CE - Sentencia 11001031500020250407801 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C, cuatro (4) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-04078-01

Demandante: JUANA DOLORES PEREA MOSQUERA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA

JUDICIAL. SE DECLARA IMPROCEDENTE EL

AMPARO POR EL INCUMPLIMIENTO DEL

REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó una providencia judicial proferida en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , por cuanto no se acreditó la convivencia simultanea entre la actora y el causante durante los 5 años previos a su fallecimiento. La Sala revocará la providencia de primera instancia que negó la acción de tutela y, en su lugar, declarará improcedente el amp aro por incumplimiento del presupuesto general de relevancia constitucional, en atención a que el actor pretende emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la sentencia de 6 de agosto de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de

Estado en la que se decidió:

“Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida [por]

sentencia de 6 de agosto de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de

Estado en la que se decidió:

“Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida [por] la señora Juana Dolores Perea Mosquera, quien actúa por conducto de apoderado judicial . (...)”. (negrillas del original – archivo disponible en medio magnético en el índice 00019 del aplicativo SAMAI)

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 2 de julio de 20251, la parte actora promovió proceso de acción de tutela , por intermedio de apoderado judicial , en contra del Tribunal Administrativo del Chocó para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso , acceso a la administración de justicia , igualdad, dignidad y seguridad social consagrados en los artículos 29, 229, 13, 1 y 48 de la Constitución

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI.Expediente: 11001-03-15-000-2025-04078-01

Demandante: Juana Dolores Perea Mosquera Acción de tutela – Impugnación de fallo

2 Política, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 27 de febrero de 2025, proferida por dicha autoridad judicial en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 27001-33-33-001-2018-00332-01.

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. Convivió con el señor Fausto Antonio Arboleda Penagos por más de 30 años,

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. Convivió con el señor Fausto Antonio Arboleda Penagos por más de 30 años, fruto de cuya unión nació un hijo y durante ese tiempo conformaron una comunidad de vida estable y permanente, reconocida socialmente en el municipio de Quibdó.

1. En el año 2003, el señor Arboleda Penagos fue diagnosticado con cáncer, razón por la cual sus hijos lo trasladaron a otra vivienda, debido a las condiciones de salud y a la precariedad habitacional del lugar donde residía con la actora; a pesar de ello, nunca hubo una ruptura del vínculo afectivo o económico que los unía hast a su fallecimiento, ocurrido en julio de 2005.

1. Solicitó ante la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (en adelante UGPP) el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pero dicha entidad, mediante Resolución RDP 037930 de 16 de agosto de 2013 y Auto ADP 006750 de 15 de julio de 2015, negó la petición con fundamento en que no se acreditó la convivencia continua durante los 5 años anteriores al fallecimiento, exigida por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionó esos actos administrativos y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó, mediante sentencia del 17 de junio de 2022, accedió parcialmente a sus pretensiones y le reconoció la p ensión de sobrevivientes como

cuestionó esos actos administrativos y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó, mediante sentencia del 17 de junio de 2022, accedió parcialmente a sus pretensiones y le reconoció la p ensión de sobrevivientes como compañera permanente del causante, a partir del 15 de agosto de 20152.

2 Esa autoridad judicial consideró probada la existencia de una unión marital de hecho entre la actora y el causante, sustentada en la coincidencia de los testimonios de Medardo de Jesús Chaverra Asprilla, Leonor Ortiz Perea y Guillermo Gil, así como en el interrogatorio de parte rendido por la actora que demostraron que ambos conformaron una relación afectiva y pública, con proyecto de vida común, y que la separación física ocurrida hacia el año 2003 no implicó ruptura del vínculo sino una medida adoptada por motivos de salud del causante.Expediente: 11001-03-15-000-2025-04078-01

Demandante: Juana Dolores Perea Mosquera Acción de tutela – Impugnación de fallo

3 5) La UGPP apeló la decisión por considerar que no se demostró la convivencia continua durante los cinco años anteriores al fallecimiento 3, mientras que la actora impugnó parcialmente la decisión para que e l reconocimiento de la pensión se hiciera de manera retroactiva4.

1. Mediante sentencia del 27 de febrero de 202 5, el Tribunal Administrativo del Chocó revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda por considerar que no se probó la justa causa de la separación ni la convivencia efectiva durante los 5 años previos al deceso del pensionado.

Chocó revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda por considerar que no se probó la justa causa de la separación ni la convivencia efectiva durante los 5 años previos al deceso del pensionado.

1. La autoridad judicial demandada determinó que, si bien se allegaron declaraciones testimoniales, estas eran vagas e imprecisas en cuanto a los tiempos

Valoró que la separación se produjo por causa justificada, dado que el señor Arboleda padecía una enfermedad grave (cáncer) y fue trasladado por sus hijos a otra vivienda para recibir mejores cuidados; consideró que tal hecho no desvirtuaba la convivencia ni la comunidad de vida, conforme al criterio sentado por la Sentencia SU -108 de 2014 de la Corte Constitucional, según la cual la separación física no rompe el vínculo cuando obedece a razones objetivas y no a voluntad de disolver la relación.

Adicionalmente, dio por acreditado que el causante mantuvo el sostenimiento económico de la actora hasta el momento de su fallecimiento, en tanto los testigos coincidieron en que seguía proveyendo alimentos y dinero para ella, lo c ual demostraba la subsistencia de la comunidad de apoyo y solidaridad que caracteriza la convivencia marital.

3 Esa entidad sostuvo que la actora no acreditó la convivencia ininterrumpida durante los 5 años anteriores al fallecimiento del causante y que los testimonios allegados eran imprecisos, contradictorios y carentes de soporte objetivo respecto del tiempo, lugar y circunstancias de la supuesta vida en común, y que no existían medios probatorios idóneos que demostraran la cohabitación efectiva.

contradictorios y carentes de soporte objetivo respecto del tiempo, lugar y circunstancias de la supuesta vida en común, y que no existían medios probatorios idóneos que demostraran la cohabitación efectiva.

La UGPP alegó que no existe historia clínica u otro documento médico que respalde la afirmación de que el traslado del causante a otra vivienda obedeció a motivos de salud; por tanto, la separación configuraba, a su juicio, la ruptura del vínculo marital, lo c ual impedía reconocer la sustitución pensional.

El juzgado concedió valor decisivo a simples declaraciones de terceros, pese a que estos no convivieron con la pareja ni podían constatar de manera directa la supuesta relación durante los años críticos; se prescindió de la carga de la prueba que correspondía a la demandante y la valoración resultó contraria a la sana crítica por derivar una comunidad de vida con base en testimonios débiles e inconsistentes.

Finalmente, argumentó que se interpretó de forma extensiva e inadecuada la Sentencia SU-108 de 2014, pues esa decisión no elimina el requisito de convivencia efectiva, sino que admite la separación por causas probadas y objetivas; en este caso no se demostró objetivamente que la separación obedeciera a enfermedad o fuerza mayor, por lo cual el precedente no resultaba aplicable.

4 La actora consideró que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes no debía hacerse a partir del 15 de agosto de 2015, como lo determinó el juzgado, sino desde el 15 de julio de 2005, fecha del fallecimiento del causante, momento a partir del cual cumplía con todos los requisitos legales para acceder al beneficio.

partir del 15 de agosto de 2015, como lo determinó el juzgado, sino desde el 15 de julio de 2005, fecha del fallecimiento del causante, momento a partir del cual cumplía con todos los requisitos legales para acceder al beneficio.

La prescripción trienal no debía aplicarse en su contra, dado que la negativa ad ministrativa de la UGPP impedía el goce efectivo del derecho y mantenía una vulneración continua.Expediente: 11001-03-15-000-2025-04078-01

Demandante: Juana Dolores Perea Mosquera Acción de tutela – Impugnación de fallo

4 y circunstancias concretas de la relación, por lo cual no permitían establecer con certeza que existió una comunidad de vida estable y permanente hasta la fecha de la muerte del causante.

1. Existió una separación desde el año 2003, pero no se probó la justa causa que la motivó; no se aportó la historia clínica ni otro documento médico que acreditara que el traslado del causante a otra vivienda obedeció a razones de salud.

1. Finalmente, el tribunal señaló que la jurisprudencia de la Corte Constitucional

(SU-108/2014) permite flexibilizar el requisito de cohabitación únicamente cuando la separación está plenamente acreditada como involuntaria o forzosa, por motivos de salud o circunstancias insuperables; sin embargo, precisó que en el presente caso no se demostró objetivamente la enfermedad del causante ni la necesidad de su traslado, por lo cual la aplicación de dicho precedente no resultaba procedente.

2. Los fundamentos de la vulneración

La parte actora afirmó que la sentencia del 27 de febrero de 2025 vulneró sus

su traslado, por lo cual la aplicación de dicho precedente no resultaba procedente.

2. Los fundamentos de la vulneración

La parte actora afirmó que la sentencia del 27 de febrero de 2025 vulneró sus derechos fundamentales e incurrió en un defecto fáctico y un desconocimiento del precedente judicial.

Sobre el defecto fáctico alegó que el Tribunal Administrativo del Chocó desconoció las pruebas que demostraban la subsistencia del vínculo afectivo y económico hasta el fallecimiento del causante, en particular, los testimonios rendidos por Medardo de Jesús Chaverra Asprilla, Leonor Ortiz Perea y Guill ermo Gil, quienes relataron que la pareja mantuvo una relación estable por más de tres décadas, que el señor Arboleda se trasladó de vivienda únicamente para recibir atención médica y que continuó visitando y sosteniendo económicamente a la señora Perea Mosquera.

Respecto del desconocimiento del precedente judicial, la demandante afirmó que la providencia cuestionada se apartó injustificadamente de la sentencia SU -108 de 2014 proferida por la Corte Constitucional, según la cual la separación por razones de salud, laborales o familiares no implica la pérdida de la convivencia material ni la ruptura del vínculo marital.Expediente: 11001-03-15-000-2025-04078-01

Demandante: Juana Dolores Perea Mosquera Acción de tutela – Impugnación de fallo

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3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la demandante solicitó el amparo de las siguientes súplicas:

“(...) 1.1. Déjese sin efecto la Sentencia del No. 008 del 27 de febrero de

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3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la demandante solicitó el amparo de las siguientes súplicas:

“(...) 1.1. Déjese sin efecto la Sentencia del No. 008 del 27 de febrero de 2025, proferida Dentro del proces [o] de control de nulidad y Restablecimiento del Derecho promovida por mi mandante contra la UGPP con numero de radicado número 27001333300120180033201, por medio de la cual se revocó la sentencia No 053 del 17de junio de 2022, proferido por el juzgado 01 Administrativo de Quibdó.

1.2. Ordénese al Tribunal Administrativo del Chocó proferir una nueva sentencia en la cual se tenga en cuenta el criterio jurisprudencia [l] contenido en la sentencia SU 108 de 2014, en consecuencia , se tome como vigente, al momento de deceso, el vínculo marital entre Juana Dolores y Fausto Arboleda.”. (negrillas y mayúsculas del original – archivo disponible en medio magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)

4. Actuación en primer grado

La Sección Cuarta del Consejo de Estado por auto del 7 de julio de 2025 admitió la acción de tutela, notificó a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Chocó con el fin de que presentaran un informe sobre los hechos que dieron lugar a la presente acción y vinculó a la UGPP , como tercer a interesada en el resultado del proceso.

5. Sentencia de primera instancia

El 6 de agosto de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia en la cual negó las pretensiones de la acción de tutela5.

resultado del proceso.

5. Sentencia de primera instancia

El 6 de agosto de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia en la cual negó las pretensiones de la acción de tutela5.

El a quo concluyó que el fallo objeto de reproche no incurrió en omisión, tergiversación ni desnaturalización probatoria grave, pues, el juez ordinario sí valoró integralmente los medios de prueba y, con base en la sana crítica, concluyó que no había certeza de convivencia sólida y continua bajo un mismo techo en los 5 años previos al deceso del causante ni prueba objetiva de la justa causa que habilitara flexibilizar el requisito.

Los testimonios fueron apreciados , pero considerados insuficientes para precisar

5 Índice 00019 del aplicativo SAMAI.Expediente: 11001-03-15-000-2025-04078-01

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6 extremos temporales y condiciones de apoyo mutuo en el quinquenio final ; asimismo, a partir de los interrogatorios invocados como indebidamente valorados la autoridad judicial advirtió dudas que no fueron desvirtuadas.

El tribunal hizo explícito que los testimonios eran de carácter general, pues se referían, en términos amplios, a una relación de pareja de larga duración, pero no precisaban con suficiencia las condiciones concretas de apoyo mutuo, dependencia económica y cohabitación material en el quinquenio inmediatamente anterior a la muerte del pensionado.

La decisión cuestionada no fue infundada ni arbitraria, sino producto de un ejercicio argumentativo válido dentro del margen de interpretación y análisis probatorio que

económica y cohabitación material en el quinquenio inmediatamente anterior a la muerte del pensionado.

La decisión cuestionada no fue infundada ni arbitraria, sino producto de un ejercicio argumentativo válido dentro del margen de interpretación y análisis probatorio que le corresponde al juez natural; por ende, el desacuerdo de la parte actora con el sentido del fallo o con la interpretación de las pruebas no bastaba para configurar un defecto fáctico.

El a quo también negó el desconocimiento del precedente invocado y destacó que el tribunal demandado citó expresamente la línea fijada por la Corte Constitucional en la sentencia SU -108 de 2014; reconoció que la ley no exige una cohabitación absolutamente ininterrumpida bajo el mismo techo cuando hay una separación forzada o necesaria y que es posible reconocer la pensión de sobrevivientes incluso con separación material en los últimos años, siempre que se pruebe que la pareja seguía en comunidad de vida real y solidaria, y que la separación obedecía a una causa objetiva ajena a la voluntad de los compañeros.

No obstante, lo que hizo el tribunal no fue rechazar esa regla, sino concluir que en el caso concreto no se había probado la justa causa de la separ ación, supuesto fáctico que activa tal excepción.

No se trató de negar la aplicación del precedente, sino de determinar que los hechos del expediente no satisfacían las condiciones fácticas para extender esa protección excepcional, razón por la cual no se configuró un desconocimiento del precedente, sino una determinación probatoria que r esultó adversa a los intereses de la parte actora.Expediente: 11001-03-15-000-2025-04078-01

excepcional, razón por la cual no se configuró un desconocimiento del precedente, sino una determinación probatoria que r esultó adversa a los intereses de la parte actora.Expediente: 11001-03-15-000-2025-04078-01

Demandante: Juana Dolores Perea Mosquera Acción de tutela – Impugnación de fallo

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6. Impugnación

La demandante presentó impugnación6 contra la sentencia de primera instancia y le fue concedida7 con auto del 7 de octubre de 2025.

A su juicio, el a quo omitió examinar los yerros evidentes en que incurrió el tribunal por restar le validez a las declaraciones testimoniales que daban cuenta de la convivencia efectiva y por exigir una historia clínica como prueba determinante, con lo cual impuso un estándar probatorio excesivo y contrario a la jurisprudencia constitucional sobre el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en casos de separación justificada por motivos de salud.

Insistió en el desconocimiento de la línea fijada por la Corte Constitucion al en la sentencia SU -108 de 2014, según la cual la separación física no extingue la convivencia material cuando obedece a circunstancias ajenas a la voluntad de los compañeros permanentes, como enfermedad, trabajo o necesidad económica.

La impugnante rei teró que, en su caso, se demostró mediante testimonios coherentes, interrogatorio de parte y documentos administrativos, que la separación de techo fue transitoria y motivada exclusivamente por la enfermedad terminal del causante, quien a pesar de ello continuó brindándole apoyo afectivo y económico hasta su fallecimiento.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

de techo fue transitoria y motivada exclusivamente por la enfermedad terminal del causante, quien a pesar de ello continuó brindándole apoyo afectivo y económico hasta su fallecimiento.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un

6 Índice 00025 del aplicativo SAMAI 7 Índice 00027 del aplicativo SAMAIExpediente: 11001-03-15-000-2025-04078-01

Demandante: Juana Dolores Perea Mosquera Acción de tutela – Impugnación de fallo

8 procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo

términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal Administrativo del Chocó con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, dignidad y seguridad social, presuntamente vulnerados con la sentencia del 27 de febrero de 2025 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no. 2700133-33-001-2018-00332-01, mediante la cual se revocó la decisión de primera instancia que había accedido parcialmente a las pretensiones de la actora y, en su lugar, las negó.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el fallo de primera instancia negó el amparo pretendido por cuanto estimó que la decisión cuestionada se basó en las pruebas obrantes en el expediente sobre las cuales se realizó un análisis razonado, así como en la jurisprudencia que la actora invocó como desconocida.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela y, en su lugar, declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional por las razones que procederán a exponerse:

2.1 La relevancia constitucional en la acción de tute la contra providencias

declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional por las razones que procederán a exponerse:

2.1 La relevancia constitucional en la acción de tute la contra providencias judicialesExpediente: 11001-03-15-000-2025-04078-01

Demandante: Juana Dolores Perea Mosquera Acción de tutela – Impugnación de fallo

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Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los

central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios, impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii) restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

En similares t érminos, en jurisprudencia de unificación reciente 8, la Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la legalidad y se proy ecta como un problema

8 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.Expediente: 11001-03-15-000-2025-04078-01

Demandante: Juana Dolores Perea Mosquera Acción de tutela – Impugnación de fallo

10 genuinamente constitucional que afecte derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional

Acción de tutela – Impugnación de fallo

10 genuinamente constitucional que afecte derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe in volucrar un problema de índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal 9”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había planteado en la sentencia SU -128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca una instancia adicional para reabrir debates merame nte legales ya concluidos con la intención de revivir los términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión

una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales 10”, enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so pena de rechazo o improcedencia.

9 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez, sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001 -03-15-000-201202201-01 (IJ).Expediente: 11001-03-15-000-2025-04078-01

Demandante: Juana Dolores Perea Mosquera Acción de tutela – Impugnación de fallo

11 En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más exigente sobre la carga argumenta tiva asociada con dicho requisito. Así, las mencionadas sentencias SU -215 de 2022 y la SU -103 de 2022 de la Corte Constitucional fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un

Constitucional fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, co n una explicación clara sobre el por qué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto ten ga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.11

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reitera