CE - Sentencia 11001031500020250311800 de 2025

Demandante: Jhon Jairo Dimate Vacca Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-03118-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-03118-00

Demandante: JHON JAIRO DIMATE VACCA

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial - declara improcedente la acción por no superar el requisito de relevancia constitucional y niega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Jhon Jairo Dimate Vacca , actuando por medio de apoderad a judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión del auto del 5 de diciembre de 2024 proferido por el tribunal accionado.

Mediante esta decisión confirmó el auto del 4 de septiembre de 2024, dictado por el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué, que rechazó la demanda del medio de control de reparación directa con radicado 73001 -33-33-009-2024-0022800/01, por haber operado el fenómeno de la caducidad.

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.Demandante: Jhon Jairo Dimate Vacca Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-03118-00

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PRIMERO: Declarar vulnerados los derechos fundamentales señalados por el accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el Juzgado 9 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 4 de septiembre de 2.024, y el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 5 de diciembre de 2.024, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de JHON

septiembre de 2.024, y el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 5 de diciembre de 2.024, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de JHON JAIRO DIMATE VACCA con radicado No. 73001-33-33-009-2024-00228-00/01, así como también las actuaciones posteriores al fallo, proferidas por el Juzgado 9 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.

SEGUNDO: Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados .

(Sic a toda la cita)

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la

referencia de la siguiente manera:

5. El señor Jhon Jairo Dimate Vacca permaneció detenido en las instalaciones de la Inspección Permanente Central de Ibagué desde el 18 de julio de 2021 hasta el 1 de marzo de 2022.

6. El 17 de enero de 2023, el actor presentó una petición ante la Policía Metropolitana de Ibagué en la que solicitó que le informara si en dichas instalaciones existía hacinamiento carcelario. Mediante la resolución GS -2023003124-METIB, expedida el 19 del mismo mes y año, la institución señaló que la Inspección Permanente Central de Ibagué tenía un hacinamiento del 514%.

7. Por lo anterior, el señor Dimate Vacca presentó demanda de reparación directa contra el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio d e Defensa

Inspección Permanente Central de Ibagué tenía un hacinamiento del 514%.

7. Por lo anterior, el señor Dimate Vacca presentó demanda de reparación directa contra el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio d e Defensa Nacional, la Policía Nacional, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el departamento del Tolima, el municipio de Ibagué, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los perjuicios m ateriales y morales padecidos debido a las condiciones de hacinamiento que soportó mientras se encontraba recluido.

8. Al proceso se le asignó el radicado 73001-33-33-009-2024-00228-00/01 y le fue repartido al Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué. Esa autoridad judicial, por medio del auto del 4 de septiembre de 2024, rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad.

9. Sostuvo que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el término para interponer la demanda se debe contabilizar desde el momento en que el interno tuvo conocimiento de la situación de hacinamiento. En ese orden, consideró que , desde el primer día de reclusión, el señor Dimate Vacca tuvoDemandante: Jhon Jairo Dimate Vacca Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-03118-00

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conocimiento de dicha circunstancia, razón por la cual la demanda debió ser radicada hasta el 19 de julio de 2023.

10. Inconforme con la decisión, el actor presentó recurso de apelación. Indicó que se trató de un daño continuado y de carácter sucesivo, debido a que desde su captura hasta que cesó la detención, padeció los perjuicios que le ocasionó el hacinamiento carcelario. Al respecto, puso de presente diversas sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado en las que se estableció que, hasta el último día de detención, cesa el perjuicio por causa del hacinamiento.

11. El Tribunal Administrativo del Tolima, por auto del 5 de diciembre de 2024, confirmó el rechazo de la demanda al concluir que, de conformidad con la jurisprudencia que ha fijado el Consejo de Estado, en estos casos, aunque los efectos del perjuicio perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para interponer la acción de reparación directa inicia desde que se produjo el daño o se tuvo conocimiento de este.

12. Al respecto, precisó que, desde el primer día de reclusión, es decir, desde el 18 de julio de 2021, el actor tuvo conocimiento del daño, razón por la cual hasta el 19 de julio de 2023 podía interponer la demanda. No obstante, hasta el 28 de

el 18 de julio de 2021, el actor tuvo conocimiento del daño, razón por la cual hasta el 19 de julio de 2023 podía interponer la demanda. No obstante, hasta el 28 de febrero de 2024 presentó la solicitud de conciliación prejudicial, razón por la cual no se suspendieron los términos para interponer la demanda y operó el fenómeno de la caducidad de la acción.

1.4. Sustento de la vulneración

13. La parte actora indicó que la s autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto sustantivo, violación directa de la constitución y desconocimiento del precedente judicial, debido a que fueron desconocidas diversas sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado y de los Tribunales Administrativos del Tolima, Antioquia y Quindío, entre ellas:

− Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de octubre del 2019, radicado 70001-23-33-000-2014-00186-01. − Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 6 de diciembre de 2022, radicado 05001-23-31-000-2002-04829-201. − Tribunal Administrativo del Tolima, sentencia del 5 de septiembre de 2024, radicado 73001-33-33-001-2024-00124-01. − Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, sentencia del 29 de enero de 2024, radicado 63001-33-33-029-2019-00033-01. − Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, sentencia

− Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, sentencia del 29 de enero de 2024, radicado 63001-33-33-029-2019-00033-01. − Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, sentencia del 8 de noviembre de 2024, radicado 63001-33-33-005-2024-00227-01.

14. Al respecto, citó diversos extractos de las providencias en las que se estableció que la caducidad del medio de control de reparación directa comienza a contarse a partir del momento en que la víctima se percata del daño.Demandante: Jhon Jairo Dimate Vacca Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-03118-00

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15. Insistió en que el término de caducidad debía contarse desde el 2 de marzo de 2022 por ser un daño de carácter continuado y sucesivo. Además, sostuvo que, de ser procedente el análisis de que el término para interponer la demanda debe contarse desde que se tiene conocimiento del daño, tampoco habría caducado la acción.

16. Lo anterior, debido a que solo tuvo conocimiento de la situación de hacinamiento que padeció, tras la respuesta emitida por la Policía Metropolitana de Ibagué el 19 de enero de 2023, en la que le informó que la Inspección Permanente Central de la ciudad tenía un hacinamiento del 514%.

1.5. Trámite de la tutela

de Ibagué el 19 de enero de 2023, en la que le informó que la Inspección Permanente Central de la ciudad tenía un hacinamiento del 514%.

1.5. Trámite de la tutela

17. Por medio del auto del 26 de mayo de 2025, el despacho ponente de esta decisión admitió la tutela . En consecuencia, ordenó notificar en calidad de accionados al Tribunal Administrativo d el Tolima y al Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué. Además, vinculó como tercero con interés a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del

Código General del Proceso.

18. Posteriormente, mediante auto del 16 de junio de 2025, fueron vinculadas las señoras Clara Inés Vacca Novoa y Leidy Johana Dimate Vacca , por haber conformado el extremo activo de la demanda de reparación directa en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta vía.

19. Asimismo, se precisó que, al interior del proceso ordinario, el señor Jhon Jairo Dimate Vacca indicó que actuaba en nombre y representación de su hija menor de edad. Verificado el expediente del proceso ordinario, se constató que su hija sigue siendo menor de edad, motivo por el cual se dispuso que también se tendrá como accionante dentro del trámite de la referencia, bajo el entendido de que el señor Dimate Vacca actúa como su representante.

1.6. Intervención

1.6.1. Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué

20. El titular del despacho refirió que la solicitud de amparo es improcedente por no haberse acreditado la vulneración a los derechos fundamentales del actor,

1.6. Intervención

1.6.1. Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué

20. El titular del despacho refirió que la solicitud de amparo es improcedente por no haberse acreditado la vulneración a los derechos fundamentales del actor, debido a que dio cumplimiento no solo a lo previsto en el numeral 1 del artículo 169 de la Ley 1437 de 2011, sino también a la postura asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Esto, debido a que, en diversas sentencias, el máximo órgano de lo contencioso administrativo ha determinado que, en asuntos similares, el término de ca ducidad se debe contar desde el día siguiente al ingreso en el establecimiento carcelario.

21. Por otra parte, señaló que el actor pretende, mediante la presente acciónDemandante: Jhon Jairo Dimate Vacca Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-03118-00

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de tutela, constituir una instancia adicional al proceso ordinario, con el fin de que se modifiquen las decisiones judiciales que le fueron desfavorables.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

22. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069

tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

23. La Sala advierte qu e el demandante adjudica tanto al Tribunal Administrativo del Tolima, como al Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué, la vulneración de sus garantías constitucionales con ocasión de los autos proferidos el 5 de septiembre y 4 de diciembre de 2024, respectivamente.

24. No obstante, esta Sala de decisión se limitará a analizar la providencia proferida el 5 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima, comoquiera que fue la que puso fin al medio de control con radicado 73001-3333-009-2024-00228-00/01.

2.3. Legitimación en la causa

25. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

26. La Sala advierte que el señor Jhon Jairo Dimate Vacca está legitimado en la causa por activa, porque fue la parte demandante dentro del medio de control en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta vía.

26. La Sala advierte que el señor Jhon Jairo Dimate Vacca está legitimado en la causa por activa, porque fue la parte demandante dentro del medio de control en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta vía.

27. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Tolima está legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la decisión reprochada mediante el presente mecanismo constitucional.

2.4. Problema jurídico

28. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados; la sala deberá resolver el siguiente problema jurídico:Demandante: Jhon Jairo Dimate Vacca Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-03118-00

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• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales?

29. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala

examinará lo siguiente:

30. ¿El Tribunal Administrativo del Tolima vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad con ocasión del auto proferido el 5 de diciembre de 2024?

31. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la procedencia de excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso en concreto.

temas: (i) la procedencia de excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso en concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

32. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 2. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema 3. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales4.

33. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 5. En esta sentencia establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia 6 y ocho defectos

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

reseñado. 4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 6 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.Demandante: Jhon Jairo Dimate Vacca Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-03118-00

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especiales en los que puede incurrir una providencia judicial, de la siguiente manera:

Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que origin ó la vulneración . iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

34. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los

siguientes requisitos generales de procedencia:

34. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los

siguientes requisitos generales de procedencia:

1. que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

35. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha establecido que, para la prosperidad o ne gación del amparo impetrado, se

requerirá:

1. que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

1. que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

36. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

37. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,Demandante: Jhon Jairo Dimate Vacca Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro

37. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,Demandante: Jhon Jairo Dimate Vacca Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-03118-00

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se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

2.6.1. Relevancia constitucional

38. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una garantía constitucional7.

39. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022, los cuales fueron acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:

1. que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

1. que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

1. que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

1. que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.

40. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

41. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,

que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.Demandante: Jhon Jairo Dimate Vacca Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-03118-00

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por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».

42. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución».

43. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,

analizada a la luz de la Constitución».

43. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional, de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.

44. El accionante formuló los siguientes cargos contra la providencia objeto de estudio: i) defecto sustantivo, ii) violación directa de la constitución, y iii) desconocimiento del precedente.

45. Sobre el particular, la Sala precisa que los cargos por defecto sustantivo y violación directa de la Constitución no superan el requisito de relevancia constitucional, debido a que el actor no desarrolló ni identificó cuáles fueron las normas que se aplicaron de forma indebida o irracional, ni precisó cuál es la incidencia que tienen respecto de la decisión adoptada por el Trib unal

Administrativo del Tolima.

46. En ese orden, resulta evidente que los dos cargos que aduce no cuentan con la carga argumentativa mínima para ser estudiada de fondo. Por ende, la Sala declarará la improcedencia por no superar el requisito de relevancia constitucional.

47. No obstante, frente al cargo por el presunto desconocimiento del precedente, para la Sala es necesario precisar que este requisito se encuentra superado, por cuanto la parte actora explicó que se le vulneraron los derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, debido a que la providencia reprochada desconoció el precedente fijado por la Sección Tercera del Consejo de Estado y de diferentes Tribunales Administrativos, al rechazar la demanda reparación directa interpuesta por el señor Jara Carrillo,

a que la providencia reprochada desconoció el precedente fijado por la Sección Tercera del Consejo de Estado y de diferentes Tribunales Administrativos, al rechazar la demanda reparación directa interpuesta por el señor Jara Carrillo, debido a la si tuación de hacinamiento que padeció en el establecimiento carcelario en el que estuvo recluido.

48. Se destaca que la providencia que declaró la caducidad del medio de control se profirió antes de que se trabara la litis, aspecto que, sin lugar a duda, encuentra una mayor relevancia para realizar un estudio de fondo, ya que se trata de una duda legítima sobre la presunta vulneración de principios constitucionalesDemandante: Jhon Jairo Dimate Vacca Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-03118-00

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como el de acceso de acceso a la administración de justicia, que ampara el derecho de toda persona de acceder a la administración de justicia para solicitar a los jueces competentes la protección o el restablecimiento