CE - Sentencia 11001031500020250352101 de 2025

Demandante: Ginette Arbeláez Londoño Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-03521-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-03521-01

Demandante: GINETTE ARBELÁEZ LONDOÑO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial . Requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver l a impugnación presentada por la Fiscalía General de la Nación contra la providencia de 17 de julio de 2025, por medio del cual el Consejo de Estado, Secció n Cuarta, concedió el amparo solicitado en la acción constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito radicado el 9 de junio de 2025 la señora Ginette Arbeláez Londoño, por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito radicado el 9 de junio de 2025 la señora Ginette Arbeláez Londoño, por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, con ocasión de la providencia de 13 de diciembre de 2024 dictada por la autoridad judicial en mención.

Lo anterior, por cuanto se confirmó el fallo de 13 de marzo de 2023 proferido por el Juzgado Noveno Administrativo de l Circuito Judicial de Cali, que negó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de reparación directa promovido contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación con radicado 7600133-33-009-2018-00153-00/01.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la actora elevó las siguientes pretensiones:

PRIMERO. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral que fueron vulnerados por la accionada a Ginette Arbeláez Londoño.Demandante: Ginette Arbeláez Londoño Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-03521-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 SEGUNDO. Que como consecuencia de lo anterior, se DEJE SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fechada el 13 de diciembre de 2024 y notificada por correo electrónico del 17 de diciembre de ese mismo año.

TERCERO. Corolario de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del respectivo fallo de tutela, profiera una decisión de reemplazo atendiendo al análisis objetivo y cuidadoso del acervo probatorio en consonancia con el precedente del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, motivando de manera suficiente su proveído.1

1.3. Hechos

En el escrito de la tutela se hizo mención a los siguientes supuestos fácticos:

La señora Ginette Arbeláez hizo referencia a que su hermano, el señor Edward Arbeláez Londoño, consumía sustancias alucinógenas desde los 12 años y presentaba problemas graves de salud, tales como VIH y tuberculosis . Quien fue detenido el 25 de diciembre de 2015 2 por la Policía Nacional , tras encontrar en su poder una bolsa de bazuco con 60 papeletas que pesaban 11 gramos.

Relató que el 26 de diciembre de 2015 el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Palmira llevó a cabo la audiencia preliminar de legalización de la captura contra su familiar , le imputó el delito de tráfico,

Relató que el 26 de diciembre de 2015 el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Palmira llevó a cabo la audiencia preliminar de legalización de la captura contra su familiar , le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de «llevar consigo» a título de autor y le impuso medida de aseguramiento.

Narró que el señor Edward Arbeláez Londoño no aceptó los cargos con el argumento que portaba su dosis de aprovisionamiento y el 25 de mayo de 2016, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Palmira decretó la preclusión de la acción penal por atipicidad de la conducta y evidenciar que era adicto a las drogas , habitante de calle y en varias oportunidades fue capturado en las mismas circunstancias, por ello, ordenó su libertad.

Señaló que el 9 de junio de 2018 presentó junto con el señor Edward Arbeláez Londoño3 y la señora María Fabiola Marín Loaiza (abuela)4 el medio de control de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el propósito que se declararan patrimonialmente responsables de los perjuicios causados con la detención de la que fue objeto su hermano por 5 meses , por considerar que fue injusta.

Indicó que del asunto conoció el Juzgado Noveno Administrativo de l Circuito Judicial de Cali que, en providencia de 13 de marzo de 2023, declaró probadas las excepciones denominadas: «inexistencia de nexo causal y ausencia de daño

Judicial de Cali que, en providencia de 13 de marzo de 2023, declaró probadas las excepciones denominadas: «inexistencia de nexo causal y ausencia de daño

1 Trascripción literal del original con posibles errores. 2 Como dato adicional, la accionante mencionó que para el momento de la detención, su hermano se dedicaba a labores informales (cargador de canastos y vendedor de dulces) en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca). 3 Quien falleció el 26 de mayo de 2023. 4 Cuyo deceso fue el 27 de enero de 2023.Demandante: Ginette Arbeláez Londoño Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-03521-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 antijuridico» propuestas por la Fiscalía General de la Nación , así que negó las pretensiones de la demanda.

Explicó que la anterior decisión tuvo respaldo en que no se evidenció que las decisiones proferidas en el proceso penal fueron arbitrarias sino, por el contrario, se consideró que la medida de aseguramiento se ajustó a derecho y los elementos probatorios legalmente obtenidos permitieron inferir que el señor Edward Arbeláez Londoño se encontraba en la obligación de soportarla.

Precisó que interpuso recurso de apelación porque, a su juicio, el referido ciudadano no estaba en el deber jurídico de soportar la privación de la libertad ,

Precisó que interpuso recurso de apelación porque, a su juicio, el referido ciudadano no estaba en el deber jurídico de soportar la privación de la libertad , toda vez que las entidades demandadas desconocieron, desde un principio, que se trataba de un adicto a las drogas y tampoco impusieron una medida menos lesiva. Además, controvirtió que l a audiencia de preclusión se llev ara a cabo 4 meses después de que la Fiscalía General de la Nación la solicitó.

Comentó que , mediante providencia de 13 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó el fallo del a quo5, al concluir que se configuró la culpa exclusiva de la víctima debido a que el capturado no apeló la decisión que le impuso la medida de aseguramiento y, de este modo, poder cuestionar los fundamentos jurídicos y probatorios que desconocieron su adicción a las drogas.

Por otro lado, dicha corporación no se pronunció respecto al cargo relacionado con la mora en la programación de la audiencia de preclusión, al encontrar que se trataba de un argumento que no se planteó en la demanda y no hizo parte del debate jurídico ante el a quo , así que el recurso de apelación no e ra la oportunidad para introducir cuestionamientos nuevos.

1.4. Sustento de la petición

La accionante invocó la presunta configuración del defecto fáctico por la indebida valoración de la prueba que demostraba que el proceso penal adelantado en contra del señor Edward Arbeláez Londoño precluyó por atipicidad de la conducta, lo que imponía el deber de que se resolvieran las pretensiones de la

valoración de la prueba que demostraba que el proceso penal adelantado en contra del señor Edward Arbeláez Londoño precluyó por atipicidad de la conducta, lo que imponía el deber de que se resolvieran las pretensiones de la demanda de reparación directa con base en el régimen de responsabilidad objetivo.

Yerro que, a su vez, originó que en la providencia controvertida se desconociera el precedente fijado por la i) Corte Constitucional en la sentencia SU -072 de 2018, así como por el ii) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , en la sentencia de 6 de mayo de 2024 6 y por la iii) Sección Cuarta de la misma Corporación en el fallo de tutela de 3 de abril de 20257, según el cual, en su caso se debía aplicar el régimen de responsabilidad objetivo por cuanto su hermano quedó en libertad debido a que no existió una conducta penal sancionable.

5 Además, condenó en costas a la parte demandante. 6 Proferida en el trámite de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-05020-01. 7 Dentro del proceso con radicado 11001-03-15-000-2025-00592-00.Demandante: Ginette Arbeláez Londoño Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-03521-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 1.5. Actuaciones procesales en primera instancia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 1.5. Actuaciones procesales en primera instancia

Mediante auto de 13 de junio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, admitió la acción de tutela y ordenó notificar esta decisión a la actora y como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Además, vinculó al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Cali, a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación en calidad de tercero s con interés en las resultas del presente asunto.

Realizadas las respectivas comunicaciones 8, se present aron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Se pronunció por intermedio de la Unidad de Asistencia Legal de la entidad, la cual consideró que la tutela carece de relevancia constitucional, debido a que la actora ejerció este mecanismo para reabrir un debate zanjado por el juez natural y solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por activa, en atención a que sus funciones son de naturaleza técnica y administrativa en la Rama Judicial.

1.5.2. Fiscalía General de la Nación

En el informe rendido por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la institución se hizo referencia a que la presente acción no cumple el presupuesto de la relevancia constitucional, pues la demandante no sustentó de manera adecuada

En el informe rendido por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la institución se hizo referencia a que la presente acción no cumple el presupuesto de la relevancia constitucional, pues la demandante no sustentó de manera adecuada los cargos planteados. Igualmente, pidió ser apartada del presente asunto por no estar legitimada en la causa por pasiva, toda vez que no existía una relación de causalidad entre sus actuaciones y la posible vulneración de los derechos fundamentales invocados.

1.5.3. Los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , pese a que fueron debidamente notificados, no se pronunci aron respecto a los hechos objeto de controversia en la tutela. Por otro lado , el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Cali, se limitó a remitir el expediente digital del medio de control con radicado 76001-33-33-009-2018-00153-00.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en providencia d e 17 de julio de 2025 , consideró que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad y accedió al amparo solicitado por la señora Arbeláez Londoño pues, en su criterio, se desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU072 de 2018, y, por esto mismo, se configuró el defecto fáctico invocado, dado que no se tuvo en cuenta que el señor Edward Arbeláez Londoño fue absuelto en el proceso penal por atipicidad del hecho investigado.

8 Mediante oficios enviados el 18 de junio de 2025 y un aviso publicado en la página web del Consejo de Estado en el mismo día.Demandante: Ginette Arbeláez Londoño

el proceso penal por atipicidad del hecho investigado.

8 Mediante oficios enviados el 18 de junio de 2025 y un aviso publicado en la página web del Consejo de Estado en el mismo día.Demandante: Ginette Arbeláez Londoño Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-03521-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 En consecuencia, se dejó sin efectos la sentencia de 13 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, se ordenar a dicha corporación que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de esa providencia, dictara una nueva decisión.

La razón de ello se justificó en que no se evidenció en la providencia objeto de reproche algún pronunciamiento dirigido a definir si la absolución decretada a favor del señor Edward Arbeláez Londoño podía ser enmarcada en una atipicidad objetiva o subjetiva y , a partir de ese análisis, si en aplicación del precedente vigente era necesario o no realizar el análisis de la responsabilidad en aplicación del régimen objetivo.

De otro lado, el a quo negó las solicitudes de desvinculación propuestas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación , dado que se les comunicó la existencia del presente asunto en calidad de terceros con interés, en atención a que integraron la parte demandada en el proceso dentro del cual se dictaron las providencias cuestionadas.

dado que se les comunicó la existencia del presente asunto en calidad de terceros con interés, en atención a que integraron la parte demandada en el proceso dentro del cual se dictaron las providencias cuestionadas.

1.7. Impugnación

Con escrito recibido el 25 de julio de 2025 9 la Fiscalía General de la Nación impugnó el fallo de primera instancia , con respaldo en que la acción de tutela es improcedente por cuanto lo pretendido por la actora es retrotraer etapas procesales de un asunto que ya surtió su trámite, lo que es inconcebible por el carácter subsidiario que caracteriza este mecanismo constitucional, máxime si se tiene en cuenta que la accionante no demostró la vulneración de algún derecho fundamental.

Además, explicó que en la sentencia controvertida sí fueron ampliamente analizados los aspectos que, según la actora, no se evaluaron. De modo que la autoridad judicial accionada no desconoció el precedente invocado, pues estudió la antijuricidad de l daño en concordancia con los requisitos para imponer la medida de aseguramiento privativa de la libertad, así como los argumentos de la preclusión de la investigación, sin que se pudiera olvidar que en el proceso penal se probó el porte efectivo de los estupefacientes por parte del detenido.

1.8. Actuación en segunda instancia

La magistrada Gloria María Gómez Montoya y el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestaron estar impedidos para conocer del presente asunto10. Sin embargo, los impedimentos se declararon infundados en la providencia de 18 de septiembre del presente año.

9 Impugnación que fue presentada dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto

Sin embargo, los impedimentos se declararon infundados en la providencia de 18 de septiembre del presente año.

9 Impugnación que fue presentada dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó el 23 de julio de 2025. 10 El expediente ingresó al despacho del doctor Omar Joaquín Barreto Suárez para tramitar la segunda instancia de la tutela de la referencia, el cual manifestó su impedimento para conocer del asunto, con respaldo en la causal 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. En consecuencia, el proceso pasó al despacho de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, quien también manifestó estar impedida para conocer del asunto, según la causal establecida en el numeral 5º del artículo 56 ibidem.Demandante: Ginette Arbeláez Londoño Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-03521-01

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la Fiscalía General de la Nación contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, el 17 de julio de 2025, según lo previsto en los Decretos 2591 d e 1991 y 1069 de 2015, este último m odificado por el artículo 1º del

Estado, Sección Cuarta, el 17 de julio de 2025, según lo previsto en los Decretos 2591 d e 1991 y 1069 de 2015, este último m odificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo proferido en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad y, de superarse lo anterior, determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales invocados por la actora, por presuntamente incurrir en el defecto fáctico y el desconocimiento del precedente planteados.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y ii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 201211, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004

Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un

11 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.Demandante: Ginette Arbeláez Londoño Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-03521-01

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-03521-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto – procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la

Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia » que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.3.1. En el presente caso , el a quo consideró que se cumplía el requisito de relevancia constitucional, pues al configurarse alguno de los cargos invocados se vería comprometido el derecho fundamental al debido proceso de la actora, en tanto que la autoridad judicial demandada habría desconocido una excepción prevista por la Corte Constitucional, a efecto s de estudiar los casos de privación injusta de la libertad a partir del régimen de imputación objetivo.12

En lo referente a este presupuesto cabe precisar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante,

12 Además, el a quo explicó que: « (...) la parte actora invoca la protección de los derechos

contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante,

12 Además, el a quo explicó que: « (...) la parte actora invoca la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, a l debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, s e sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta dichos derechos, no se trata de un asunto de mera legalidad o económico y los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi de la decisión .Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia adicional, toda vez que, aunque ambas instancias le fueron desfavorables a sus intereses, lo cierto es que las razones de la negativa, tanto en primera como en segunda instancia obedecieron a razones diferentes (...)».Demandante: Ginette Arbeláez Londoño Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-03521-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

En ese sentido, el alto tribunal constitucional precisó que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección de la providencia objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

de validez y no una corrección de la providencia objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

La actora controvierte la sentencia de 13 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda de reparación directa presentada por la señora Arbeláez Londoño y sus familiares por la privación de la libertad de su hermano, dado que se encontró demostrada la causal eximente de

decisión de negar las pretensiones de la demanda de reparación directa presentada por la señora Arbeláez Londoño y sus familiares por la privación de la libertad de su hermano, dado que se encontró demostrada la causal eximente de responsabilidad del Estado de la culpa exclusiva de la víctima.

Como respaldo de lo anterior, la accionante indicó que la providencia debatida adolece de defecto fáctico por la indebida valoración de «la prueba concerniente a que, el proceso penal por el cual fue vinculado el señor Edward Arbeláez Londoño (Q.E.P.D.) precluyó por atipicidad de la conducta » y, en consecuencia, no se analizó el caso a partir del título de imputación objetivo , según la tesis establecida por la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018 y por el Consejo de Estado en los fallos de tutela de 6 de mayo de 2024 13 y 3 de abril de 202514.

Al respecto , lo primero que resulta necesario señalar es que la problemática sugerida por la tutelante radica en que se deb ió aplicar el título de imputación objetivo para resolver su caso , mas no se dirige a controvertir la falta de un pronunciamiento concreto para que se determinara si la atipicidad de la conducta que dio lugar a la preclusión de la investigación penal era objetiva o subjetiva , como lo consideró el a quo.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , proceso con radicado 11001 -03-15-0002023-05020-01. 14 Consejo de Estado, Sección Cuarta, asunto con radicado 11001-03-15-000-2025-00592-00.Demandante: Ginette Arbeláez Londoño

2023-05020-01. 14 Consejo de Estado, Sección Cuarta, asunto con radicado 11001-03-15-000-2025-00592-00.Demandante: Ginette Arbeláez Londoño Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-03521-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Por ello, en criterio de esta Sección, la demandante no cumplió con la carga iusfundamental requerida para superar el requisito en estudio, toda vez que sus reproches están dirigidos a que se modifique el raciocinio de la corporación enjuiciada tras no estar de acuerdo con lo decidido, sin sugerir alguna discusión que a primera vista justifique razonablemente una afectación desmedida de sus derechos fundamentales invocados, entre estos, el del debido proceso 15 y de acceso a la administración de justicia.

Nótese que en el escrito de tutela l a señora Arbeláez Londoño no precisó cuál fue el elemento probatorio que, en su sentir, se analizó de forma errada y, si bien el a quo abordó el estudio del caso con base en el acta de la audiencia de preclusión, lo cierto es que al momento de invocar la ocurrencia del defecto fáctico también es necesario que se indique con claridad por qué las c