CE - Sentencia 11001031500020250339600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03396-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: ROBERT FELIPE TROCHEZ TROCHEZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR EL ACTOR ES

REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL INCIDENTE DE

REPARACIÓN DIRECTA. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE

DE ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR

LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y ACCESO

A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1 En adelante el Tribunal.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03396-00

Actor: ROBERT FELIPE TROCHEZ TROCHEZ

1 En adelante el Tribunal.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03396-00

Actor: ROBERT FELIPE TROCHEZ TROCHEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El señor ROBERT FELIPE TROCHEZ TROCHEZ, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la administración de justicia , los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido la providencia de 28 de febrero de 2025, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2017-00091-01.

I.2. Hechos

Indicó que fue capturado en flagrancia el 16 de agosto de 2014 por la Policía Nacional y acusado por la Fiscalía Seccional 02 del Municipio de Buga ante el Juzgado 03 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Buga, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, captura que fue legalizada el 17 de agosto de 2014 y se le impuso medida de aseguramiento con detención preventiva domiciliaria. En la audiencia de preclusión de 6 de abril de 2015, se ordenó levantamiento de la medida de aseguramiento de privación de la libertad.

Señaló que promovió junto con otros familiares, demanda en

domiciliaria. En la audiencia de preclusión de 6 de abril de 2015, se ordenó levantamiento de la medida de aseguramiento de privación de la libertad.

Señaló que promovió junto con otros familiares, demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación-3

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Actor: ROBERT FELIPE TROCHEZ TROCHEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por los graves perjuicios morales, materiales y daño a la vida de relación ocasionados, con motivo de la privación injusta de la libertad.

Refirió que el asunto correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga que, mediante sentencia de 8 de noviembre de 2019 , negó las pretensiones , y condenó en costas y agencias en derecho por el 4% del valor de las pretensiones solicitadas por la parte allí actora.

En desacuerdo con esta decisión , el 27 de noviembre de 2019 presentó recurso de apelación, en el que solicitó que de no prosperar las pretensiones de revocar la sentencia, fuera revocada la decisión de condenarlo en costas , así como en las agencias en derecho, al considerar que no se encontraba probada su causación en el proceso.

Relató que, el TRIBUNAL mediante sentencia de 31 de octubre de

de condenarlo en costas , así como en las agencias en derecho, al considerar que no se encontraba probada su causación en el proceso.

Relató que, el TRIBUNAL mediante sentencia de 31 de octubre de 2022, confirmó la decisión del a quo y, condenó en costas a la parte demandante. En efecto:

“[…] PRIMERO. – CONFIRMAR la Sentencia del 08 de noviembre de 2019 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, pero por los motivos expuesto en esta providencia.4

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Actor: ROBERT FELIPE TROCHEZ TROCHEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS en esta instancia, a la parte demandante y en favor de la Fiscalía General de la Nación, para lo cual se FIJA como agencias en derecho, a ser incluidas en la liquidación, el equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente […]”.

Adujo que en la mencionada providencia se fijaron las bases para la liquidación de la condena en abstracto, así:

“[…] Finalmente, conforme con el artículo 188 del CPACA, que ordena pronunciarse en la sentencia sobre las costas, así lo hará esta Sala y de acuerdo con el artículo 365 del CGP, su condena, hoy día, es únicamente por haber sido vencida la parte en una actuación procesal y en caso de que se hayan causado.

esta Sala y de acuerdo con el artículo 365 del CGP, su condena, hoy día, es únicamente por haber sido vencida la parte en una actuación procesal y en caso de que se hayan causado.

Para estos fines, la sala advierte la no prosperidad del recurso de apelación propuesto por la parte demandante, la Fiscalía General de la Nación, alegó de conclusión en segunda instancia, por manera que se advierten causadas las agencias en derecho a su f avor, razón suficiente para impartir la condena en costas en esta instancia, la cual se establece en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de hoy, consonante con el artículo 5 numeral 1. ° del acuerdo no. psaa16-10554 de 2016 emanado del consejo superior de la judicatura.

No ocurre lo mismo respecto a la Rama Judicial quien no alegó de conclusión en esta instancia, lo que descarta su causación. […]”.

Manifestó que una vez el expediente regresó al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga , mediante auto de 9 de mayo de 2024, resolvió acatar y cumplir lo dispuesto por el TRIBUNAL en segunda instancia y aprobó la liquidación de costas hecha por la Secretaría del Juzgado.

Adujo que el 16 de mayo de 2024 presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto que aprobó la liquidación de5

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Actor: ROBERT FELIPE TROCHEZ TROCHEZ

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co costas; el Juzgado resolvió no reponer y concedió el recurso de apelación ante el TRIBUNAL.

Expuso que el TRIBUNAL mediante auto de 28 de febrero de 2025, confirmó el auto de 9 de mayo de 2024, por medio del cual se aprobó la liquidación de costas realizada por la Secretaría del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto material o sustantivo por la inexacta aplicación de la norma y adujo que en el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia, se hizo énfasis en la inconformidad con la tasación de la condena en costas , y el deber del juez de analizar todos los aspectos dentro de la actuación procesal para la decisión, como son: la conducta de las partes y que estén causadas y comprobadas, lo que considera que no ocurrió; no se encuentra probada su causación en el proceso.

Sostuvo que en el recurso de apelación no hubo pronunciamiento alguno en la primera instancia respecto de la condena en costas , confirmando, sin argumentos, en la segunda instancia a pagarlas, sin6

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alguno en la primera instancia respecto de la condena en costas , confirmando, sin argumentos, en la segunda instancia a pagarlas, sin6

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Actor: ROBERT FELIPE TROCHEZ TROCHEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que en el proceso hubiera algún tipo de erogación de carácter económico que se hubieran causado por recaudo probatorio, movilización de testigos ni para hacer estudios especializados . Las costas solo pud ieron haberse producido en la medida en que se hubiera probado que se causaron en el proceso, lo cual no ocurrió.

Consideró que hay falta de congruencia en las decisiones adoptadas por el TRIBUNAL y el Juzgado, desde la apelación de la sentencia de primera instancia la cual fue recurrida al haber impuesto la condena en costas en su contra, no obstante que el TRIBUNAL se hubiera pronunciado al respecto.

Manifestó que lo que pretendía era demostrar que no se había comprobado que hubiera incurrido en actuaciones temerarias o de mala fe.

Aseguró que e l monto de la liquidación hecha por la Secretaría del Juzgado resulta improcedente e injusta, además consideró que no tuvo en cuenta su situación económica ni la condición de haber estado privado de la libertad, por lo que consideró que la condena en costas es un obstáculo para acceder a la administración de justicia , y en contra de los fines del Estado y los principios que deben regir el

estado privado de la libertad, por lo que consideró que la condena en costas es un obstáculo para acceder a la administración de justicia , y en contra de los fines del Estado y los principios que deben regir el acceso a la administración de justicia.7

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Actor: ROBERT FELIPE TROCHEZ TROCHEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Alude a que hubo defecto por decisión sin motivación por cuanto el TRIBUNAL no dio a conocer las razones que justificaron la decisión de la sentencia de segunda instancia, sino que solo ratificó la sentencia de primera instancia sin profundizar los argumentos que sustentaron la decisión.

A su vez, argumentó que hubo defecto por desconocimiento del precedente al no hacer una liquidación ob jetiva que tuviera en cuenta los parámetros jurisprudenciales vigentes para la tasación de perjuicios.

Asimismo, señaló que hubo defecto por violación directa de la Constitución Política por parte del TRIBUNAL violando el derecho a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia al no hacer un análisis exhaustivo de las razones que motivaron la condena en costas, sino que solo se limitó a hacer una réplica de lo expuesto en la primera instancia.

Indicó que el TRIBUNAL incurrió en violación al bloque de constitucionalidad al condenarlo en costas sin un análisis exhaustivo que evidencie una inobservancia normativa lo cual que no

réplica de lo expuesto en la primera instancia.

Indicó que el TRIBUNAL incurrió en violación al bloque de constitucionalidad al condenarlo en costas sin un análisis exhaustivo que evidencie una inobservancia normativa lo cual que no fue corregido por el TRIBUNAL.8

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Actor: ROBERT FELIPE TROCHEZ TROCHEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, solicitó:

“[…] PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, acceso a la administración de justicia y acceso a un recurso judicial efectivo, así como cualquier otro derecho fundamental que se considere vulnerado –extrapetitapor el Tribunal Admini strativo de Valle de Cauca, con ocasión al contenido de la decisión proferida en el auto que resolvió el Recurso de apelación contra el auto que aprueba la liquidación de costas y/o agencias en derecho notificado el cuatro (4) de marzo del año dos mil vein ticinco (2025), dentro del medio de control de reparación directa con radicado No. 76 -111-33-33-002-20170009100 promovida por Robert Felipe Trochez Trochez y Otros.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto el Auto Interlocutorio No. 130 de fecha veintiocho (28) de

0009100 promovida por Robert Felipe Trochez Trochez y Otros.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto el Auto Interlocutorio No. 130 de fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025), notificado el cuatro (4) de marzo del mismo mes y año, dentro del medio de control de reparación dir ecta con radicado No. 76 -111-33-33-002-201700091-00 promovido por Robert Felipe Trochez Trochez y Otros.

TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle, para que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, profiera una nueva decisión en la cual se valoren en conjunto y de forma adecuada todos los medios de convicción oportunamente allegados y que fueron practicados en el trámite del proceso ordinario, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y exponiendo razonadamente el mérito que le asigne el numeral 5º del artículo 366 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, y atendiendo el precedente del Consejo de Estado y la Corte Constitucional y motivando de manera suficiente su proveído. […]”.

[…]

“[…] PETICIÓN ESPECIAL Solicito al juez Constitucional, se sirva requerir al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buga y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, para que remitan en calidad de préstamo el expediente con radicado 76111-33-33-002-2017-00091- (00) y (01), a fin de que la Sala de Decisión tenga acceso al total de la diligencias y pruebas

para que remitan en calidad de préstamo el expediente con radicado 76111-33-33-002-2017-00091- (00) y (01), a fin de que la Sala de Decisión tenga acceso al total de la diligencias y pruebas practicadas en el curso del proceso ordinario donde se produjo la9

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Actor: ROBERT FELIPE TROCHEZ TROCHEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sentencia emanada enjuiciada. […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL indicó que la providencia de 28 de febrero de 2025, que resolvió el recurso de apelación contra el auto que aprobó la liquidación de las costas y agencias en derecho, tuvo en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 2º 2 del acuerdo PSAA1610554 de 5 de agosto de 2016, que debe atender a la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión por parte del apoderado, la cuantía del proceso y todas las circunstancias directamente relacionadas con dicha actividad dentro de los límites del artículo 3°3 del acuerdo.

2 ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la

dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites. PARÁGRAFO. Cuando el asunto objeto del proceso esté relacionado con la violencia de género y dentro de él se hayan acreditado las circunstancias constitutivas de la misma, el funcionario judicial al fijar agencias en derecho deberá realiz ar una valoración favorable de cargas y costos para las mujeres víctimas de aquella.

3 ARTÍCULO 3º. Clases de límites. Cuando las agencias en derecho correspondan a procesos en los que se formularon pretensiones de índole pecuniario, o en los que en la determinación de la competencia se tuvo en cuenta la cuantía, las tarifas se establecen e n porcentajes sobre el valor de aquellas o de ésta. Cuando la demanda no contenga pretensiones de dicha índole, o cuando se trate de la segunda instancia, de recursos, o de incidentes y de asuntos asimilables a los mismos, las tarifas se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, en delante S.M.M.L.V. PARÁGRAFO 1o. Para los efectos de este acuerdo entiéndase que las pretensiones no son de índole pecuniario cuando lo que se pide sea la simple declaración o ejecución de obligaciones de hacer o no hacer, licencias, designaciones, declaración de situaciones, autorizaciones, correcciones o solicitudes semejantes. PARÁGRAFO 2º.

la simple declaración o ejecución de obligaciones de hacer o no hacer, licencias, designaciones, declaración de situaciones, autorizaciones, correcciones o solicitudes semejantes. PARÁGRAFO 2º. Cuando en un mismo proceso converjan pretensiones de diversa índole, pecuniarias y no pecuniarias, la base para determinar las agencias la constituirán las primeras. PARÁGRAFO 3º. Cuando las tarifas correspondan a porcentajes, en procesos con pretensiones de índole pecuniario, la fijación de las agencias en derecho se hará mediante una ponderación inversa entre los límites m ínimo y máximo y los valores pedidos. Esto es, a mayor valor menor porcentaje, a menor valor mayor porcentaje, pero en todo caso atendiendo a los criterios del artículo anterior. PARÁGRAFO 4º. En cuanto fuere procedente, cuando el asunto concluya por uno de los eventos de terminación anormal, se tendrán en cuenta los criterios previstos en el artículo anterior, atendiendo a la clase de proceso según lo que adelante se regula, sin que en ningún caso las agencias en derecho superen el equivalente a 20 S.M.M.L.V. PARÁGRAFO 5º. De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso, en caso de que la demanda prospere parcialmente, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, lo cual, por ende, también cobija a las agencias en derecho.10

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Actor: ROBERT FELIPE TROCHEZ TROCHEZ

agencias en derecho.10

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que la suma establecida se ciñó a las normas que regulan la materia al haber fijado la tarifa en el porcentaje mínimo establecido para los asuntos de carácter declarativo con pretensiones de carácter pecuniario y teniendo en cuenta que no se causaron gastos en el trámite de la demanda, por lo que no fue caprichosa o carente de sustento.

Es de resaltar que el recurso de apelación estuvo dirigido contra la liquidación en costas y no sobre las agencias en derecho fijadas en el 4%, que fueron fijadas en primera instancia , por lo solo podía modificar el porcentaje del primero escenario en la sentencia de segundo grado.

Indicó que por parte de esa Corporación no hubo vulneración alguna a los derechos invocados por el actor, además la providencia atacada fue resuelta con base en las normas aplicables al caso concreto.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga señaló que en los medios de control de reparación directa en los que interviene la firma de abogados Legal Group que representa al actor, los procesos terminan con una acción de tutela en la que se discute la condena en costas, contribuyendo a11

reparación directa en los que interviene la firma de abogados Legal Group que representa al actor, los procesos terminan con una acción de tutela en la que se discute la condena en costas, contribuyendo a11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03396-00

Actor: ROBERT FELIPE TROCHEZ TROCHEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la congestión del aparato judicial.

Solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela al considerar que el actor discute el monto de la condena en costas que debió debatirlo en el recurso de apelación y no lo hizo; el apoderado del actor esperó a la expedición del auto de aprobación de la condena en costas para discutir lo que se adoptó en el proceso ordinario, incumpliendo el requisito de subsidiaridad.

I.6.2.- La Fiscalía General de la Nación indicó que no tiene la capacidad para vulnerar los derechos fundamentales alegados por el actor, por lo que solicitó que sea declarada la falta de legitimación en la causa por pasiva, al no existir relación de causalidad entre las actuaciones de la entidad y la presunta vulneración de derechos fundamentales.

I.6.3.- la Dirección Ejecutiva de Administración judicial consideró que la acción de tutela es improcedente porque no hay vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionante y lo que pretenden es revivir un litigio que ya fue sometido a las ritualidades de rigor y con respeto de las garantías

consideró que la acción de tutela es improcedente porque no hay vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionante y lo que pretenden es revivir un litigio que ya fue sometido a las ritualidades de rigor y con respeto de las garantías que le asistían a cada uno de los sujetos procesales.12

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que es una entidad de naturaleza técnica y administrativa de la Rama Judicial por lo que no tiene injerencia en las decisiones judiciales adoptadas por los jueces, por lo que le corresponde TRIBUNAL responder por la presunta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor, al ser la autoridad que profirió la providencia cuestionada.

Por último, s olicitó ordenar su desvinculación y negar las pretensiones de la acción de tutela al no existir vulneración de los derechos fundamentales.

Señaló que el TRIBUNAL no incurrió en la vulneración de las garantías fundamentales invocadas por el actor.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,13

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Actor: ROBERT FELIPE TROCHEZ TROCHEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de Administración formularon petición de desvinculación de la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa14

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Actor: ROBERT FELIPE TROCHEZ TROCHEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que, en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta

procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que, en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisi ón que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que dichas autoridades fueron parte accionada dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 201700091-01, objeto del presente estudio, la Sala concluye que le s asiste interés directo en la decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se denegará la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por15

concluye que le s asiste interés directo en la decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se denegará la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03396-00

Actor: ROBERT FELIPE TROCHEZ TROCHEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).16

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Actor: ROBERT FELIPE TROCHEZ TROCHEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la