CE - Sentencia 11001031500020250377800

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03778-00

Demandante: Comunicación Celular S.A. – COMCEL S.A.

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03778-00

Demandante: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. (COMCEL S.A).

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica mínima y suficiente para discutir l a razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada / Se pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento.

La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por la sociedad Comunicación Celular S.A.2 contra la Sala de Decisión 4 del Tribunal Administrativo de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

S.A.2 contra la Sala de Decisión 4 del Tribunal Administrativo de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 16 de junio de la presente anualidad , la sociedad COMCEL S.A. interpuso acción de tutela contra la Sala de Decisión 4 del Tribunal Administrativo de Bolívar , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la providencia de segunda instancia, proferida, el 29 de noviembre de 2024 , en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-33-33-003-2023-00332-00/01. Formuló las siguientes

pretensiones:

1. TUTELAR: Los Derechos Fundamentales al DEBIDO PROCESO У ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de COMCEL S.A.

2. DEJAR SIN EFECTOS: el Auto del 29 de noviembre de 2024 proferido por el H.

Tribunal Administrativo de Bolívar y, como consecuencia, el Auto No. 1453 del 17 de noviembre de 2023 proferido por el H. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena. 13

3.ORDENAR: al H. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, que admita la demanda presentada por COMCEL S.A., previa verificación de la subsanación que se aportará junto con la presente Acción de Tutela.

1 Se advierte que el 11 de julio de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

de la subsanación que se aportará junto con la presente Acción de Tutela.

1 Se advierte que el 11 de julio de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 En adelante COMCEL S.A.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03778-00

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2. De la demanda de tutela, se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente

relevantes:

3. La sociedad accionante adujo que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Morales, departamento de Bolívar, a la cual se le asignó el radicado 13001-33-33-003-2023-00332-00 y correspondió, por reparto, al

Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena.

4. Mediante auto del 13 de septiembre de 2023, el referido despacho judicial inadmitió la demanda por falta de requisitos formales, por lo que le otorgó a la parte demandante un término de diez (10) días para subsanarla. Específicamente, se solicitó a la sociedad actora que aportara : i) la petición dirigida a la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) de Bolívar, la petición dirigida al Consejo del municipio de Morales, a través del cual se solicitó copia del Acuerdo 009 del 31 de agosto de 2020 y

de Comercio (Confecámaras) de Bolívar, la petición dirigida al Consejo del municipio de Morales, a través del cual se solicitó copia del Acuerdo 009 del 31 de agosto de 2020 y iii) copia legible de la Liquidación Oficial 05 -0002-22 del 2 de febrero de 2022 , documentos que refirió como anexos de la demanda.

5. El 26 de septiembre de 2023, la sociedad COMCEL S.A. remitió mensaje de datos al Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena, mediante el cual manifestó que adjuntaba los documentos solicitados con el fin de subsanar la demanda. No obstante , debido a problemas técnicos con el servidor de correo electrónico, los documentos adjuntos no se cargaron correctamente.

6. En auto del 17 de noviembre de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena rechazó la demanda, por considerar que no se subsanaron los yerros advertidos en la su revisión inicial.

7. Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, explicando las dificultades técnicas presentadas con el servidor del correo electrónico que impidieron que los documentos se adjuntaran correctamente.

8. El 26 de agosto de 2024, el Juzgado a cargo del proceso se negó a reponer el auto que rechazó la demanda y, en consecuencia, concedió el recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, que , mediante auto del 29 de noviembre de 2024, confirmó la decisión de primera instancia, desestimando los argumentos presentados por la sociedad accionante en el recurso de alzada.

Tribunal Administrativo de Bolívar, que , mediante auto del 29 de noviembre de 2024, confirmó la decisión de primera instancia, desestimando los argumentos presentados por la sociedad accionante en el recurso de alzada.

9. En el escrito de tutela, el accionante afirmó que el auto del 29 de noviembre de 2024 adolece de defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto. Adujo que los medios tecnológicos no pueden constituir barreras injustificadas al acceso a la administración de justicia; no obstante, en este caso, la autoridad judicial accionada tomó como excusa un fallo técnico del servidor para rechazar la demanda e imponer una restricción irrazonable y desproporcionada a la referida garantía ius fundamental.

10. En el mismo orden, precisó que resulta particularmente grave que el Tribunal Administrativo de Bolívar hubiera priorizado un formalismo sobre el derecho sustancial, negando la posibilidad de subsanar un error que fue ajeno a la voluntad y diligencia del apoderado, quien «claramente manifestó en el cuerpo del correo su intención de adjuntar los documentos requeridos».Radicado: 11001-03-15-000-2025-03778-00

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11. Asimismo, citó un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia 3 y otro más de la Corte Constitucional 4, relacionados con el uso de tecnologías de la información y comunicaciones en la administración de justici a e indicó que, en el caso analizado , se

la Corte Constitucional 4, relacionados con el uso de tecnologías de la información y comunicaciones en la administración de justici a e indicó que, en el caso analizado , se contravinieron todos los objetivos de la implementación de las herramientas tecnológicas en el sistema judicial, especialmente el de facilitar y agilizar el acceso a la administración de justicia.

12. Sostuvo que a lo anterior se suma el hecho de que el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena omitió su deber de «procurar la efectiva comunicación virtual» y de adoptar las medidas adecuadas para que los usuarios puedan ejercer sus derechos, pues el yerro involuntario en que incurrió el apoderado p udo haber sido advertido por la referida autoridad judicial y, en ese sentido, aquel pudo haber permitido la corrección del error y evitar la transgresión de sus garantías fundamentales al debido proceso y de a cceso a la administración de justicia.

13. Sobre el defecto por exceso ritual manifiesto, trajo a colación una providencia de la Corte Suprema de Justicia5, y adujo que la decisión aquí censurada adolece del mismo, porque el Tribunal accionado exigió el cumplimiento de requisitos formales de manera «irreflexiva», aun cuando existía una circunstancia técnica comprobada (el rechazo del servidor al primer correo), lo cual, en su criterio, constituyó una carga imposible de cumplir, imponiendo una barrera infranqueable para el acceso a la administración de justicia.

14. Finalmente, expuso que la decisión cuestionada contraviene los principios fundamentales del derecho de buena fe y el derecho a la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, pues los jueces de instancia privilegiaron un

justicia.

14. Finalmente, expuso que la decisión cuestionada contraviene los principios fundamentales del derecho de buena fe y el derecho a la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, pues los jueces de instancia privilegiaron un formalismo tecnológico sobre el derecho de acceso a la administración de justicia. Tal circunstancia, insistió, constituye una violación flagrante a sus derechos fundamentales.

B. Trámite impartido e intervenciones

15. Mediante auto del 25 de junio de 20256, el despacho sustanciador del proceso admitió la acción de tutela contra la Sala de Decisión 4 del Tribunal Administrativo de Bolívar y vinculó al alcalde y al secretario de Hacienda y del Tesoro del Municipio de Morales

(Bolívar), en calidad de tercer os con interés. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

16. El Tribunal Administrativo de Bolívar 7, a través del magistr ado ponente de la decisión cuestionada, solicitó que se declare im procedente la acción de tutela, por un lado, porque en la demanda no se formularon cargos en clave de relevancia constitucional que evidencien una posible vulneración de derechos fundamentales que justifique la intervención del juez de tutela; y, por otro, en la medida en que lo que pretende la demandante es constituir una tercera instancia del proceso ordinario para debatir un asunto que ya fue objeto de pronunciamiento judicial.

3 Sentencia STC 10844-2020 del 2 de diciembre de 2020, M.P. Luis Armando Tolosa. 4 Sentencia SU-157 de 2022. 5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia STР3552022 del 25 de enero de 2022.

4 Sentencia SU-157 de 2022. 5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia STР3552022 del 25 de enero de 2022. 6 SAMAI, índice 5. 7 SAMAI, índice 9.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03778-00

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17. En cuanto al fondo del asunto, señaló que, tal como se consideró en la providencia censurada, el inconveniente que se presentó no se debió a fallas técnicas, pues el mensaje de datos sí fue rec ibido en el correo electrónico del juzgado; no obstante, no contenía los documentos requeridos en el auto que inadmitió la demanda. Asimismo, expresó que, aun si se aceptara que el error se produjo como consecuencia de una falla tecnológica en el servidor del correo electrónico, lo cierto es que la demandante también contaba con otros medios que le hubieran permitido allegar el memorial al despacho.

18. Adicionalmente, sostuvo que las razones expuestas por el apoderado de la demandante en el escrito de subsanación no fueron las supuestas fallas tecnológicas, sino que no contaba con la liquidación oficial requerida y que no podía exigírsele que aportara el Estatuto Tributario del municipio de Morales, pues no tenía acceso al mismo y, por lo tanto, aquella era una carga desproporcionada e imposible de cumplir.

19. Finalmente, adujo que la sociedad accionante pretende imponerle al juez ordinario,

y, por lo tanto, aquella era una carga desproporcionada e imposible de cumplir.

19. Finalmente, adujo que la sociedad accionante pretende imponerle al juez ordinario, por vía de la acción de tutela, la obligación de comunicarle que el correo estaba incompleto, cuando la carga procesal de allegar la demanda y sus anexos de manera integral corresponde a la parte demandante, pues, entender lo contrario implicaría trasladar la carga procesal de subsanar la demanda al operador judicial.

20. La alcaldía y la secretaría de Hacienda y del Tesoro de Morales (Bolívar) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervin ieron, pese a que fue ron debidamente notificadas del auto admisorio de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema jurídico

22. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Solo en el evento de que se cumplan tales exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si el auto del 29 de noviembre de 2024, proferido por la Sala de Decisión 4 del Tribunal Administrativo de

exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si el auto del 29 de noviembre de 2024, proferido por la Sala de Decisión 4 del Tribunal Administrativo de Bolívar adolece del defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, que le fue endiglado y, por ende, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la sociedad COMCEL S.A.

E. Análisis de la Sala

Causales generales de procedibilidad

23. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que la providencia cuestionada fue proferida el 29 de noviembre de 2024 y notificada, por estado, el 28 de mayo de 20258,

8 SAMAI, índice 5 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2023-00332-01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03778-00

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mientras que la solicitud de amparo se presentó el 16 de junio del año en curso, esto es, dentro de los seis meses siguientes. Este término resulta razonable.

24. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

25. Agotamiento de los mecanismos de defensa judicial (subsidiariedad) . La Sala estima que este requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos disponibles en el proceso ordinario.

26. Relevancia constitucional . Es necesario referirse brevemente al requisito de la

estima que este requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos disponibles en el proceso ordinario.

26. Relevancia constitucional . Es necesario referirse brevemente al requisito de la relevancia constitucional de la acción de tutela, a fin de establecer si se cumple o no en el presente asunto.

27. En sentencia del 5 de agosto de 2014 9, la Sala Plena de esta Corporación señaló que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

28. El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

29. El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

30. En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga

30. En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

31. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 10 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índo le patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

9 Expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 10 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T -131 de 2021, SU -103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03778-00

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F. Caso concreto y solución del problema jurídico

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F. Caso concreto y solución del problema jurídico

32. En el caso de estudio , la sociedad COMCEL S.A. afirmó que el Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , al confirmar el auto proferido el 17 de noviembre de 2023 por el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena, mediante el cual se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró contra el municipio de Morales – Secretaría de Hacienda y del Tesoro.

33. La parte accionante sostuvo que el rechazo de la demanda, por un error técnico del servidor de correo electrónico, constituye una barrera irrazonable para acceder a la administración de justicia, se contrapone a al artículo 229 de la Constitución y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia sobre el uso de medios tecnológicos en la justicia y el deber de eliminar obstáculos formales para privilegiar el acceso real y material a la administración de justicia.

34. Alegó que el exceso ritual en el caso analizado se concretó cuando se le impuso la carga desproporcionada de cumplir, de manera «irreflexiva», una serie de requisitos formales de carácter tecnológico y, mas aún, cuando el juez de primera instancia, faltando a sus deberes y oponiéndose al principio de buena fe, omitió alertar al abogado que la representa sobre la irregularidad evidenciada, para que éste la subsanara de oportunamente.

faltando a sus deberes y oponiéndose al principio de buena fe, omitió alertar al abogado que la representa sobre la irregularidad evidenciada, para que éste la subsanara de oportunamente.

35. Aseguró que el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena bien pudo advertirle sobre el hecho de que los documentos requeridos en la inadmisión no se encontraban adjuntos en el mensaje de datos por medio del que pretendía allegar la subsanación; sin embargo, optó por rechazar la demanda, a pesar de que incluso reconoció que dicha omisión pudo obedecer a un «error humano».

36. Finalmente, adujo que el rechazo de la demanda por un error técnico ajeno a la voluntad y diligencia del apoderado, no se acompasa con los principios constitucionales de buena fe, prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, y acceso efectivo a la administración de justicia.

37. No obstante, de entrada, la Sala observa que la presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia constitucional, pues el debate formulado en esta sede judicial ya fue planteado por la sociedad actora en el proceso ordinario y resuelto razonablemente en el auto del 29 de noviembre de 2024, como se pasa a explicar.

38. Mediante auto del 17 de noviembre de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena rechazó la demanda, luego de considerar que la parte demandante no allegó los documentos requeridos a través de auto del 13 de septiembre de 2023. Dicha autoridad judicial admitió que, el 26 de septiembre de 2023, dentro del término oportuno, el apoderado de COMCEL S.A. remitió mensaje de datos en el que decía constar la

autoridad judicial admitió que, el 26 de septiembre de 2023, dentro del término oportuno, el apoderado de COMCEL S.A. remitió mensaje de datos en el que decía constar la subsanación de la demanda; no obstante, contrario a lo allí manifestado, el correo no contenía los anexos requeridos, por lo que, «muy a pesar de un posible error humano», se abstenía de darle trámite a la demanda.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03778-00

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39. Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación. Allí argumentó que, el 26 de septiembre de 2023, envió al correo electrónico del Juzgado el escrito de subsanación con los documentos requeridos; sin embargo, el mensaje fue rechazado por el servidor, por lo que se vio obligado a reenviarlo, pero , por error, lo hizo sin adjuntar los archivos.

Asimismo, afirmó que los documentos solicitados en el auto del 13 de septiembre ya obraban en el proceso y que no contaba con otra Resolución de liquidación del impuesto de alumbrado público, motivo por el cual solicitó al ente territorial demandado que la remitiera directamente al Juzgado.

40. Adicionalmente, s eñaló que exigir al demandante aportar documentos no publicados y de acceso exclusivo de entidades públicas constituía una carga procesal

remitiera directamente al Juzgado.

40. Adicionalmente, s eñaló que exigir al demandante aportar documentos no publicados y de acceso exclusivo de entidades públicas constituía una carga procesal desproporcionada e imposible de cumpli r y que el a quo bien pudo haber advertido la ausencia de adjuntos en el segundo correo, máxime cuando la subsanación se intentó al día siguiente del auto inadmisorio, lo que reflejaba buena fe y diligencia. En consecuencia, sostuvo que no resul taba admisible que las fallas tecnológicas se convirtieran en barreras inj ustificadas para el acceso a la justicia y que, en este caso, debía pr ivilegiarse el derecho sustancial sobre las formalidades, valorando el primer intento de subsanación que, en condiciones normales, habría sido recibido correctamente.

41. Al resolver la alzada, el Tribunal Administrativo de Bolívar consideró que no era obligación del juez de primera instancia alertar al abogado de la demandante sobre el error en el envío de la documentación, pues es a la parte interesada a quien corresponde verificar el cumplimiento de sus cargas procesales. Asimismo, expuso que, en todo caso, en el evento analizado el inconveniente con el correo electrónico se tornaba irrelevante, pues el abogado sí pudo haber env iado los anexos correspondientes, sumado al hecho de que también contaba con otros medios para allegar su memorial, como, por ejemplo, el aplicativo SAMAI.

42. Por otra parte, adujo que la irregularidad consistía en que no se aportaron unos documentos referidos como anexos en la demanda, los cuales, destacó, no obraban en el expediente ni siquiera al momento de resolver el recurso de apelación. De ahí que los

documentos referidos como anexos en la demanda, los cuales, destacó, no obraban en el expediente ni siquiera al momento de resolver el recurso de apelación. De ahí que los argumentos relacionados con que no se contaba con la liquidación oficial o con que no podía exigírsele que aportara el estatuto tributario del Municipio de Morales en esta oportunidad, pues no tenía acceso al mismo, carecían de fundamento alguno.

43. De conformidad con lo expuesto, esta Sala estima que la parte accionante pretende reabrir el debate propuesto en el recurso de apelación, simplemente porque está inconforme con lo que decidió el Tribunal Administrativo de Bolívar, sin proponer argumentos que discutan la validez de la providencia del 29 de noviembre de 2024, en orden a justificar la posible trascendencia constitucional de este asunto. Simplemente, se insiste, el escrito de amparo se limitó a reproducir los argumentos expuestos en la alzada.

44. Entonces, en primer lugar, se impone concluir que la demanda pretende convertir este valioso mecanismo de protección de derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y carece de una cargaRadicado: 11001-03-15-000-2025-03778-00

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argumentativa suficiente, tendiente a desvirtuar, en términos de validez, los argumentos expuestos en la providencia censurada para confirmar el rechazo de la demanda.

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argumentativa suficiente, tendiente a desvirtuar, en términos de validez, los argumentos expuestos en la providencia censurada para confirmar el rechazo de la demanda.

45. En ese sentido, la Sala echa de menos que la parte accionante hubiera controvertido que , en el caso de estudio, el posible inconveniente con el servidor de correo resultaba irrelevante, porque el apoderado contaba con otros medios para allegar el memorial, como el aplicativo SAMAI. Al contrario, el escrito de amparo se limitó a reiterar todos los argumentos en los que fundamentó el recurso de apelación contra el auto de primera instancia.

46. La circunstancia antes descrita, en sí misma, torna improcedente el amparo solicitado; no obstante, la Sala también debe destacar que el razonamiento efectuado por la autoridad judicial accionada no se muestra caprichoso, irracional y/o arbitrario, antes bien, se estima que resulta adecuado y razonable.

47. En efecto, no es aceptable trasladar al operador judicial las cargas procesales que corresponden a las partes o que estas se abstengan de cumplirlas amparadas en su derecho de acceso a la administración de justicia. Sobre el particular , la Corte

Constitucional ha sostenido que:

Una característica de las cargas procesales es entonces su carácter potestativo (a diferencia de la obligación procesal), de modo que no se puede constreñir a cumplirla. Una característica es que la omisión de su realización “puede traer consecuencias desfavorables para éste, las cuales pueden ir desde la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal hasta la pérdida del

Una característica es que la omisión de su realización “puede traer consecuencias desfavorables para éste, las cuales pueden ir desde la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal hasta la pérdida del derecho material”. En palabras ya clásicas, “la carga funciona, diríamos, ὰ double face; por un lado el litigante tiene la facultad de contestar, de probar, de alegar; en ese sentido es una conducta de realización facultativa; pero tiene al mismo tiempo algo así como el riesgo de no contestar, de no probar, de no alegar. El riesgo consiste en que, si no lo hace oportunamente, se falla en el juicio sin escuchar sus defensas, sin recibir sus pruebas o sin saber sus conclusiones. Así configurada, la carga es un imperativo del propio interés”.

5.3.- La Corte ha señalado en forma insistente que evadir el cumplimiento de las cargas procesales no es un criterio avalado por la jurisprudencia constitucional,“en la medida en que el desconocimiento de las responsabilidades de las partes en el proceso atentaría contra los mismos derechos que dentro de él se pretenden proteger y llevaría por el contrario a la inmovilización del aparato encargado de administrar justicia”. Autorizar libremente el incumplimiento de las cargas procesales “llevaría al absurdo de permitir que se propenda por perseguir intereses a través de la jurisdicción sin limitaciones ni restricciones procesales, incluso alegando la propia culpa o negligencia”, lo que desde luego rechaza la jurisprudencia constitucional.

En otras palabras, que “una carga procesal capaz de comprometer el goce efectivo del derecho de acceso a la justicia de una persona es inconstitucional

rechaza la jurisprudencia constitucional.

En otras palabras, que “una carga procesal capaz de comprometer el goce efectivo del derecho de acceso a la justicia de una persona es inconstitucional cuando es irrazonable y desproporcionad a”. Para ello será preciso evaluar si la carga procesal persigue una finalidad compatible con la Constitución, si es adecuada para la consecución de dicho objetivo, y si hay una relación de correspondencia entre la carga procesal y el fin buscado, de manera que no se restrinja severamente o en forma desproporcionada algún derecho constitucional.