CE - Sentencia 11001031500020250415800 de 2025

Demandantes: Johana Chacón Corzo y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 11001-03-15-000-2025-04158-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Paipa (Boyacá), catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado 11001-03-15-000-2025-04158-00

Demandante: JOHANA CHACÓN CORZO Y OTROS Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Temas: Tutela contra providencia judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Resuelve la Sala la acción de tutela presentada por Johana Chacón Corzo, Verónica Chamorro Chacón y Ricardo Estiven Chamorro Chacón contra el Tribunal Administrativo de Nariño.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo Con escrito radicado el 4 de julio de 2025, los actores solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Las anteriores garantías constitucionales las consideraron vulneradas con ocasión de la sentencia de 21 de octubre de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Las anteriores garantías constitucionales las consideraron vulneradas con ocasión de la sentencia de 21 de octubre de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Nariño revocó el fallo de 19 de diciembre de 2019 proferido por el Juzgado 1. ° Administrativo del Circuito Judicial de Pasto , dentro del p roceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 52001 -33-33-001-201700328-00/01.

1.2. Peticiones de amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

1. Declarar que el honorable TRIBUNAL A DMINISTRATIVO DE NARIÑO, en sentencia de segunda instancia proferida el 21 de octubre de 2024 notificada por estado el 20 de marzo de 2025, dentro del expediente 52001333300120170032800 incurrió vía de hecho por defecto material o sustantivo.

2. En consecuencia, tutelar nuestro derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, acceso efectivo a la administración de justicia, entre otros derechos vulnerados con el actuar del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO a través de la sentencia del 21 de octubre de 2024.

3. Ordenar revocar la decisión proferida el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, en sentencia de segunda instancia proferida el 21 de octubre de 2024 notificada por estado el 20 de marzo de 2025, dentro del expediente 52001333300120170032800. 4. Ordenar TRIB UNAL ADMINISTRATIVO DEDemandantes: Johana Chacón Corzo y otros

notificada por estado el 20 de marzo de 2025, dentro del expediente 52001333300120170032800. 4. Ordenar TRIB UNAL ADMINISTRATIVO DEDemandantes: Johana Chacón Corzo y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 11001-03-15-000-2025-04158-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 NARIÑO, proferir una nueva sentencia dentro del expediente 52001333300120170032800, teniendo en cuenta las normas y la jurisprudencia que regula el régimen especial pensional de la fuerza pública.1

1.3. Hechos

De la narración r ealizada en el escrito inicial y lo evidenciado en el expediente, se resaltan las siguientes premisas fácticas :

El señor Raúl Antonio Chamorro prestó sus servicios en el Ejército Nacional desde el 12 de noviembre de 1992 hasta el 30 de agosto d e 2006 y fue beneficiado con una pensión de invalidez.

Tras el fallecimiento del señor Chamorro, el Ministerio de Defensa Nacional reconoció pensión de sobrevivientes a sus hijos Ricardo Estiven Chamorro Chacón y Verónica Chamorro Chacón en un 50%; el otro 50% fue concedido a su compañera permanente Jhoana Chacón Corzo.

Los mencionados familiares iniciaron un proceso a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de lograr la reliquidación de la mencionada prestación con el aumento porcentual de que trata el inciso 2 del artículo

Los mencionados familiares iniciaron un proceso a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de lograr la reliquidación de la mencionada prestación con el aumento porcentual de que trata el inciso 2 del artículo 1. ° del Decreto 1794 de 2000 2 y la correcta inclusión de la prima de antigüedad .

En primera instancia, el Juzgado 1. ° Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, con sentencia de 19 de diciembre de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda . En consecuencia, la parte demandada interpuso recurso de apelación.

La alzada fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Nariño, autoridad que , con sentencia de 21 de octubre de 2024, resolvió que para el caso había operado la caducidad, esto con fundamento en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 3, por cuanto habían pasado más de 5 años desde que la pensión fue reconocida.

1 Texto transcrito del original con posibles errores. Por otra parte, en el escrito inicial se incluyó en el acápite de pretensiones 10 numerales; no obstante, se suprime de esta cita aquellos que corresponden a enunciaciones probatorias. 2 Artículo 1. Asignación salarial mensual. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo

en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%). 3 ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no Podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito. A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley. Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, Podrán ser susceptibles del recurso extraordinario de revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.Demandantes: Johana Chacón Corzo y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 11001-03-15-000-2025-04158-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 1.4. Fundamentos de la solicitud

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 1.4. Fundamentos de la solicitud

Para la parte actora, la providencia cuestionada incurrió en los siguientes defectos:

• Defectos sustantivo y procedimental

A juicio de los accionantes, la Ley 2381 de 2024 aplica para el régimen general de seguridad social; no obstante, los miembros de la Fuerza Pública tienen un sistema exceptuado al que no le son aplicables sus postulados normativos , de acuerdo con la Ley 923 de 2004, el Decreto 4433 de 2004, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 48 y 217 de la Constitución Política.

Estimaron que « al aplicar de manera indiscriminada normas del régimen general a sujetos que, por mandato legal y constitucional, se encuentran sometidos a un régimen jurídico diferenciado se vulnera el principio de igualdad».

Manifestaron que la norma reglamentaria principal para los miembros de la Fuerza Pública es el Decreto 4433 de 2004, la cual contiene las disp osiciones relativas a requisitos para el reconocimiento de asignaciones de retiro, pensiones de invalidez y sustituciones pensionales, por lo que no puede acudirse a la Ley 2381 de 2004 para definir aspectos sobre la materia.

Resaltaron que la propia Ley 2381 de 20 24 excluye su aplicación en los regímenes exceptuados, como lo establece en el parágrafo 2 del artículo 3, así:

PARÁGRAFO 2: La presente ley no aplicará en el Pilar Contributivo ni

exceptuados, como lo establece en el parágrafo 2 del artículo 3, así:

PARÁGRAFO 2: La presente ley no aplicará en el Pilar Contributivo ni Semicontributivo a las personas que hayan obtenido una pensión d e vejez y de invalidez o prestación en el Sistema General de Pensiones o en los regímenes especiales o exceptuados.

Concluyeron que la citada premisa fue desconocida por el Tribunal Administrativo de Nariño con lo cual omitió «expresamente el carácter exc eptuado de dicho régimen frente al sistema general de pensiones».

Aunado a lo expuesto, acus aron a la autoridad accionada de dar una aplicación retroactiva a la Ley 2381 de 2024, esto por cuanto la demanda fue radicada en el 2017, es decir, cuando esa nor ma aún no había sido proferida, lo que implica que «sin soporte normativo alguno, compromete además el principio de confianza legítima, toda vez que los actores actuaron con base en un marco jurídico vigente, razonable y previsible al momento de reclamar s us derechos, confiando en que dicho marco no sería alterado de manera sorpresiva o arbitraria en su perjuicio».

Con apoyo en lo resuelto en la sentencia de 2 de octubre de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado 4, esgrimieron que las disposiciones de la reforma pensional solo entra n a regir a partir del 1 . ° de julio de 2025, es decir, que no era aplicable, por temporalidad, a su caso.

• Defecto por desconocimiento del precedente

disposiciones de la reforma pensional solo entra n a regir a partir del 1 . ° de julio de 2025, es decir, que no era aplicable, por temporalidad, a su caso.

• Defecto por desconocimiento del precedente

4 Proceso: 25000-23-42-000-2015-05734-01Demandantes: Johana Chacón Corzo y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 11001-03-15-000-2025-04158-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Este cargo fue sustentado de la siguiente forma:

En efecto, el Consejo de Estado, mediante Sentencia de Unificación del 25 de agosto de 2016 (expediente 3420 -2015, ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez), definió reglas claras sobre el reconocimiento del reajuste salarial d el 20% para aquellos soldados que se desempeñaron como voluntarios al 31 de diciembre del 2000 y que posteriormente adquirieron la condición de soldados profesionales, en virtud del régimen de transición previsto en el Decreto 1794 de 2000. Esta sentencia tiene carácter vinculante y constituye precedente judicial obligatorio para todas las autoridades judiciales del país, en los términos del artículo 230 de la Constitución y del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011.

Asimismo, en la Sentencia de Unificación del 25 de abril de 2019 (expediente 170116), el Consejo de Estado estableció que, para efectos de la liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales, la prima de antigüedad debe

Asimismo, en la Sentencia de Unificación del 25 de abril de 2019 (expediente 170116), el Consejo de Estado estableció que, para efectos de la liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales, la prima de antigüedad debe calcularse con base en el 100% de la asignación básica, criterio que resulta aplicable a casos de pensión de invalidez en la Sentencia del 4 de julio de 2019 (expediente 66001233300020160043301), al considerar que el régimen especial contempla las mismas partidas salariales para el reconocimiento de las distin tas prestaciones pensionales.

1.5. Trámite de la acción

Mediante proveído de 9 de julio de 2025, el magistrado ponente admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Nariño como autoridad accionada, adicionalmente, vinculó, en calidad de terceros interesados, a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y al Juzgado 1. ° Administrativo del Circuito Judicial de Pasto.

1.6. Intervención

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se present ó la siguiente respuesta:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Nariño

El magistrado ponente de la decisión atacada manifestó que acataría lo que se resolviera en esta acción de tutela; no obstante, consideró que su sentencia está debidamente fundada en derecho .

Resaltó que el criterio de caducidad adoptado está respaldado por las siguientes providencias del Consejo de Estado:

resolviera en esta acción de tutela; no obstante, consideró que su sentencia está debidamente fundada en derecho .

Resaltó que el criterio de caducidad adoptado está respaldado por las siguientes providencias del Consejo de Estado:

1. Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 52001 -23-33-000-2021-00134-02 (7367-2023), demandante: UGPP, demandado: Ana Lidia Dávila de Sánchez, providencia de fecha 27 de marzo de 2025; ii) Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 08001 -23-33-000-2013-00161-01 (1132-2015), demandante: UGPP, demandado: Julio César Blanco Carbonell, providencia de fecha 27 de marzo de 2025 y iii) Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 19001 -23-33-000-202100090-01 (4185 -2024), demandante: UGPP, demandado: Rubén Darío Rengifo Beltrán, providencia de fecha 23 de octubre de 2024.Demandantes: Johana Chacón Corzo y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 11001-03-15-000-2025-04158-00

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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela presentada por Johana Chacón Corzo, Verónica Chamorro Chacón y Ricardo Estiven Chamorro Chacón contra el Tribunal Administrativo de Nariño de conformidad con lo

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela presentada por Johana Chacón Corzo, Verónica Chamorro Chacón y Ricardo Estiven Chamorro Chacón contra el Tribunal Administrativo de Nariño de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación .

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales invocados por la parte actora, con ocasión de la providencia de 21 de octubre de 2024 , mediante la cual el Tribunal Administrativo de Nariño revocó lo resuelto en primera i nstancia para, en su lugar, declarar la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con fundamento en lo estipulado en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 .

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y, de superarse, (iii) el caso concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20125 unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió

tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 7.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, e n virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la

5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello . Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 6 El recuento de esos criterios se en cuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 7 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia». 8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina

8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Demandantes: Johana Chacón Corzo y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 11001-03-15-000-2025-04158-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Sobre la relevancia constitucional debe tenerse en cuenta que en la sentencia SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independ encia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal9 (Énfasis de la Sala).

los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal9 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico10; es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”11

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha s ido clara en señalar que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la prote cción efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal .”12 En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por l os jueces naturales”13 En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra

a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto 14, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra provi dencias judiciales no

9 Sentencia SU-573 de 2019. 10 Sentencia SU-103 de 2022. 11 Sentencia SU-103 de 2022. 12 Sentencia SU-103 de 2022. 13 Sentencia SU-128 de 2021. 14 Sentencia SU-573 de 2019.Demandantes: Johana Chacón Corzo y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 11001-03-15-000-2025-04158-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal15. (Resaltado de la Sala)

Igualmente, como se señaló previamente, s obre esta suficiencia en la argumentación de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el Consejo de Estado ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C – 590 de 2005, en la cual se explica que los accionantes deben exponer los defectos 16 en los que incurrió la decisión atacada.

Para esta Sala, en este caso se cumple parcialmente con este requisito, como pasa a

explica que los accionantes deben exponer los defectos 16 en los que incurrió la decisión atacada.

Para esta Sala, en este caso se cumple parcialmente con este requisito, como pasa a explicarse.

De acuerdo con los argumentos del escrito inicial, las censuras propuestas contra la sentencia atacada se pueden identificar de la siguiente forma: (i) defecto sustantivo por aplicar una norma del régimen general de la seguridad social a una pensión reconocida en un régimen exceptuado; (ii) defecto sustantivo por aplicar retroactivamente una ley posterior a la que se encontraba vigente al momento de iniciar el proceso ordinario, y (iii) defecto por desconocimiento del precedente.

Ahora bien, respecto del primer cargo, para esta Sala es un asunto que no se queda en un mero debate legal, por cuanto , de ser cierto que la autoridad accionada está aplicando normas que están expresamente excluidas para un régimen especial de pensiones, entonces podría configurarse una actuación arbitraria o irracional que implique la afectación a un principio básico del debido proceso, como lo es el de legalidad.

Ciertamente, en la argumentación del escrito de tutela se logra generar una duda sobre el actuar del Tribunal Administrativo de Nariño cuando expone que, de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 2381 de 2024, los postulados de esa norma no son aplicables a las pensiones reconocidas en los regímenes exceptuados, como ocurre con la prestación que devengaba el señor Raúl Antonio Chamorro, como miembro de la Fuerza Pública, y que fue entregada posteriormente a sus sobrevivientes.

Aunado a lo anterior, al margen del fondo de lo solicitado en el proceso de nulidad y

con la prestación que devengaba el señor Raúl Antonio Chamorro, como miembro de la Fuerza Pública, y que fue entregada posteriormente a sus sobrevivientes.

Aunado a lo anterior, al margen del fondo de lo solicitado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que lo presentado por los accionantes es que el Tribunal Administrativo de Nariño, aparentemente, está desconociendo la naturaleza especial que tiene la pensión reconocida al señor Raúl Antonio Chamorro, figura que tiene fundamento constitucional 17.

En ese orden de ideas, al existir una argumentación concordante con la figura del defecto sustantivo por la presunta aplicación indebida de una norma, se evidencia superado este requisito para dicho señalamiento.

No obstante, los demás cargos carecen de la relevancia constitucional exigida para un estudio de fondo.

15 Ibid. 16 Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitu ción, procedimental absoluto, orgánico, error inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente. 17 Esto de acuerdo con la modificación del Acto Legislativo 01 de 2005 al artículo 48 de la Constitución

Política.Demandantes: Johana Chacón Corzo y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 11001-03-15-000-2025-04158-00

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En primer lugar, sobre la aplicación retroactiva de la Ley 2381 de 2024, la parte actora no logra generar un cuestionamiento frente a un actuar arbitrario o irracional del

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En primer lugar, sobre la aplicación retroactiva de la Ley 2381 de 2024, la parte actora no logra generar un cuestionamiento frente a un actuar arbitrario o irracional del Tribunal Administrativo de Nariño.

En tanto que se limitó a esgrimir sus consideraciones respecto del momento y la forma en que debe entrar a regir dicha norma, pero esto se queda en meras apreciaciones subjetivas que no pueden llevar a que el juez de tutela imponga un criterio sobre el de la autoridad que resolvió la controversia.

A su vez, debe tenerse en cuenta que los argumentos que trae la parte actora, sobre antecedentes del Consejo de Estado se limitan a una decisión en la que no se estableció una regla, es decir, la aplicación del término de caducidad de que trata la Ley 2381 de 2024 no se encue ntra unificado y por lo t anto está abierto al criterio jurídico autónomo de cada juez .

Así las cosas, no es posible que el juez de tutela entre a resolver controversias sobre la interpretación de normas legales en donde el fallador natural ha hecho uso de su autonomía judicial, escogiendo una tesis que no puede calificarse de irracional solo por el hecho de no estar de acuerdo con lo pretendido por la parte actora. Tal actuar convertiría el medio constitucional en una instancia adicional, para lo cual no fue creado.

Siendo así, lo pretendido por la parte accionante es que esta vía de amparo se convierta en una instancia adicional en la que se le imponga al Tribunal Administrativo de Nariño un análisis normativo que sea favorable a los demandantes, lo que denota la falta de relevancia constitucional.

convierta en una instancia adicional en la que se le imponga al Tribunal Administrativo de Nariño un análisis normativo que sea favorable a los demandantes, lo que denota la falta de relevancia constitucional.

En segundo lugar, sobre el desconocimiento del precedente, se advierte que con esto los actores pretenden que se apliquen unas sentencias en las que se reconocieron los ajustes pensionales que pretendieron en el proceso ordinario.

Sobre este punto, es claro que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho el Tribunal Administrativo de Nariño no se pronunció de fondo sobre la reliquidación pensional, por cuanto su análisis se quedó en el punto de la caducidad. En ese sentido, debe decirse que esta acción de amparo no puede desbordar el alcance de la sentencia de 21 de octubre de 2024 y hacer un análisis sobre algo respecto de lo que no se ha manifestado el juez natural.

En todo c aso, si en gracia de discusión de superara este requisito para el cargo de desconocimiento del precedente, es evidente que no lograría pasar del filtro del agotamiento de los medios de defensa judicial, puesto que al tratarse de sentencias de unificación, la parte actora tendría a su disposición el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

En consecuencia, solo se continuará con el estudio del defecto sustantivo en la variante ya expuesta y se declarará la improcedencia de la acción de tutel a respecto de lo demás.Demandantes: Johana Chacón Corzo y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 11001-03-15-000-2025-04158-00

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04158-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 2.4.2. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se tiene cumplido el requisito por cuanto la providencia atacada corresponde a una sentencia de segunda instancia respecto de la cual no proceden recursos.

2.4.3. Por otra parte, esta Sala de Decisión evidencia que en el presente asunto se cumple el requisito de inmediatez, en tanto que la sentencia atacada, si bien data del 21 de octubre de 2024, solo se registró y notificó casi 5 meses después, esto es, el 19 y 20 de marzo de 2025 , respectivamente . Luego, al margen del momento de la ejecutoria de dicho fallo, la acción co nstitucional fue oportuna.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201418, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 19, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y, reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.

2.4.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dad