CE - Sentencia 11001031500020250316900 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-03169-00

Demandante ROBINSON OCHOA DÍAZ Y OTROS

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y JUZGADO 12

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedibilidad. Relevancia constitucional. Incongruencia entre argumentos de la tutela y la ratio de la providencia acusada. Medio de control de reparación directa. Tasación de perjuicios. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por Robinson Ochoa Díaz y otros, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 23 de mayo de 2025 1, Robinson Ochoa Díaz y otros , actuando por conducto de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado 12 Administrativo de Bucaramanga por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la

apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado 12 Administrativo de Bucaramanga por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de reconocimiento y tasación de perjuicios contenidos en las sentencias del 3 de agosto y del 25 de noviembre de 2024, proferidas en el medio de control de reparación directa 68001-33-33-012-2016-0022500/01. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones2: «PRIMERO: Tutelar el derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política de Colombia que le asiste a los señores ROBINSON OCHOA DIAZ MAYRA ALEJANDRA RUEDA PARRA, YESID SANTIAGO OCHOA RUEDA, SAMUEL MATIAS OCHOA RUEDA, JOSE DIONISIO OCHOA BARAJAS, ANA LUISA DIAZ DE OCHOA, OVIDIO OCHOA DIAZ, ANGELMIRO OCHOA DIAZ, HERLINDA OCHOA DIAZ, HELENA OCHOA DIAZ, JOSE ANGEL OCHOA MEJIA.

SEGUNDO: Dejar sin efectos o invalidar parcialmente y sentencia de primera emitida el 28 de agosto de 2024 por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y la sentencia de segunda instancia proferida el 25 de noviembre de 2024 por el Tribunal

Administrativo de Santander, dentro del proceso con radicado 68001-33-33012-2016-0022500 (01) providencia que fue notifica el 27 de noviembre de 2024, en razón a la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política de Colombia; y en su lugar se ordene dictar providencia complementaria de reemplazo.» (Sic para toda la cita)

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1 Sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: SAMAI (índice 1). 2 Página 1 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03169-00

Demandante: Robinson Ochoa Díaz y otros

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.1. Los señores Robinson Ochoa Díaz y otros promovieron medio de control de reparación directa contra el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) pretendiendo que se declare su responsabilidad administrativa y patrimonial por la afectación a la integridad psicofísica que padeció el señor Robinson en hechos ocurridos en las instalaciones de la cárcel Modelo de Bucaramanga, el 11 de junio de 2015. En la demanda se narró que, en la fecha antes indicada, la víctima directa fue atacada con arma blanca por otro interno causándole heridas en el tórax. Ante ese hecho, fue trasladado a la ESE Hospital Universitario de Santander, donde

En la demanda se narró que, en la fecha antes indicada, la víctima directa fue atacada con arma blanca por otro interno causándole heridas en el tórax. Ante ese hecho, fue trasladado a la ESE Hospital Universitario de Santander, donde fue atendido por el ser vicio de urgencias. Indica la parte actora que, como consecuencia de las heridas, la víctima perdió su riñón derecho lo que menguó su capacidad laboral y física con un inevitable impacto en los ámbitos laboral, personal y familiar de su vida. 2.2. El conocimiento del proceso correspondió, en primera instancia, al Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bucaramanga. Esta autoridad judicial profirió sentencia el 28 de agosto de 2024 en la que declaró la responsabilidad administrativa de la entidad demandada por los perjuicios derivados de las lesiones que padeció el señor Ochoa Díaz . En consecuencia, emitió la siguiente condena:

2.3. La entidad demandada apeló la sentencia de primera instancia. Argumentó que la riña que causó las lesiones y secuelas que de ella derivaron fue propiciada por la misma víctima directa. Además, destacó que el centro penitenciario no facilitó las armas con l as que se generó el hecho, por el contrario, una vez tuvo conocimiento de las normas contrarias al reglamento interno activó los protocolos de seguridad. De otro lado, los demandantes solicitaron la revocatoria parcial de la sentencia para que se reconozca el perjuicio moral y el daño a la salud en la cuantía de 100 SMLMV, debido a que el monto que se liquidó deriva de una valoración apenas parcial de los medios de prueba pertinentes. Por lo tanto, requirió que

para que se reconozca el perjuicio moral y el daño a la salud en la cuantía de 100 SMLMV, debido a que el monto que se liquidó deriva de una valoración apenas parcial de los medios de prueba pertinentes. Por lo tanto, requirió que se valoraran las pruebas que acreditan el dañ o psíquico de la víctima, la alteración estética y la pérdida de capacidad laboral.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03169-00

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, solicitó que se revoque la decisión de no reconocer el lucro cesante, pues estimó que dentro del proceso quedó acreditado que la víctima directa desempeñaba una actividad lícita y permanente antes de ser privado de la libertad y lesionado. 2.4. En sentencia del 25 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la decisión de condena y el reconocimiento y tasación de perjuicios realizada por el juez de la primera instancia. En relación con los cargos de apelación formulados por la parte demandante, argumentó que la tasación del perjuicio moral y del daño a la salud atendió a los criterios establecidos para tal fin en el precedente de unificación d el Consejo de Estado (sentencia de 28 de agosto de 2014) . Por lo que fijó los perjuicios con fundamento en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral acreditado en el plenario y consideró que, ante la falta de arbitrariedad, habría que confirmarse a ese respecto la sentencia de primera instancia.

perjuicios con fundamento en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral acreditado en el plenario y consideró que, ante la falta de arbitrariedad, habría que confirmarse a ese respecto la sentencia de primera instancia. Adicional a lo anterior, en la sentencia se lee: «(…) esta Sala confirmará la tasación de perjuicios prevista en la providencia de primera instancia, comoquiera que la misma se fundamentó en las subreglas contenidas en la sentencia de unificación proferida por el órgano de cierre de esta jurisdicción y además porque, pese a la pérdida de capacidad laboral, no se observa que el aquí demandante tenga restricciones médicas que le impidan continuar con su vida laboral, respecto de lo cual vale la pena señalar que al momento de ocurrencia de las lesiones, el s eñor OCHOA DIAZ se encontraba privado de su libertad, lo cual quiere decir que no se encontraba ejerciendo labor alguna que acreditar el lucro cesante solicitado.» La providencia se notificó a las partes a través de correo electrónico remitido a su buzón de notificaciones, el 27 de noviembre de 20243.

3. Fundamentos de la acción Los accionantes argumentan que el caso expuesto reviste relevancia constitucional, porque involucra la posible violación de sus derechos fundamentales al debido proceso y de ac ceso a la administración de justicia, derivada de la concreción en las sentencias acusadas de los defectos fáctico, de desconocimiento del precedente y sustantivo.

Discuten que los jueces del proceso ordinario incurrieron en un grave error en la valoración probatoria al restarle peso a pruebas determinantes para tasar los perjuicios, como lo eran: el dictamen pericial de perturbación psíquica forense que

Discuten que los jueces del proceso ordinario incurrieron en un grave error en la valoración probatoria al restarle peso a pruebas determinantes para tasar los perjuicios, como lo eran: el dictamen pericial de perturbación psíquica forense que concluyó la existencia de un daño psíquico permanente; el informe pericial de la clínica forense que identificó múltiples cicatrices y deformidad física permanente; y las pruebas testimoniales que daban cuenta de la actividad laboral lícita que desempeñaba la víctima directa como trabajador de la construcción. Adicional a lo anterior reprocha que la valoración se haya limitado a la corroboración del porcentaje de pérdida de la capacidad laboral (11.10%) y dejara de lado aspectos relevantes como la pérdida de un riñón, la edad de la víctima, el daño psíquico, la afectación estética y el impacto funcional en la vida cotidiana. De otra parte, indicaron que la acción de tutela se interpuso dentro de un plazo razonable, considerando que la sentencia de segunda instancia se notificó el 27 de noviembre de 2024; que se agotaron los medios y recursos ordinarios procedentes; que no se trata de una tutela contra un fallo de tutela y que se hizo una relación clara de los hechos y pretensiones de la acción de amparo.

3 Expediente digitalizado del medio de control de reparación directa 68001-33-33-012-2016-00225-00, enlace web remitido por el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bucaramanga, archivo denominado «006Soporte notificación Sentencia de Segunda.pdf», en carpeta «03 SegundaInstanciaDigital».Radicado: 11001-03-15-000-2025-03169-00

por el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bucaramanga, archivo denominado «006Soporte notificación Sentencia de Segunda.pdf», en carpeta «03 SegundaInstanciaDigital».Radicado: 11001-03-15-000-2025-03169-00

Demandante: Robinson Ochoa Díaz y otros

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De acuerdo con lo anterior, estiman que la tutela supera los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, los accionantes consideran que el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado 12 Administrativo de Bucaramanga, al proferir la sentencias del 28 de agosto y del 25 de noviembre de 2024, incurrieron en defecto fáctico , en desconocimiento del precedente judicial y en defecto sustantivo. 3.1. Defecto por desconocimiento del precedente judicial La parte actora reprocha que las accionadas no aplicaron los criterios jurisprudenciales establecidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en particular, los contenidos en la sentencias de unificación del 17 de septiembre de 2018 y del 28 de agosto de 2014. Estiman que estas sentencias fijaron criterios claros para valorar la gravedad de la lesión padecida por la víctima, como fundamento para tasar los perjuicios morales y a la salud. No obstante, en las providen cias acusadas se omitió aplicar en integridad las reglas de decisión establecidas en el precedente y se limitó la autoridad judicial a aplicar como único parámetro para tasar los perjuicios, el porcentaje de

obstante, en las providen cias acusadas se omitió aplicar en integridad las reglas de decisión establecidas en el precedente y se limitó la autoridad judicial a aplicar como único parámetro para tasar los perjuicios, el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral y ocupacional, s in considerar factores adicionales relevantes. 3.2. Defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio En el escrito de tutela se reprocha que las autoridades judiciales de instancia omitieron valorar, conforme a los criterios jurisprudenciales fijados por el Consejo de Estado (sentencias de unificación del 17 de septiembre de 2018 y del 28 de agosto de 2014), la gravedad de las lesiones padecidas por la víctima directa. En concreto, consideran que no se tuvo en cuenta el conjunto de circunstancias que agravaban la afectación que sufrió, como el daño psíquico permanente, la alteración estética, la pérdida del riñón derecho y la edad de la víctima al momento en que ocurrieron los hechos. Advirtieron la omisión de dos dictámenes periciales claves practicados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El primero, de septiembre de 2020 que, a su juicio, concluyó la existencia del daño psíquico permanente, y el segundo, de julio de 2019, en el que se documentaron múltiples cicatrices visibles e irreversibles que fueron catalogadas como deformidad física permanente. Asimismo, reprochan que no s e haya dado valor a los testimonios rendidos por Leidy Paola Durán Vega y Alejandra González Aparicio, quienes afirmaron que el señor Ochoa Díaz desarrollaba

deformidad física permanente. Asimismo, reprochan que no s e haya dado valor a los testimonios rendidos por Leidy Paola Durán Vega y Alejandra González Aparicio, quienes afirmaron que el señor Ochoa Díaz desarrollaba una actividad laboral lícita en el área de la construcción antes de ser privado de la libertad, lo s cuales eran relevantes para el reconocimiento del lucro cesante. Estiman que estas omisiones impidieron que la tasación de los perjuicios se acompasara con la información que deriva válidamente de las pruebas que fueron legal y oportunamente aportadas al proceso y comprometió los derechos de defensa y de reparación integral de la parte actora. 3.3. Defecto material o sustantivo Finalmente, en relación con la configuración del defecto material se indicó que las decisiones se fundaron en normas inaplicables y en una interpretación que desconoce la razonabilidad jurídica y los precedentes vigentes. Advirtieron que la tasación de los perjuicios en los fallos acusados se fundamentó en una interpretación regresiva, desconectada de los criterios sistemáticos establecidos para valorar daños derivados de lesiones personales. A eseRadicado: 11001-03-15-000-2025-03169-00

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respecto, llamó la atención en la sentencia del 14 de junio de 2018 (rad. 47216), según la cual la pérdida de la capacidad laboral no es el único criterio que considerar para tasar el perjuici o, sino que deben incluirse otros factores

respecto, llamó la atención en la sentencia del 14 de junio de 2018 (rad. 47216), según la cual la pérdida de la capacidad laboral no es el único criterio que considerar para tasar el perjuici o, sino que deben incluirse otros factores agravantes que justifiquen un mayor nivel indemnizatorio. En ese respecto, reiteró que debió tomarse en consideración el daño psíquico y la alteración física permanente, así como la pérdida del riñón derecho.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 29 de mayo de 2025, el despacho sustanciador requirió a la parte accionante para que subsane la tutela en el sentido de allegar la copia de los registros civiles de nacimiento de los menores YSOR y SMOR. 4.2. Cumplido el anterior requerimiento, el 13 de junio de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela interpuesta, por conducto de apoderado judicial, por Robinson Ochoa Díaz , quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores YSOR y SMOR; Mayra Alejandra Rueda Parra, José Dionisio Ochoa Barajas, Ovidio Ochoa Diaz, Angelmiro Ochoa Diaz, Herlinda Ochoa Diaz, Helena Ochoa Diaz y José Ángel Ochoa Mejía ; quienes actúan a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito

Judicial de Bucaramanga. Además, vinculó, en calidad de terceros con interés, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, a la señora Ana Luisa Díaz Ochoa (quien actuó como demandante del proceso de reparación directa analizado) ; a la Agencia Nacional de

Además, vinculó, en calidad de terceros con interés, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, a la señora Ana Luisa Díaz Ochoa (quien actuó como demandante del proceso de reparación directa analizado) ; a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Min isterio Público; y a los demás demandantes, demandados y terceros con interés que participaron en el proceso de reparación directa 68001-33-33-012-2016-00225-00/01. También se ofició al Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bucaramanga para que notificara a la señora Ana Luisa Díaz Ochoa y a los demás sujetos procesales en el medio de control estudiado sobre la existencia de esta acción de tutela. Asimismo, se le requirió la remisión de la copia digitalizada del expediente del proceso ordinario 68001-33-33012 2016-00225-00/01. Finalmente, se solicitó a la Secretaría General y a la Oficina de Sistemas de esta corporación, fijar aviso y publicarlo en la página web del Consejo de Estado, en el que indique a la señora Ana Luisa Díaz Ochoa y a los demás sujetos procesales que hayan participado dentro del proceso de reparación directa analizado, la exigencia de esta acción de tutela 4.3. En memorial del 18 de junio de 2025, el secretario del Juzgado 12 Administrativo de Bucaramanga dio cuenta del cumplimiento de los oficios encomendados en el auto admisorio. En ese orden, aportó los soportes de la notificación encomendada y el enlace web para acceder al expediente del proceso ordinario de reparación directa.

encomendados en el auto admisorio. En ese orden, aportó los soportes de la notificación encomendada y el enlace web para acceder al expediente del proceso ordinario de reparación directa. 4.4. El Centro Penitenciario y Carcelario (Inpec) , por con ducto de la coordinadora del grupo de tutelas, solicitó declarar la improcedencia de la acción por considerar que no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues los accionantes debían agotar los recursos que dispone la jurisdicción administrativa en el medio de control de reparación directa, pero no lo hicieron. Además, estiman que no se configuró una vía de hecho que justifique la intervención del juez de tutela frente a las sentencias acusadas.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03169-00

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De otra parte, argumentó que carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que no es la entidad responsable de la vulneración alegada. Recordó que sus funciones se limitan a la ejecución de las penas privativas de la libertad y otras medidas relacionadas. En ese sentido, indicó que no le corresponde pro nunciarse sobre el reconocimiento o protección de derechos invocados por el actor, pues se trata de una competencia que recae en otras autoridades judiciales. En conclusión, el Inpec afirmó que no ha vulnerado ni amenazado derecho fundamental alguno y que actuó conforme a sus competencias legales. Por lo tanto, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de amparo y que

En conclusión, el Inpec afirmó que no ha vulnerado ni amenazado derecho fundamental alguno y que actuó conforme a sus competencias legales. Por lo tanto, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de amparo y que se desvincule a la Dirección General del Inpec del trámite de la acción. 4.5. El procurador 102 Judicial I para Asuntos Administrativ os indicó que los cargos formulados en la acción de tutela refieren a providencias judiciales sobre las cuales no tiene la facultad de interferir. Por ello, precisó que, en atención a las funciones de esa dependencia, acatará las decisiones que disponga el juez de tutela. 4.6. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bucaramanga, por medio del titular del despacho, rindió informe sobre las principales actuaciones del proceso ordinario de reparación directa en las dos instancias. Posteriormente, manifestó que no vulneró ninguno de los derechos fundamentales invocados por la aparte accionante, pues, aunque la tasación de perjuicios no se ajustó a lo esperado por el apoderado judicial, esta se realizó conforme al marco normativo y jurisprudencia aplicable. En relación con el lucro cesante, precisó que, según la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, este reconocimiento sólo procede si la víctima estaba trabajando al momento del daño, situación que no se corresponde con la del señor Ochoa Díaz, quien estaba privado de la libertad sin prueba de trabajo intramural. Frente a los perjuicios morales y el daño a la salud, precisó que la decisión judicial no se limitó a la valoración del porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, sino que también consideró el diagnóstico psíquico, la historia clínica,

Frente a los perjuicios morales y el daño a la salud, precisó que la decisión judicial no se limitó a la valoración del porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, sino que también consideró el diagnóstico psíquico, la historia clínica, los informes de Medicina Legal, la pérdida de riñón y los testimonios. Fue el análisis conjunto de estos medios de prueba los que justificaron ubicar la indemnización en el segundo rango contenido en la sen tencia de unificación del 28 de agosto de 2014. Enfatizó en que la decisión de no otorgar el monto máximo no obedeció al desconocimiento del acervo probatorio, sino a la aplicación razonada de la discrecionalidad judicial avalada por la jurisprudencia aplicable, 4.7. En memorial del 26 de junio de 2025, el apoderado de la parte accionante allegó los datos de notificación de la señora Ana Luisa Díaz Ochoa y, al día siguiente, la Secretaría General del Consejo de Estado surtió la notificación al correo electrónico por él indicado. 4.8. El Tribunal Administrativo de Santander no rindió informe frente a esta acción de tutela, aunque fue notificado sobre su existencia4.

4 La autoridad judicial fue notificada en los siguientes buzones electrónicos: ventanillatriadmsan@cendoj.ramajudicial.gov.co y prestastd@cendoj.ramajudicial.gov.coRadicado: 11001-03-15-000-2025-03169-00

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 5, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herram ientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo h a reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6 y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requis itos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 8 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido

los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por ello, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala deberá determinar, en primer lugar, si la acción de tutela supera el examen general de procedibilidad, en especial el presupuesto de relevancia constitucional.

En caso de superar dicho examen, el problema jurídico se concentrará en establecer si el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bucaram anga y el Tribunal Administrativo de Santander incurrieron en defecto fáctico, en desconocimiento del precedente judicial y en defecto sustantivo al proferir las sentencias del 28 de agosto y del 25 de noviembre de 2024, en primera y segunda instancia del proceso de reparación directa con radicado 680013333012-2016-00225-00/01.

5 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento pre ferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados

lugar, mediante un procedimiento pre ferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 6 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 7 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso 11001-03-15-000-2012-0220101 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03169-00

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4. Requisito de relevancia constitucional: su alcance y análisis en el caso particular 4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia j udicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relev ancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T –248 de 2018, ha fijado algunos crit erios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no

determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.