CE - Sentencia 11001031500020250278901 de 2025

Demandante: Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPPDemandados: Consejo de Estado - Sección SegundaSubsección B y otro Radicado: 11001-03-15-0002025-02789-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-02789-01

Demandantes: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL -UGPPDemandado: CONSEJO DE ESTADO , SECCIÓN SEGUNDA ,

SUBSECCIÓN B Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requi sito de inmediatez y subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 11 de julio de 2025, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, declaró improcedente la acción constitucional de la

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 11 de julio de 2025, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, declaró improcedente la acción constitucional de la referencia por no cumplir el requisito de inmediatez y el de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-1, mediante apoderado judicial, promovió acción de tutela contra el Consejo de Estado , Sección Segunda , Subsección B , y el Tribunal Administrativo del At lántico, Sala A , al considerar vulnerados sus derechos fundame ntales al deb ido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera.

Lo anterior, con ocasión de las siguientes providencias dictadas en el proceso ejecutivo con radicado 08-001-23-33-000-2013-00621-02, en el cual se decretó el embargo de los productos financieros de los cuales es titular la UGPP.

Las providencias a las que hace referencia el actor, son las siguientes:

1 En adelante UGPP.Demandante: Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPPDemandados: Consejo de Estado - Sección SegundaSubsección B y otro Radicado: 11001-03-15-0002025-02789-01

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• Auto de l 25 de septiembre de 2023 , por medio del cual el Tribunal Administrativo del Atlántico , Sala A, ordenó el embargo de todas las cuentas bancarias que la UGPP pudiera tener en diferentes entidades bancarias , oficio dirigido a diecinueve entidades bancarias.

• Auto del 19 de septi embre de 2024 , donde el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , confirmo la decisión anterior, al haber sido apelada dicha providencia.

• El Tribunal Administrativo del Atlántico , Sala A, en providencias del 7 de octubre de 2024, 18 de noviembre de 2024 y 10 de marzo de 2025, en el marco del proceso ejecutivo que adelanta el señor José de Jesús Mercado Herr era en contra de la UGPP , y decretó el embargo de los productos financieros de los cuales es titular en diecinueve entidades bancarias.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora elevó las siguientes pretensiones:

Bajo el anterior contexto es pertinente solicitar:

PRIMERO. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA “A” y el CONS EJO DE E STADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B dentro del proceso ejecutivo No. 08-001-23-33-000-2013-00621-00.

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B dentro del proceso ejecutivo No. 08-001-23-33-000-2013-00621-00.

Segundo. Que como consecuencia de lo anterior solicito respetuosamente:

a. DEJAR SIN EFECTOS las providencias del 2 5 de septiembre de 2023, 19 de septiembre de 2024, 07 de octubre de 2024, 18 de noviembre de 2024 y 10 de marzo de 2025 dictados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA “A” y el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B que decretaron medida de embargo sobre todas las cuentas que la UGPP tiene en el Banco Popular y del Banco Agrario sin importar su denominación o naturaleza, dictados dentro del proceso ejecutivo rad. 08 - 001-23-33-000-201300621-00 y, e n consecuencia, declarar la improcedencia de la medida de embargo sobre los recursos inco rporados en el Presupuesto General de la Nación destinados para el funcionamiento interno de la UGPP, así como de aquellos que se recaudan por la UGPP por c oncepto de contribuciones Parafiscales de la Protección Social, que se administran en t odas las cuen tas de titularidad de la UGPP en el Banco Agrario y en el Banco Popular.

b. Librar los oficios mediante los cuales se comunique al Banco Popular y al Banco Agrario el desembargo de todas las cuentas de titularidad de la UGPP. 2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

Banco Agrario el desembargo de todas las cuentas de titularidad de la UGPP. 2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

El 12 de junio de 2013, el señor José de Jesús Mercado Herrera presentó

2 Trascripción literal del original con posibles errores.Demandante: Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPPDemandados: Consejo de Estado - Sección SegundaSubsección B y otro Radicado: 11001-03-15-0002025-02789-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 demanda en ejercicio del medio de con trol de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja Nacional de Previsión Soc ial –CAJANAL E.I.C.E. en liquidación–, con el objetivo de que se estudiara la legalidad de dos resoluciones no le reconocieron la pensión de vejez conforme al régimen de transición.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia de primera instancia del 26 de septiembre de 2014 , negó las pretensiones de la demanda. Dicho fallo fue apelado y, el 7 de noviembre de 2019, la Sección Segunda, Subsección B d el Consejo de Estado revocó la decisión, para en su lugar, declarar la nulidad de los actos administrativos y ordenó a la UGPP pagar la pensión desde el 12 de junio de 2010.

Consejo de Estado revocó la decisión, para en su lugar, declarar la nulidad de los actos administrativos y ordenó a la UGPP pagar la pensión desde el 12 de junio de 2010.

El 5 de abril de 2021, el señor Mercado Herrera inició proceso ejecutivo y solicitó al Tribunal Administrativo del Atlántico librar mandamient o de pago ante el incumplimiento por parte de la UGPP de realizar el pago ordenado en la sentencia judicia l. En esa misma oportunidad, pidió embargar recursos de la entidad en varias instituciones financieras.

El tribunal ordenó la liquidación de la obligación, la cual fue presentada el 3 de diciembre de 2021 y asce ndió a $1.024.371.902,32. Con base en ello, el 18 de abril de 2022 se libró mandamiento de pago. La UGPP interpuso recurso de reposición, propuso excepciones y pidió la nulidad de lo act uado; sin embargo, dicha solicitud fue negada.

El 25 de septiembre de 2023, el tribunal decretó medidas cautelares de embargo y retención de dineros de la UGPP hasta por $239.431.927. Esta providencia fue apelada por la entidad, que alegó la inembargabili dad de sus cuentas, la afectación de recursos de terceros y el cumplim iento previo de la obligación. No obstante, el 19 de septiembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, confirmó la decisi ón al considerar que las providencias judiciales constituían una excepción válida a la regla de inembargabilidad.

Como las entidades financieras no respondieron, el ejecutante solicitó reiterar y

Sección Segunda, Subsección B, confirmó la decisi ón al considerar que las providencias judiciales constituían una excepción válida a la regla de inembargabilidad.

Como las entidades financieras no respondieron, el ejecutante solicitó reiterar y ampliar las medidas, petición a la que accedió el tribunal mediante auto del 7 de octubre de 2024 , en consecuencia, el 18 de noviembre siguiente se profirió el auto de obedézcase y cúmplase, que confirmó el auto que había decretado las medidas cautelares.

Posteriormente, el Banco Popular solicitó aclarar a qué cu entas se aplicaba el embargo, y el 10 de ma rzo de 2025 el tribunal precisó que la medida cobijaba todas las cue ntas de la UG PP, salvo la destinada al pago de sentencias y depósitos, según lo previsto en el artículo 195 del CPACA.

1.4. Sustento de la petición

A juicio de la parte actora, sostuvo que las autoridades judiciales vulneraron sus derechos fundamentales al debido pro ceso, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social, en relación con el principio de sostenibilidadDemandante: Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPPDemandados: Consejo de Estado - Sección SegundaSubsección B y otro Radicado: 11001-03-15-0002025-02789-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 financiera, al proferir las providencias cuestionadas. Alegó la existencia de los defectos sustantivo, fáctico y de desconocimiento del precedente.

En cuanto al defecto sustantivo, afirmó que las decisiones ordenaron erróneamente el embargo de dineros ubicados en cue ntas del Banco Popular y del Banco Agrario a nombre de la UGPP, sin atender su naturaleza ni las prohibiciones legales de inembargabi lidad. Sostuvo que la legislación protegía los recursos destinados a la seguridad social y a las contribuciones parafiscales, por lo que dichos fondos no podían ser afectados.

Con base en el marco legal, concluyó que la UGPP no pagaba directamente pensiones —función asignada a FOPEP—, y que los recursos recuperados por contribuciones parafiscales pertenecían a terceros , como el FOSYGA, los fondos de pensiones, el fondo de riesgos laborales, las cajas de compensació n, el SENA o el ICBF, según e l caso, por lo que no hacían parte del patrimonio de la entidad.

También invocó el precedente constitucional que resalta la prevalenc ia de la inembargabilidad sobre recursos destinados al funcionamiento institucional o a terceros, para evitar que el interés particular del ejecutante sobresaliera sobre el interés general.

El accionante sostuvo además que la aplicación de excepciones a l a inembargabilidad exigía un juicio de ponderación que las autoridades judiciales no realizaron.

interés general.

El accionante sostuvo además que la aplicación de excepciones a l a inembargabilidad exigía un juicio de ponderación que las autoridades judiciales no realizaron.

Respecto del defecto fáct ico, afirm ó que los jue ces omitieron valorar las pruebas aportadas por la UGPP que acreditaban la inembargabilidad de las cuentas en los bancos Popular y Agrario, entre ellas la Resolución 25 de 2015 y certificaciones bancarias allegadas desde la apelación de la medida cautelar.

Por último, alegó desconocimiento del precedente, al considerar que no se tuvieron en cuenta diversas senten cias de la Corte Constitucional entre estás la C-546 de 1992, C-308 de 1994, C-354 de 1997, C-402 de 1997, C-793 de 2002, T-057 de 20 22 y T-172 de 2022, que desarrollan la ponderación entre inembargabilidad y derechos reconocidos, así como la naturaleza de los recursos parafiscales. También citó un fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá3 en el que se estableció que las cuentas con recursos parafiscales no pertenecen a la entidad administradora sino a terceros.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto de l 3 de junio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, admitió la acción de tutela y ordenó notificar esta decisión a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda y del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A.

3 Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 1, radicado 15001 -33-33-007-2014magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda y del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A.

3 Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 1, radicado 15001 -33-33-007-201400222-02, del 14 de mayo de 2019, M.P. José Ascensión Fernández Osorio.Demandante: Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPPDemandados: Consejo de Estado - Sección SegundaSubsección B y otro Radicado: 11001-03-15-0002025-02789-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Asimismo, ordenaron notificar al señor José de Jesús Mercado Herrera, al Banco Agrario de Colombia y al Banco Popular en calidad d e tercero s interesados en el resultado de la presente acción.

Realizadas las respectivas comunicaciones , se pre sentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Banco Popular4

Por intermedio de apoderada , el banco rind ió informe indicando q ue tras una revisión del expediente d e tutela se confi guró una falta de legitimación en la causa por pasiva, adicionalmente ind icó que no se aportó una prueba sumaria que indicara una vulneración de los derechos incoados.

Aclaró, que le banco solo actuó com o señala la l egislación vigente y es acatando las órdenes judiciales que llegue n a ella y que, por lo tanto, mientras

que indicara una vulneración de los derechos incoados.

Aclaró, que le banco solo actuó com o señala la l egislación vigente y es acatando las órdenes judiciales que llegue n a ella y que, por lo tanto, mientras no exis tiera una orden de desembargo expedida por la autoridad judicial competente, las medidas continuaran siendo aplicadas.

Además, solicitó que se ordenara la desvinculación por falta de legitimación de la causa por pasiva y ante la inexistencia de algún dere cho fundamental vulnerado por parte de la entidad financiera.

1.5.2. Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A5

El ponente de la decisión cuestionada solicitó que, el amparo fuera declarado improcedente.

Del análisis del expediente se estableció qu e todas las decisiones sobre las medidas cautelares se habían fundamentado en la normatividad aplicable y en el precedente del Consejo de Estado sobre excepciones a la inembargabilidad de recurso s públicos, g arantizando así la legalidad y el respeto del de bido proceso.

Recordó, además, que el auto que decretó el embargo, proferido en septiembre de 2023, había sido confirmado íntegramente por el Consejo de Estado en septiembre de 2024, lo que refo rzó la valide z de las actuaciones del tribunal. Asimismo, el auto del 10 de marzo de 2025 se limitó a precisar el alcance de las medidas ya decretadas, excluyendo única mente la cuenta destinada al pago de sentencias y depósitos judiciales por su carácter inembargable.

En consecuencia, adujo que no se configuró alguna vía de hecho ni vulneración de los derechos fundamentales invocados. Por el contrario, expuso que se

sentencias y depósitos judiciales por su carácter inembargable.

En consecuencia, adujo que no se configuró alguna vía de hecho ni vulneración de los derechos fundamentales invocados. Por el contrario, expuso que se evidenció el uso de la tutela para reabrir un debate previamente resuelto, lo que tornaba improcedente el mecanismo fr ente a decisiones judiciales debidamente adoptadas y confirmadas.

4 Según l a infor mación visible el ín dice 13 del expediente de primera instancia contenido en SAMAI. 5 Según la información v isible el índice 14 del expediente de primera instancia contenido en SAMAI.Demandante: Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPPDemandados: Consejo de Estado - Sección SegundaSubsección B y otro Radicado: 11001-03-15-0002025-02789-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Por estas razones, solicitó que la acción fuera declarada improcedente o, en subsidio, que se negara por falta de sustento jurídico y fáctico.

1.5.3. Banco Agrario6

Informó mediante apode rada que la a cción interpuesta ten ía como finalidad brindar una protección inmediata y subsidiaria a los derechos fundamentales cuando estos se vieran vulnerados o amenazados por actuaciones u omisiones de autoridades o particulares.

En consecuencia, con sideró improcedente la acción tute lar al no identificar un

brindar una protección inmediata y subsidiaria a los derechos fundamentales cuando estos se vieran vulnerados o amenazados por actuaciones u omisiones de autoridades o particulares.

En consecuencia, con sideró improcedente la acción tute lar al no identificar un comportamiento atribuible al accionado que generara la afectación alegada. En tales circunstancias, no era posible conceder el amparo, pues este meca nismo no podía reemplazar los medios ordinarios ni convertirse en la vía principal para resolver controversias.

Indicó, que la Corte Constitucional ha reiterado que el amparo constitucional resultaba inadmisible cuando no existía una conducta imputable a la entidad señalada como responsable de la presunta vulneración.

Respecto de la legitimación por pasiva, concluyó que no había fundamento para vincular al Banco Agrario en el trámite, dado que no se evidenciaba relación entre sus funciones y los hechos expuestos.

Finalmente, precisó q ue a unque la tutela era un instrumento flexible, e xigía ciertos míni mos procesales, entre ellos la adecuada determinación de las partes. Así e l Banco Agrario, como sociedad de economía mixta dedicada a actividades propias del sector financiero y al apoyo del ámbito rural, no tenía competencia frente a los asuntos planteados en la acción constitucional.

1.5.4. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B7

El despacho indicó que la acción de tutela resultaba improcedente por no cumplir el requisito de relevancia constitucional exigido para cuestionar providencias judiciales, ya que la inconformidad de la parte actora se reducía a un simple desacuerdo con el fallo, con lo cual pretendía convertir la tutela en

cumplir el requisito de relevancia constitucional exigido para cuestionar providencias judiciales, ya que la inconformidad de la parte actora se reducía a un simple desacuerdo con el fallo, con lo cual pretendía convertir la tutela en una instancia adicional, contrariando su naturaleza de mecanismo excepcional de control de validez.

Además, advirtió sobre el incumplimiento del requisito de inmediatez, dado que, la providencia cuestionada, dictada el 19 de septiembre de 2024, fue notificada el 18 de octubre siguiente y quedó ejecutoriada el 25 del mismo mes, mientras que la acció n de tutela se presentó el 12 de ma yo de 2025, s uperando ampliamente el plazo jurisprudencial de seis meses, sin justificación alguna.

6 Según la información v isible el índice 15 del expediente de primera instancia contenido en SAMAI. 7 Según la información v isible el índice 18 del expediente de primera instancia conte nido en SAMAI.Demandante: Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPPDemandados: Consejo de Estado - Sección SegundaSubsección B y otro Radicado: 11001-03-15-0002025-02789-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Incluso, mencionó que si se aceptaba la procedencia, se debía negar el amparo, ya que no se evidenció vulneración alguna de derechos fundamentales.

www.consejodeestado.gov.co 7 Incluso, mencionó que si se aceptaba la procedencia, se debía negar el amparo, ya que no se evidenció vulneración alguna de derechos fundamentales.

Asimismo, adujo que e n el proceso correspondient e, la subsecc ión había decidido el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra el auto que decretó el embargo de recursos, señalando de manera expresa las razones jurídicas y jurisprudenciales que sustentaron la medida.

Concluyó que, aunque los r ecursos públi cos eran inembargables, podían ser objeto de retención preventiva cuando lo adeudado correspondiera a obligaciones de carácter pensional, como ocurría en el caso concreto.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Primera, en fallo del 11 de julio de 2025, declaró improcedente la acción por n o cumplir con el requis ito de inmediatez y l a subsidiariedad.

Al respec to, estableció que la providencia del 19 de septiem bre de 2024 fue notificada a la UGPP el 18 de octubre siguiente, por lo cual quedó ejecutoriada el 23 de ese mes. En esa medida, los seis meses que ha dispuesto la jurisprudencia constitucional c omo plazo raz onable para la interposició n de la acción de tut ela se cumplían el 24 de abril de este año. Por su parte, el auto proferido el 7 de octubre de 2024, que reiteró y amplió las medidas cautelares, fue notificado por estado fijado al día siguiente y, por ende, quedó ejecutoriado

proferido el 7 de octubre de 2024, que reiteró y amplió las medidas cautelares, fue notificado por estado fijado al día siguiente y, por ende, quedó ejecutoriado el 11 de ese mes, por lo que el 12 de abril se cumplió dicho plazo de cara a esa providencia.

Como la presente acción fue int erpuesta el 12 de mayo de 2025, la sala consideró que no satisface el requisito de inmediatez, adicionalmente la entidad accionante no justificó la demora en la interposición de la acción de tutela ni del contexto se derivan condiciones especiales que impidieran solicitar el amparo dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de las providencias.

Sin embargo, este requisito si se encontró satisfecho frente a los autos del 1 8 de noviembre de 2024 y el del 10 de marzo de 2025, por encontrarse dent ro de los 6 meses siguientes a la ejecutoría de cada uno.

Frente a ello, concluyo que la parte actora no hizo uso del recurso de reposición dispuesto en el artículo 318 del Código General del Proceso, el cual podía utilizar para c ontrovertir dichos autos . Por lo tanto, concluyo que el accionante no puede subsanar sus errores bajo reproches que no fueron plante ados en las respectivas instancias durante el proceso ejecutivo.Demandante: Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPPDemandados: Consejo de Estado - Sección SegundaSubsección B y otro Radicado: 11001-03-15-0002025-02789-01

Demandados: Consejo de Estado - Sección SegundaSubsección B y otro Radicado: 11001-03-15-0002025-02789-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 1.7. Impugnación

Con escrito recibido el 7 de octubre de 2025 8 la parte accionante impugnó el fallo de primera instancia , al considerar que se supera ban los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.

Al respecto, aseguró que respecto a los autos impugnados , en el acervo probatorio presentado, demostraban la necesidad de una intervención urgente del juez constitucional, pues no contaba con otro medio de defensa y enfrentaba un perjuicio irremediable derivado del embargo de todas sus cuentas en el Banco Popular y el Banco Agrario.

Sostuvo que dichos recursos provenían del Presupuesto General de la Nación, del Sistema de Protección Social y de Contribuciones Parafiscales, todos amparados por el principio de inembarg abilidad, por lo que los jueces accionados desconocieron la normativa aplicable y la inclusión de la entid ad en la sección presupuestal 13149.

Indicó que las medidas cautelares comprometían la sostenibilidad financiera institucional al impedir el pago de impuestos, seguridad social, nómina y transferencias de terceros a través de la PILA, recursos que no hac ían parte de su patrimonio. Advirtió que mantener el embargo la llevaría al incumplimiento de obligaciones legales y a la vulneración de derechos de terceros.

transferencias de terceros a través de la PILA, recursos que no hac ían parte de su patrimonio. Advirtió que mantener el embargo la llevaría al incumplimiento de obligaciones legales y a la vulneración de derechos de terceros.

Por ello, pidió revocar la decisión de primera instancia, amparar su derecho al debido proceso y ordenar el levantamiento de todos los embargos al tratarse de fondos inembargables.

Adicionalmente, indicó que el plazo de los 6 meses no es único ni exclusivo como lo dice la sentencia T -033 de 2010, T -158 de 2006, T-360 del 31 de agosto de 2018.

Frente a la subsidiaridad, informó que había agotado todos los med ios de defensa dentro del proceso ejecutivo, interpuso los recursos contra el auto que ordenó lo s embargos y explicó a los despachos accionados que las cuentas afectadas administraban recursos inembargab les. Sin emba rgo, dichas solicitudes fueron rechazadas y las medidas se mantuvieron, como se evidenció en el proveído del 10 de marzo de 2025.

Sostuvo que el requisito de subsidiariedad estaba cumplido, ya que la acción de tutela era el único mecanismo pa ra revertir l as providencias del 25 de septiembre de 2023, 19 de septiembre de 2024, 7 de octubre de 2024, 18 de noviembre de 2024 y 10 de marz o de 2 025, pese a tratarse de recursos provenientes de l Presupuesto General de la Nación y de contribuciones

8 Impugnación que fue pre sentada dentro del término establecido en el artículo 31 del D ecreto

provenientes de l Presupuesto General de la Nación y de contribuciones

8 Impugnación que fue pre sentada dentro del término establecido en el artículo 31 del D ecreto 2591 de 1991, teniendo en cuenta que la notificación del fallo de primera instancia se envió el 25 de junio de 2025. 9 El Decreto 1621 de 2024 indica el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de

2025. En las páginas 13 y 136 de dicho decreto, sección presupuestal 1314, se encuentra los recursos asignados a la UGPP que hacen parte del Presupuesto.Demandante: Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPPDemandados: Consejo de Estado - Sección SegundaSubsección B y otro Radicado: 11001-03-15-0002025-02789-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 parafiscales.

Indicó que las cuentas embargadas fueron creadas para cubrir obligaciones fiscales, gastos de funcionamiento y la administración de recursos parafiscales recaudados a los aportantes, lo que les otorgaba un carácter inembargable.

Añadieron que la persistencia de la medida afectaba el sistema de protección social y derivaba de una interpretación errónea realizada por los jueces accionados; adicionalmente retomó los argumentos expuestos en su escrito de demanda frente al defecto fáctico y desconocimiento del p recedente jurisprudencial.

social y derivaba de una interpretación errónea realizada por los jueces accionados; adicionalmente retomó los argumentos expuestos en su escrito de demanda frente al defecto fáctico y desconocimiento del p recedente jurisprudencial.

En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de pri mera instancia y ordenar el levantamiento de todas las medidas de embargo sobre sus cuentas en el Banco Popular y el Banco Agrario.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artí culo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

De la lectura de los informes rendidos por los terceros vinculados, se advierte que el Banco Popular y el Banco Agrario , solicitaron su desvinculación por falta de legitimación por pasiva del presente trámite constitucional.

Al resp ecto, se precisa que su vinculación se realizó en calidad de tercero s, debido a que en el proceso ejecutivo donde se emitieron las providencias cuestionadas por el actor fueron parte, al ser los destinatarios de la orden de embargo de los dineros manejados por la UGPP.

Por tal motivo, no se accederá a las solicitudes, ya que le s asiste un interés en las resultas del trámite de la referencia por cuanto puede verse afectado con la decisión que se adopte en esta sentencia.

Por tal motivo, no se accederá a las solicitudes, ya que le s asiste un interés en las resultas del trámite de la referencia por cuanto puede verse afectado con la decisión que se adopte en esta sentencia.

2.3. Problema jurídico

Conforme c on lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte accionante, el material probatorio recaudado y la decisión emitid a en primera instancia, corresponde a la sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia proferida el 11 de ju lio de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, la cual declaró la improcedencia de la acción por no cumplir con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.Demandante: Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPPDemandados: Consejo de Estado - Sección SegundaSubsección B y otro Radicado: 11001-03-15-0002025-02789-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Para el ef ecto, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la sección sobre la procedencia exce pcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el requisito de inmediatez