CE - Sentencia 11001031500020250386401 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-03864-01

Accionante: JOSÉ JESÚS CARDONA, SANDRA PAOLA ACEVEDO

CANIZALES, SANTIAGO CARDONA ACEVEDO, JERÓNIMO

Y JACOBO RODRÍGUEZ CARDONA, SONIA, CLAUDIA

PATRICIA Y VÍCTOR ALFONSO CARDONA CEBALLOS,

NIKOLAS CAICEDO CARDONA, CAROL LISSET CARDONA

CARDONA, JUAN JOSÉ TANGARIFE CARDONA , JORGE

ANDRÉS DÍAZ CARDONA, JOSELLYN MARIANA CARDONA

PÉREZ, LAUREN EDITH ROMERO BLANDÓN Y ANA

MARIELLA BLANDÓN ROJAS

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa con la pretensión de que se declarara la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad por presunto acto sexual con menor de 14 años . Defecto fáctico por indebida valoración probatoria

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación

con menor de 14 años . Defecto fáctico por indebida valoración probatoria

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por los señores José Jesús Cardona, Sandra Paola Acevedo Canizales, Santiago Cardona Acevedo, Jerónimo y Jacobo Rodríguez Cardona, Sonia, Claudia Patricia y Víctor Alfonso Cardona Ceballos, Nikolas Caicedo Cardona, Carol Lisset Cardona Cardona, Juan José Tangarife Cardona, Jorge Andrés Díaz Cardona, Josellyn Mariana Card ona Pérez, Lauren Edith Romero Blandón y Ana Mariella Blandón Rojas, quienes actúan mediante apoderado judicial, contra la sentencia de 28 de agosto de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 18 de junio de 2025, los demandantes pidieron al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la reparación integral y a la libertad, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

“PRIMERO. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la reparación integral y a la libertad personal, que fueron vulnerados por la accionada —Tribunal Administrativo del Valle del Cauca— a los señores JOSÉ JESÚS CARDONA, SANDRA

PAOLA ACEVEDO CANIZALES, SANTIAGO CARDONA ACEVEDO, CLAUDIA PATRICIA

—Tribunal Administrativo del Valle del Cauca— a los señores JOSÉ JESÚS CARDONA, SANDRA

PAOLA ACEVEDO CANIZALES, SANTIAGO CARDONA ACEVEDO, CLAUDIA PATRICIA

CARDONA CEBALLOS, JERÓNIMO RODRÍGUEZ CARDONA, JACOBO RODRÍGUEZ

CARDONA, SONIA CARDONA CEBALLOS, NIKOLAS CAICEDO CARDONA, CAROL LISSET CARDONA CARDONA, JUAN JOSÉ TANGARIFE CARDONA, JORGE ANDRÉS DÍAZ CARDONA, VÍCTOR ALFONSO CARDONA CEBALLOS, JOSELLYN MARIANA CARDONARadicado: 11001-03-15-000-2025-03864-01

Demandantes: José Jesús Cardona y otros

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2 PÉREZ, LAUREN EDITH ROMERO BLANDÓN, ANA MARIELLA BLANDÓN ROJAS; no obstante, se aclara frente al menor JSCA, que su ausencia se debe a su fallecimiento.

SEGUNDO. Que, como consecuencia de lo anterior, se DEJE SIN EFECTOS la Sentencia No. 026 de 7 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de reparación directa radicado No. 76111 -33-33-003-2017-00213-01, por vulnerar los derechos fundamentales mencionados.

TERCERO. Corolario de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del fallo de tutela, profiera una

derechos fundamentales mencionados.

TERCERO. Corolario de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del fallo de tutela, profiera una nueva decisión de reemplazo, realizando un análisis o bjetivo, completo y razonado del acervo probatorio, en armonía con el precedente constitucional y contencioso sobre la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad, y motivando de manera suficiente su proveído”.

2. Hechos

La parte actora relató que se adelantó proceso penal contra el señor José Jesús Cardona, por presunta mente incurrir en el tipo penal de actos sexuales abusivos con menor de catorce años, supuestamente cometido a su hijastra.

Indicó que en la audiencia concentrada 1 de 26 de octubre de 2015 , el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Guadalajara de Buga impuso la medida de aseguramiento contra el señor José Jesús Cardona, quien estuvo privado de la libertad desde el 28 de octubre de 2015 hasta el 21 de febrero de 2017, cuando el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Guadalajara de Buga declaró su absolución, toda vez que de las pruebas practicadas no se logró desvirtuar la presunción de inocencia, además que precisó que no estaba ante un escenario de atipicidad objetiva del hecho.

Afirmó que en el ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda contra la Nación, Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, con el fin de que se declarara la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad a la

Afirmó que en el ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda contra la Nación, Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, con el fin de que se declarara la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad a la que fue sometido el señor José Jesús Cardona y, en consecuencia, se les resarcieran los perjuicios materiales y morales causados.

Sostuvo que el Jugado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, en sentencia de 28 de octubre de 2019, declaró no probada s las excepciones propuestas por la parte demandada. En ese mismo orden, declaró patrimonialmente responsable a la Nación, la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial por los perjuicios causados por la privación de la libertad del señor José Jesús Cardona. En consecuencia, las condenó al pago de los perjuicios morales y materiales en la modalidad de lucro cesante.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión la s entidades que conformaban la parte demandada interpusieron recurso de apelación. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante fallo de 7 de marzo de 2025 la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda , al considerar que la medida restrictiva de la libertad cumplió con lo establecido en el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, pues se trataba de un caso en el que estaba de por medio una menor de edad , por lo que existía una imposibilidad de algún beneficio o subrogado de acuerdo a lo establecido en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, y al momento en que se impuso existían elementos de convicción necesario s para inferir razonadamente que el imputado era coautor o participe de la conducta

subrogado de acuerdo a lo establecido en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, y al momento en que se impuso existían elementos de convicción necesario s para inferir razonadamente que el imputado era coautor o participe de la conducta reprochada.

3. Fundamentos de la acción

Los demandantes aseguraron que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia, pues i) el asunto goza de relevancia constitucional, en tanto que involucra la vulneración de sus derechos fundamentales , ii) no cuentan

1 Legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03864-01

Demandantes: José Jesús Cardona y otros

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3 con otro medio de defensa judicial, iii) la solicitud de amparo se radicó en un tiempo razonable, iv) se estableció el carácter decisivo de los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial, v) identificaron razonablemente los hechos y vi) no se cuestiona una sentencia de tutela.

Afirmaron que el Tribunal incurrió en defecto fáctico, al evaluar de manera equivocada la razonabilidad de la medida de aseguramiento a partir de la denuncia inicial de la menor de edad y el informe médico sexológico.

Sostuvieron que la Corte Constitucional en sentencia SU -072 de 2018, manifestó que la imposición de medidas de aseguramiento privativas de la libertad exige un

inicial de la menor de edad y el informe médico sexológico.

Sostuvieron que la Corte Constitucional en sentencia SU -072 de 2018, manifestó que la imposición de medidas de aseguramiento privativas de la libertad exige un juicio riguroso de razonabilidad y proporcionalidad, que debe fundarse en la valoración integral de todo el acervo probatorio relevante disponible en el momento en que la medida es adoptada. Agregó que n o basta con que existan indicios iniciales y que es indispensable que la decisión de restringir el derecho fundamental de la libertad personal se adopte con base en un análisis completo y actualizado del material probatorio, en el cual la Fiscalía General de la Nación debe actuar con la máxima diligencia y lealtad procesal para asegurar que el juez de control de garantías cuente con todos los elementos necesarios para ejercer su función de control.

Señalaron que la autoridad judicial no cuestionó que el ente investigador al momento de solicitar la medid a de aseguramiento no incorporó el informe psiquiátrico de la menor que tenía en su poder desde el año 2014 y que era relevante para valorar la credibilidad de la denunciante , además que se contó con un informe médico sexológico con resultados negativos , “ el juez de control de garantías no exigió una valoración más rigurosa antes de imponer la medida”.

Agregaron que “el Tribunal, lejos de reconocer este defecto, analizó el dictamen únicamente desde la fecha de su valoración (febrero de 2014), ignorando desde cuándo fue conocido por la Fiscalía, desde cuándo debió estar incorporado al expediente, y desde cuándo su ause ncia se tornó en una omisión reprochable.

únicamente desde la fecha de su valoración (febrero de 2014), ignorando desde cuándo fue conocido por la Fiscalía, desde cuándo debió estar incorporado al expediente, y desde cuándo su ause ncia se tornó en una omisión reprochable. Tampoco analizó el hecho de que en juicio oral se aclaró que el dictamen provenía de un proceso previo contra el padre biológico de la menor, lo que explica la diferencia en el SPOA y confirma la negl igencia en su introducción formal. Este tratamiento fragmentado e incompleto de la prueba configura una lectura sesgada del acervo probatorio, vulnerando el principio de integralidad en la valoración y desconociendo el impacto que dicha omisión tuvo en la legalidad y razonabilidad de la medida restrictiva de la libertad impuesta”.

Sostuvieron que la Fiscalía General de la Nación tenía el deber de actuar con la máxima diligencia al conformar el acervo probatorio en los casos que implican privación injusta de la libertad y que en la audiencia en la que se decidiera sobre la medida de aseguramiento se debía fundar en una valoración integral y completa de los elementos materiales probatorios disponibles.

Por último, manifestaron que se incurrió en defecto por desconocimiento del precedente judicial, porque no tuvo en cuenta la sentencia de tutela de 5 de marzo de 2020 de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se señaló que “ los informes de inteligencia sirven como criterio orientador, pero carece de eficacia probatoria ”. Asimismo, mencionaron la sentencia SU -072 de 2018, en la que se indicó que “no basta con la existencia de indicios iniciales, sino que es indispensable que el juez de control de garantías, en ejercicio de su función

carece de eficacia probatoria ”. Asimismo, mencionaron la sentencia SU -072 de 2018, en la que se indicó que “no basta con la existencia de indicios iniciales, sino que es indispensable que el juez de control de garantías, en ejercicio de su función de control, realice una valoración integral del acervo probatorio disponible, asegurándose de que la privación de la libertad no se produzca con base en un expediente parcial o incompleto ”. Por consiguiente, si se hubiese acatado el precedente quedaba demostrada la falla en el servicio por la privación de la libertad que sufrió el señor José Jesús Cardona.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03864-01

Demandantes: José Jesús Cardona y otros

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4. Oposición

4.1. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

La abogada adscrita a la Unidad de Asistencia Legal pidió que se desvinculara, que se vincule a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca y negar las pretensiones de la demanda, al no existir la vulneración de los derechos fundamentales alegados.

Afirmó que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca fue quien ejerció la representación de la Rama Judicial en el curso del proceso ordinario.

Finalmente, manifestó que la acción de tutela lo que pretende es revivir el debate desarrollado en el curso del proceso de reparación directa como en el penal.

proceso ordinario.

Finalmente, manifestó que la acción de tutela lo que pretende es revivir el debate desarrollado en el curso del proceso de reparación directa como en el penal.

4.2. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y que se desvincule a la entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Indicó que en el presente asunto no se evidenció la vulneración de derechos fundamentales a la parte actora y que lo que se observa es que se utiliza la acción de tutela como un mecanismo para reabrir un debate legal.

4.3. El Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga , a pesar de que se les notificó el auto admisorio, guardaron silencio.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 28 de agosto de 2025, negó las solicitudes de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de la Fiscalía General de la Nación. Por otra parte, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.

Sostuvo que el Tribunal se pronunció frente a los aspectos que alude la parte actora como desconocidas, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece del re quisito general de la relevancia constitucional.

Para termina r, a seguró que frente al cargo d el desconocimiento del precedente

abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece del re quisito general de la relevancia constitucional.

Para termina r, a seguró que frente al cargo d el desconocimiento del precedente judicial, la parte actora no cumplió con la carga mínima argumentativa que h iciere posible estudiar tal inconformidad, en la medida en que se limitó a manifestar sus posturas sin identificar de manera clara sentencia alguna o problema jurídico similar al estudiado en el asunto bajo examen, lo que hace improcedente la solicitud de amparo.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo cual expuso lo siguiente:Radicado: 11001-03-15-000-2025-03864-01

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5 Afirmó que la sentencia impugnada omitió que el debate no gira frente a la denuncia inicial y el dictamen sexológico, sino de la existencia del informe psiquiátrico de febrero de 2014, el cual conocía la Fiscalía General de la Nación y que de haberse incorporado en tiempo no se hubiese privado de la libertad al señor José Jesús Cardona.

Indicó que la medida de aseguramiento en contra del señor José Jesús Cardona , se dictó con fundamento en pruebas insuficientes y con la exclusión de un dictamen concluyente.

Cardona.

Indicó que la medida de aseguramiento en contra del señor José Jesús Cardona , se dictó con fundamento en pruebas insuficientes y con la exclusión de un dictamen concluyente.

Finalmente, manifestó que el validar una valoración probatoria fragmentada y no notar la relevancia constitucional se incurre en un error , pues el presente asunto trasciende la mera legalidad y compromete directamente los derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad personal y a la reparación integral, más aún cuando no se trata de una simple discrepancia probatoria propia de la legalidad ordinaria, sino de la convalidación de una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que se adoptó sin tener en cuenta la omisión de la Fiscalía General de la Nación de incorporar oportunamente un dictamen psiquiátrico concluyente que ya estaba en su poder.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si se debe revocar la sentencia de 28 de agosto de 2025 de la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional y, en caso afirmativo y que cumpla con los demás requisitos generales de procedencia , si la autoridad judicial

Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional y, en caso afirmativo y que cumpla con los demás requisitos generales de procedencia , si la autoridad judicial accionada incurri ó en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la reparación integral y a la libertad de la parte actora.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 4, acogió la tesis de admitir

2 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 3 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 4 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03864-01

Demandantes: José Jesús Cardona y otros

4 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03864-01

Demandantes: José Jesús Cardona y otros

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6 la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental. Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o

decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo 10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la Constitución14.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo15 y de la Corte Constitucional16.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo

interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo15 y de la Corte Constitucional16.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,

5 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 6 M. P. Jaime Córdoba Triviño. 7 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 8 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 9 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 10 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 11 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 12 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 13 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia

13 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 14 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU -114 de 2023 y SU-061 de 2023,

M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 15 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C.

P. Lucy Jean nette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016 -02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.

16 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU -542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03864-01

Demandantes: José Jesús Cardona y otros

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7 atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Contrario a lo sostenido por el a quo, se cumple con el requisito de la relevancia constitucional y los demás requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que, contrario a lo resuelto en la sentencia impugnada, los requisitos generales de procedencia están cumplidos en el asunto bajo estudio, por cuanto (i) goza de relevancia constitucional, en tanto se debe determinar si en la decisión de s egunda instancia proferida en el marco del medio de control de reparación directa, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la decisión favorable de primera instancia y negó la pretensiones tendientes a la declaratoria de res ponsabilidad del Estado por los supuestos daños causados por una privación de la libertad a la que fue sometido uno de los accionantes, incurrió en una indebida valoración del informe psiquiátrico que limitó el contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la reparación integral y a la libertad, a lo que se agrega que la solicitud de amparo no se propone como una instancia adicional, ni se plantea con la intención de reabrir el debate o se desarrollan unos argumentos de naturaleza legal.

Por el contrario, cuenta con la suficiente carga argumentativa por lo que se trata de

que la solicitud de amparo no se propone como una instancia adicional, ni se plantea con la intención de reabrir el debate o se desarrollan unos argumentos de naturaleza legal.

Por el contrario, cuenta con la suficiente carga argumentativa por lo que se trata de un genuino debate constitucional, en el que se deberá determinar si la autoridad judicial accionada, desconoció los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

Igualmente, (ii) la decisión objetada se dictó a l resolver el recurso de apelación de la parte demandada, por lo que los accionantes no cuentan con otro mecanismo de defensa judicial ni el asunto se encuadra en alguna de las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión, previstas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA-, ni del de unificación de jurisprudencia descritas en el artículo 257 de la misma normativa; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses 17 establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional 18; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.

4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto fáctico alegado19

La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 2 8 de agosto de 2025, declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta del requisito de la relevancia constitucional, al considerar que la solicitud de amparo se utilizó para insistir en el mismo debate desarrollado por el juez natural del asunto.

Los demandantes impugnaron la anterior decisión, para lo cual insistieron en que la

constitucional, al considerar que la solicitud de amparo se utilizó para insistir en el mismo debate desarrollado por el juez natural del asunto.

Los demandantes impugnaron la anterior decisión, para lo cual insistieron en que la acción de tutela cumple con el requisito de la relevancia constitucional y que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales, pues omitió que existía un informe p siquiátrico, el cual conocía la Fi