CE - Sentencia 11001031500020250415901 de 2025

Demandante: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C Radicado: 11001-03-15-000-2025-04159-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-04159-01

Demandante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE DECISIÓN ORAL C Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma sentencia.

Requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la providencia del 13 de agosto de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El Instituto Nacional de Vías (en adelante, INVIAS) , por medio de apoderado,

acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El Instituto Nacional de Vías (en adelante, INVIAS) , por medio de apoderado, instauró acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, con el fin de que se amparara su derecho fundamental al debido proceso.

Estimó quebrantada tal garantía con ocasión del auto del 29 de mayo de 2025, por medio del cual se decretó m edida cautelar en el proceso de acción popular con radicado 08-001-23-33-000-2025-00065-00.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, los tutelantes solicitaron lo siguiente:

Con base en los argumentos expuestos en la presente demanda, respetuosamente solicito al juez de tutela que CONCEDA EL AMPARO del derecho fundamental al debido proceso del INVIAS y que, en consecuencia, ORDENE DEJAR SIN EFECTOS la providencia del 29 de mayo de 2025 proferida

1 Samai, índice 1, mediante escrito presentado el 4 de julio de 2025.Demandante: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C Radicado: 11001-03-15-000-2025-04159-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 por la Sala de Decisión Oral “C” del Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del expediente con radicación No. 08-001-23-33-000-2025-00065-00.

www.consejodeestado.gov.co 2 por la Sala de Decisión Oral “C” del Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del expediente con radicación No. 08-001-23-33-000-2025-00065-00.

Adicionalmente, a fin de garantizar que la decisión en el presente proceso de tutela sea efectiva, se solicita respetuosamente a esta Corporación, CONCEDER la MEDIDA PROVISIONAL de ordenar la suspensión del Auto del 29 de mayo de 2025 proferido por la Sala de Decisión Oral “C” del Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del expediente con radicación No. 08 -001-23-33-000-202500065-00, hasta tanto se resuelva de forma definitiva, la prosperidad del amparo constitucional solicitado.2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:

El INVIAS afirmó que mediante la Resolución 1729 del 2023, aplicó el cobro de la Contribución Nacional de Valorización (en adelante, CNV) , en el Proyecto de Infraestructura Vial CartagenaBarranquilla – Circunvalar de la Prosperidad, en virtud del Acuerdo 2 del 19 de mayo de 2023, proferido por el Consejo Directivo del INVIAS. Por medio de este se autorizó la aplicación de dicha valorización, del sector transporte, según el Decreto 1625 de 2016 3, artículos 4.1.1.1.24, 4.1.1.3.15 y 4.1.1.3.56.

Indicó que en el referido ac to administrativo se fijó un término de tres años contados a partir de la aplicación de la CNV para su distribución y liquidación, el

4.1.1.3.15 y 4.1.1.3.56.

Indicó que en el referido ac to administrativo se fijó un término de tres años contados a partir de la aplicación de la CNV para su distribución y liquidación, el cual vence el 26 de mayo de 2026.

Manifestó que, mediante la Resolución 3856 del 2024 se dispuso que se daría inicio al plan de divulgación y socialización con el fin de informar a los propietarios y poseedores de los predios localizados en la zona de influencia sobre las particularidades del proyecto. En desarrollo de este plan, el INVIAS realizó convocatorias a la ciudadanía, los gremios y las asociaciones comunales, ubicados dentro de la zona de influencia e implementó herramientas de información y divulgación con el fin de mantener enterada a la comunidad sobre los aspectos del proyecto.

2 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores. 3 Decreto Único Reglamentario en materia tributaria. 4 Artículo relacionado con las siguientes definiciones: i) proyectos de infraestructura de transporte o proyectos de valorización; ii) sujeto activo de la Contribución Nacional de Valorización (CNV) del sector transporte; iii) entidad originadora o responsable del proyecto de infraestructura; iv) calificación y priorización de los proyectos o calificación; v) aplicación de la Contribución Nacional de Valorización (CNV); vi) beneficio; vii) determinación d el beneficio generado por el proyecto ; viii) costo del proyecto de infraestructura del sector transporte y, ix) Distribución de la Contribución Nacional de Valorización (CNV) del sector transporte. 5 Artículo 4.1.1.3.1. Análisis y estudio para la aplicación de la Contribución Nacional de Valorización (CNV) en el sector transporte . El análisis y estudio para la aplicación de la

Contribución Nacional de Valorización (CNV) del sector transporte. 5 Artículo 4.1.1.3.1. Análisis y estudio para la aplicación de la Contribución Nacional de Valorización (CNV) en el sector transporte . El análisis y estudio para la aplicación de la Contribución Nacional de Valorización (CNV) del sector transporte, es la actividad a través de la cual el sujeto activo, un a vez emitida la decisión de calificación y priorización del proyecto de infraestructura de transporte, realiza el análisis y estudio para la expedición del acto administrativo de aplicación de la Contribución Nacional de Valorización (CNV) del sector transporte. 6 Norma relacionada con los estudios requeridos y determinación del método y costos de los proyectos para la aplicación del cobro de la Contribución Nacional de Valorización (CNV).Demandante: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C Radicado: 11001-03-15-000-2025-04159-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Mencionó que, en el marco del proceso de aplicación, distribución y socialización de la citada contribución, el señor Carlos Manuel Meisel Vergara interpuso una acción popular contra el INVIAS y el Ministerio de Transporte , por la presunta vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa, pues según este no existía claridad en la información relacionada con la distribución y el uso de los recursos en el proyecto de infraestructura vial. Además, de la aplicación desigual en el cobro de la CNV, la falta de diálogo y consulta con las

no existía claridad en la información relacionada con la distribución y el uso de los recursos en el proyecto de infraestructura vial. Además, de la aplicación desigual en el cobro de la CNV, la falta de diálogo y consulta con las comunidades afectadas, frente a la toma de decisiones, entre otros cargos.

En consecuencia, el actor solicitó como pretensión principal la suspensión del proceso de cobro de dicha contribución para el proyecto. Asimismo, pidió como medida cautelar que cesara el cumplimiento del acto administrativo , en el cual INVIAS ordenó aplicar el cobro del mencionado impuesto directo.

Sostuvo que el asunto lo conoció el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, con radicado 08001 -23-33-000-2025-00065-00, que mediante auto de 19 de marzo de 2025 admitió la acción popular, además de vincular por tener interés directo, a los Distritos de Barranquilla y Cartagena y a los municipios de Soledad, Malambo, Galapa, Juan de Acosta, Tubará, Piojó y Santa Catalina.

Indicó que, t ambién, se le ordenó al demandante informarle a la comunidad sobre la existencia de dicha acción , por medio de un canal masivo de comunicación. Explicó que el 2 de abril de 2024, el Ministerio Público coadyuvó la solicitud de la medida cautelar, bajo la consideración de que «el actor cumplió con el estándar argumentativo y probatorio exigido para la adopción de medidas cautelares en acciones populares».

Afirmó que, mediante el auto de 29 de mayo de 2025, se decretó la medida cautelar solicitada por el actor popular, en los siguientes términos:

cautelares en acciones populares».

Afirmó que, mediante el auto de 29 de mayo de 2025, se decretó la medida cautelar solicitada por el actor popular, en los siguientes términos:

PRIMERO: DECRETAR la medida cautelar solicitada dentro de la presente acción, por las razones expuestas en esta providencia. Por tanto, se dispone:

1.1. CESAR el proceso de cobro de la CNV, en el marco del proyecto de infraestructura vial Cartagena–Barranquilla–Circunvalar de la Prosperidad.

1.2. ORDENAR al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) para que surta el subproceso de socialización del cobro de la CNV en la zona de influencia de la vía Cartagena - Barranquilla - Circunvalar de la Prosperidad (Cartagena, Santa Catalina, Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad, Juan de Acosta, Piojó, Galapa y Tubará), mediante el mecanism o de participación ciudadana de audiencia pública informativa, prevista en el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, y que constara del siguiente procedimiento:

1.2.1. El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) convocará a todas las entidades públicas y privadas, organizaciones sociales, gremiales y a la ciudadanía afectada por el cobro del gravamen, para que participen en audiencias públicas. Estas audiencias tienen como objetivo dar a conocer los criterios y elementos técnicos que definen la distribución y liqu idación de la CNV. Entre estos elementos se incluyen los estudios socioeconómicos, el método para calcular el beneficioDemandante: Instituto Nacional de Vías (INVIAS)

Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C

que definen la distribución y liqu idación de la CNV. Entre estos elementos se incluyen los estudios socioeconómicos, el método para calcular el beneficioDemandante: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C Radicado: 11001-03-15-000-2025-04159-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 individual, la zona de influencia, la capacidad de pago, la base gravable, así como cualquier otro aspecto relacionado con el cobro del tributo. En la convocatoria se prevendrá a sus destinatarios los temas materia de socialización en las audiencias públicas, así como su orden, agenda, etapa y cronograma de actividades correspondientes. La convocatoria será por el término de dos (2) meses y será publicada por un medio de comunicación nacional, un medio de comunicación local, la página oficial de INVIAS, de la CNV en la zona de influencia de la vía Cartagena - Barranquilla - Circunvalar de la Prosperidad, así como en las páginas institucionales de Cartagena, Santa Catalina, Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad, Juan de Acosta, Piojó, Galapa y Tubará […].

Señaló que la providencia se notificó el 3 de junio de esta anualidad y contra esta el INVIAS, el Ministerio de Transporte y el municipio de Puerto Colombia, presentaron recurso de reposición y en subsidio apelación.

También, sostuvo que el 9 de junio de la presente anualidad presentó recusación

el INVIAS, el Ministerio de Transporte y el municipio de Puerto Colombia, presentaron recurso de reposición y en subsidio apelación.

También, sostuvo que el 9 de junio de la presente anualidad presentó recusación contra el magistrado sustanciador de la acción popular, por considerar que tiene un interés directo en el resultado del proceso, por ser este propietario de dos predios que se ubican dentro de la zona de influencia del proyecto.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora consideró que se satisface el requisito de subsidiariedad, porque si bien los recursos contra las medidas cautelares están previstos para permitir el ejercicio del derecho al debido proceso, en el caso concreto tal garantía resulta nugatoria.

Lo anterior en atención a que, por el efecto devolutivo de estos, al momento en que se resuelvan, se habrá tenido que dar cumplimiento a la medida cautelar, habiéndose consolidado un perjuicio grave e irremediable para la entidad accionante, por lo que el único medio de defensa judicial idóneo a su alcance es la presente acción de tutela.

Destacó que, a su juicio, el perjuicio irremediable se configura dados los graves efectos de la aplicación de la CNV, la eficacia jurídica de dicha contribución y los cuantiosos recursos que se deben destinar para cumplir con la medida cautelar.

Aseguró que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo , porque en la providencia realizó una interpretación extensiva que escapa de los límites propios del ordenamiento jurídico aplicable a la CNV, en razón a que en la parte resolutiva del Auto del 29 de mayo de 2025, la corporación creó un

porque en la providencia realizó una interpretación extensiva que escapa de los límites propios del ordenamiento jurídico aplicable a la CNV, en razón a que en la parte resolutiva del Auto del 29 de mayo de 2025, la corporación creó un procedimiento que debía seguir el INVIAS par a garantizar así, en su entendimiento, los principios de publicidad, legalidad, transparencia, buena fe y responsabilidad pública en el marco de dicha contribución.

Señaló que la creación de un proceso participativo para la socialización de la CNV constituye de entrada un defecto sustantivo, toda vez que el juez popular, por esa vía, desconoció la naturaleza jurídica que el Decreto 1625 de 2015 le otorgó a tal proceso, en la medida que, expresamente, en su artículo 4.1.1.4.2. dispuso que por medio del plan de divulgación y socialización deberíaDemandante: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C Radicado: 11001-03-15-000-2025-04159-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 «informarse» a los ciudadanos sobre los elementos del referido gravamen, de suerte que la socialización es de carácter informativo y no participativo, como equivocadamente consideró la autoridad cuestionada.

Indicó que, el artículo 32 de la Ley 489 de 1998 dispone las audiencias públicas, como un mecanismo para materializar el principio de participación ciudadana,

equivocadamente consideró la autoridad cuestionada.

Indicó que, el artículo 32 de la Ley 489 de 1998 dispone las audiencias públicas, como un mecanismo para materializar el principio de participación ciudadana, norma que, según el INVIAS, no resulta aplicable a los procedimientos de la CNV.

Manifestó que, el defecto sustantivo se configuró, de un lado, por la circunstancia de haber considerado, con base en una errónea interpretación normativa, que existía algún tipo de amenaza al derecho colectivo a la moralidad administrativa con ocasión de no haber aplicado un procedimiento de socialización participativo, desconociendo que el ordenamiento jurídico no prevé que esa sea la naturaleza y alcance del subproceso de socialización de la CNV y aplicando normas impertinentes, como el artículo 32 de la Ley 489 de 1998 q ue resulta ajena a la regulación amplia y exhaustiva que existe , frente a la referida contribución.

Señaló que, se crearon nuevas disposiciones, por vía judicial, consistentes en un trámite de audiencia pública con plazos perentorios que no han sido fijad os por la ley, sino que resultan de la autoría subjetiva del tribunal.

Adicionalmente, argumentó que existe un defecto fáctico debido a que la autoridad accionada pasó por alto las pruebas que acreditaban el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre la implementación del plan de divulgación y socialización de la contribución nacional de valorización.

Manifestó que la información clara y oportuna dada a la comunidad reposa en su página web y que esta ha versado sobre la existencia del proyecto, las formas de pago, los canales tecnológicos para cumplir de manera fácil , con el pago de

Manifestó que la información clara y oportuna dada a la comunidad reposa en su página web y que esta ha versado sobre la existencia del proyecto, las formas de pago, los canales tecnológicos para cumplir de manera fácil , con el pago de la obligación y el monto a recaudar de la CNV.

También, afirmó que no se valoró el material probatorio que se presentó, con el que se daba cuenta del cumplimiento del estándar de socialización informativa que determina el Decreto Único Reglamentario en materia Tributaria.

Propuso un defecto procedimental absoluto, porque consideró que la providencia del 29 de mayo de 2025 , no contiene una motivación suficiente sobre el cumplimiento y acreditación de los mencionados requisitos y en ese sentido, no existió una motivación más allá del concepto emitido por el Ministerio Público del 2 de abril de 2025.

Afirmó que el Tribunal Administrativ o del Atlántico, decretó la medida cautelar sin realizar un estudio de las exigencias que demanda el decreto de medidas provisionales en el marco de procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, además de reproducir las consideraciones del Ministerio Público, razón por la cual consideró que omitió el deber de motivar dicha providencia.Demandante: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C Radicado: 11001-03-15-000-2025-04159-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Por lo anterior, solicitó a esta corporación, al momento de admitir la presente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Por lo anterior, solicitó a esta corporación, al momento de admitir la presente acción, que adoptara la siguiente medida provisional:

Conforme a lo anterior, se solicita al Consejo de Estado, en su calidad de juez constitucional, que, en el momento de adm itir la presente demanda de tutela, adopte las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales de la entidad accionante y que, en consecuencia, ordene la suspensión provisional de la medida cautelar decretada por la Corporación accionada conten ida en el proveído del 29 de mayo de 2025, notificado el 03 de junio.

Explicó que la medida solicitada era necesaria, pertinente y urgente, por el inminente perjuicio que se cernía, con base en una decisión abiertamente desconocedora de sus derechos fundamentales, al comprometer la viabilidad de la CNV.

Indicó que la interrupción de esta impedía la disponibilidad oportuna de recursos y la detención de etapas de ejecución contractual, lo que generaba incertidumbre financiera en proyectos que compromet ían la conectividad, la movilidad y la economía nacional y regional.

1.5 Trámite de la acción de tutela en primera instancia

Mediante auto del 9 de julio de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, en calidad de parte demandada.

También, negó la medida provisional solicitada por la parte actora, por las siguientes razones:

admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, en calidad de parte demandada.

También, negó la medida provisional solicitada por la parte actora, por las siguientes razones:

Sin embargo, esta medida no se puede otorgar, dado que no cumple con los propósitos constitucionalmente establecidos para las medidas provisionales. Por un lado, lo solicitado es parte del objeto de lo que se resolverá de fondo en la sentencia de tutela teniendo en cuenta las pretensiones planteadas por la parte accionante en la demanda. De otro lado, la celeridad y eficacia del proceso de tutela hacen que en poco tiempo el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS obtenga el resultado de fondo frente a la presunta vulneración de sus derechos constitucionales, por lo que no resulta procedente otorgar la medida provisional solicitada

En calidad de terceros con interés , en el proceso de la acción popular , ordenó notificar al señor Carlos Manuel Meisel Vergara (en calidad de demandante dentro del proceso de acción popular); al Ministerio de Transporte (autoridad que actúa como demandada en el proceso de acción popular) y a las siguientes entidades y entes territoriales:

Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla ; Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias; los municipios de: Soledad, Malambo, Galapa, Juan de Acosta, Turbará, Piojó, Santa Catalina , Puerto Colombia, los departamentos: del Atlántico y Bolívar, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Defensoría del Pueblo y, el Ministerio Público.Demandante: Instituto Nacional de Vías (INVIAS)

Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C

del Estado, la Defensoría del Pueblo y, el Ministerio Público.Demandante: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C Radicado: 11001-03-15-000-2025-04159-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Asimismo, ordenó notificar a los demás demandantes, demandados y terceros con interés dentro del proceso de acción popular y dispuso oficiar al Tribunal Administrativo del Atlántico para que notificara al señor Carlos Manuel Meisel Vergara, a las partes y demás interesados dentro del proceso de dicha acción. Igualmente, determinó que se fijara un aviso para informales la existencia de este trámite, así como las providencias proferidas en el presente asunto.

También, se ofició a la Oficina de Sistemas del C onsejo de Estado, para que, publicara en la página web de la corporación un aviso sobre la existencia de la presente tutela, por si consideraban acudir al proceso de tenerlo como necesario.

1.6 Intervenciones

1.6.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C

Indicó que la acción popular fue admitida por auto del 19 de marzo de 2025, en la misma fecha, se corrió traslado de la medida cautelar solicitada por la parte actora y por auto del 29 de mayo se decretó dicha medida. Frente a esta decisión el municipio de Puerto Colombia, el INVIAS y el Ministerio de Transporte presentaron recursos de reposición y apelación.

actora y por auto del 29 de mayo se decretó dicha medida. Frente a esta decisión el municipio de Puerto Colombia, el INVIAS y el Ministerio de Transporte presentaron recursos de reposición y apelación.

Explicó que el INVIAS presentó recusación contra el magistrado sustanciador, quien no la aceptó por no configurarse un interés directo al tratarse de una acción popular. Asimismo, dispuso la remisión del expediente al despacho del magistrado Jorge Hernán Sánchez Felizzola, para lo de su cargo, sin que a la fecha exista pronunciamiento al respecto.

Señaló que la recusación ha impedido que el despacho sustanciador se pronuncie de fondo sobre el recurso de reposición, la solicitud de coadyuvancia radicada por la Personería Distrital de Barranquilla y, la petición de desistimiento formulada por el municipio de Puerto Colombia.

Puso de presente que conforme a la normativa aplicable y la jurisprudencia la providencia del 29 de mayo de 2025, actualmente cuestionada, fue emitida por ese tribunal y contra dicha decisión proceden los recursos legales correspondientes, los cuales fueron interpuestos en tiempo y forma, pero aún no han sido resueltos. Por lo tanto, el amparo de la referencia resulta improcedente, al desconocerse el principio de subsidiariedad.

1.6.2. La Corporación Cívica Playa Mendoza y las soc iedades Díaz Urbanizadora El Santuario y Gemaro S.A.

Indicaron que según el artículo 26 de la Ley 472 de 1998 el auto que decreta las medidas cautelares puede ser objeto de los recursos de reposición y apelación que se conceden en el efecto devolutivo . En esa medida, objetaron lo afirmado

Indicaron que según el artículo 26 de la Ley 472 de 1998 el auto que decreta las medidas cautelares puede ser objeto de los recursos de reposición y apelación que se conceden en el efecto devolutivo . En esa medida, objetaron lo afirmado por la parte actora sobre la existencia de un perjuicio irremediable debido a la mora en que podría incurrir la administración de justicia para resolverlos.

Señalaron que no es procedente el tr ámite tutelar, al tratarse de un procedimiento subsidiario o residual, por lo que el actor propuso indebidamenteDemandante: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C Radicado: 11001-03-15-000-2025-04159-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 esta acción constitucional y desconoció las características y el alcance de este instrumento jurídico.

Adicionalmente, mediante otro memorial insistió en los argumentos inicialmente expuestos y añadió que la parte actora está actuando de forma temeraria, pues está dos mecanismos diferentes para lograr su objetivo, esto es , la acción popular y la acción de tutela interpuesta.

Asimismo, manifestaron que el impedimento presentado en la acción popular carece de sustento, por lo que solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela.

1.6.3. El Departamento del Atlántico

Manifestó que se atenía a lo que la sala de decisión considerara frente a la acción de tutela impetrada, debido a la falta de legitimación en la causa por pasiva, por

tutela.

1.6.3. El Departamento del Atlántico

Manifestó que se atenía a lo que la sala de decisión considerara frente a la acción de tutela impetrada, debido a la falta de legitimación en la causa por pasiva, por no ser la entidad que expidió los actos administrativos que impusieron el cobro de la valorización.

Advirtió que acoge la tesis de la Sección Cuarta del Consejo de Estado y otras secciones, en la línea de esperar a que se desaten los recursos.

1.6.4. Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Especificó que se oponía a todas y cada una de las pretensiones formuladas por la parte accionante , porque la acción de tutela era residual y subsidiaria. Además, consideró que las pretensiones de esta acción eran improcedentes y carecían de sustento fáctico y jurídico para su prosperidad.

Expresó que la accionante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente el amparo solicitado, tal como lo exige el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.

Aclaró que contrario a lo afirmado por la accionante, ésta sí tenía otros mecanismos de defensa judicial como los recursos de reposición y en subsidio el de apelación contra el auto de medida cautelar del 29 de mayo de 2025 dentro del término de ejecutoria de dicha providencia, los cuales efectivamente interpuso.

Manifestó que la medida cautelar estuvo bien sustentada; que la socialización de la valorización no se ha realizado; que no existe erogación de recursos por parte del Estado que ameriten ser recuperados, pues el proyecto se ejecutó bajo

interpuso.

Manifestó que la medida cautelar estuvo bien sustentada; que la socialización de la valorización no se ha realizado; que no existe erogación de recursos por parte del Estado que ameriten ser recuperados, pues el proyecto se ejecutó bajo la modalidad de alia nza público -privada. Afirmó que se viola el derecho de igualdad y el principio de equidad tributaria, porque los residentes de Atlántico y Bolívar son los únicos gravados por valorización, mientras que las grandes obras viales del resto del país se han financiado con los tributos pagados por todos los colombianos.

Solicitó la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad respecto del artículo 1 del Decreto 1255 de 2022, que establece lo siguiente: «durante y hasta cincoDemandante: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C Radicado: 11001-03-15-000-2025-04159-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 (5) años después del inicio de la operación del proyecto» y del artículo 249 de la Ley 1819 de 2016, por tratarse de normas que consagran la irretroactividad de tributos.

1.6.5. El Municipio de Puerto Colombia (Atlántico)

Precisó que en e ste caso no se vulneran derechos fundamentales, sino que lo que verdaderamente se persigue es la protección de intereses económicos, propósito que desborda el alcance de la acción de tutela. Así, manifestó que no

Precisó que en e ste caso no se vulneran derechos fundamentales, sino que lo que verdaderamente se persigue es la protección de intereses económicos, propósito que desborda el alcance de la acción de tutela. Así, manifestó que no se configura ninguno de los defectos alegados por la parte actora y agregó que los cargos en los que sustentó sus inconformidades no son más que desacuerdos con las decisiones adoptadas por el tribunal accionado dado su impacto económico.

Sostuvo que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, d ebido a que los recursos de reposición y apelación se encuentran en trámite. Además, indicó que no existe un perjuicio irremediable, pues los costos financieros e interrupción