CE - Sentencia 11001031500020250363001 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-03630-01

Accionante: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL GALPÓN LTDA.

Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se revoca el fallo impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con los requisitos generales de subsidiariedad y de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia de 9 de julio de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Productos Alimenticios El Galpón Ltda ., solicitó a través de apoderado judicial , la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la igualdad , cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 6 de marzo de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con

administración de justicia y a la igualdad , cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 6 de marzo de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 47001-23-33-000-2021-00122-01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que presentó la demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 47001-23-33-000-2021-00122-01 contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, para que se declarara la nulidad de las resoluciones de Liquidación Oficial núm. 1-03-241-201-640-1-001947 de 30 de junio de 2020 y a título de restablecimiento del derecho solicitó , se declare en firme las declaraciones de2

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Accionante: Productos Alimenticios El Galpón Ltda.

importación con autoadhesivo núms. 07256261145939, 07256261145921 y 07256261145914 de 17 de febrero de 2017 presentadas por dicha sociedad.

2.2. Señaló que el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante providencia de 4 de octubre de 2023, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Adujo que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y a través de

octubre de 2023, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Adujo que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y a través de providencia de 6 de marzo de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar declarar probada la excepción de inepta demanda “[…] por incumplirse el requisito de procedibilidad previsto en el numeral 2 del artículo 161 del CPACA, por no haber ejercido la parte actora el recurso de reconsideración que para el caso era obligatorio. En consecuencia, inhibirse para emitir un pronunciamiento de fondo sobre los cargos planteados en la demanda […]”.

2.4. Manifestó que la providencia proferida por la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la igualdad, al incurrir en los defectos sustantivo y fáctico y en la causal de violación directa de la Constitución.

2.5. Expuso frente al defecto fáctico que, la Sección Cuarta del Consejo de Estado “[…] no analizó las pruebas aportadas por EL GALPÓN, las cuales demostraban que fue configurado el supuesto del segundo inciso del numeral 2 del artículo 161 del CPACA. En otras palabras, que EL GALPÓN se encontraba habilitado legalmente para acudir directamente al aparato jurisdiccional. Adicionalmente, la Sala se limitó a dar un alcance erróneo a una afirmación de EL GALPÓN para justificar su decisión […]”.

2.6. Refirió que la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo “[…] al interpretar de forma errada, contraevidente y contraria a los

2.6. Refirió que la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo “[…] al interpretar de forma errada, contraevidente y contraria a los postulados mínimos de razonabilidad jurídica el numeral 2 del artículo 161 del CPACA, específicamente en lo relativo a la no obligatoriedad de agotar los recursos administrativos cuando la autoridad no ha brindado la oportunidad real y efectiva para ejercerlos […]”.

2.7. Señaló que el órgano de cierre: “[…] 2.1.2.1. Asumió equivocadamente que EL GALPÓN había sido notificado válidamente, y que por tanto tenía la carga de interponer recurso administrativo. 2.1.2.2. No verificó si en efecto era jurídicamente viable interponer recursos, conforme al ordenamiento y a las circunstancias reales del caso. 2.1.2.3. Pretendió que EL GALPÓN interpusiera un recurso que ya no era procedente, porque la administración dio por notificado el acto y declaró vencido el término para recurrir […]”.

2.8. Respecto a la causal de violación directa de la Constitución, indicó que se vulneraron sus derechos fundamentales “[…] al proferir una decisión que impuso una carga procesal desproporcionada y contraria a la razonabilidad jurídica y a la realidad fáctica expuesta por la misma DIAN (quien partía de una correcta notificación), desconociendo el marco constitucional […]”.3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03630-01

Accionante: Productos Alimenticios El Galpón Ltda.

el marco constitucional […]”.3

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Accionante: Productos Alimenticios El Galpón Ltda.

2.9. Precisó que “[…] El CE Sección Cuarta contraria el principio de la no reformatio in pejus, teniendo en cuenta que el apelante único en este caso es EL GALPÓN y no la DIAN, imponiendo una condición claramente perjudicial a EL GALPÓN y que excede lo señalado en el fallo de p rimera instancia, facultad que como se explicará más adelante fue excesiva por parte de la Sentencia del CE Sección Cuarta […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 6.1. Se tutele el Derecho al Debido Proceso, Igualdad, non reformatio in pejus, Acceso a la Administración de Justicia y tutela judicial efectiva de EL GALPÓN, reconociendo la existencia de un defecto fáctico por indebida valoración del acervo probatorio y/o valoración defectuosa del acervo probatorio y/o defecto sustantivo o material al forzar una interpretación de la norma que es contraria a la razonabilidad jurídica y negocial y/o la existencia de una decisión judicial sin motivación frente al razonamiento p robatorio relevante y violación directa de la Constitución Política.

6.2. Se ordene al juez revocar la sentencia en la cual declara el defecto sustantivo por no interposición del recurso de reconsideración y en su lugar proceda a revisar de fondo la apelación y proceda a proferir nueva sentencia sobre los aspectos objeto del recurso de apelación.

sustantivo por no interposición del recurso de reconsideración y en su lugar proceda a revisar de fondo la apelación y proceda a proferir nueva sentencia sobre los aspectos objeto del recurso de apelación.

6.3. Las demás que el juez constitucional considere pertinentes para la protección del debido proceso, la igualdad y el acceso efectivo a la administración de justicia de EL GALPÓN […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 18 de junio de 2025 el magistrado de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso admitió la acción de tutela y negó la medida provisional solicitada. Asimismo, vinculó en calidad de tercero s con interés directo en el resultado del proceso a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y al

Tribunal Administrativo del Magdalena.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los vinculados,

se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto no se cumple con el requisito de relevancia constitucional toda vez que la accionante “[…] propone es una discusión de naturaleza legal y procesal en la que cuestiona la decisión de declarar probada la excepción previa de inepta demanda porque no se agotó un recurso obligatorio para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa -recurso de reconsideración-, asunto que no está relacionado con el contenido, alcance y goce de un derecho4

excepción previa de inepta demanda porque no se agotó un recurso obligatorio para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa -recurso de reconsideración-, asunto que no está relacionado con el contenido, alcance y goce de un derecho4

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Accionante: Productos Alimenticios El Galpón Ltda.

fundamental, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional (SU215 de 2022) […]”.

5.2. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN solicitó se declare la improcedencia de la acción de amparo, en razón a que no se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues lo pretendido por la accionante es una tercera instancia.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante sentencia de tutela de 9 de julio de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, estudió de fondo el defecto sustantivo alegado en la acción de tutela y resolvió negar el amparo solicitado.

7. Consideró que “[…] lo que se observa es que se exigió el cumplimiento del requisito de procedibilidad establecido en el numeral segundo de (sic) artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, de acreditar la interposición del recurso de reconsideración contra el acto administrativo demandado, el cual, era obligatorio conforme las disposiciones del artículo 699 del decreto 1165 de 2019 (vigente al momento de la ocurrencia de los hechos) […]”.

acto administrativo demandado, el cual, era obligatorio conforme las disposiciones del artículo 699 del decreto 1165 de 2019 (vigente al momento de la ocurrencia de los hechos) […]”.

8. Por lo anterior concluyó que “[…] la providencia objeto de análisis no adolece de un defecto sustantivo, pues, resolvió la controversia con sustento en la teoría de la inoponibilidad de los actos administrativos no notificados en debida forma y, a su vez, aplicó los artículos 72 y 161 de la ley 1437 de 2011 para exigir la interposición del recurso de reconsideración tras el conocimiento de la liquidación oficial por parte de la demandante […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

9. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia y solicitó se revoque dicha decisión por cuanto “[...] la Sección Segunda, en la sentencia del 05 de septiembre de 2025 (sic), centró su análisis exclusivamente en el cargo de defecto material o sustantivo, pretermitiendo por completo el estudio del defecto fáctico que expresamente fue alegado por El Galpón en su escrito de tutela […]”.

10. Indicó que el estudio del defecto fáctico resulta relevante, toda vez “[...] la Sección Cuarta incurrió en un claro defecto fáctico al omitir el análisis de pruebas determinantes que acreditaban la falta de notificación y, en consecuencia, la imposibilidad material de interponer el recurso de reconsideración al 29 de enero de

2021 […]”.5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03630-01

Accionante: Productos Alimenticios El Galpón Ltda.

2021 […]”.5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03630-01

Accionante: Productos Alimenticios El Galpón Ltda.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 2025 4, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.

VIII.2. Problemas jurídicos

12. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá: b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

13. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: (i) procedencia de la acción de tutela contra providencias

fundamentales invocados por la parte accionante.

13. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: (i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; para posteriormente (ii) resolver el caso concreto.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

14. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 2 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 3 “Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho”. 5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

Derecho”. 5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 7 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de

2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03630-01

Accionante: Productos Alimenticios El Galpón Ltda.

15. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos parámetros.

19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

9 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.

e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

9 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 10 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política.

vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 11 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03630-01

Accionante: Productos Alimenticios El Galpón Ltda.

20. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

21. Productos Alimenticios El Galpón Ltda., solicitó a través de apoderado judicial, la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 6 de marzo de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 47001-23-33-000-2021-00122-01.

22. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, los requisitos generales de subsidiariedad y de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del incumplimiento del requisito general de procedencia de subsidiariedad

generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, los requisitos generales de subsidiariedad y de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del incumplimiento del requisito general de procedencia de subsidiariedad

23. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y residual.

Esto significa que por regla general este instrumento de protección de derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados.

24. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:

“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo l as circunstancias en que se encuentra el solicitante […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto]

25. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso, incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su naturaleza 12), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en tiempo los recursos

agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso, incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su naturaleza 12), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

12 Corte Constitucional, Sala Plena. Auto 132 de 16 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03630-01

Accionante: Productos Alimenticios El Galpón Ltda.

26. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de la

acción de tutela, en los siguientes términos:

“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho.

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber ago tado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.

protección constitucional. De allí que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber ago tado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.

Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito, que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquell os diseñados por el legislador, y menos aún, un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los procesos judiciales […]”13.

27. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25 de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”14.

28. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

29. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una grave

excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

29. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

30. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la accionante señaló que “[…] El CE Sección Cuarta contraria el principio de la no reformatio in pejus, teniendo en cuenta que el apelante único en este caso es EL GALPÓN y no la DIAN, imponiendo

13 Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03630-01

Accionante: Productos Alimenticios El Galpón Ltda.

una condición claramente perjudicial a EL GALPÓN y que excede lo señalado en el fallo de primera instancia, facultad que como se explicará más adelante fue excesiva por parte de la Sentencia del CE Sección Cuarta […]”.

31. En el presente asunto no se cumple con el requisito de subsidiariedad porque la

fallo de primera instancia, facultad que como se explicará más adelante fue excesiva por parte de la Sentencia del CE Sección Cuarta […]”.

31. En el presente asunto no se cumple con el requisito de subsidiariedad porque la parte accionante tiene a su disposición el recurso extraordinario de revisión, el cual no ha ejercido.

32. Al respecto, la Sección Quinta 15 y la Sala Catorce Especial de Decisión 16 del Consejo de Estado han defendido la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisión por vulneración al “ principio de “non reformatio in pejus” .

Al respecto, se han pronunciado, en los siguientes términos:

“[…] Es de resaltar que esta Corporación17 ha defendido la posibilidad de que se interponga el recurso extraordinario de revisión por vulneración al principio de “non reformatio in pejus ”. Al respecto, se ha pronunciado, en los siguientes términos:

“IV. La nulidad originada en la sentencia como causal de revisión

7. La nulidad originada en la sentencia, como causal de revisión, está instituida para atacar las irregularidades procesales generadas en ella, ya que se trata de un acto jurídico sujeto al cumplimiento de precisas ritualidades que de ser desoídas y “ante l a improcedencia de recursos ordinarios contra ella subsistirían groseramente”18.

8. Para la configuración de esta causal, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado algunos requisitos. El primero es que el vicio se presente en la sentencia y no durante el trámite del proceso, pues en tal caso debe alegarse por el interesado dur ante las oportunidades previstas en el artículo 140 del

Estado ha señalado algunos requisitos. El primero es que el vicio se presente en la sentencia y no durante el trámite del proceso, pues en tal caso debe alegarse por el interesado dur ante las oportunidades previstas en el artículo 140 del C.P.C., “sin perjuicio del deber que el artículo 145 ibídem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes de dictar sentencia”19 .

(…)

11. El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio grave o insaneable que afecte su validez. La jurisprudencia de esta Corporación ha identificado los siguientes defectos como causantes de nulidad en la

sentencia20:

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 8 de octubre de 2020, número único de radicación: 11001-03-15-000-2020-04038-00 (AC), C.P. Alberto Enrique López Fajardo. 16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia del 5 de abril del 2016. C.P. Danilo Rojas Betancourt. Radicación: