CE - Sentencia 11001031500020250418401 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04184-01

Accionante: John Michael C ardona Jaramillo y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04184-01

Accionantes: John Michael Cardona Jaramillo y otros Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela

Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la sentencia del 21 de agosto de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó el amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

John Michael Cardona Jaramillo en nombre propio y en representación de su hi ja menor LLCP1, John Carlo Cardona Restrepo, Carlos Esteban Cardona Jaramillo, Lina María Jaramillo Moreno, Lina Jazmín Cardona Jaramillo en nombre y en representación de su hija menor AGBC, Jessica Lorena Cardona Jaramillo y María Fabiola Moreno León, a travØs de apoderado judicial 2, presentaron escrito de tutela en el que solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales de acce so a la

representación de su hija menor AGBC, Jessica Lorena Cardona Jaramillo y María Fabiola Moreno León, a travØs de apoderado judicial 2, presentaron escrito de tutela en el que solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales de acce so a la administración de justicia, al debido proceso, igualdad y reparación integral, así como los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural, los cuales consideraron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, ocasión de la providencia proferida el 6 de febrero de 2025 en el trÆmite de l medio de control de reparación directa identificado bajo el radicado nœmero 76001-33 -33-0152018-00199-00/01.

1 Se ocultan los nombres al ser menores de edad. 2 ˝ndice 00002 expediente primera instancia aplicativo SA MAI, con certificado nœm. 3A1294BB87F45C50

5545F7EEE6BB5FBA 5EDD8EF9BA54025F 93BC48EB5BE9F4D3.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04184-01

Accionante: John Michael Cardon a Jaramillo y otros

2

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fÆctica 3:

2.1. La parte accionante manifestó que el seæor John Michael Cardona Jara millo es un consumidor habitual de sustancias alucinógenas, por lo que siempre lleva consigo su dosis personal de marihuana y ha sido privado de su libertad en varia s ocasiones, en razón de ello.

consumidor habitual de sustancias alucinógenas, por lo que siempre lleva consigo su dosis personal de marihuana y ha sido privado de su libertad en varia s ocasiones, en razón de ello.

2.2. Para el día 20 de febrero de 2016, el seæor Cardona Jaramillo fue interceptado por dos miembros de la Policía Nacional, quienes al requisarlo encontraron un paq uete con varios cigarrillos de marihuana. Por lo anterior, se le incautó el materia l y fue trasladado a la SIJIN para judicializarlo, sin que en el informe presentad o por los agentes se haya especificado que se encontraba en actividades de venta d e estupefacientes. En ese orden, se legalizó su captura y se le impuso medida d e aseguramiento, diligencia en la que el imputado no aceptó los cargos.

2.3. A su turno, el fiscal de conocimiento presentó escrito de acusación en su contra bajo el delito de trÆfico, fabricación o porte de estupefacientes a título d e dolo, ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira.

2.4. Posteriormente, el 16 de agosto de 2016 el Juzgado iba a celebrar la audiencia de formulación de acusación, no obstante, el fiscal delegado solicitó la p reclusión de la investigación en favor del acusado, por atipicidad de la conducta, al considerar que el imputado era adicto y reincidente; petición a la cual el juez accedió, por lo que el seæor Cardona Jaramillo quedó en libertad el 18 de agosto siguiente.

2.5. Por estos hechos, el seæor Cardona Jaramillo junto con otros familiares

Cardona Jaramillo quedó en libertad el 18 de agosto siguiente.

2.5. Por estos hechos, el seæor Cardona Jaramillo junto con otros familiares presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con la finalidad de declarar su responsabilidad en tales hechos y el consecuente resarcimiento de los daæos ocasionados.

2.6. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali, bajo el radicado nœmero 76001-33-33-015-2018-00199-00, autoridad que, mediante sentencia de fecha 13 de octubre de 2021 negó las preten siones de la demanda al declarar probada la excepción de inexistencia de nexo de daæo j urídico e imputable.

2.7. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelació n. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en providencia del 6 de febrero de 2025 resolvió la alzada en el sentido de confirmar lo decidido por el a quo.

3 Ibidem / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=76001333301520180019901760012 3Radicado: 11001-03-15-000-2025-04184-01

Accionante: John Michael Cardon a Jaramillo y otros

3

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional: i) amparar sus derechos

Accionante: John Michael Cardon a Jaramillo y otros

3

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional: i) amparar sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, igualda d y reparación integral, así como los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural. Como consecuencia de ello pidió: ii) dejar sin efectos la sentencia proferida el 6 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, iii) que se profiera una nueva decisión en la que se pronuncie de fondo sobre las pretensiones de la demanda, de conformidad con los pa rÆmetros establecidos en la sentencia de unificación SU 072 del 5 de julio de 2018.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela, manifestó que la parte accionada incurrió en un defecto fÆctico , toda vez que no valoró de manera adecuada la totalidad del acervo probatorio, específicamente la prueba concerniente a que el proceso penal adelantado en contra del seæor Cardona Jaramillo precluyó por atipicidad de la conducta, por lo que, en los casos en que la absolución de la p ersona privada de la libertad se funda en la inexistencia del hecho debe darse aplicación al rØgimen objetivo de responsabilidad.

3.3. Agregó que se configuró un desconocimiento del precedente judicial, dado que omitió aplicar el contenido de la sentencia de unificación SU-072 del 5 de julio de 20184

de responsabilidad.

3.3. Agregó que se configuró un desconocimiento del precedente judicial, dado que omitió aplicar el contenido de la sentencia de unificación SU-072 del 5 de julio de 20184 proferida por la Corte Constitucional, pues en ella se estableció que el juez administrativo puede elegir el título de imputación de responsabilidad que resulte mÆs idóneo para establecer que el daæo se generó de una actuación ir razonable y desproporcionada.

Asimismo, destacó que en la referida sentencia dispuso que debe aplicarse el rØgimen objetivo cuando el hecho no existió o la conducta no era objetivamente atípica, debido a que son circunstancias que debieron establecer al inicio de la investigación y no en la absolución, como ocurrió.

4. TrÆmite de tutela e intervenciones en primera instancia

4.1. El Consejo de Estado, Sección Cuarta profirió auto el 11 de julio de 20255, en el que requirió al abogado para que allegara el poder para acudir al esce nario constitucional.

4.2. Posterior al cumplimiento de la anterior orden, el despacho ponente mediante providencia del 28 de julio de 20256 admitió la acción de tutela, dispuso la vinculación

4 Corte Constitucional, sentencia de Unificación SU-072. Referenc ia T-6.304.188 y T-6.390.556 (AC). M.P. JosØ Fernando Reyes Cuartas. BogotÆ D.C. cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018). 5 ˝ndice 00005 expediente primera instancia aplicativo SAM AI, con certificado nœm. DC2546E844F6D1A0

Fernando Reyes Cuartas. BogotÆ D.C. cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018). 5 ˝ndice 00005 expediente primera instancia aplicativo SAM AI, con certificado nœm. DC2546E844F6D1A0 5F2F714E4789BA70 1C66137F9925A4E6 1D00A524E0438ED8. 6 ˝ndice 00012 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certific ado nœm. E1BDA7EF0A0406B5

F61F5EF075630CBD D9DD471664DC2C79 153283EA411FBA70.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04184-01

Accionante: John Michael Cardon a Jaramillo y otros

4 como terceros con interØs de la Nación, Rama Judicial y a la Fiscalía General d e la Nación, reconoció personería al abogado Jonathan VelÆsquez Sepœlveda co mo apoderado de la parte accionante y ofició al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali para que remitiera copia digital del expediente bajo el radicado nœm. 76001-33-33-015-2018-00199-00/01.

4.3. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali 7 remitió la copia digital de las actuaciones desarrolladas en el trÆmite ordinario, sin embargo, guardó silen cio frente a los hechos origen de la presente acción.

4.4. La Fiscalía General de la Nación 8 explicó que los argumentos expuestos en el escrito de tutela censuran el contenido de una sentencia proferida por una autoridad

frente a los hechos origen de la presente acción.

4.4. La Fiscalía General de la Nación 8 explicó que los argumentos expuestos en el escrito de tutela censuran el contenido de una sentencia proferida por una autoridad judicial, situación que escapa del Æmbito de sus competencias, por lo que so licitó se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva.

5. Sentencia de tutela de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Cuarta profirió sentencia el 21 de agosto de 20259, en la que negó el amparo solicitado. Como fundamento de su decisión, consideró que la solicitud presentada cumplió con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra providencia judicial, por lo que procedió a efectuar su estudio de fondo.

En ese orden, revisó los argumentos consignados en la sentencia proferida por el Tribunal y, concluyó que, con base en el marco normativo aplicable al caso concreto, y la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre la materia, consideró que el asunto debía abordarse bajo el título de falla en el servicio que e xige la acreditación de una privación de la libertad injusta, derivada de la ausencia de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad para proferir la medida de aseguramiento.

En esa medida, indicó que la medida de aseguramiento no fue arbitraria o por fuera de los lineamientos legales, pues en virtud de lo consagrado en el artículo 376 del Código Penal, el tipo desarrolla los verbos rectores de “Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”, así como el que sin permiso de autoridad competente “lleve consigo” (verbo rector aplicado por el Juez de Control de Garantías), sustancias estupefacientes

Penal, el tipo desarrolla los verbos rectores de “Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”, así como el que sin permiso de autoridad competente “lleve consigo” (verbo rector aplicado por el Juez de Control de Garantías), sustancias estupefacientes como la marihuana, cuya cantidad no exceda de 1000 gramos, incurrirÆ en prisión de 4 a 6 aæos de prisión y multa de 2 a 100 SMLMV, “lo que permite deducir que objetivamente se estaba ante la presencia de un ilícito respecto del cual el seæor Cardona Jaramillo era el presunto autor”.

7 ˝ndice 00017 expediente primera instancia aplicativo SAMAI , con certificado nœm. CA16F8BF432A5B4C F6B9BC51CD627498 B10475F054FDEE5E A64B82B2571AFD6F. 8 ˝ndices 00018, 00019 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado nœm. 7AD7A3D5E124B670 BFCEB43ABD2BB6E6 6718AAC95EC7C77A CD3D03F2AB891D4B. 9 ˝ndice 00022 expediente primera instancia aplicativo SAMAI , con certificado nœm. 97BCB35398A3C395

B0CE217E98CF6B31 D472E1D69DDE26B3 D0DDF3AB32E0D548.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04184-01

Accionante: John Michael Cardon a Jaramillo y otros

5 Por consiguiente, destacó que la autoridad judicial accionada evidenció que la Juez de Control de Garantías consideró que la medida cautelar de aseguramiento resultab a

Accionante: John Michael Cardon a Jaramillo y otros

5 Por consiguiente, destacó que la autoridad judicial accionada evidenció que la Juez de Control de Garantías consideró que la medida cautelar de aseguramiento resultab a adecuada, proporcional y razonable, pues la naturaleza de la conducta endilg ada al demandante generaba un peligro para la sociedad y para la seguridad pœblica.

Por ello, manifestó que, si bien se aplicó la figura de la preclusión de la investigación , lo cierto es que al momento en que se dictó la medida “existían elementos e información legalmente obtenida, que permitían a la Juez de Control de Ga rantías inferir razonablemente que el imputado podía ser autor de la conducta pu nible de TrÆfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 2” literal j) de la Ley 30 de 1986 es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20) gramos, sin embargo, tal como se indicó en el Informe FPJ-5, el aquí demandante fue hallado con 27 cigarril los de la referida sustancia que arrojó un peso neto de 32 gramos”. Por consiguiente, la privación de la libertad del seæor John Michael Cardona Jaramillo no fue injusta y cumplió c on los requisitos establecidos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004.

Así las cosas, para el a quo constitucional no se configuraron los defectos alegados, toda vez que la decisión que negó las pretensiones de la demanda hizo una valoración de los elementos probatorios allegados y recopilados en el proceso penal, entre ellos,

Así las cosas, para el a quo constitucional no se configuraron los defectos alegados, toda vez que la decisión que negó las pretensiones de la demanda hizo una valoración de los elementos probatorios allegados y recopilados en el proceso penal, entre ellos, de la audiencia de preclusión de 16 de agosto de 2016, en la que se absolvió al seæor John Michael Cardona Jaramillo de la conducta endilgada. A partir de ello, el Tribunal accionado llegó a la conclusión que la privación no tuvo el carácter de “injusta” por las particularidades que rodearon la captura, para lo cual destacó que el p rocesado llevaba consigo 32 gramos de marihuana, superando el límite establecido como dosis personal.

Adicionalmente, observó que la autoridad judicial explicó suficientemente las razones por las cuales aplicó el rØgimen subjetivo de responsabilidad, esto es, que evidenci ó la descripción objetiva del tipo penal (sujeto activo, verbo rector, objeto), a lo que se debe agregar que las sustancias que le encontraron al imputado eran para su consumo personal, lo que se enmarca en una modalidad de atipicidad subjetiva como lo sostuvo el Tribunal accionado, lo que descarta el alegato propuesto por la parte actora.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación10 en el que solicitó revocar la decisión del a quo constitucional, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en su escrito inicial, en el sentido de indicar que la autoridad judicial incurrió en los defectos alegados, pues pasó por alto las pruebas que daban cuenta que la conducta fue calificada como atípica, por lo que debía aplicarse el rØgimen objetivo de

escrito inicial, en el sentido de indicar que la autoridad judicial incurrió en los defectos alegados, pues pasó por alto las pruebas que daban cuenta que la conducta fue calificada como atípica, por lo que debía aplicarse el rØgimen objetivo de responsabilidad, lo que conllevó a que desconociera el precepto consig nado en la sentencia de unificación SU-072 del 5 de julio de 2018.

10 ˝ndices 00027, 00028, 00030, 00031 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certif icado nœm.

5248A1E1C20418D8 E45E6DB81518B5BC 98FB1BFF2B7EB6E3 40B2CE36ACEB2309.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04184-01

Accionante: John Michael Cardon a Jaramillo y otros

6 El magistrado ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a travØs de auto del 12 de septiembre de 2025 11, concedió la impugnación interpuesta por la parte accionante.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de con formidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de John Michael Cardona Jaramillo en nombre propio y en representación de su hija menor LLCP12, John Carlo Cardona Restrepo, Carlos Esteban Cardona Jaramillo, Lina María

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de John Michael Cardona Jaramillo en nombre propio y en representación de su hija menor LLCP12, John Carlo Cardona Restrepo, Carlos Esteban Cardona Jaramillo, Lina María Jaramillo Moreno, Lina Jazmín Cardona Jaramillo en nombre y en representación de su hija menor AGBC, Jessica Lorena Cardona Jaramillo y María Fabiola Moreno León, al ser los titulares de los derechos que afirman fueron vulnerados, dado q ue actuaron como demandantes en el medio de control de reparación directa adelantado bajo el radicado nœm. 76001-33-33-015-2018-00199-00/01.

2.2. TambiØn estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por cuanto actuó como juez dentro del proceso mencionado, y fue su actuación a la que la parte accionante atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera instancia que negó el amparo.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicia l, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preli minar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemÆtica jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos

examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemÆtica jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos

11 ˝ndice 00033 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certifi cado nœm. DF3BD365EFDA017B A65FE53D7217959C CF5FD3D5D1DEDFDF 20B350F09923358C. 12 Se ocultan los nombres al ser menores de edad.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04184-01

Accionante: John Michael Cardon a Jaramillo y otros

7 que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratÆndose de acciones de tutela contra providencias judicia les, la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 13 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carÆcter gene ral que habilitan la interposición de la tutela14, y otros de carÆcter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto15.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de j usticia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”16.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para contro vertir las

parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”16.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para contro vertir las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo o bjeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial ten ga una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que e l juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la ca usa, a la vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene p or finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela

13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 14 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial estÆ sujeta al cumplimie nto de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes d e acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga i ncidencia directa en la decisión de fondo que se estim a violatoria de los derechos fundamentales; que se identifi quen en forma razonable los hechos que generan la

la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga i ncidencia directa en la decisión de fondo que se estim a violatoria de los derechos fundamentales; que se identifi quen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan si do cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 15 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestio nada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrÆ ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgÆnico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del proce dimiento establecido; c) defecto fÆctico, esto es, cuando e l juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y l a decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaæo por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) d ecisión sin motivación, que implica el incumplimient o de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fÆcticos y jurídicos de sus decisiones en el ent endido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente

de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fÆcticos y jurídicos de sus decisiones en el ent endido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental , conforme al mandato consagrado en el artículo 4” de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 16 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04184-01

Accionante: John Michael Cardon a Jaramillo y otros

8 se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convi erta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”17.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

AdemÆs, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho mÆs estricto, lo que implica ve rificar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que en las acciones de tutela interpuestas en contra de las decisiones judiciales, el anÆlisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un dere cho fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, cumplir el requisito de procedibilidad de relev ancia constitucional implica que el asunto afecte directa y significativamente los derecho s fundamentales consagrados en la Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la vulneración de los de rechos fundamentales; ii) el impacto en el interØs pœblico, ya que el asunto debe trascender el

aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la vulneración de los de rechos fundamentales; ii) el impacto en el interØs pœblico, ya que el asunto debe trascender el interØs particular de las partes y generar un efecto mÆs amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de amparo, con e l fin de justificar su importancia.

Respecto de esta œltima, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho trÆnsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en tØrminos de los defectos definidos por la jurisprudencia como œnicas causales que habilitan el c ontrol constitucional concreto18.

17 Corte Constitucional, SU 573 de 2019. 18 Cfr. sentencia C-590 de 2005.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04184-01

Accionante: John Michael Cardon a Jaramillo y otros

9

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el req uisito de relevancia constitucional, en consecuencia, se modificarÆ la decisión de primera instancia que negó el amparo y, en su lugar, se procederÆ a declarar improce dente la solicitud de tutela, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte que la parte actora argumentó que la

solicitud de tutela, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte que la parte actora argumentó que la providencia cuestionada adolecía de un defecto fÆctico al considerar que la a utoridad judicial enjuiciada omitió analizar de manera global el material pro batorio aportado, pues permitía demostrar que la conducta fue calificada como atípica, lo que conllevaba al estudio del caso bajo el rØgimen objetivo de responsabilidad por la priva ción de la libertad del seæor Cardona Jaramillo.

Finalmente, sostuvo que, la parte accionada al estudiar el caso bajo un título indebido desconoció el precedente contenido en la sentencia de unificación SU-072 del 5 de julio de 2018.

5.2. A partir de lo expuesto, así como de las pruebas aportadas al proceso, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada concluyó lo siguiente:

“(…) AN`LISIS PROBATORIO Y RESOLUCIÓN DEL CASO

(…)

EL DAÑO

(…)

Así pues, se acredita suficientemente la existencia de un daæo que se concreta en la privación de la libertad padecida materialmente por el referido demandante en establecimiento carcelario por un espacio de 5 meses y 26