lo argumentado por la parte demandante, este contrato se liquidó el 22 de septiembre de 2020 . De ahí que la muerte de la víctima ocurrió durante la ejecución del negocio jurídico y se sabe que era subcontratista de Soluciones Integrales de Energía S.A.S, como se desprende de los informes de autorización de ingreso al COIBA, de las declaraciones rendidas por los señores Guillermo Albeiro García Ruíz, César Andrés Martínez Espinosa, Michael Alexander Muñoz Cabezas y Hugo Molina Granada, de los informes de policía judicial

señores Guillermo Albeiro García Ruíz, César Andrés Martínez Espinosa, Michael Alexander Muñoz Cabezas y Hugo Molina Granada, de los informes de policía judicial y de la declaración de la compañera permanente Zhommer Julieth Usme Pérez.

24. Encontró acreditado que el señor Edwin Albeiro Charry Ortiz entró al COIBA a realizar revisión por garantía en el marco del contrato de iluminación y sufrió una descarga eléctrica al realizar la intervención de una lámpara dañada . Tanto el beneficiario de la obra como el subcontratista no tomaron las medidas de seguridad que hubieran impedido la ocurrencia del accidente , ya que, de acuerdo con los testimonios y el dictamen pericial aportado por la entidad demandada, pese a que la víctima no era técnica electricista, se omitió aplicar el reglamento RETIE para la desenergización del lugar.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02617-00

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25. Lo anterior, sumado al hecho de que la víctima no contaba con guantes eléctricos ni calzado adecuado para la ocasión y se omitió la señalización en el lugar en el cual se desenergizó.

26. También expresó que en la Resolución núm. 5018 del 20 de noviembre de 2019 del Ministerio de Trabajo se establecieron los lineamientos para la seguridad y salud en el trabajo con relación a las actividades ejecutadas en los procesos de energía

26. También expresó que en la Resolución núm. 5018 del 20 de noviembre de 2019 del Ministerio de Trabajo se establecieron los lineamientos para la seguridad y salud en el trabajo con relación a las actividades ejecutadas en los procesos de energía dirigida, entre otras, a las empresas que hagan uso del sistema eléctrico. Al punto, precisó que a pesar de que la Resolución estableció un período de transición de máximo 12 meses, estaba vigente para el momento del accidente el 23 de abril de

2020. Esto, dado que la transición se refirió a la implementación de los lineamientos, que no implica la inexistencia de normas en materia del trabajo y la Resolución 5018 de 2019 derogó de forma expresa la Resolución 1348 de 2009.

27. En igual sentido, indicó que, pese a que se autorizó el ingreso del personal en el COIBA, solo se contó con el acompañamiento de un funcionario lo que revelaba un incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 5018 que le resulta pl enamente aplicable al INPEC dado que hace uso del sistema eléctrico e involucra peligros de esta clase. Adicionalmente, el RETIE prevé que debe cumplirse con el reglamento en los casos en los cuales se opere energía eléctrica.

28. En consecuencia, el Tribunal declaró al INPEC fáctica y jurídicamente responsable del daño, toda vez que : (i) fue el beneficiario de la obra con ocasión del contrato núm. 142; (ii) ostenta la posición de garante respecto de las fuentes de riesgo ubicadas en sus instalaciones; y (iii) omitió tomar medidas se seguridad e intervención por lo cual desatendió los reglamentos previstos en la Resolución 5018 y las normas

ubicadas en sus instalaciones; y (iii) omitió tomar medidas se seguridad e intervención por lo cual desatendió los reglamentos previstos en la Resolución 5018 y las normas del RETIE, ya que no se verificó que se desenergizó la fuente que sería intervenida y el área no tenía señalización, como dieron cuenta los testigos y los informes de actos urgentes de la Policía Judicial.

29. Por estos motivos, encontró que el daño era imputable al INPEC. Sin embargo, la víctima concurrió a su producción porque, aunque tenía conocimiento, ejecutó una actividad en un área de peligro eléctrico por fuera de los estándares de protección previstos en el RETIE, en tanto intervino la infraestructura sin previa suspensión del servicio de energía eléctrica. Además, no contaba con guantes eléctricos ni calzado idóneo y el contratista omitió aplicar los protocolos del RETIE.

30. Así pues, redujo la cuantía de la indemnización en un 50% lo que no equivale a considerar que la conducta de la víctima fue la causa exclusiva del daño, o que se generó el hecho determinante de un tercero . Aclaró que, aunque la actora no haya demandado a todos quienes tendrían participación en los hechos, esto no impedía que las pretensiones de la demanda prosperaran.

31. En estos términos, el Tribunal revocó la sentencia apelada y, en su lugar, declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial del INPEC con la consecuente condena de perjuicios. La demandante solicitó la corrección del fallo por errores aritméticos, que el Tribunal atendió mediante auto del 27 de marzo de 2025.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02617-00

de perjuicios. La demandante solicitó la corrección del fallo por errores aritméticos, que el Tribunal atendió mediante auto del 27 de marzo de 2025.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02617-00

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2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

32. El INPEC solicitó el amparo de sus derechos fundamentales , dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el 13 de diciembre de 2024 , ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima emitir una decisión de reemplazo en la que aplique debidamente las normas y analice todas las pruebas, y lo demás que disponga de oficio el juez constitucional. Sustentó sus pretensiones en los siguientes defectos:

33. Defecto sustantivo. Las normas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica son inaplicables al caso, toda vez que esta se dirige a las empresas que hacen parte de ese sector y a quienes utilicen el sistema eléctrico. Adicionalmente, el contrato núm. 142 de 2019 suscrito entre la USPEC y el Consorcio USPEC ERON para el mejoramiento, mantenimiento y la adecuación de infraestructura, prueba que no le aplica esta regulación así sea beneficiaria de las obras civiles.

34. Además, la resolución que se utilizó para fundamentar el fallo garantiza la vida, la salud y la seguridad de los trabajadores vinculados, ya sea a las empresas del sector

civiles.

34. Además, la resolución que se utilizó para fundamentar el fallo garantiza la vida, la salud y la seguridad de los trabajadores vinculados, ya sea a las empresas del sector electrónico, a los contratistas en empresas de servicio temporal, al personal de las fuerzas armadas y policiales, a los profesionales de la electrotecnia y a los trabajadores en general relacionados con este sector.

35. De modo que, a partir de las pruebas , aunque el establecimiento hace uso del sistema eléctrico, este no intervino en la ejecución del contrato núm. 142 al ser competencia de la USPEC, como lo disponen los artículo s 4 y 5 del Decreto 4150 de

2011. Aunado a que, el hecho no le es imputable porque se deriva de la actuación contractual y las directrices que se impartieron en la Resolución 5018 de 2019 no son aplicables al INPEC porque estas se dirigen a quienes se desempeñan como técnicos, tecnólogos e ingenieros. De ahí que tampoco podría efectuar acompañamiento frente a un campo ajeno a la entidad.

36. El Tribunal ignoró la prueba del informe de implementación de seguridad industrial que obra en la carpeta de la USPEC con el número 11, toda vez que el Consorcio USPEC ERON implementó el plan de gestión con respecto al contrato de obra núm. 142 para el desarrollo de las actividades eléctricas. Este plan de gestión estableció que los trabajadores del personal eléctrico cuentan con inducción en el Sistema de Seguridad en el Trabajo (SST).

37. La Resolución 5018 del 20 de noviembre de 2019, pese a que entró en vigencia cuando fue publicada el 20 de noviembre de 2019, estableció en su artículo 3 un período

Sistema de Seguridad en el Trabajo (SST).

37. La Resolución 5018 del 20 de noviembre de 2019, pese a que entró en vigencia cuando fue publicada el 20 de noviembre de 2019, estableció en su artículo 3 un período de transición de un año con el fin de que se implementara a sus destinatarios. Este se amplió por otro año más para un período total que corrió hasta el 20 de noviembre de 2021, mediante la Resolución 2550 que el Tribunal no tuvo en cuenta. De manera que al INPEC no se le podía censurar su actuar con fundamento en la Resolución 5018 del 20 de noviembre de 2019, porque el hecho ocurrió el 23 de abril de 2020.

38. Los lineamientos de la Resolución 5018 del 20 de noviembre de 2019 iban de la mano con lo previsto en el RETIE vigente para el momento de la muerte. Por tanto, eran conocidas por los señores Miller Alexander Núñez Rengifo y Edwin Albeiro Charry Ortiz, quienes desconocieron lo allí previsto al no analizar el peligro de reparación al que se sometían, como lo sustentaron los peritos.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02617-00

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39. El Tribunal no le podía atribuir al INPEC falta de inspección, control, seguimiento y evaluación en seguridad industrial, porque el dragoneante Guillermo Albeiro García

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39. El Tribunal no le podía atribuir al INPEC falta de inspección, control, seguimiento y evaluación en seguridad industrial, porque el dragoneante Guillermo Albeiro García Ortiz, en su testimonio, declaró que la víctima instaló todas las luminarias. Aunado a que este había hecho cursos en el Centro de Industria y Construcción del SENA, frente a los cuales obtuvo la debida certificación.

40. El fallecimiento se produjo durante la relación contractual celebrada entre la USPEC y el Consorcio USPEC ERON 2018, en la cual no intervino el INPEC. Esta entidad solo fue beneficiaria de la obra, hecho que no permite atribuirle responsabilidad.

41. El Tribunal incurre en contradicciones ya que sustenta que la USPEC, el Consorcio USPEC ERON 2018 y el INPECCOIBA no coordinaron las actividades de SST pero admite que el señor Miller Alexander Núñez Rengifo figura en el directorio de obra como técnico electricista. Aspecto que corroboró el testigo César Andrés Martínez Espinosa.

42. Defecto fáctico . El Tribunal tuvo por probados hechos que no lo estaban e

incurrió en los siguientes errores:

43. En la parte motiva expone que la muerte de Edwin Albeiro Charry Ortiz tuvo lugar el 23 de abril de 2020 en las instalaciones de la obra pública mientras ejercía labores eléctricas, pero en otra parte de la decisión expresó que el accidente ocurrió cuando el señor se encontraba montado en un poste de alumbrado público.

44. El Tribunal refirió que la víctima manipuló el tendido eléctrico y los postes de alumbrado público, pero acudió a términos que no integran el trabajo de tensión que

señor se encontraba montado en un poste de alumbrado público.

44. El Tribunal refirió que la víctima manipuló el tendido eléctrico y los postes de alumbrado público, pero acudió a términos que no integran el trabajo de tensión que era objeto de reparación y que no se extraen del dictamen rendido por el INPEC.

45. Como se observa en las imágenes de las luminarias, no hay tendidos eléctricos ni postres de energía o alumbrado público en el lugar en cual ocurrieron los hechos como lo afirmó el Tribunal. Así pues, una cosa es la reparación de una lámpara y otra distinta intervenir una línea o red eléctrica.

46. Aunque el Tribunal se s oportó en el dictamen pericial que le permitió tener por demostrada la conducta de la víctima en la causación del daño, de forma contradictoria excluye de responsabilidad a la USPEC y al Consorcio USPEC ERON 2018, entidades que suscribieron el contrato de obra núm. 142 de 2018.

47. Como se logra apreciar del dictamen pericial rendido en audiencia, el cual no fue objetado, no existió nexo de causalidad que permitiera imputarle al INPEC la falla en el servicio. De manera que el hecho ocurrió porque el señor Charry Ortiz no empleó los guantes eléctricos para evitar el accidente fatal por contacto, como lo relató el testigo

Michael Alexander Muñoz Cabezas.

48. En términos generales, el INPEC manifestó que se le atribuyó responsabilidad por falla en el servicio sin un análisis debido de los medios de prueba, y a partir de una normativa que era inaplicable a su caso. Razones por las cuales no existió nexo causal, comoquiera que actuó legítimamente en el marco de sus competencias.

falla en el servicio sin un análisis debido de los medios de prueba, y a partir de una normativa que era inaplicable a su caso. Razones por las cuales no existió nexo causal, comoquiera que actuó legítimamente en el marco de sus competencias.

49. Violación directa de la Constitución Política. En el fallo judicial se desconoció el debido proceso porque se le atribuyó responsabilidad como si fuera el empleador, sinRadicado: 11001-03-15-000-2025-02617-00

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tener en cuenta que el trabajador contaba con formación adecuada, su única intervención radicó en recibir la obra civil, el contrato de obra núm. 142 lo celebraron la USPEC y el Consorcio USPEC ERON 2018 y existió responsabilidad por parte del señor Miller Alexander Núñez Rengifo.

50. La parte demandante conoció los hechos y las posibles entidades que serían responsables, sin embargo, solo dirigió su demanda contra el INPEC, lo que impidió la indebida integración del contradictorio en el proceso de reparación directa.

51. El señor Miller Alexander Núñez Rengifo, representante de Soluciones Integrales de Energía S.A.S, fue citado como testigo de la demandante, no obstante, se desistió de este, el cual hubiera servido para demostrar que el INPEC carece de responsabilidad y que existe injerencia de otras entidades de acuerdo con sus competencias.

52. Pese a que los postes de alumbrado están dentro del perímetro del COIBA, esta

de este, el cual hubiera servido para demostrar que el INPEC carece de responsabilidad y que existe injerencia de otras entidades de acuerdo con sus competencias.

52. Pese a que los postes de alumbrado están dentro del perímetro del COIBA, esta circunstancia no era suficiente para que se declarara su responsabilidad dado que únicamente era beneficiaria de la obra.

53. Finalmente, debieron prosperar los eximentes de responsabilidad que propuso como la culpa de la víctima, el hecho exclusivo de un tercero, la inexistencia del nexo causal eficiente y determinante y la omisión en la integración del contradictorio.

2.3. Trámite procesal

54. La magistrada ponente admitió la acción de tutela en auto del 8 de mayo de 20252, le ordenó a las autoridades que informaran los nombres de las partes y de los terceros vinculados al medio de control de reparación directa , vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la señora Zhommer Julieth Usme Pérez, así como a las partes e interesados en el trámite objeto de tutela , tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda, requirió a las autoridades para que aportaran el expediente ordinario y le reconoció personería al abogado del tutelante.

2.4. Intervenciones

55. EL Tribunal Administrativo del Tolima 3 y el Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué4 aportaron copia del expediente ordinario. Igualmente, esta última autoridad aportó las direcciones de notificación de las partes y de los terceros 5, a las cuales se enviaron notificaciones.

56. Zhommer Julieth Usme Pérez , en su nombre y en representación del menor

aportó las direcciones de notificación de las partes y de los terceros 5, a las cuales se enviaron notificaciones.

56. Zhommer Julieth Usme Pérez , en su nombre y en representación del menor Edwin Alejandro Charry Usme, se opuso a la prosperidad de esta tutela. Respecto del defecto sustantivo expresó que, aunque la Resolución 5018 fuera inaplicable, el fallo no se fundamentó solo en esta sino también en el RETIE y en Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) así como en las obligaciones impuestas mediante el contrato núm. 142. Igualmente, tuvo en cuenta que un señor llamado Siso, quien siempre prestaba el acompañamiento en seguridad , no estuvo presente el día del accidente y que el INPEC tenía una posición de garante res