CE - Sentencia 11001031500020250323100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025) Referencia ACCIÓN DE TUTELA Radicación 11001-03-15-000-2025-03231-00

Demandante VIVIANA CHACÓN AMOROCHO Y OTROS

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales y especiales de procedibilidad. La relevancia constitucional. Defecto fáctico y defecto sustantivo. Medio de control de reparación directa. Muerte de un civil a manos de agentes de la polic ía. Eximente de responsabilidad: culpa exclusiva de la víctima. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera instancia, la acción de tutela instaurada por Viviana Chacón Amorocho y otros de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 27 de mayo de 2025 1, Viviana Chacón Amorocho y otros , mediante apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bucaramanga por

El 27 de mayo de 2025 1, Viviana Chacón Amorocho y otros , mediante apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bucaramanga por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de las sentencias del 14 de mayo y del 22 de noviembre de 2024 proferidas en el medio de control de reparación directa nro. 68001-33-33-011-2023-00140-01. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones: «PRIMERO: Tutelar el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política de Colombia que le asiste a VIVIANA CHACÓN AMOROCHO (madre de la víctima), SHERMAN SANTIAGO SANCHEZ CHACÓN (hermano de la víctima), DANIELA FERNANDA SALON SALON (compañera permanente de la víctima), EMILY VICTORIA BLANCO SALON (hija de la víctima); SOCORRO AMOROCHO ESTEVEZ (abuela de la víctima), MARLYN ALEJANDRA AMOROCHO ESTEVEZ (Tía de la víctima), DE ILY ANGELICA LOPEZ AMOROCHO (prima de la víctima) y ANGEL EMILIO AMOROCHO ESTEVEZ (primo de la víctima).

SEGUNDO: Dejar sin efectos o invalidar la sentencia judicial de primera instancia proferida el 14 de mayo de 2024 por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga y la sentencia de segunda instancia proferida por el 22 de noviembre de 2024

SEGUNDO: Dejar sin efectos o invalidar la sentencia judicial de primera instancia proferida el 14 de mayo de 2024 por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga y la sentencia de segunda instancia proferida por el 22 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso con radicado 68001 -33-33011-2023-00140-00 (01), providenc ia esta última que fue notificada el 28 de noviembre de 2024; en razón a la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política de Colombia; y en su lugar se ordene dictar providencia complementaria de reemplazo.» 2.

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1 Sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: Samai, índices 1 y 2. 2 Página 1 del escrito de tutela. Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03231-00

Demandante: Viviana Chacón Amorocho y otros

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.1. La señora Viviana Chacón Amorocho (madre de la víctima) y su grupo familiar interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional para que se declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial por la muerte violenta de Ever Yanpier Blanco Chacón y se la condenara al pago de los perjuicios de orden mat erial e inmaterial.

Defensa, Policía Nacional para que se declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial por la muerte violenta de Ever Yanpier Blanco Chacón y se la condenara al pago de los perjuicios de orden mat erial e inmaterial. En los antecedentes del proceso de reparación directa se lee que el 5 de abril de 2021, la víctima directa y su compañera permanente fueron requeridos por agentes de la Policía Nacional para una requisa. Ante ello, el señor Blanco Chacón emprendió la huida y, sin que mediara orden de alto, uno de los uniformados disparó de forma indiscriminada contra su humanidad, haciendo un uso desproporcionado de la fuerza y causándole la muerte. 2.2. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bucaramanga que, en sentencia del 14 de mayo de 2024 negó las pretensiones de la demanda, por considerar que se concretó la causal eximente de responsabilidad del hecho exclusivo de la víctima. Como fundamento de su decisión y a partir de la v aloración del acervo probatorio, la jueza concluyó que el patrullero de la policía actuó en legítima defensa al enfrentar una agresión actual y grave por parte de Ever Yanpier Blanco Chacón, quien portaba un arma de fuego y generó un peligro inminente durante la requisa. En esa línea, advirtió que no se aportaron pruebas al proceso que permitan desvirtuar la tesis defendida por la entidad demandada Los demandantes interpusieron recurso de a pelación contra la sentencia de primera instancia. Manifestaron que el juez de la primera instancia no valoró integralmente las pruebas del proceso, como videos e informes periciales.

Los demandantes interpusieron recurso de a pelación contra la sentencia de primera instancia. Manifestaron que el juez de la primera instancia no valoró integralmente las pruebas del proceso, como videos e informes periciales. Hicieron énfasis en el video aportado por la parte demandante, en el que se observa a Ever Yanpier Blanco Chacón y a su compañera permanente caminando por el barrio la Cumbre de Floridablanca el 5 de abril de 2021, cuando fueron interceptados por dos policías en una motocicleta. Aducen que en las imágenes se aprecia la persecución y se escuchan los disparos, tras lo cual Ever Yanpier huye y luego es impactado por la espalda. En la apelación se argumentó que no se acreditó una amenaza real en contra de los uniformados, más allá de sus propias versiones; que el disparo letal fue por la espalda mientras la víctima huía; y que no hay evidencia de que hubiera apuntado el arma de fuego. Se destacó, además, que no hubo una orden clara de alto por parte de los agentes de la policía antes de desplegar la fuerza letal y que el patrullero realizó cinco disparos cuando uno era suficiente para evidenciar una advertencia o reducción no letal. Por lo tanto, consideran que está evidenciado el uso desproporcionado de la fuerza que pone en duda la legítima defensa alegada por la Policía Nacional. 2.3. El 22 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la sentencia de primera instancia. Argumentó que el señor Blanco Chacón resultó herido en despliegue de un procedimiento policial, tras negarse a una requisa, exhibir un arma de fuego y huir. Contexto ante el cual, el agente de la

la sentencia de primera instancia. Argumentó que el señor Blanco Chacón resultó herido en despliegue de un procedimiento policial, tras negarse a una requisa, exhibir un arma de fuego y huir. Contexto ante el cual, el agente de la policía se vio compelido a proteger su vida y la de terceros por lo que usó su arma de dotación causando la muerte del ciudadano. Precisó que las pruebas del proceso y el aludido video demostraban que e l señor Blanco Chacón portaba el arma en la mano, desvirtuando las versiones que defendían lo contrario. Además, su conducta generó un riesgo para la comunidad en su intento de evadir a la autoridad.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03231-00

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, descartó el alegato del uso desproporcionad o de la fuerza dado que, aunque se hicieron cinco disparos, solo uno impactó en su humanidad. La providencia se notificó a través de correo electrónico enviado a las partes, el 28 de noviembre de 20243.

3. Fundamentos de la acción En cuanto a las causales generales de procedibilidad, en el escrito de tutela se indicó que la petición de amparo tiene relevancia constitucional porque se concreta una evidente vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los accionantes, debido a la concreción en las sentencias acusadas del defecto fáctico, desconocimiento del precedente judicial y defecto sustantivo.

una evidente vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los accionantes, debido a la concreción en las sentencias acusadas del defecto fáctico, desconocimiento del precedente judicial y defecto sustantivo. Los accionantes agregaron que la acción de tutela se radicó en un plazo razonable porque no han pasado más de seis meses desde la notificación de la sentencia que se acusa; además de que se agotaron todos los mecanismos judiciales ordinarios de protección de derechos y no se ataca una sentencia de tutela. 3.1. En cuanto al fondo del asunto, la parte actora alegó que la sentencia acusada materializa un grave error en el juicio valorativo y desconocimiento de las pruebas relevantes del proceso (defecto fáctico), de acuerdo con las siguientes consideraciones: ● Las accionadas afirmaron falsamente que la víctima tenía antecedentes penales, cuando los certificados oficiales demuestran lo contrario. ● Las autoridades judiciales accionadas omitieron la valoración de un video con audio que daba cuenta de que no hubo voces de alto por parte de los uniformados y que el patrullero accionó su arma al menos en cinco oportunidades mientras la víctima huía y qu e los policías se retiraron sin prestar auxilio. ● El informe del investigador de campo FPJ-11 indica que solo el patrullero Pantoja Martínez accionó su arma. No hay prueba de que la víctima hubiese disparado un arma de fuego o de que la supuesta arma que portaba era funcional y real. ● La víctima recibió el impacto de bala en la espalda, lo que es incompatible con una agresión frontal o con la teoría de que estaba apuntando el arma y descarta la legítima defensa.

portaba era funcional y real. ● La víctima recibió el impacto de bala en la espalda, lo que es incompatible con una agresión frontal o con la teoría de que estaba apuntando el arma y descarta la legítima defensa. ● Fueron desatendidos los testimonios de Danie la Salón Salón y Edwin Pinzón Robles, que negaron voces de alto o amenazas de la víctima. ● Se dio plena credibilidad a las versiones de los agentes de la policía involucrados en los hechos, sin un análisis crítico e imparcial del material probatorio. 3.2. La parte actora alegó la existencia de un defecto sustantivo por soslayar la aplicación de la resolución nro. 02903 de junio de 2017, que establece el reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones y elementos menos letales por parte de la Policía Nacional. A ese respecto, en la tutela se cuestiona si se agotaron los mecanismos para evitar la muerte de la víctima y si se analizó la conducta de los agentes de policía conforme a esta normativa. 3.3. Finalmente, se alegó la concreción del defecto por desconocimiento del precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado que establece que la culpa de la víctima no puede encubrir el abuso de la fuerza y que la legítima

3 Proceso nro. 680013333011-2023-00140-01, índice 14. Samai para Tribunales Administrativos.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03231-00

Demandante: Viviana Chacón Amorocho y otros

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co defensa debe estar acreditada de manera indiscutible. De manera que, el uso de armas debe estar dirigido exclusivamente a repeler el peligro. Conforme a lo anterior, reprochó que las autoridades de instancia no tomaron en consideración que en el caso objeto de estudio no hubo un enfrentamiento armado, ni se apuntó o accionó un arma de fuego por lo que no existió una amenaza real; pero a pesar de ello la víctima fue ultimada por la espalda sin mediar voces de alto provenientes de la fuerza pública.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 30 de mayo de 2025, el despacho sustanciador requirió a la parte actora para que allegaran la copia de los registros civiles de nacimiento de los menores SSSC, EVBS, DALA y AEAE. 4.2. Atendido el anterior requerimiento, el despacho sustanciador, en auto del 13 de junio de 2025, admitió la acción de tutela presentada mediante apoderado judicial por Viviana Chacón Amorocho, quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor SSSC; Daniela Fernanda Salón Salón, quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor EVBS; Socorro Amorocho Estévez y Marlyn Alejandra Amorocho Estévez, quien ac túa en nombre propio y en representación de sus hijos menores DALA Y AEAE, contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Once

Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga

nombre propio y en representación de sus hijos menores DALA Y AEAE, contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga Asimismo, vinculó, en calidad de terceros con interés, a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y a los demás demandantes, demandados y terceros que participaron en el medio de control de reparación directa nro. 68001-33-33-011-2023-00140-00/01. También se ofició al Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga para que remitiera en medio digital la copia del expediente ordinario analizado 4.3. El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bucaramanga , por conducto del secretario del despacho, aportó e l enlace web para acceder al expediente de reparación directa objeto de análisis. 4.4. El Tribunal Administrativo de Santander, por conducto de la ponente de la sentencia acusada, rechazó la afirmación de que se vulneraron los derechos de los accionantes al de bido proceso y de acceso a la administración de justicia con la decisión que confirmó el fallo de primera instancia. Estima que el análisis probatorio se ajustó a la normatividad y jurisprudencia aplicable, ya que se estudiaron los medios de prueba y argum entos presentados en la apelación sin que se identifique irregularidad o vulneración alguna de las garantías procesales. En criterio de la autoridad accionada la pretensión del actor es reabrir el debate jurídico y probatorio ya resuelto, convirtiendo la tutela en una instancia adicional del proceso ordinario. Por lo tanto, concluye que no existe un real escenario de vulneración de derechos fundamentales, sino un desacuerdo de

jurídico y probatorio ya resuelto, convirtiendo la tutela en una instancia adicional del proceso ordinario. Por lo tanto, concluye que no existe un real escenario de vulneración de derechos fundamentales, sino un desacuerdo de la parte actora con la decisión que no es favorable a sus preten siones, por lo que el asunto no supera el presupuesto general de relevancia constitucional. 4.5. La Policía Nacional, por conducto de la jefe del Área Jurídica de la Secretaría General, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda por considerar que no se acreditó vulneración alguna de los derechos fundamentales de los accionantes. Indicó que los jueces de instancia valoraron todas las pruebas del proceso y llegaron a la conclusión razonable de que la Policía Nacional actuóRadicado: 11001-03-15-000-2025-03231-00

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co legítimamente, ya que la víctima se negó a la requisa, huyó y mostró un arma de fuego, generando un riesgo que justificó el uso de la fuerza. Con lo anterior, estiman que se encuentra suficientemente justificada la concreción de la culpa exclusiva de la víctima como eximente de la responsabilidad del Estado. Finalmente, manifestó que la acción de tutela no acreditó la concreción de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez constitucional

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y

perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez constitucional

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 4, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5 y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 7 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia

cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes.

3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por tratarse de u na acción de tutela contra providencia judicial, la Sala debe hacer un primer análisis con miras a establecer si la solicitud de amparo acredita los requisitos generales de procedibilidad.

4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.

constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001 -03-15-000-201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03231-00

Demandante: Viviana Chacón Amorocho y otros

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En caso de superarse dicho examen, se analizará si el Tribunal Admi nistrativo de Santander incurrió en defecto fáctico y en defecto sustantivo al proferir la sentencia del 22 de noviembre de 2024, en el medio de control de reparación directa nro. 680013333011-2023-00140-01. Se precisa que el análisis se realizará exclusivamente frente a la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario ya que fue la que definió el litigio, pues para impugnar la decisión del juez a quo lo procedente era

680013333011-2023-00140-01. Se precisa que el análisis se realizará exclusivamente frente a la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario ya que fue la que definió el litigio, pues para impugnar la decisión del juez a quo lo procedente era interponer el recurso de apelación. Conviene aclarar que, aunque también se alegó el defecto por desconocimiento del precedente judicial, su argumentación realmente se basa en un desacuerdo con la valoración de las pruebas del proceso, por lo que en esencia corresponde a un defecto fáctico. En la acción de tutela el actor citó varias sentencias del Consejo de Estado que, a su juicio, establecen que el uso de armas de fuego por parte de agentes del Estado es un medio válido para repeler una agresión real e inminente; sin embargo, sostiene q ue esa hipótesis no se configura en este caso, ya que la conducta de la víctima no representó una amenaza real e insiste en que hubo una inadecuada valoración del video aportado como medio de prueba, por lo que se insiste, se trata de un alegato que se subsume en el defecto fáctico.

4. Análisis del presupuesto de procedibilidad de relevancia constitucional en el caso particular 4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia

y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Aunque no es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T -248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involu cre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonc es, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales” 8. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia ju dicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión

amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo De Estado – Sección Primera.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03231-00

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural. (v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.

informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural. En caso de que se trate de los mismos argumentos y de que estos hayan sido estudiados por el juez de la causa, es probable que el juez de tutela concluya que el mecanismo constitucional se está empleando como una instancia adicional. En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es insistir en los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de que el juez de tutela, a diferencia del juez de la causa, sí acceda a sus pretensiones. 4.2. Esta Sala anticipa que se declarará la im procedencia de la acción de tutela dado que se corroboró que el cargo por defecto fáctico se sustenta en argumentos de instancia que ya fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de Santander, pero que no son compartidos por los accionantes, por lo qu e toman la acción de tutela como una instancia adicional para prolongar el debate jurídico probatorio y procurar un análisis diferente de los medios de convicción. Al comparar los cargos de la acción de tutela con los cargos expuestos por los demandantes en el recurso de apelación9 en el medio de control de reparación

debate jurídico probatorio y procurar un análisis diferente de los medios de convicción. Al comparar los cargos de la acción de tutela con los cargos expuestos por los demandantes en el recurso de apelación9 en el medio de control de reparación directa nro. 680013333011-2023-00140-01, se evidencia que en su mayoría son coincidentes. Tanto en el recurso de apelación en el proceso ordinario como en la acción de tutela, los accionantes argumentaron que hubo una indebida valoración de los medios de prueba aportados, en particular del registro de audio y video aportado y de la prueba testimonial presentada por la parte demandante, que a su juicio, evidenciaban de la despropo rción en el uso de la fuerza por parte del patrullero de la Policía Nacional. Destacaron que éste accionó su arma de dotación contra Ever Yanpier cuando emprendía la huida y fue impactado por la espalda, sin que mediara orden de alto por parte de los agentes. En ese orden, destacaron que no existió un enfrentamiento armado, ya que el impacto fue por la espalda y no se acreditó que Ever Yanpier disparara ni que el arma que supuestamente portaba fuera funcional. Además, insistieron en que la autoridad judici al valoró de forma parcial las pruebas del proceso, restando credibilidad a los testimonios y al vide