CE - Sentencia 11001031500020250279200 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02792-00

Demandante: Cristian Mendoza Rincón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., primero (1º) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02792-00

Demandante: CRISTIAN MENDOZA RINCÓN

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procede estudio de fondo porque se acreditó el cumplimiento de los requisitos generales / DEFECTO FÁCTICO – Se configura en este caso, porque la autoridad judicial declaró configurada la caducidad del medio de control sin contar con respaldo probatorio.

La Sala 1 decide la acción de tutela instaurada por el señor Cristian Mendoza Rincón contra el Juzgado Primero Administrativo de Ibagué y el Tribunal Admini strativo del Tolima.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 12 de mayo de la presente anualidad , el señor Cristian Mendoza Rincón , a través

Tolima.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 12 de mayo de la presente anualidad , el señor Cristian Mendoza Rincón , a través de apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia , con ocasión de las providencias de primera y segunda instancia proferidas, en su orden, el 17 de julio de 2024 y el 21 de noviembre de 2024 , en el marco del proceso de reparación directa con radicado 73001-33-33-001-202400111-00/01. Formuló las siguientes pretensiones:

(…) 1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el Juzgado 1 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 17 de julio de 2.024, y el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 21 de noviembre de 2.024, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de CRISTIAN MENDOZA RINCÓN, radicado No. 73001-33-33-001-2024-00111-00, así como también las actuaciones posteriores al fallo, tales como: auto de obedézcase y cúmplase del 24 de enero de 2.025, y subsiguientes, proferidas por el Juzgado 1 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.

1 Se advierte que el 28 de mayo de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,

subsiguientes, proferidas por el Juzgado 1 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.

1 Se advierte que el 28 de mayo de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02792-00

Demandante: Cristian Mendoza Rincón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2

2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de acuerdo con lo establecido en la Con stitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados.

2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes

supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. En ejercicio del medio de control de reparación directa, el señor Cristian Mendoza Rincón demandó al Municipio de Ibagué, al Departamento del Tolima y a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicia l – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Ministerio de Justicia y del Derecho – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Fiscalía General de la Nación , con el fin de que se le s declarara administrativa y patrimonialmente responsables por la afectación a sus derechos humanos que devino como consecuencia de las condiciones de hacinamiento carcelario que tuvo que soportar entre el 30 de junio de 2021 y el 19 de abril de 2022, en las instalaciones de la Permanente Central de Policía de Ibagué – Tolima.

carcelario que tuvo que soportar entre el 30 de junio de 2021 y el 19 de abril de 2022, en las instalaciones de la Permanente Central de Policía de Ibagué – Tolima.

4. El 19 d e enero de 2023, el subintendente de la Policía Metropolitana de Ibagué , a través de oficio 2023-003124-METIB / COSEC-DISPO-29.25, certificó el porcentaje de hacinamiento carcelario existente en las salas de la Permanente Central de la Policía de Ibagué así: para 2020 un 408%, para 2021 un 514%, para 2022 un 561% y para 2023 un

563%.

5. El 27 de febrero de 2024, la Policía Metropolitana de Ibagué, a través de oficio GS2024-014515METIB / COSEC-DISPO-13.0, informó que, de acuerdo con la boleta de detención 641, el interno Cristian Mendoza Rincón, se encontró bajo custodia en las instalaciones de la Permanente Central de Ibagué, desde el 30 de julio de 2021 hasta el 19 de abril de 2022, fecha en la cual ingres ó al Complejo Carcelario y Penitenciario de

Ibagué.

6. Al proceso se le asignó el radicado 73001-33-33-001-2024-00111-00 y correspondió, por reparto, al Juzgado Primero Administrativo de Ibagué, que, mediante auto del 17 de julio de 2024, rechazó la demanda, por considerar que operó la caducidad del medio de control. Para motivar su decisión, argumentó que, «de conformidad con el pronunciamiento jurisprudencial del Consejo de Estado citado, el contenido de la

julio de 2024, rechazó la demanda, por considerar que operó la caducidad del medio de control. Para motivar su decisión, argumentó que, «de conformidad con el pronunciamiento jurisprudencial del Consejo de Estado citado, el contenido de la documental aportada, así como de lo manifestado en el escrito de demanda por el apoderado judicial del demandante», el señor Mendoza Rincón tuvo conocimiento de la situación de hacinamiento por la que demandaba, desde el 30 de julio de 2021 , por lo que el plazo para interponer oportunamente la demanda se extendió hasta el 31 de julio de 2023; no obstante, la solicitud de conciliación extrajudicial solo se presentó hasta el 6 de marzo de 2024.

7. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación .

Sostuvo que el término de caducidad no debía contabilizarse desde el momento de la detención en la Permanente Central de Policía de Ibagué, sino que el daño se prolongó durante todos los meses que el detenido estuvo recluido en dicha estación, es decir, hasta el 19 de abril de 2022. En ese sentido, refirió que la decisión recurrida dejaba fuera de la órbita procesal el último día que el demandante estuvo detenido en el referido establecimiento carcelario y desconocía que solo a partir de ese momento cesó el perjuicio por causa del hacinamiento.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02792-00

Demandante: Cristian Mendoza Rincón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3

Demandante: Cristian Mendoza Rincón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3

8. En auto del 21 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima2 confirmó la decisión de primera instancia , bajo las mismas consideraciones expuestas por el a quo, para lo cual argumentó que el demandante tuvo conocimiento del hecho dañoso «desde el mismo momento en que entró a las instalaciones de la Permanente Central de la Policía de Ibagué el 30 de julio del año 2021, según da cuenta la certificación expedida el 27 de febrero de 2024 por la Policía Metropolitana de Ibagué, tuvo conocimiento directo de las condiciones de hacinamiento presentadas, pues era un hecho notorio (514% de hacinamiento)» que lo habilitaba para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para solicitar la reparación de los perjuicios que ahora pretendía reclamar.

9. Asimismo, esgrimió que, en un asunto de contornos similares3, la Sección Tercera de esta Corporación, realizó idéntica valoración y declaró probada la caducidad del medio de control. Providencia contra la cual, además, se promovió una acción de tutela que , a la postre, fue negada , mediante sentencia del 5 de octubre de 2023, por la Sección Segunda de esta Corporación, bajo la consideración de que no era posible tomar como punto de refe rencia para contabilizar el término de caducidad la fecha en la que el entonces demandante recobró la libertad, teniendo en consideración que, como quedó probado en el proceso de reparación directa , aquel tuvo conocimiento del daño –

punto de refe rencia para contabilizar el término de caducidad la fecha en la que el entonces demandante recobró la libertad, teniendo en consideración que, como quedó probado en el proceso de reparación directa , aquel tuvo conocimiento del daño – consistente en la reclusión en el centro carcelario en las condiciones de hacinamiento – en una fecha anterior.

10. En el escrito de tutela, el señor Cristian Mendoza Rincón alegó que la providencia antes citada adolece de los siguientes defectos: i) desconocimiento del precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sobre la caducidad del medio de control de reparación directa en los eventos en los que se pretende la reparación de perjuicios por daños continuados y ii) material o sustantivo, sustentado en que la referida inobservancia al precedente jurisprudencial representa una vulneración al principio de igualdad ante la ley y se traduce en una verdadera afectación a su derecho a obtener una tutela judicial efectiva dentro del marco de un Estado Social de Derecho.

11. En relación con el cargo por desconocimiento del precedente jurisprudencial, expuso que el Juzgado Primero Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, vulneraron sus derechos fundamentales al de bido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, pues inobservaron el precedente jurisprudencial vertical – proveniente del Consejo de Estado – y horizontal – proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío, el Tribunal Adminis trativo del Tolima y el Tribunal

Administrativo de Antioquia.

12. Puntualmente, se refirió a la sentencia del 6 de diciembre de 2022, dictada por la

Administrativo del Quindío, el Tribunal Adminis trativo del Tolima y el Tribunal Administrativo de Antioquia.

12. Puntualmente, se refirió a la sentencia del 6 de diciembre de 2022, dictada por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, en el marco del proceso de reparación directa con radicado 05001-23-31-000-2002-04829-01 (47148), por medio de

2 El magistrado José Andrés Rojas Villa se apartó del criterio de la Sala Mayoritaria, bajo el siguiente argumento: «frente a la posición del apelante de entender que el hecho dañoso causado en circunstancias de hacinamiento carcelario obedece a un daño de tracto sucesivo y/o continuado, resulta una postura jurídica que se adapta al estudio realizado por esta Sala de Decisión quien determina que el término de caducidad debe iniciase a contar a partir de la finalización de la reclusión en la Permanente Central de la Ciudad de Ibagué, razón por la cual, consider o que debió revocarse la decisión de primera instancia y en consecuencia continuar con el trámite judicial pertinente». 3 Específicamente citó la providencia del 6 de diciembre de 2022 , dictada en el marco del proceso con radicado Radicado 05001-23-31-000-2002-04829-01(47148), M.P. Guillermo Sánchez Luque.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02792-00

Demandante: Cristian Mendoza Rincón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4

la cual se determinó que el término de caducidad del medio de control en estos eventos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4

la cual se determinó que el término de caducidad del medio de control en estos eventos debe contabilizarse desde el momento en que el demandante tuvo conocimiento del estado de hacinamiento en que se encontraba.

13. Asimismo, citó varias providencias proferidas p or el Tribunal Administrativo del Quindío, el Tribunal Administrativo de Tolima y el Tribunal Administrativo de Antioquia todas relacionadas con la forma en que, en su criterio, debe contabilizarse el término de caducidad del medio de control de reparación directa cuando el daño se asocia o vincula a condiciones derivadas del hacinamiento carcelario.

14. Por otra parte, trajo a colación la sentencia SU -113 del 8 de noviembre de 2018 de la Corte Constitucional sobre la definición y alcance del precedente juri sprudencial en sus dos formas –vertical y horizontal– y los requisitos que debe agotar el operador judicial que, en virtud de la autonomía judicial de la que goza por mandato constitucional, decide apartarse del precedente establecido.

15. Con fundamento en lo anterior , señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un yerro en la interpretación y aplicación de la ley en el caso en concreto, pues el daño causado con ocasión de las condiciones de hacinamiento carcelario a las que fue sometido en la Permanente Central de Ibagué es de carácter sucesivo o continuado, lo que quiere decir que el término de caducidad debió empezar a contabilizarse, por lo menos, desde el día siguiente al momento en el que cesó la

que fue sometido en la Permanente Central de Ibagué es de carácter sucesivo o continuado, lo que quiere decir que el término de caducidad debió empezar a contabilizarse, por lo menos, desde el día siguiente al momento en el que cesó la causación del daño, es decir, después del 19 de abril de 2022.

16. No obstante, indicó que, si el criterio que a adoptar es que la caducidad debe contarse desde el momento en que tuvo conocimiento de las condiciones de hacinamiento a las que fue sometido, tampoco sería viable concluir que en el caso bajo análisis se configuró la caducidad del medio de control, pues lo cierto es que solo tuvo certeza sobre el referido daño una vez la Policía Metropolitana de Ibagué, mediante oficio del 19 de enero de 2023, le informó que las instalaciones estaban diseñadas para un cupo máximo de 46 personas, y las antiguas instalaciones de espacio público para 20, lo que se traduce en un porcentaje de hacinamiento del 514% para 2021 y 561% para 2022.

17. Por último, relacionó nueve sentencias del Consejo de Estado 4 y cinco de la Corte Constitucional5, en las que, según afirmó, se razonó sobre la caducidad del medio de control de reparación directa cuando el daño causado es de carácter continuado.

4 Sentencia del 26 de junio de 2015, Rad. 25000 -23-41-000-2014-01569-01(AG), M.P. Stella Conto Díaz

del Castillo; Sentencia del 30 de enero de 2013, Rad. 25000 -23-26-000-1997-05265-01 (22867), M.P. Danilo Rojas Betancourth ; Sentencia del 3 de octubre de 2019, Rad. 70001-23-33-000-2014-0018601(AG), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Sentencia del 8 de junio de 2017, Rad. 76001-23-33-000-201400839-01 (54799), M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Sentencia del 8 de junio de 2016, Rad. 11001 -0315-000-2015-02405-01(AC), M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; Sentencia del 9 de diciembre de 2013, Rad. 50001 -23-31-000-2012-00196-01 (48152), M.P. Mauricio Fajardo Gómez ; Sentencia del 5 de diciembre de 2005, Rad. 54001 -23-31-000-1993-07753-01 (14801), M.P. Alier Eduardo Hernán dez Enríquez; Sentencia del 29 de enero de 2004, Rad. 25000 -23-26-000-1995-00814-01 (18273), M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Sentencia del 1 de marzo de 2018, Rad. 68001-23-31-000-2010-00605-01 (49396), M.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de marzo de 2023, Rad. 11001-03-15-000-2022-01335-02, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

(49396), M.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de marzo de 2023, Rad. 11001-03-15-000-2022-01335-02, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 5 Sentencia C-115 del 25 de marzo de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara; Sentencia T-191 del 20 de marzo de 20 09, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Sentencia T-342 del 29 de junio de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; Sentencia SU-241 del 20 de junio de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger ; Sentencia T-238 del 4 de julio de 2023, M.P. Diana Fajardo Rivera.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02792-00

Demandante: Cristian Mendoza Rincón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5

B. Trámite impartido e intervenciones

18. Mediante auto del 14 de mayo d e 2025 6, el despacho sustanciador del proceso admitió la acción de tutela contra la titular del Juzgado Primero Administrativo de Ibagué y los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Tolima , y vinculó a la entonces ministra de Justicia y del Derecho, al ministro de Defensa Nacional, a la fiscal general de la Nación, al director general de la Policía Nacional, a la alcaldesa del Municipio de Ibagué, a la gobernadora del Departamento del Tolima, a la directora ejecutiva de Administración Jud icial, al director general del Instituto Nacional

general de la Nación, al director general de la Policía Nacional, a la alcaldesa del Municipio de Ibagué, a la gobernadora del Departamento del Tolima, a la directora ejecutiva de Administración Jud icial, al director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), en calidad de terceros con interés. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

19. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 7 solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, por considerar que, por su naturaleza técnica y administrativa, no está llamada a responder por las acci ones u omisiones a las que el accionante atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales e indicó que, en todo caso, las pretensiones no tienen vocación de prosperidad, porque no existe claridad en los defectos alegados, ni se aportaron pruebas conducentes que soporten las supuestas irregularidades en que incurrieron las autridades judiciales accionadas. Por el contrario, advirtó que el señor Mendoza Rincóm pr omovió la presente acción de amparo con la intención de reabir el debate estrictamente proces al que ya se surtió ante el juez de la causa – sobre la forma de contabilizar la caducidad del medio de control de re paración directa –, lo que da cuenta de que la misma carece de relevancia constitucional.

20. La Dirección Seccional de Administración Judicial8 de Ibagué pidió que se declarara improcedente la acción de amparo, pues el accionante pretende reabrir un debate que ya se llevó a cabo en el proceso ordinario y retrotraer actuaciones y etapas

20. La Dirección Seccional de Administración Judicial8 de Ibagué pidió que se declarara improcedente la acción de amparo, pues el accionante pretende reabrir un debate que ya se llevó a cabo en el proceso ordinario y retrotraer actuaciones y etapas procesales, con el fin de convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia del proceso ordinario, en virtud del cual fueron proferidas las providencias acusadas, sin que se evidencie una vulneración a los derechos fundamentales invocados, ni el riesgo de que se configure un perjuicio irremediable.

21. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC9 también solicitó que se declarara improcedente de la acción de tutela. Afirm ó que, si bien el accionante citó varias providencias de esta Corporación en las que se ha acogido un criterio diferente al de las autoridades judiciales accionadas, lo cierto es que esta Corporación no ha fijado un criterio unificado, de modo que el cargo por d esconocimiento del precede nte jurisprudencial citado por el accionante carece de sustento. Asimismo, indicó que el asunto ya fue objeto de pronunciamiento judicial e incluso constituyó el reproche que expuso el ahora accionante en el recurso de apelación , lo que pone en evidencia la intención de convertir este mecanismo de amparo constitucional en una tercera instancia del proceso de reparación directa.

6 SAMAI, índice 4. 7 SAMAI, índice 8. 8 SAMAI, índice 9. 9 SAMAI, índice 10.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02792-00

Demandante: Cristian Mendoza Rincón

7 SAMAI, índice 8. 8 SAMAI, índice 9. 9 SAMAI, índice 10.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02792-00

Demandante: Cristian Mendoza Rincón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6

22. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional 10 adujo que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues en el escrito de amparo el accionante se limitó a reprochar las decisiones judiciales en virtud de las cuales se rechazó una demanda de reparación directa, de modo que las pretensiones están dirigidas exclusivamente contra el Juzgado Primero Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima

23. El Juzgado Primero Administrativo de Ibagué11, luego de hacer un recuento de las actuaciones procesales que se surtieron en el proceso de reparación directa con radicado 73001-33-33-001-2024-00111-00, solicitó que se dec larara improcedente la acción de tutela, porque, a su juicio, el accionante intenta obtener una nueva instancia del proceso ordianario en relación con la caducidad del medio de contr ol. Asimismo, allegó copia digitalizada del expediente del expediente del proceso antes referido.

24. La Fiscalía General de la Nación 12 también solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, pues carece de relevancia constitucional y no se observa que las decisi ones judiciales censuradas hubieran vulnerado las garantías constitucionales de la parte accionante.

improcedencia de la acción de tutela, pues carece de relevancia constitucional y no se observa que las decisi ones judiciales censuradas hubieran vulnerado las garantías constitucionales de la parte accionante.

25. El Ministerio de Justicia y del Derecho 13 solicitó que se le desvinculara del presente trámite, en la medida en que carece de legitimación en la causa por pasiva y adujo que la acción de tutela no es el mecanismo para revivir términos judiciales que son de estricto cumplimiento y que no pueden ser desconocidos por los operadores judiciales.

26. El Municipio de Ibagué14 pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que las acciones u omisiones a las que el señor Mendoza Rincón atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales solo son imputables al Juzgado Primero Administrativo de Ibagué y al Tribunal Administ rativo del Tolima, autoridades judiciales que dispusieron el rechazo de la demanda de reparación directa.

27. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC15 también solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa, por considerar que las pretensiones de la acción de amparo están dirigidas a cuestionar las decisiones judiciales proferidas en el marco del proceso de reparación directa con radicado 73001 -33-33-001-2024-0011100/01, en virtud de las cuales se decretó la caducidad del medio de control, de modo que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante.

28. El Tribunal Administrativo del Tolima, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los demás vinculados en calidad de terceros con interés no intervinieron, pese

no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante.

28. El Tribunal Administrativo del Tolima, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los demás vinculados en calidad de terceros con interés no intervinieron, pese a que fueron debidamente notificados del auto admisorio de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

10 SAMAI, índice 11. 11 SAMAI, índice12. 12 SAMAI, índice 13. 13 SAMAI, índice 14. 14 SAMAI, índice 15. 15 SAMAI, índice 16.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02792-00

Demandante: Cristian Mendoza Rincón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7

29. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema jurídico

30. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Sólo en el evento de que se cumplan tales exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si las providencias

establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Sólo en el evento de que se cumplan tales exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si las providencias del 17 de julio y del 21 de noviembre de 2024 , proferidas, en su orden, por el Juzgado Primero Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, adolecen de los defectos por desconocimiento del precedente jurisprudencial y/o material o sustantivo y, por ende, vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

E. Análisis de la Sala

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

31. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que el auto de segunda instancia censurada fue proferido el 21 de noviembre de 2024 y notificada el 26 del mismo mes y año, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 12 de mayo de 2025 , esto es, dentro de los seis meses siguientes a su expedición. Este término resulta razonable.

32. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela. Tampoco se trata de aquellas dictadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que, en su orden, resuelven acciones de inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad16, ni de sentencias interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y abstracto»17.

Tribunal para la Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y abstracto»17.

33. Subsidiariedad18. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

16 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU-573 de 2017, SU -585 de 2017, SU -215 de 2022, SU114 y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional. 17 Corte Constitucional. Sentencia SU-388 de 2023. 18 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).Radicado: 11001-03-15-000-2025-02792-00

Demandante: Cristian Mendoza Rincón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Cristian Mendoza Rincón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8

34. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

35. El asunto que se estudia cumple el requisito de subsidiariedad, porque se agotaron los medios disponibles en el proceso ordi nario y porque las razones que sustentan los defectos alegados no encajan en las causales previstas en la ley para la procedencia de los recursos extraordinarios.

36. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga i) una carga argumentativa mínima y ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

37. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 19 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sosti ene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la

Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sosti ene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instru