CE - Sentencia 11001031500020250352100 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03521-00

Demandante: Ginette Arbeláez Londoño

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-03521-00

Demandante: GINETTE ARBELÁEZ LONDOÑO Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de reparación directa - privación injusta de la libertad. Defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada, por intermedio de apoderado, por la señora Ginette Arbeláez Londoño contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 9 de junio de 2025, la señora Ginette Arbeláez interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por estimar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de

El 9 de junio de 2025, la señora Ginette Arbeláez interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por estimar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral . En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«PRIMERO. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral que fueron vulnerados por la accionada a Ginette Arbeláez Londoño.

SEGUNDO. Que como consecuencia de lo anterior, se DEJE SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fechada el 13 de diciembre de 2024 y notificada por correo electrónico del 17 de diciembre de ese mismo año.

TERCERO. Corolario de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del respectivo fallo de tutela, profiera una decisión de reemplazo atendiendo al análisis objetivo y cuidadoso del acervo probatorio en consonancia con el precedente del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, motivando de manera suficiente su proveído.»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor Edward Arbeláez Londoño consumía sustancias alucinógenas desde la edad de doce años y presentaba problemas graves de salud, tales como VIH y tuberculosis. Al momento de la detención, se dedicaba a labores informales (cargador de canastos y vendedor de dulces).Radicado: 11001-03-15-000-2025-03521-00

de doce años y presentaba problemas graves de salud, tales como VIH y tuberculosis. Al momento de la detención, se dedicaba a labores informales (cargador de canastos y vendedor de dulces).Radicado: 11001-03-15-000-2025-03521-00

Demandante: Ginette Arbeláez Londoño

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El 25 de diciembre de 2015, El señor Edward Arbeláez Londoño, se encontraba en la calle 28 con carrera 25, barrio trinidad en la ciudad de Palmira, cuando fue requerido por miembros de la Policía Nacional para un registro personal, quienes hallaron en su poder una bolsa de bazuco con 60 papeletas, que pesaban 11 gramos.

El 26 de diciembre de 2015 , el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Palmira llevó a cabo la audiencia preliminar de legalización de captura, imput ó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de « llevar consigo» , a título de autor , y le impuso medida de aseguramiento. El señor Arbeláez no aceptó cargos con el argumento que portaba su dosis de aprovisionamiento.

El 2 5 de mayo de 2016, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Palmira decretó la preclusión de la acción penal, por atipicidad de la conducta, además, porque demostró que era adict o, habitante de calle y en varias oportunidades había sido capturado en las mismas circunstancias, por ello, ordenó la

conducta, además, porque demostró que era adict o, habitante de calle y en varias oportunidades había sido capturado en las mismas circunstancias, por ello, ordenó la libertad del señor Arbeláez.

El 9 de junio de 2018, l os señores Edward Arbeláez Londoño (Victima)1, Ginette Arbeláez Londoño (Hermana) y María Fabiola Marín Loaiza (Abuela)2 presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados por la presunta privación injusta de la libertad que padeció el señor Edward, desde el 25 de diciembre de 2015 hasta el 26 de mayo de 2016.

El Juzgado Noveno Administrativo de Cali profirió sentencia del 13 de marzo de 2023, en el radicado núm . 76001-33-33-009-2018-00153-00, en la que declaró probadas las excepciones denominadas: “inexistencia de nexo causal y ausencia de daño antijuridico”, planteadas por la Fiscalía General de la Nación y negó las pretensiones de la demanda.

Señaló que los demandantes no demostraron que la privación de la libertad fuera una carga que no debía soportar, ni una falla en la prestación del servicio, ni el error judicial y un defectuoso funcionamiento de administración de justicia por parte de las entidades accionadas, toda vez que al rev isar las actuaciones adelantadas por cada uno de los funcionarios, evidenció que las decisiones no fueron adoptadas de manera arbitraria o desproporcionada, por el contrario, observó que la medida de

entidades accionadas, toda vez que al rev isar las actuaciones adelantadas por cada uno de los funcionarios, evidenció que las decisiones no fueron adoptadas de manera arbitraria o desproporcionada, por el contrario, observó que la medida de aseguramiento se ajustó a derecho y los elementos probatorios legalmente obtenidos permitieron inferir que el señor Edward Arbeláez Londoño se encontraba en la obligación de soportarla.

Inconforme, la parte demandante interpuso recurso de apelación porque, a su juicio, el señor Edward Arbeláez Londoño no estaba en el deber jurídico de soportar la privación de la libertad porque las entidades demandadas desconocieron, desde un principio, que se trataba de un adicto; tampoco impusieron una medida de aseguramiento menos lesiva como vigilancia electrónica u otras enlistadas en el artículo 307 del Código Pena l. Además, la audiencia de preclusión se llevó a cabo más de cuatro meses después de que la Fiscalía General de la Nación la solicitara.

Agregó que, «se evidencia la carencia por parte del aquo (sic) de un análisis amplio y completo, pues en virtud de este principio de raigambre constitucional: iura novit curia, se

1 Falleció el 26 de mayo de 2023. 2 Falleció el 27 de enero de 2023.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03521-00

Demandante: Ginette Arbeláez Londoño

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pudo estudiar en el caso de marras en forma amplia bajo la óptica de cualquiera de los títulos de imputación, que además, fueron planteados desde la demanda; pues si el fallador no encontró acreditada la conducta de privación injusta de la libertad bajo el título de “la falla del servicio”, debió entonces ampliar el espectro de estudio jurídico al subsiguiente título de imputación, (…)».

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 13 de diciembre de 2024, confirmó la decisión de primera instancia y condenó en costas , porque se configuró la culpa exclusiva de la víctima porque el demandante no presentó recurso de apelación contra la medida de aseguramiento.

Al efecto, explicó que el demandante no presentó recurso de apelación contra la medida de aseguramiento como herramienta procesal para cuestionar los fundamentos jurídicos y probatorios que desconocieron la adicción, por lo que omitió el deber de cuidado que le es predicable como parte (culpa grave) y propició la privación de la libertad, por lo que concluyó que se configuró la culpa exclusiva de la víctima en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

No se pr onunció sobre la mora en la programación de la audiencia de preclusión porque fue un argumento que no se planteó en la demanda y no hizo parte del debate jurídico ante el juez. Señaló que el recurso de apelación no es la oportunidad para

porque fue un argumento que no se planteó en la demanda y no hizo parte del debate jurídico ante el juez. Señaló que el recurso de apelación no es la oportunidad para introducir argumentos nuevos.

3. Argumentos de la tutela

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, expuso como razones de inconformidad las siguientes:

Alegó la configuración del d efecto fáctico por indebida valoración de las pruebas aportadas al expediente, que daban cuenta que el proceso penal adelantado en contra del señor Edward Arbeláez Londoño precluyó por atipicidad de la conducta, lo que a juicio de los demandantes, imponía el deber de que se resolvieran las pretensiones de la demanda de reparación directa con base en un régimen de responsabilidad objetivo.

Sostuvo que se incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente judicial establecido en las sentencias SU -072 del 5 de julio de 2018, dictada por la Corte Constitucional; del 6 de mayo de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y del 3 de abril de 2025, proferida en el proceso con radicado 11001-03-15-000-2023-05020-01, que, según los demandantes, obligaba a la autoridad judicial demandada aplicar un régimen de responsabilidad objetivo para decidir la demanda de reparación directa, debido a que la acción penal había precluido por atipicidad de la conducta.

4. Trámite previo

autoridad judicial demandada aplicar un régimen de responsabilidad objetivo para decidir la demanda de reparación directa, debido a que la acción penal había precluido por atipicidad de la conducta.

4. Trámite previo

Mediante auto de 13 de junio de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela; ordenó notificar a la demandante, a la autoridad judicial demandada, al Juzgado Noveno Administrativo de Cali, a la Nación – Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, como terceros interesados.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03521-00

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5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio sobre los hechos objeto de tutela.

6. Intervención de los terceros con interés El Juzgado Noveno Administrativo del Valle del Cauca remitió el expediente digital, sin agregar argumentos adicionales.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pidió que se ordene su desvinculación y que se denieguen las pretensiones de la parte actora. Manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, porque no ha vulnerado ni amenazado los derechos de los demandantes y porque no es la llamada a atender las pretensiones de los accionantes.

Que la parte actora pretende, por medio de la acción de tutela, reabrir un debate que ya fue resuelto en el proceso ordinario.

los derechos de los demandantes y porque no es la llamada a atender las pretensiones de los accionantes.

Que la parte actora pretende, por medio de la acción de tutela, reabrir un debate que ya fue resuelto en el proceso ordinario.

La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo porque incumple los requisitos de relevancia constitucional y su falta de legitimación en la causa por pasiva. Dijo que no existía relación de causalidad entre sus actuaciones y la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia

judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 200901328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 3 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590

3 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe ac ometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)Radicado: 11001-03-15-000-2025-03521-00

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de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 4 y específicas 5 de procedencia de la acción de tutela.

de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 4 y específicas 5 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico y solución

Corresponde determinar si procede la acción de tutela presentada por la señora Ginette Arbeláez Londoño para dejar sin efecto la sentencia del 13 de diciembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que confirmó la decisión de primera instancia, por considerar que se configuró la culpa exclusiva de la víctima porque el demandante no presentó recurso de apelación contra la medida de aseguramiento.

En el presente caso la parte actora aduce la configuración de los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial, porque no se tuvo en cuenta que la absolución del proceso penal obedeció a la atipicidad de la conducta y, en consecuencia, no se analizó el caso a partir del título de imputación objetivo. Por lo que los cargos deberán ser analizados de manera conjunta y dirigidos a la sentencia de segunda instancia, que fue la que puso fin al proceso.

La Sala anticipa que accederá al amparo solicitado, porque en el presente caso se advierte desconocido el precedente judicial en materia de privación injusta de la libertad, establecido por la Corte Constitucional en sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018 y, por ende, el defecto fáctico, en cuanto no se tuvo en cuenta la razón de la absolución en materia penal de investigado.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) los requisitos generales para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

absolución en materia penal de investigado.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) los requisitos generales para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) análisis de los defectos por desconocimiento del precedente judicial y fáctico en el caso concreto.

Sin embargo, de manera previa, se referirá a la falta de legitimación alegada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

De la falta de legitimación en la causa por pasiva

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación pidieron su desvinculación del presente trámite porque consideran no les asiste legitimación en la causa por pasiva, porque no han vulnerado ni amenazado los derechos de los demandantes y porque no existía relación de causalidad entre sus actuaciones y la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.

No obstante, la Sala advierte que la vinculación de esas entidades no fue como parte demandada, sino en calidad de terceros con interés, porque fungieron como parte

4 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la

iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 5 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03521-00

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demandada en el proceso de reparación directa con radicado 76001-33-33-009-201800153-00/01, por lo tanto, las decisiones que aquí se adopten pueden ser de su interés. En consecuencia, no hay lugar a acceder a las solicitudes de desvinculación.

(i) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el presente caso

interés. En consecuencia, no hay lugar a acceder a las solicitudes de desvinculación.

(i) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el presente caso

La Sala anota que la acción de tutela cumple con el referido requisito general porque la parte actora invoca la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, se sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta dichos derechos, no se trata de un asunto de mera legalidad o económico y los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi de la decisión.

Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia adicional, toda vez que, aunque ambas instancias le fueron desfavorables a sus intereses, lo cierto es que las razones de la negativa, tanto en primera como en segunda instancia obedecieron a razones diferentes.

Además, de configurarse alguno de los requisitos especiales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, se vería comprometido el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora, en tanto la autoridad judicial demandada habría desconocido una excepción prevista por la Corte Constitucional, a efecto de estudiar los casos de privación injusta de la libertad a partir del régimen de imputación objetivo.

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface,

invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface, pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la sentencia de segunda instancia que puso fin al proceso fue proferida el 13 de diciembre de 2024, notificada el 17 de diciembre de 2024, y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 9 de junio de 2025.

En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, (vi) se cumplen los requisitos de procedencia de acción de tutela.

Por lo que la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados.

(ii) Análisis de los defectos por desconocimiento del precedente judicial 6 y fáctico7 en el caso concreto

6 Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resue lto en el pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso.

El precedente judicial es de dos tipos : (i) el horizontal, que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de ca da jurisdicción.

Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para ap artarse del precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de vinculación del precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pue s no se puede desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguarda r los principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárqui co, siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.

7 Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T015 de 2012 señaló que se produce cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitióRadicado: 11001-03-15-000-2025-03521-00

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Como se anticipó, la parte actora aduce la configuración de los defectos por desconocimiento del precedente judicial y fáctico, porque las autoridades judiciales demandadas no tuvieron en cuenta que la absolución de la investigación penal fue por atipicidad de la conducta, lo cual, en principio, podría conducir a señalar que se desconoce que en los términos de la sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, el título de imputación aplicable era el objetivo.

A efecto de determinar si se configuran los alegados defectos , es necesario precisar la motivación de las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 del 5 de julio de 2018 de la Corte Constitucional, en lo concerniente al título de imputación en tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado por privaciones injustas de la libertad.

Del precedente judicial en materia de privación injusta de la libertad

Lo primero que conviene decir es que, mediante sentencia de tutela del 18 de noviembre de 2019, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, se dejó sin efecto la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, proferida

noviembre de 2019, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, se dejó sin efecto la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Cons ejo de Estado, que había fijado los criterios para decidir casos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

Al desaparecer el precedente unificado de la Sección Tercera del Consejo de Estado, puede acudirse a los criterios fijados por la Corte Constitucional en las sentencias SU072 de 2018 y C-037 de 1996.

Sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional

Pues bien, en la primera de dichas sentencias, la Corte explicó que «con independencia del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez administrativo, la conducta de la víctima es un aspecto que debe valorarse y que tiene la potencialidad de generar una decisión favorable al Estado, en otras palabras, que puede generar una declaratoria de irresponsabilidad administrativa».

Es decir, en términos generales, la Corte Constitucional acepta que el juez del proceso de reparación directa por privación de la libertad puede aplicar el régimen de responsabilidad que mejor se ajuste al caso y que debe evaluar la conducta de la víctima.

Que «determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia –aplicación del principio in dubio pro reo-, o incluso en otros eventos, por ejem plo, cuando no se acreditó el dolo, es decir, operó

por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia –aplicación del principio in dubio pro reo-, o incluso en otros eventos, por ejem plo, cuando no se acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad subjetiva, el Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis previo que determine si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes, concretamente la sentencia C-037 de 1996».

Justamente, en punto a la necesidad y proporcionalidad la Corte Constitucional, considera que «es el principal criterio de análisis que en el marco de la justicia constitucional, permite examinar y neutralizar el exceso en el uso de la potestad de configur ación del legislador penal y, por lo que aquí interesa, en el ámbito de las medidas cautelares dirigidas

la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta situación ocurre cuando se produce la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora u omite, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03521-00

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

a afectar la libertad personal del imputado».

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a afectar la libertad personal del imputado».

En ese contexto, en la sentencia C-037 de 1996, respecto de los alcances del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, concretamente del significado de la expresión «injusta» señaló que necesariamente implica definir si la providencia por medio de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de