CE - Sentencia 11001031500020250352300 de 2025

Demandante: Alejandro González Beltrán

Demandados: Consejo de Estado,

Sección Tercera, Subsección A y otro Radicado:11001-03-15-000-2025-03523-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Paipa (Boyacá), catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-03523-00

Demandante: ALEJANDRO GONZÁLEZ BELTRÁN

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN A Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial . Falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Alejandro González Beltrán, por medio de apoderado judicial, presentó acción de tutela1 en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Alejandro González Beltrán, por medio de apoderado judicial, presentó acción de tutela1 en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la correcta administración de justicia y a la propiedad adquirida.

Según el accionante, la referida autoridad judicial vulneró tales garantías con la providencia del 6 de diciembre de 2024, que revocó la sentencia de 21 de octubre del 2022, corregida, de oficio, mediante proveído del 11 de noviembre del mismo año, mediante la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, las negó, dentro del proceso de reparación directa con radicado 25000 -23-36-000-2016-02369-02 (70.790), promovido contra la Nación – Rama Judicial y otro.

1 Samai, índice 2, mediante escrito presentado el 18 de junio de 2025.Demandante: Alejandro González Beltrán

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 1.2. Pretensiones

En consecuencia, el demandante solicitó lo siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 1.2. Pretensiones

En consecuencia, el demandante solicitó lo siguiente:

Que se amparen y restablezcan los derechos constitucionales fundamentales que se han enunciado en esta demanda en favor de ALEJANDRO GONZALEZ BELTRAN, que sin el amparo del juez constitucional que solicito, quedarán definitivamente desconocidos pues ya no hay otra vía en que ellos se puedan impetrar.

Que se condene a la Rama Judicial y a Corficolombiana, el pago inmediato del del daño patrimonial causado al consumidor financiero ALEJANDRO GONZALEZ BELTRAN, por el valor de los CDTs. de qué trata la sentencia, cuantificados a la fecha del pago real y efectivo, todo ello derivado del gravísimo error de la administración de justicia, cometido según, lo expuesto y a la empresa financiera deudora Corficolombiana, cuya actuación abusiva y de mala fe causo el daño patrimonial al consumidor financiero ALEJANDRO GONZALEZ BELTRAN, por el valor que representan los res (sic) CDTs. Hasta la fecha de pago cierto, En las condiciones en que ellos fueron pactados.

Que se advierta a las autoridades ju diciales de la decisión de tutela en que restablezca los derechos fundamentales constitucionales vulnerados en el caso.2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:

El demandante afirmó que, constituyó exclusivamente a su nombre, el 17 de

restablezca los derechos fundamentales constitucionales vulnerados en el caso.2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:

El demandante afirmó que, constituyó exclusivamente a su nombre, el 17 de febrero de 1989, tres certificados de depósito a término fijo (CDT) en la Corporación Financiera del Valle (Corfivalle) , actualmente Corporación Financiera Colombiana S.A., Corficolombiana S.A., por un valor de cincuenta y ochos millones quinientos mil pesos, cada uno ($58.500.000.oo). Según el accionante dichos títulos eran exigibles el 17 de febrero de 1999.

Señaló que, al llegar el momento de su vencimiento, el 12 de febrero de 1999, se presentó con los tres CDT ante Corfivalle; sin embargo, dicha entidad se rehusó a pagarlos con el argumento de que los títulos valores eran espurios, por lo que procedió a imponer en cada uno de ellos un sello de anulado y a denunciar al aquí demandante por los delitos de falsedad en documento privado y estafa.

Indicó que, en sentencia del 9 de marzo de 2005, el Juzgado Noveno Penal del Circuito Judicial de Cali lo declaró penalmente responsable por los delitos de estafa en grado de tentativa y falsedad en documento privado . Mediante sentencia del 24 de abril de 2006, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali revocó la anterior decisión y, en su lugar, lo absolvió de responsabilidad. A su vez, dispuso la devolución de los certificados de depósito a término «a su propietario para lo que estime conveniente».

revocó la anterior decisión y, en su lugar, lo absolvió de responsabilidad. A su vez, dispuso la devolución de los certificados de depósito a término «a su propietario para lo que estime conveniente».

Afirmó que el 5 de julio de 2007, la Sala Penal de la C orte Suprema de Justicia no casó la sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali. Por

2 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.Demandante: Alejandro González Beltrán

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 esta razón, el 7 de septiembre siguiente se llevó a cabo la entrega de los CDT al señor González Beltrán.

Aludió que e l 12 de julio de 2010 presentó una demanda ejecutiva contra Corficolombiana con el propósito de obtener el pago de los CDT, más los intereses de plazo y mora correspondientes, por lo que mediante decisión del 22 de julio de 2010, el Juzgado Vein tiséis Civil del Circuito Civil de Bogotá libró mandamiento de pago y, en auto del 20 de octubre siguiente, la referida autoridad judicial dispuso no reponer su decisión.

Aseguró que el 9 de noviembre de 2010, Corficolombiana propuso la excepción de méri to que denominó «ausencia de causa y prescripción » y mediante

autoridad judicial dispuso no reponer su decisión.

Aseguró que el 9 de noviembre de 2010, Corficolombiana propuso la excepción de méri to que denominó «ausencia de causa y prescripción » y mediante sentencia del 27 de abril de 2012, el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá declaró probada la «excepción causal» propuesta por la ejecutada y negó la continuación de la ejecución.

Advirtió que la decisión anterior fue confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 27 de agosto de 2014, al estimar que los sellos de anulado que presentaban los CDT los deterioró por completo, por lo que tenía que haber promovido un proceso de reposición y cancelación para recobrar su derecho, pues los documentos aportados no reunían los requisitos establecidos en el artículo 488 del C.P.C. para librar el mandamiento de pago.

Precisó que presentó una demanda de tutela con el fin de que se dejara sin efectos la anterior decisión, la cual fue decidida en primera instancia por la Sala de Casación Civil de la C orte Suprema de Justicia, autoridad judicial que, en providencia del 16 de julio de 2015, negó el amparo solicitado y m ediante sentencia del 11 de diciembre de 2015, la Sala de Casación Laboral de la citada corporación confirmó la sentencia.

Argumentó que la Rama Judicial debía ser declarada responsable por los errores jurisdiccionales en que incurrieron la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, las Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, pues con sus decisiones, se proteg ió la mala fe y se propició el

las Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, pues con sus decisiones, se proteg ió la mala fe y se propició el enriquecimiento del deudor, pues no recibió el dinero que, en derecho, le correspondía.

Por lo anterior, informó que demandó en reparación directa a la Nación –Rama Judicial, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los errores jurisdiccionales en que, a su juicio, incurrieron: (i) la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso ejecutivo con radicado 20100044600, promovido contra Corficolombiana; (ii) las Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso de tutela con radicado 20150153000; y (iii) la Corte Constitucional, en el trámite de la revisión de la referida acción constitucional. En la demanda ordinaria se afirmó que dichas providenci as impidieron que el señor González Beltrán obtuviera las sumas de dinero que Corficolombiana le adeuda por el no pago de los CDT.Demandante: Alejandro González Beltrán

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Señaló que, e n sentencia del 21 de octubre de 2022, corregida, de oficio,

www.consejodeestado.gov.co 4 Señaló que, e n sentencia del 21 de octubre de 2022, corregida, de oficio, mediante proveído del 11 de noviembre siguiente, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la responsabilidad solidaria de la Nación -Rama Judicial y la vinculada Corficolombiana.

Lo anterior, por los errores jurisdiccionales contenidos en el fallo del 27 de agosto de 2014, dictad o por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá , y en las providencias por medio de las cuales la Sala de Casación Civil y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negaron el amparo de tutela solicitado por el señor González Beltrán.

Por lo anterior, condenó a la Nación –Rama Judicial y a Corficolombiana a pagar solidariamente la indemnización dispuesta en favor del demandante, así como también la condena en costas.

Sostuvo que el 6 de diciembre de 2024, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado decidió los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia , en el sentido de revocar la y negar las pretensiones de la demanda.

Puntualizó que allí se indicó que no existió error judicial por parte del Tribunal Superior de Bogotá, pues los CDT tenían expresiones contrapuestas. De un lado se hablaba de un derecho, mientras que de otro, aparecía consignado que estaba anulado, así que la conclusión a la que arribó la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá a partir de ese hecho, consistió en que no se cumplía con el

se hablaba de un derecho, mientras que de otro, aparecía consignado que estaba anulado, así que la conclusión a la que arribó la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá a partir de ese hecho, consistió en que no se cumplía con el requisito de la literalidad por ausencia de claridad, lo que no podría catalogarse como irrazonable, contraevidente, ni mucho menos arbitrario.

Precisó que en la sentencia controvertida se determinó que la valoración probatoria de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá se realizó con criterios objetivos sin atender caprichos, y que no se alejó de las reglas de la racionalidad y la lógica , por lo que la decisión adoptada con fundamento en que los documentos aportados como base de la ejecución no cumplían con los requisitos del artículo 488 del C.P.C. no podría calificarse como un error jurisdiccional.

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio de l accionante, la decisión de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado incurrió en el mismo grave error judicial de apreciación probatoria que tuvo el Tribunal Superior de Bogotá, valoración que constituye un defecto fáctico y sustancial decisivo en la vulneración de los derechos alegados al negar el derecho incorporado en los títulos valores y lesionar de manera grave los derechos económicos patrimoniales (daño emergente) que estos portan en forma literal y autónoma.

Especificó que se configuró el defecto fáctico por error en la apreciación objetiva de la prueba que tuvo y analizó al decidir y por grave error sustancial al valorar la prueba de forma incorrecta según las reglas de la sana crítica.Demandante: Alejandro González Beltrán

Demandados: Consejo de Estado,

de la prueba que tuvo y analizó al decidir y por grave error sustancial al valorar la prueba de forma incorrecta según las reglas de la sana crítica.Demandante: Alejandro González Beltrán

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Advirtió que e l error residía en que dicha sección no tuvo en cuenta las circunstancias de hecho del momento y la persona que colocó el sello de anulado en los CDT, cuando habían dejado de circular como títulos valores y estaban en poder de la entidad que debía pagarlos, conforme a su tenor literal, hecho ilícito de la entidad que lo realizó para evadir el pago de la obligación que emana claramente del texto del título valor.

Afirmó que el Consejo de Estado y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá argumentaron que la literalidad del título se hallaba alterada, en virtud del sello puesto posteriormente a su circulación por la entidad que se negó a pagarlos , por lo que las dos corporaciones incurrieron en un grave error judicial , con fundamento en el mismo yerro probatorio que constituye claramente un defecto fáctico en la apreciación de la prueba del proceso.

Argumentó que se había probado que los sellos de «anulado» fueron estampados por la Corporación Financiera del Valle cuando el acreedor presentó los títulos valores ante esa corporación para su pago; y con ello se desconoció el mandato del artículo 1602 del Código Civil, según el cual el contrato es una

estampados por la Corporación Financiera del Valle cuando el acreedor presentó los títulos valores ante esa corporación para su pago; y con ello se desconoció el mandato del artículo 1602 del Código Civil, según el cual el contrato es una ley para los con tratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.

Insistió que el error fáctico de apreciación de la prueba cometido por el Consejo de Estado consistió en que la corporación estimó que la literalidad del título estaba alterada, pues la imposición del sello terminaba la circulación del título valor, según el artículo 625 del Código de Comercio, para crear una falsa apariencia por el propio deudor (Corficolombiana) para evadir el pago.

Manifestó que Corfivalle (hoy Corficolombiana) creó una falsa apariencia para denunciar penalmente al beneficiario, que cobraba legítimamente los títulos valores referidos, pero finalmente, la justicia penal lo absolvió y ordenó entregarle los títulos.

Reiteró que el grave error fáctico de apreciación de la prueba no solo fue la vía equivocada sobre la literalidad de los CDT sino que denegó a la vez, el derecho sustancial del tutelante como consumidor financiero según el artículo 228 de la Constitución Política, que el Consejo de Estado olvidó aplicar sin que prevaleciera el derecho sustancial.

1.5. Trámite en primera instancia

El 9 de junio de 2025, el señor González Beltrán presentó esta acción de tutela ante el Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Bogotá, autoridad que rechazó su conocimiento y la remitió al Consejo de Estado, por ser una acción de tutela

ante el Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Bogotá, autoridad que rechazó su conocimiento y la remitió al Consejo de Estado, por ser una acción de tutela dirigida contra esta corporación.

El 11 de junio de 2025, el magistrado ponente de esta decisión manifestó impedimento invocando la causal prevista en el numeral 1° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal; sin embargo, mediante auto del 26 de junio deDemandante: Alejandro González Beltrán

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 la misma anualidad, la Sala declaró infundado el impedimento manifestado al no encontrarlo configurado.

A través de auto de 11 de julio de 2025, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar esta decisión a los magistrados que integran la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Además, se comunicó la iniciación del presente trámite procesal a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (autoridad judicial de primera instancia en el trámite ordinario), al Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Corporación Financiera Colombiana S.A. – Corficolombiana como terceros con interés en las resultas del proceso.

1.6 Intervenciones

Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Corporación Financiera Colombiana S.A. – Corficolombiana como terceros con interés en las resultas del proceso.

1.6 Intervenciones

Realizadas las notificaciones 3 ordenadas de conformidad con las constancias visibles en el expediente, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

El magistrado ponente de la providencia contra la cual se promovió esta acción de tutela indicó que l a Sección Tercera , Subsección A del Consejo de Estado revocó la sentencia de primer grado y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones principales:

1. Contrario a lo sostenido por el Tribunal a quo, la determinación de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia del 27 de agosto de 2014, proferida en el proceso ejecutivo con radicado n.° 20100044600, según la cual los CDT aportados no reunían los requisitos del artículo 488 del C.P .C., no se encontró incursa en error jurisdiccional alguno, en tanto que fue acorde con la realidad procesal, probatoria y jurídica. ii) En los procesos en que se analiza la responsabilidad patrimonial del Estado bajo el título de imputación de error judicial no es procedente reemplazar al juez natural de la causa, ni mucho menos la reparación directa puede utilizarse como una instancia adicional al proceso primigenio. La labor del juez de lo contencioso administrativo debe limitarse a la verificación de la existencia de motivación jurídica y probatoria que justifique adecuadamente la decisión, sin que haya lugar a pronunciamientos acerca de si comparte o

juez de lo contencioso administrativo debe limitarse a la verificación de la existencia de motivación jurídica y probatoria que justifique adecuadamente la decisión, sin que haya lugar a pronunciamientos acerca de si comparte o no las motivaciones realizadas por el funcionario judicial o a confirmar, modificar o revocar la providencia judicial, so pena de transgredir el principio de la cosa juzgada. iii) La motivación subsidiaria contenida en la sentencia del 27 de agosto de 2014, relacionada con la declaratoria de las excepciones de prescripción y excepción causal, no tuvo la virtualidad de alterar la decisión adoptada, de modo que, cualquier equivocación atribuida a dichas determinaciones careció de la trascendencia y suficiencia que se requiere para configurar un error jurisdiccional.

3 Mediante oficios enviados el 27 de junio de 2025.Demandante: Alejandro González Beltrán

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 iv) Ante la evidencia de que la sentencia del 27 de agosto de 2014, proferida en el proceso ejecutivo con radicado n.° 20100044600, no es contraria al ordenamiento jurídico, res ultó improcedente analizar la incidencia de las actuaciones de Corficolombiana en la configuración del supuesto error jurisdiccional. Advirtió que a l revisar los cargos formulados en la tutela era evidente que la

ordenamiento jurídico, res ultó improcedente analizar la incidencia de las actuaciones de Corficolombiana en la configuración del supuesto error jurisdiccional. Advirtió que a l revisar los cargos formulados en la tutela era evidente que la controversia planteada a través de este mecanismo no satisfacía el requisito de relevancia constitucional.

Expuso que, de la afirmación relacionada con que en la providencia cuestionada no se tuvo en cuenta que la imposición de los sellos de anulado sobre los CDT fue ilegal , se desprende que la finalidad perseguida por el señor Alejandro González Beltrán es que se analicen nuevamente sus argumentos y se le dé el alcance probatorio que pretende a las pruebas aportadas, pese a que todos esos aspectos quedaron claramente definidos en el fallo del 6 de diciembre de 2024.

Señaló que en dicha providencia se le puso de presente al demandante que los eventos de responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional tienen por objeto el resarcimiento de un daño antijurídico autónomo, condicionado a la demostración de errores judiciales que lo hubieren provocado, por lo que, así como la acción de tutela o el recurso extraordinario de revisión no se encuentran previstos en el ordenamiento jurídico como mecanismos que permitan volver a examinar de f ondo la demanda sometida al juez natural de la causa, la acción de reparación directa tampoco es un mecanismo para satisfacer las pretensiones de los procesos judiciales ordinarios, como lo intentó la parte actora.

Manifestó que lo pretendido mediante esta acción de amparo, en realidad, es que se revivan etapas procesales debidamente clausuradas para continuar con

de los procesos judiciales ordinarios, como lo intentó la parte actora.

Manifestó que lo pretendido mediante esta acción de amparo, en realidad, es que se revivan etapas procesales debidamente clausuradas para continuar con un debate definitivamente zanjado en el proceso de reparación directa, por lo que advierte la improcedencia de esta.

Afirmó que e l accionante indicó que esa Subsección omitió considerar que la imposición de los sellos de anulado sobre los CDT fue posterior a la exhibición de estos ante Corficolombiana. En otras palabras, que cuando la deudora «los tuvo a la vista estaban perfectos y s in alteración en su tenor literal», por lo que, a diferencia de lo concluido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, sí se podían ejecutar; sin embargo, puso de presente que dicho aspecto no fue planteado en el trámite del proceso de reparación directa y, menos aún, hizo parte del objeto de la apelación que, como juez de segunda instancia, le correspondía resolver a la Sala de Subsección.

Destacó que la parte actora pretende que se tengan en cuenta argumentos nuevos que en el proceso ordinario n o se alegaron y, en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual la acción de tutela no puede ser utilizada para traer nuevos elementos de discusión a la decisión adoptada por el juez natural de la causa, pues esto supondría utilizar dicho mecanismo como una instancia adicional al proceso ordinario, se estima que la acción de amparo resulta improcedente.Demandante: Alejandro González Beltrán

Demandados: Consejo de Estado,

Sección Tercera, Subsección A y otro

mecanismo como una instancia adicional al proceso ordinario, se estima que la acción de amparo resulta improcedente.Demandante: Alejandro González Beltrán

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Indicó que la sentencia del 6 de diciembre de 2024 no incurrió en el defecto aludido, por cuanto en ella se hizo un análisis detallado y serio de los elementos probatorios allegados al expediente, con base en los cuales se concluyó, a diferencia de lo planteado por el Tribunal a quo, que en el ejercicio de valoración probatoria que realizó la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá no se observó que se hubiere apartado de criterios objetivos para atender su propio capricho o voluntad, como tampoco que la conclusión según la cual los documentos aportados no reunían los requisitos para librar que el mandamiento de pago se hubiere alejado de las reglas de la racionalidad y la lógica, pues se sustentó en el hecho de que los CDT allegados contenían un sello de anulado que impedía tener por satisfecho el principio de la literalidad, así como porque en el proceso penal que se adelantó en su contra no se podía ni se definió su validez.

Enfatizó en que tampoco se advertía algún desacierto en la apreciación y alcance que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá les otorgó a los sellos de anulado, por cuanto se fundamentó en la finalidad que entraña el proceso

Enfatizó en que tampoco se advertía algún desacierto en la apreciación y alcance que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá les otorgó a los sellos de anulado, por cuanto se fundamentó en la finalidad que entraña el proceso ejecutivo y la labor asignada al juez en la revisión del mandamiento de pago, la que se contrae a verificar si los documentos arrimados contienen una obligación expresa, clara y exigible, en otras palabras, si se estructura un título ejecutivo, sin que para tales efectos aquel debiera indagar acerca del comportamiento anterior de las partes, pues esto sería objeto de otro proceso, como el de reposición y cancelación.

Advirtió que la demanda de tutela parte de un supuesto equivocado, al señalar que la Subsección tenía que revisar, como si fuera el juez natural de la causa, los CDT aportados como base de la ejecución , por lo que aclaró que esa no es la función del juez en los eventos de responsabilidad del Est ado por error jurisdiccional, en la medida en que en estos casos el debate se centra en determinar si las decisiones judiciales contienen una justificación coherente, razonable y jurídicamente atendible que las provea de aceptabilidad, pues solo las que carezcan de esas características pueden ser catalogadas válidamente como incursas en un error jurisdiccional.

Resaló que el juez de lo contencioso administrativo, en sede de reparación directa, debe limitarse a la verificación de la existencia de motivación jurídica y probatoria, en función de los cargos de la demanda y, en segunda instancia, de la apelación, que justifique adecuadamente la decisión, sin que haya lugar a pronunciamientos acerca de si se comparte o no las motivaciones realizadas por

probatoria, en función de los cargos de la demanda y, en segunda instancia, de la apelación, que justifique adecuadamente la decisión, sin que haya lugar a pronunciamientos acerca de si se comparte o no las motivaciones realizadas por el funcionario judicial o a confirmar, modificar o revocar la providencia judicial, so pena de transgredir los principios de cosa juzgada y del juez natural.

Insistió que las aseveraciones realizadas por el tutelante que señalan que en la decisión que se discute se incurrió en un defecto sustantivo, al desconocerse supuestamente el «principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal» carecen de respaldo , pues solo reiteran las razones por las cuales el accionante no comparte el examen de las pruebas efectuado por la Sala.

1.6.2. Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana)Demandante: Alejandro González Beltrán

Demandados: Consejo de Estado,

Sección Tercera, Subsección A y otro Radicado:11001-03-15-000-2025-03523-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Precisó que esta acción es el décimo tercer intento en que la accionante procura reabrir un asunto y plantear unas pretensiones que más de seis autoridades jurisdiccionales, incluidas todas las Altas Cortes, han desestimado. De hecho, indicó que el señor González Beltrán procura incluso abrir discusiones q ue formuló en acciones de tutela contra sentencias judiciales que fueron

jurisdiccionales, incluidas todas las Altas Cortes, han desestimado. De hecho, indicó que el señor González Beltrán procura incluso abrir discusiones q ue formuló en acciones de tutela contra sentencias judiciales que fueron desestimadas, con lo cual, materialmente, procura interponer una nueva tutela contra sentencia respecto de asuntos que fueron objeto del amparo constitucional.

Afirmó que la acción de tutela presentada no configura un mecanismo de amparo que busque proteger los derechos fundamentales del actor. Por el contrario, se trata de una conducta sistemática que refleja la incapacidad de aceptar un resultado judicial vertido en múltiples decisi ones que, al unísono, han negado y retirado la ausencia de derecho para exigir el pago de unos documentos que el accionante ha catalogado como CD T, pero que la justicia en más de doce oportunidades ha dejado claro que no son títulos valores, respecto de los cuales Corficolombiana haya incumplido una obligación de pago.

Subrayó que una vez más, se pretende poner en conocimiento del juez constitucional unas circunstancias relacionadas con el cobro de un producto financiero identificado como Depósito a Término Fijo cuya presunta legitimidad ha sido desestimada en t