CE - Sentencia 11001031500020250327701 de 2025

Demandante: Nelson De Jesús Arroyave López Demandado: Comisión Nacional De Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2025-03277-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá. D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-03277-01

Demandante: NELSON DE JESÚS ARROYAVE LÓPEZ

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Tema: Tutela contra providencia judicial – RevocaDeclara improcedente

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia del 3 de julio de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES.

1.1. Solicitud de amparo.

El señor Nelson de Jesús Arroyave López, mediante apoderado judicial 1, instauró acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el fin de que se ampare su derecho fundamental a la autonomía judicial.

El señor Nelson de Jesús Arroyave López, mediante apoderado judicial 1, instauró acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el fin de que se ampare su derecho fundamental a la autonomía judicial.

El accionante consideró vulnerada su garantía constitucional con ocasión a la sentencia del 5 de marzo de 202 5, proferida al interior del proceso disciplinario radicado 05001-25-02-000-2021-00018-00/01

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho fundamental invocado y, en consecuencia, pidió:

SEGUNDA. Se requerirá a la autoridad accionada para se sirva expedir nueva sentencia en la que se adopten los correctivos a las irregularidades advertidas en la presente acción de tutela.2

1 Índice 02 Aplicativo Samai – Apoderado Sergio Iván Estrada López 2 Transcripción literal de la acción de tutela incluyendo errores.Demandante: Nelson De Jesús Arroyave López Demandado: Comisión Nacional De Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2025-03277-01

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1.3. Hechos

La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos3, relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El 29 de septiembre de 2020, el señor Nelson de Jesús Arroyave en calidad del Juez Segundo Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de

se adoptará en la sentencia:

El 29 de septiembre de 2020, el señor Nelson de Jesús Arroyave en calidad del Juez Segundo Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de DabeibaAntioquia en audiencia preliminar decretó la libertad al ciudadano Jesús María Restrepo Borja4 por vencimiento de términos e impuso caución prendaria de 20 SMMLV al interior del proceso penal, radicado 05284610023920168001700, conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 317 del Código de Procedimiento Pena5l.

Posteriormente el apoderado del señor Jesús María Restrepo Borja presentó el 20 de diciembre de 2020 habeas corpus, el cual correspondió al Juzgado 15 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín, que mediante providencia del 22 de diciembre de 2020 6 negó la decisión por improcedente, tras considerar que la acción de habeas corpus no podía suplir la actuación procesal prevista para tal fin, sino que era un mecanismo excepcional, por lo tanto, como estaba pendiente de resolverse el recurso de apelación interpuesto por el defensor, no avizoraba que el señor Restrepo Borja estuviera p rivado de la libertad ilegalmente o una prolongación ilícita de la misma, ni providencia arbitraria que d iera lugar a una vía de hecho.

Decisión que fue impugnada y la resolvió el Juzgado 29 Penal del Circuito de Medellín, que mediante providencia del 12 de enero de 2021, la revocó al considerar que se configuró una vía de hecho por defecto material, explicó que al resolver un vencimiento de términos en la privación de la libertad, como lo prevé el inciso

que se configuró una vía de hecho por defecto material, explicó que al resolver un vencimiento de términos en la privación de la libertad, como lo prevé el inciso primero del artículo 317 del Código de Procedimie nto Penal, el Juez no puede establecer condicionamientos que terminen negando la efectividad del derecho a la libertad y que no estén previstos en la ley.

De igual manera, se indicó que la imposición de una «curación prendaria», por parte del juez constitucional de control de garantías como condición para hacer efectiva la libertad, se constituye en un acto contrario a la ley, en la medida en que no cuenta

3 Índices 02 y 09 Aplicativo Samai 4 Por el delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años 5 ARTÍCULO 317. CAUSALES DE LIBERTAD. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1786 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1o del artículo 307 del presente código sobre las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos: 5. <Numeral corregido mediante Fe de Erratas, el nuevo texto es el siguiente:> Cuando transcurridos ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio. 6 Erradamente en la sentencia se indicó que es del 2018Demandante: Nelson De Jesús Arroyave López

Demandado: Comisión Nacional De Disciplina Judicial

se haya dado inicio a la audiencia de juicio. 6 Erradamente en la sentencia se indicó que es del 2018Demandante: Nelson De Jesús Arroyave López Demandado: Comisión Nacional De Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2025-03277-01

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con un respaldo legal que lo establezca y con ello se obstruye la posibilidad de que su cumplimiento sea “inmediato”.

Aunado a lo anterior, se c oncluyó que el juez : i) optó por sustituir la medida de aseguramiento intramural por la caución prendaria, oficiosamente; ii) desconoció la interpretación restrictiva a la afectación de la libertad al tenor del artículo 295, optando por la configuración de un condicionamiento o formalidad no previsto en el ordenamiento legal para el restablecimiento de la libertad; iii) interpretó erróneamente el artículo 319 procesal, relacionándolo con una figura procesal con la cual no posee correlación alguna la libertad inmediata por vencimiento de términos; iv) excedió su facultades cuando, además de imponer infundadamente una caución prendaria, determinó un monto elevado, imposible de cumplir, sin realizar una fundamentación razonable.

En esta providencia en el numeral tercero se ordenó «EXPEDIR copias de la actuación para que las autoridades competentes inicien la investigación a que haya lugar conforme a las consideraciones de esta decisión».

En este sentido, se puso en conocimiento del asunto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia para que se investigara disciplinariamente al señor

lugar conforme a las consideraciones de esta decisión».

En este sentido, se puso en conocimiento del asunto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia para que se investigara disciplinariamente al señor Nelson de Jesús Arroyave López en su condición de Juez Segundo Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Dabeiba, por decidir otorgarle la libertad al señor Restrepo Borja, el 29 de septiembre de 2020, al interior del proceso penal radicado 05284610023920168001700, por vencimiento de términos , pero imponiéndole una caución por valor de 20 SMMLV, lo que ocasionó que el citado procesado continuara privado de la libertad.

La citada Corporación mediante sentencia del 29 de agosto de 2024, declaró disciplinariamente responsable al señor Nelson de Jesús Arroyave López en su condición de Juez Segundo Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Dabeiba, Antioquia, por haber incurrido en falta disciplinaria por infracción a sus deberes de conformidad con lo señalado en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, norma reproducida hoy en el art. 242 de la Ley 1952 de 2019 al desconocer el deber previsto en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Política y los artículos 6 y 317 - numeral 5 y parágrafo 1° de la Ley 906 de 2004, este último modificado por el artículo 2 de la Ley 1786 de 2016, al condicionar la efectividad de la orden de libertad por vencimiento de términos al pago de una caución prendaria, cuando ello no era

artículo 2 de la Ley 1786 de 2016, al condicionar la efectividad de la orden de libertad por vencimiento de términos al pago de una caución prendaria, cuando ello no era procedente. Falta que fue calificada provisionalmente como falta grave a título de dolo.

En consecuencia, le impuso como sanción la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses e inhabilidad especial por idéntico término. Esta decisión que fue confirmada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial mediante providencia del 5 de marzo de 2025Demandante: Nelson De Jesús Arroyave López Demandado: Comisión Nacional De Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2025-03277-01

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1.4. Fundamentos de la acción de tutela 7

La parte actora manifestó que la providencia acusada incurrió en una vía de hecho por los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente , violación de la Constitución Nacional , y por vulnerar su derecho fundamental a la «autonomía judicial».

Expuso que el defecto sustantivo recae en una interpretación irrazonable del numeral 5 artículo 317 de la Ley 906 de 2004 y ausencia de ponderación . Resaltó que el proceso penal se trataba de un caso difícil representado en la tensión entre dos derechos fundamentales; el derecho de libertad del procesado en virtud del vencimiento de términos y los derechos de la víctima del delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años, que además resultó en embarazo de su victimario.

dos derechos fundamentales; el derecho de libertad del procesado en virtud del vencimiento de términos y los derechos de la víctima del delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años, que además resultó en embarazo de su victimario.

Expuso que el órgano disciplinador, a pesar de que se demostró que era un caso difícil, nunca realizó el juicio de responsabilidad disciplinaria teniendo en cuenta las particularidades del caso concreto. Solo censuró la actuación del juez por exigir una caución que no establecía la legislación procesal penal, sin atender al deber de protección de la menor víctima de ese delito considerado de gran impacto social.

Adujo que la Comisión acusada incurrió en las siguientes «graves faltas»:

1. Desconoció la labor del juez de control de garantías como juez constitucional.

2. No atendió a los argumentos de naturaleza constitucional aducidos por el disciplinado.

3. No advirtió la necesidad de acudir a la ponderación para evaluar la razonabilidad de la decisión finalmente adoptada para el caso concreto.

4. Realizó una interpretación literal, exegética del artículo 230 de la C.P., y desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Advirtió que, el defensor ni el superior jerárquico del juez disciplinado advirtieron una arbitrariedad que dier a lugar a l ejercicio de una acción de tutela contra providencia judicial o a que se remitiera el asunto a la autoridad competente , respectivamente.

Consideró que la decisión d el juez disciplinario fue caprichosa y sin fundamento legal, por cuando no se tuvo en cuenta que el encartado hizo el mejor esfuerzo por

respectivamente.

Consideró que la decisión d el juez disciplinario fue caprichosa y sin fundamento legal, por cuando no se tuvo en cuenta que el encartado hizo el mejor esfuerzo por desatar una tensión entre dos derechos fundamentales en un caso claramente trágico, acudiendo a argumentos constitucionales y jurisprudenciales.

Así mismo, alegó defecto sustantivo por desconocimiento de los deberes del juez de control de garantías, según artículo 398 de la ley 906 de 2004.

7 Índice 02 Aplicativo Samai 8 ARTÍCULO 39. D E LA FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS. <Artículo modificado por el artículo 48 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La función de control de garantíasDemandante: Nelson De Jesús Arroyave López Demandado: Comisión Nacional De Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2025-03277-01

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Igualmente, indicó que se incurrió en desconocimiento del precedente del sistema interamericano y del orden interno en relación a la naturaleza e import ancia de la autonomía judicial.

Citó apartes de pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derecho s Humanos de los siguientes casos: Aguinaga Aillón vs. Ecuador, sentencia de 30 de enero de 2023 (fondo, reparaciones y costas), Cajahuanca Vásquez vs. Perú , sentencia de 27 de noviembre de 2023, Apitz Barbera y otros (“corte primera de lo contencioso administrativo”) vs. Venezuela.

enero de 2023 (fondo, reparaciones y costas), Cajahuanca Vásquez vs. Perú , sentencia de 27 de noviembre de 2023, Apitz Barbera y otros (“corte primera de lo contencioso administrativo”) vs. Venezuela.

De igual manera, de la sentencia SU-539-12 de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado del 22 de enero de 2014.

En cuanto a la violación directa de la Constitución Política, indicó una interpretación errada del artículo 230.

Alegó un defecto fáctico negativo por valoración defectuosa de la audiencia en la que se adoptó la decisión cuestionada . Señaló que era la principal y única prueba que debió analizarse con el fin de determinar una presunta responsabilidad, toda vez que en ese video se registraron todos los aspectos que analizó en sancionado para efectos de adoptar la decisión que le reprocharon, y que no fueron tenidos en cuenta por el órgano disciplinador.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 3 de junio de 20259, el consejero ponente de la primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó la notificación al tutelante 10 y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial11.

Igualmente, vinculó a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia 12 y al Juzgado 29 Penal de Circuito de Medellín 13 en calidad de tercero con interés en el proceso.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes:

será ejercida por cualquier juez penal municipal. El juez que ejerza e l control de garantías quedará

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes:

será ejercida por cualquier juez penal municipal. El juez que ejerza e l control de garantías quedará impedido para ejercer la función del conocimiento del mismo caso en su fondo. […] 9 Índice 04 Aplicativo Samai. 10 Notificación al correos electrónico proximoalcalde@gmail.com 11Notificación a los correos electrónicos presidencia@cndj.gov.co correspondencia@cndj.gov.co sancionadoscndj@cndj.gov.co 12 Notificación al correo electrónico secdjant@cndj.gov.co 13 Notificación al correo electrónico pcto29med@cendoj.ramajudicial.gov.coDemandante: Nelson De Jesús Arroyave López Demandado: Comisión Nacional De Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2025-03277-01

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1.6.1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia 14

La magistrada del Despacho Uno al cual le correspondió tramitar la etapa de juzgamiento del proceso disciplinario, radicado 05001-25-02-000-2021-00018-00, manifestó que la acción de tutela es improcedente cuando se utiliza como una instancia adicional, desconociendo el carácter residual y subsidiario de la misma.

Adujo que el accionante busca con la acción de tutela desplazar al juez natural y someter la decisión en firme proferida en el proceso disciplinario a una nueva valoración, esta vez del juez de tutela.

Adujo que el accionante busca con la acción de tutela desplazar al juez natural y someter la decisión en firme proferida en el proceso disciplinario a una nueva valoración, esta vez del juez de tutela.

Expuso que dentro del trámite disciplinario no se observó vulneración alguna de los derechos fundamentales del accionante, por lo menos en lo que tiene que ver con el trámite adelantado por esa Corporación en las etapas de instrucció n y juzgamiento que llevaron a la decisión de primera instancia.

Señaló que el escrito de tutela no ataca el procedimiento, ni la decisión de primera instancia, si no, providencia proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial al desatar el recurso de apelación el 5 de marzo de 2025, por lo tanto, no puede ni le corresponde, pronunciarse al respecto, por falta de legitimación en la causa por pasiva, razón por la cual, solicitó su desvinculación del trámite constitucional.

Finalmente, c ompartió vínculo del expediente digital del proceso disciplinario radicado 05001-25-02-000-2021-00018-00.

1.6.2. Comisión Nacional de Disciplina Judicial 15

La magistrada ponente de la decisión cuestionada, expresó que los argumentos expuestos por el tutelante están encaminados a edificar un juicio de corrección y no de validez de la decisión sancionatori a, toda vez que no se evidenció vulneración del derecho fundamental invocado, ni se materializaron los defectos sustancial, fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

Indicó que el amparo constitucional es improcedente, toda vez que se evidencia es

del derecho fundamental invocado, ni se materializaron los defectos sustancial, fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

Indicó que el amparo constitucional es improcedente, toda vez que se evidencia es una controversia sobre la interpretación de la le y, asunto que en verdad responde al deseo de e jercer una tercera instancia que el legislador no contempló en los procesos sancionatorios de funcionarios judiciales.

14 Índice 09 Aplicativo Samai 15 Índice 010 Aplicativo SamaiDemandante: Nelson De Jesús Arroyave López Demandado: Comisión Nacional De Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2025-03277-01

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1.7. Sentencia de primera instancia16

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante providencia del 3 de julio de 2025 negó las pretensiones de l amparo solicitado por no encontrar configurados los defectos alegados.

Adicionalmente, «rechazó» la solicitud de desvinculación del trámite constitucional presentada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia , toda vez que actuó como juez de primera instancia en el proceso disciplinario identificado con el radicado No. 05001-25-02-000-2021-00018-00.

Consideró que la Comisión Nacional de D isciplina Judicial actuó dentro del marco legal al concluir que no era procedente imponer caución en el contexto de una

con el radicado No. 05001-25-02-000-2021-00018-00.

Consideró que la Comisión Nacional de D isciplina Judicial actuó dentro del marco legal al concluir que no era procedente imponer caución en el contexto de una solicitud de libertad por vencimiento de términos. Así, resaltó que l a interpretación que hizo la Comisión fue rigurosa, coherente y respetuosa del principio de legalidad que rige el derecho penal y procesal penal.

Agregó que la providencia cuestionada fue debidamente motivada y no se evidencian vicios que permitan considerar que se configuró alguna de las causales excepcionales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales.

1.8. Impugnación.

La parte actora presentó impugnación contra la sentencia de tutela de primer grado y solicitó que dicha decisión fuera revocada al reiterar los argumentos expuestos en la solicitud de amparo constitucional.

Concluyó que el juez constitucional de primera instancia no analizó la causal especifica de tutela contra providencia judicial como es el defecto sustantivo por interpretación irrazonabl e del numeral 5 artículo 317 de la Ley 906 de 2004 y ausencia de ponderación de los derechos fundamentales de la víctima y el procesado. Criticó que no tuvo en cuenta en la decisión que los hechos representaban un caso difícil que impedía la aplicación exégeta de la ley y avaló la interpretación realizada por el órgano disciplinador.

Solicitó que se decrete «la nulidad» de la sentencia del a quo constitucional y se profiera un pronunciamiento frente a las causales específicas presentadas en el escrito de tutela, que no fueron analizadas en el fallo.

Solicitó que se decrete «la nulidad» de la sentencia del a quo constitucional y se profiera un pronunciamiento frente a las causales específicas presentadas en el escrito de tutela, que no fueron analizadas en el fallo.

Pidió que, en caso de no accederse a lo anterior, se revoque la decisión de primera instancia y en su lugar se acceda a la protección del «derecho fundamental» a la independencia judicial.

16 Índice 012 Aplicativo SamaiDemandante: Nelson De Jesús Arroyave López Demandado: Comisión Nacional De Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2025-03277-01

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1.9. Manifestación de impedimento

El magistrado Omar Joaquín Barreto Suarez, mediante escrito del 11 de agosto de 202517, manifest ó́ estar impedido para conocer de la acción constitucional al considerar que estaba inmerso en la causal 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

Sin embargo, los demás magistrados que integran la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de la fecha declararon infundada la manifestación, pues no encontraron acreditados los supuestos de hecho establecidos en la norma para su configuración.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada la parte actora contra la sentencia del 3 de julio de 2025 , proferida por el Consejo de Estado,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada la parte actora contra la sentencia del 3 de julio de 2025 , proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia del 3 de julio de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A para lo cual se deberá resolver el siguiente interrogante:

• ¿La Comisión Nacional de Disciplina Judicial , vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante, con ocasión a la Sentencia de 5 de marzo de 2025 , mediante la cual se confirmó imposición de la sanción , dentro del proceso de disciplinario radicado 05001-25-02-000-2021-0001801?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra pr ovidencia judicial; (ii) estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad, el de relevancia constitucional, y (iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012 18, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de

17 Índice 4 Aplicativo Samai

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012 18, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de

17 Índice 4 Aplicativo Samai 18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. María Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01.Demandante: Nelson De Jesús Arroyave López Demandado: Comisión Nacional De Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2025-03277-01

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la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema19.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la sentencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales20. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros se haría ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201421, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200522, para determinar la procedencia de la acción constitucion al contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un

Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200522, para determinar la procedencia de la acción constitucion al contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo dispone el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia 23 a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derech o de amparo – procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto – procedencia adjetiva -.

Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad adjetiva, esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida

19 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena a ntes reseñada. 20 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia». 21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Adm inistrativo, Sección Cuarta M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01. 22 Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 23 Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.Demandante: Nelson De Jesús Arroyave López Demandado: Comisión Nacional De Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2025-03277-01

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directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

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directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no p uede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que revocará la decisión de primera instancia que negó la solicitud de amparo, para en su lugar declarar la improcedencia la presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, puesto que no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202224.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados