CE - Sentencia 11001031500020250378000 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Paipa, catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-03780-00

Accionante: ALBA LUCÍA JARAMILLO JARAMILLO Y OTROS

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDI NAMARCA,

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial — reparación directa por ejecución extrajudicial — ampara — flexibilidad probatoria del conteo del término de caducidad en casos de responsabilidad del Estado por graves afectaciones de los derechos humanos.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la parte actora en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 7 de julio de 2025 2, se admitió la solicitud de amparo de la referencia3.

I. ANTECEDENTES

2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 7 de julio de 2025 2, se admitió la solicitud de amparo de la referencia3.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Las señoras Alba Lucía Jaramillo Jaramillo , María Resfa Jaramillo

Jaramillo, María Doralba Jaramillo Jaramillo y los señores Norbey Andrés Castrillón Jaramillo, Hernando Antonio Jaramillo Jaramillo , Donaldo de Jesús

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024. 2 Índice 11 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionad a a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Asimismo, se dispuso la vinculación de: (i) la señora Elda Rosa Jaramillo Jaramillo; (ii) el señor Nelson de Jesús Jaramillo Jaramillo; (iii) el Juzgado 60 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá ; y (iv) la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso. 3 Por medio del auto de 18 de junio de 2025 (Índice 5 Samai), se inadmitió la solicitud de amparo para que el abogado Juan Esteban Montoya Hincapié allegara el poder especial para actuar como apoderado judicial de ciertos accionantes.Accionante: Alba Lucía Jaramillo Jaramillo y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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Jaramillo Jaramillo , actuando por medio de apoderad o judicial4, presentaron acción de tutela en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca . Con la solicitud de amparo pretende n la protección de sus derechos fundamentales a la reparación integral , al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. Las anteriores garantías constitucionales las estim aron vulneradas con ocasión de la providencia del 7 de noviembre de 2024, proferida por el tribunal accionado. Mediante esta decisión se confirmó el auto del 7 de septiembre de 2023, dictado por el Juzgado 60 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que rechazó la demanda del medio de control de reparación directa identificado con el radicado 11001-33-43-060-2023-00230-00/01, al considerar que operó el fenómeno jurídico de la caducidad.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Se amparen los derechos fundamentales al acceso a la justicia, reparación integral, contenidos en la Carta Política y los Tratados Internacionales de

Derechos Humanos.

2. Que en consecuencia se revoque auto del 07 de noviembre de 2025 proferido en el medio de control de reparación directa con radicado

integral, contenidos en la Carta Política y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

2. Que en consecuencia se revoque auto del 07 de noviembre de 2025 proferido en el medio de control de reparación directa con radicado 11001334306020230023001 por la Subsección C - Sección Tercera del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Magistrado Andr ew Julián Martínez Martínez.

3. Se ordene a la Subsección CSección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, emitir, dentro de un plazo razonable, un nuevo auto que sea garante de los derechos fundamentales alegados y de las obligaciones internacionales del Estado contenidas en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia. (Sic)

1.2. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la

siguiente manera:

5. El 28 de julio de 2023, la parte actora interpuso demanda de reparación directa contra de la Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Ejército Nacional, con el fin de que se declarara administrativamente responsable por los perjuicios materiales y morales causados debido a la ejecución extrajudicial del

señor Juan Guillermo Jaramillo Jaramillo5.

6. Al medio de control se le asignó el radicado 11001-33-43-060-2023-0023000 y le fue repartido al Juzgado 60 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

Esta autoridad judicial, por medio del auto del 7 de septiembre de 2023, rechazó la demanda al considerar que operó el fenómeno jurídico de la caducidad.

Esta autoridad judicial, por medio del auto del 7 de septiembre de 2023, rechazó la demanda al considerar que operó el fenómeno jurídico de la caducidad.

4 Poder especial conferido al profesional del derecho Juan Esteban Montoya Hincapié. 5 El homicidio ocurrió el 23 de febrero de 2005, en el municipio de Ituango (Antioquia).Accionante: Alba Lucía Jaramillo Jaramillo y otros

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7. Sostuvo que, de conformidad con la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020 6, el término para interponer la demanda se debe contabilizar desde el momento en que ocurrió el evento dañoso, por cuanto los demandantes tuvieron conocimiento de la intervención del Ejército Nacional en el homicidio de la víctima directa desde el 23 de febrero de 2005.

8. Inconformes con la decisión, los accionantes presentaron recurso de apelación. Indicaron que se desconocieron las reglas jurisprudenciales sobre la imprescriptibilidad y el conteo del término de caducidad en casos en los que se invoque un daño derivado de delitos de lesa humanidad , contenidas en la sentencia SU-167 de 2023 proferida por la Corte Constitucional. En particular, hicieron énfasis en la flexibilización que debió realizar el juzgado referido debido

invoque un daño derivado de delitos de lesa humanidad , contenidas en la sentencia SU-167 de 2023 proferida por la Corte Constitucional. En particular, hicieron énfasis en la flexibilización que debió realizar el juzgado referido debido a que hubo circunstancias que constituyeron, en su caso, barreras para acceder a la administración de justicia7.

9. Al respecto, pusieron de presente que los ocultamientos a la verdad por parte del Ejército Nacional no fueron superados, sino hasta que, a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (en lo sucesivo JEP) , se enteraron de que mediaba confesión de los involucrados en la ejecución extrajudicial del señor

Juan Guillermo Jaramillo Jaramillo8.

10. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por auto del 7 de noviembre de 2024, confirmó el rechazo de la demanda al concluir que, conforme al artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia que ha fijado el Consejo de Estado 9, el conteo del término de caducidad para interponer el medio de control de reparación directa inicia desde que se advierte la posibilidad de imputar la responsabilidad al Estado.

11. Precisó que, desde el día del homicidio, es decir, desde el 23 de febrero de 2005, la parte actora tuvo conocimiento del daño, en atención a que dos días después la señora María Resfa Jaramillo Jaramillo denunció las circunstancias en la que su hijo fue aprehendido por miembros del Ejército Nacional el día de su muerte10. Igualmente, resaltó que los demandantes no acreditaron haber

después la señora María Resfa Jaramillo Jaramillo denunció las circunstancias en la que su hijo fue aprehendido por miembros del Ejército Nacional el día de su muerte10. Igualmente, resaltó que los demandantes no acreditaron haber

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena , Sentencia del 29 de enero de 2020, M.P. Martha Nubia Velásquez Rico, Rad. No. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61033). 7 Ver numeral 17 de la presente providencia. 8 Hicieron énfasis a dos momentos relevantes en los que recibieron información por parte de la JEP: (i) llamada telefónica del 14 de diciembre de 2021, mediante la cual se les informó que mediaba confesión de algunos de los involucrados; y (ii) respuesta del 13 de abril de 2023 a la solicitud de acreditación de víctimas, en la que les notificaron la Resolución No. 737 del 23 de febrero de 2023, mediante la cual se reconoció la calidad de víctima de la señora María Resfa Jaramillo Jaramillo y les brindaron acceso al expediente de uno de los militares. 9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena , Sentencia del 29 de enero de 2020, M.P. Martha Nubia Velásquez Rico, Rad. No. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61033). 10 Escrito de tutela (índice 2 de Samai): «miembros del Ejército Nacional en horas de la madrugada ingresaron violentamente a su vivienda ubicada en la vereda Las Camelias del corregimiento Santa Rita, en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia, y en presencia

madrugada ingresaron violentamente a su vivienda ubicada en la vereda Las Camelias del corregimiento Santa Rita, en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia, y en presencia de su familia procedieron llevárselo por la fuerza, para luego asesinarlo, después de haber puesto suficiente distancia para no ser observados».Accionante: Alba Lucía Jaramillo Jaramillo y otros

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padecido algún tipo de imposibilidad para acceder a la administración de justicia con anterioridad.

12. Adicionalmente, afirmó que las diligencias que se adelantaron ante la JEP no inciden en el término de caducidad, debido a que «los demandantes tenían conocimiento con anterioridad a dicho trámite de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentó el deceso de su familiar y, por lo tanto, la contabilización del plazo para la presentación oportuna de la demanda debe efectuarse desde el acaecimiento del hecho dañoso».

13. Por lo expuesto, concluyó que la fecha límite para interponer el medio de control de reparación directa era el 24 de febrero de 2007.

1.3. Sustento de la vulneración

14. La parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente judicial y por violación directa de la Constitución, debido a que fueron desconocidas diversas providencias proferidas

14. La parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente judicial y por violación directa de la Constitución, debido a que fueron desconocidas diversas providencias proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) y la sentencia SU-167 de 2023 dictada por la Corte Constitucional.

15. Al respecto, expuso que el tribunal no analizó los precedentes de la Corte IDH11 que, además de ser vinculantes para Colombia, establecen que no se puede sancionar con caducidad a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

16. Por otro lado, sostuvo que la providencia controvertida desconoció los criterios de interpretación fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU167 de 2023, en relación con la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de ejecuciones extrajudiciales. En concreto, hizo énfasis en que no se tuv ieron en cuenta l as dificultades para acceder a la administración de justicia a raíz de las barreras y ocultamientos efectuados por el Ejército Nacional, pese a que lo pusieron de presente en el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia.

17. Destacó que durante el trámite penal ocurrieron las siguientes particularidades que le impidieron contar con la posibilidad material de imputar la responsabilidad al Estado con anterioridad: (i) la autoridad demandada ratificaba, por medio de declaraciones e informes oficiales, que el señor Juan Guillermo Jaramillo Jaramillo había muerto en combate12; (ii) el expediente se incineró el 29 de diciembre de 2007 mientras estaba en conocimiento del Juzgado 28 Penal

por medio de declaraciones e informes oficiales, que el señor Juan Guillermo Jaramillo Jaramillo había muerto en combate12; (ii) el expediente se incineró el 29 de diciembre de 2007 mientras estaba en conocimiento del Juzgado 28 Penal

11 Sentencia del 29 de noviembre de 2018, caso Órdenes de Guerra vs Chile; y, Sentencia del 23 de septiembre de 2021, caso Familia Julien Grisonas vs Argentina. 12 Ante la justicia penal militar y la ordinaria, los miembros del Batallón Contraguerrillas No. 80 de la Brigada Móvil No. 11 sostuvieron y aportaron material de guerra para acreditar que en el desarrollo de la orden de operaciones «Espada» y la misión táctica «Flanco» dieron de baja en combate a un miembro de la FARC identificado como Juan Guillermo Jaramillo Jaramillo.Accionante: Alba Lucía Jaramillo Jaramillo y otros

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Militar13; (iii) el proceso lo conoció el Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Ituango14 y no fue sino hasta agosto de 2018 que la Fiscalía 106 Especializada en Derechos Humanos formuló la acusación; (iv) mediante providencia del 29 de abril de 2019 el juzgado referido remitió el proceso a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.

en Derechos Humanos formuló la acusación; (iv) mediante providencia del 29 de abril de 2019 el juzgado referido remitió el proceso a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.

18. En ese orden, así como lo expuso en el recurso de apelación contra la providencia del juzgado vinculado, insistió que no fue sino hasta el 13 de abril de 202315 que tuvo acceso al expediente de la JEP en el que mediaba confesión de uno de los militares acusados.

19. Finalmente, f rente al cargo de violación directa de la Constitución, consideró que, por ha ber omitido el análisis anterior, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró sus garantías constitucionales a la reparación integral, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

1.4. Intervenciones

20. Juzgado 60 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. Consideró que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de los accionantes . En consecuencia, solicitó la desvinculación del presente trámite constitucional, puesto que ninguna de las pretensiones fue formulada en su contra.

21. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C . Se limitó a realizar un recuento de las actuaciones judiciales surtidas en el medio de control referido y a remitir el expediente del mismo.

II. CONSIDERACIONES

22. La Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso , a la igualdad y de acceso a la administración de justicia de la parte actora. Para ello, se estudiará lo siguiente : (i) la superación de los requisitos generales de

22. La Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso , a la igualdad y de acceso a la administración de justicia de la parte actora. Para ello, se estudiará lo siguiente : (i) la superación de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y (ii) el cumplimiento de los elementos establecidos jurisprudencialmente para la configuración del defecto por desconocimiento del precedente judicial.

13 Autoridad judicial que a juicio de la parte actora omitió remitir oportunamente el expediente al juez natural de la causa. La Sala destaca que la Corte Suprema de Justicia ha establecido pacíficamente que, si el móvil del delito es la posible relación o nexo de la víctima con un grupo armado ilegal esta conducta no puede concebirse como un acto del servicio de la Fuerza Pública. Razón de peso para descartar que estos casos sean asumidos por la justicia milit ar. (Ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia No. 31091 del 4 de mayo de 2011, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca) 14 Según el escrito de tutela, el proceso pasó al conocimiento de la jurisdicción ordinaria en el 2013. 15 Fecha en la que notificaron, al apoderado judicial de la parte actora, la Resolución No. 737 del 23 de febrero de 2023, mediante la cual se reconoció la calidad de víctima de la señora María Resfa Jaramillo Jaramillo y les brindaron acceso al expediente de uno de los militares.Accionante: Alba Lucía Jaramillo Jaramillo y otros

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2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales

23. El Consejo de Estado 16 y la Corte Constitucional 17, han condicionado la procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento de ciertos requisitos generales18 y a la configuración de algún defecto especial19 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura n los defectos invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de procedencia.

24. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

25. En este caso, e sta Sección considera que la solicitud de amparo cumple parcialmente con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse.

26. Legitimación en la causa . Este presupuesto c onsiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se

parcialmente con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse.

26. Legitimación en la causa . Este presupuesto c onsiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

27. La Sala advierte que las señoras Alba Lucía Jaramillo Jaramillo, María Resfa Jaramillo Jaramillo, María Doralba Jaramillo Jaramillo y los señores Norbey Andrés Castrillón Jaramillo, Hernando Antonio Jaramillo Jaramillo y Donaldo de Jesús Jaramillo Jaramillo, están legitimados en la causa por activa, porque fueron la parte demandante dentro del medio de control en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta vía. Por otro lado, se evidencia que la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca está

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 17 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 17 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005. 18 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza. 19 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.Accionante: Alba Lucía Jaramillo Jaramillo y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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legitimada en la causa por pasiva por haber proferido la decisión reprochada mediante el presente trámite constitucional.

28. Por último, el Juzgado 60 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,

legitimada en la causa por pasiva por haber proferido la decisión reprochada mediante el presente trámite constitucional.

28. Por último, el Juzgado 60 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, solicitó la desvinculación del presente trámite constitucional al considerar que no ha vulnerado ninguna garantía fundamental de la parte actora.

29. La Sección negará dicha petición, debido a que la autoridad referida no fue vinculada a la acción de tutela en calidad de accionada, sino como tercero con interés. Ello, al ser el juez que conoció, en primera instancia, del expediente de reparación directa identificado con el radicado 11001-33-43-060-2023-0023000/01.

30. Relevancia constitucional . De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional20, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el actor cumpla con la carga a rgumentativa que vislumbre la vulneración de sus derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial; y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

31. En este caso, la parte actora formuló los siguientes cargos contra la

desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

31. En este caso, la parte actora formuló los siguientes cargos contra la providencia objeto de estudio: i) desconocimiento del precedente judicial , y ii) violación directa de la Constitución.

32. La Sala precisa que el reproche por desconocer las sentencias de la Corte IDH21 y el cargo por violación directa de la Constitución no superan el requisito de relevancia constitucional, por las siguientes razones:

33. Primero, frente al desconocimiento de las providencias mencionadas, la Corte Constitucional tiene una postura reiterada frente al término de caducidad del medio de control de reparación directa, en el sentido de no extender la imprescriptibilidad de la acción penal a los procesos que buscan la reparación patrimonial de las víctimas22. En ese orden, resulta evidente que se está controvirtiendo y proponiendo una discusión que el máximo órgano constitucional ya zanjó.

34. Segundo, respecto del cargo por violación directa de la Constitución los

20 Sentencia SU-215 de 2022. 21 Sentencia del 29 de noviembre de 2018, caso Órdenes de Guerra vs Chile; y, Sentencia del 23 de septiembre de 2021, caso Familia Julien Grisonas vs Argentina. 22 Corte Constitucional, Sentencia SU-312 de 2020.Accionante: Alba Lucía Jaramillo Jaramillo y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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accionantes se limitaron a afirmar que la providencia del tribunal accionado vulneró sus garantías constitucionales , sin que mediara algún argumento tendiente a demostrar la incidencia material en sus derechos fundamentales, por ende, no cuenta con la carga argumentativa mínima para ser estudiado de fondo.

35. No obstante, frente a la presunta configuración de un desconocimiento de la sentencia SU -167 de 2023 de la Corte Constitucional, esta colegiatura considera que este requisito se encuentra superado, por cuanto la parte actora expuso cómo la omisión de aplicar las reglas de unificación jurisprudencial para efectos del conteo de términos de la caducidad en el marco de crímenes de lesa humanidad incide directamente en sus derechos fundamentales.

36. En particular, la parte demandante hizo referencia a que el tribunal demandado, al momento de realizar el conteo del término para interponer la demanda de reparación directa por la ejecución extrajudicial que sufrió el señor Juan Guillermo Jaramillo Jaramillo, omitió analizar las barreras y ocultamientos a los que se enfrentó que retrasaron la posibilidad material de imputarle la responsabilidad al Estado (ver numeral 17 del presente fallo) a la luz de los criterios de flexibilización que ha establecido el máximo tribunal constitucional.

37. Por ende, se advierte que las razones presentadas no comportan una

responsabilidad al Estado (ver numeral 17 del presente fallo) a la luz de los criterios de flexibilización que ha establecido el máximo tribunal constitucional.

37. Por ende, se advierte que las razones presentadas no comportan una simple intención de revivir alguna de las etapas procesales ya zanjadas por el juez del trámite ordinario, sino que estas reflejan una posible vulneración de sus derechos fundamentales.

38. Se destaca que la providencia que declaró la caducidad del medio de control se profirió antes de que se trabara la litis, aspecto que, sin lugar a duda, encuentra una mayor relevancia para realizar un estudio de fondo, ya que se trata de una duda legítima sobre la presunta vulneración de la garantía constitucional de acceso a la administración de justicia, que ampara el derecho de toda persona de solicitar ante los jueces competentes, la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la Ley.

39. Asimismo, en anteriores oportunidades, esta Sección 23 ha estudiado de fondo las acciones de tutela en las que se reprochan decisiones judiciales proferidas dentro de un proceso en el que se debatió sobre la comisión de una ejecución extrajudicial, dada la relación que tienen estos asuntos con la posible vulneración a los derechos humanos por parte del Estado.

40. Por tanto, de conformidad con lo expuesto y dada la naturaleza del asunto que conoció el juez de lo contencioso administrativo, el presente litigio reviste relevancia constitucional.

41. Subsidiariedad. La parte actora cumplió con este presupuesto, ya que no

23 Al respecto ver : Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

relevancia constitucional.

41. Subsidiariedad. La parte actora cumplió con este presupuesto, ya que no

23 Al respecto ver : Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 20 de febrero de 2025. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Radicado: 11001 -03-15000-2025-00435-00.Accionante: Alba Lucía Jaramillo Jaramillo y otros

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cuenta con otros mecanismos judiciales ordinarios ni extraordinarios para controvertir la providencia que cuestiona mediante esta vía. Esto, debido a que, por tratarse de un auto que confirma el rechazo de la demanda, no es susceptible de recurso alguno.

42. Inmediatez. También se acredita este requisito sin que sea necesario constatar la fecha de ejecutoria, pues el auto que se reprocha fue notificado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 16 de diciembre de 2024. Es decir, el actor promovió la acción de tutela 24 dentro de los seis meses que estableció la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005, como plazo razonable para ejercer la acción constitucional.

43. Tutela contra tutela. Se supera este presupuesto ya que no se controvierte una decisión de tutela, pues la providencia reprochada