CE - Sentencia 11001031500020250420001 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04200-01

Demandante: Jaime Eduardo Maldonado Rojas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04200-01

Demandante: JAIME EDUARDO MALDONADO ROJAS

Demandados: MUNICIPIO DE VITERBO (CALDAS) Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD – El accionante no agotó los mecanismos idóneos y eficaces de los cuales dispone para formular su pretensión, lo que no encuentra justificación en su edad – No se probó un riesgo de desastre actual constitutivo de un posible perjuicio irremediable que torne procedente la solicitud de amparo.

La Sala1 resuelve la impugnación presentada por el demandante contra la sentencia del 16 de octubre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

16 de octubre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 3 de julio de 2025 2 , Jaime Eduardo Maldonado Rojas instauró demanda de tutela contra el municipio de Viterbo (Caldas), el departamento de Caldas, la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) y el Tribunal Administrativo de Caldas , a fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la vivienda digna y a la igualdad 3 . En consecuencia, solicitó lo siguiente

(transcripción con posibles errores incluidos):

1. Ordenar de manera urgente una intervención provisional en la zona de riesgo del Condominio Villa del Río Etapa IV (municipio de Viterbo, Caldas) con obras de mitigación del riesgo ocasionado por la erosión y el

1 Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 13 de noviembre de 2025, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 Samai, expediente de primera instancia, índice 2. 3 También reclamó la protección del derecho a la propiedad privada.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04200-01

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desbordamiento del río Risaralda. En especial, se solicita que dicha intervención incluya la desviación provisional del cauce del río unos metros más lejos del condominio y la construcción inmediata de una obra de protección temporal (…), a fin de salvaguardar las viviendas restantes que se encuentra n amenazadas. Estas medidas deberán ejecutarse sin demora, mientras se cumplen las órdenes definitivas impartidas en la acción popular en curso.

2. Garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales (…).

Esto implica que las autoridades accionadas adopten todas las medidas necesarias para eliminar o reducir el riesgo inminente que pesa sobre la vida e inmuebles de los residentes, ya sea mediante obras, reubicaciones temporales, vigilancia constante de la zona u otras acciones que brinden seguridad de forma inmediata.

3. En caso de que no sea posible implementar de forma inmediata una solución definitiva (estructural) de mitigación del riesgo en el corto plazo, que se ordene la adopción de medidas urgentes y temporales de protección. Entre estas medidas temporales se solicita considerar la reubicación provisional de los residentes más vulnerables del condominio (incluyéndome, junto con mi esposa) a lugares seguros mientras se realizan las obras de fondo, y el establecimiento de barreras de contención adicionales u otras protecciones de emergencia en la ribera del río que puedan frenar provisionalmente el avance de la erosión. Lo anterior, con el fin de prevenir una tragedia mientras se

establecimiento de barreras de contención adicionales u otras protecciones de emergencia en la ribera del río que puedan frenar provisionalmente el avance de la erosión. Lo anterior, con el fin de prevenir una tragedia mientras se implementan las soluciones permanentes.

4. Requerir a las autoridades competentes —en especial al [m]unicipio de Viterbo, al [d]epartamento de Caldas (Gobernación) y a Corpocaldas— [para] que cumplan e implementen integralmente las medidas definitivas de prevención y mitigación ordenadas para este caso, dentro de los términos perentorios fijados por el Consejo de Estado en su sentencia de 20 de febrero de 2025 (Exp. 17001-23-33-000-2020-00027-01) (…).

5. Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, en la persona del [m]agistrado Carlos Manuel Zapata Jaimes (o quien haga sus veces en el

[c]omité de [v]erificación del fallo popular), que en ejercicio de sus funciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de la sentencia de la acción popular adopte de inmediato las decisiones y medidas adicionales necesarias para garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales del accionante y de los demás residentes del Condominio Villa del Río IV. En particular, deberá instarse al Tribunal a: (i) [a]gilizar el funcionamiento del [c]omité de [v]erificación, convocando con la urgencia del caso a las partes e instituciones involucradas, para evaluar el estado de cumplimiento de las órdenes y tomar correctivos inmediatos; (ii) [i]mpartir instrucciones claras al [m]unicipio de Viterbo, [al]

para evaluar el estado de cumplimiento de las órdenes y tomar correctivos inmediatos; (ii) [i]mpartir instrucciones claras al [m]unicipio de Viterbo, [al] [d]epartamento de Caldas y [a] Corpocaldas para que prioricen la ejecución de las obras provisionales urgentes solicitadas (desviación del cauce, barrera de contención, etc.) mientras se concreta la reubicación definitiva, usando las facultades que le confiere el artículo 41 de la Ley 472 de 1998 para garantizar el cumplimiento del fallo; y (iii) [p]recisar el estándar de reubicación ordenada, estableciendo que deberá realizarse en condiciones de dignidad y equivalencia a las viviendas originales, conforme a lo analizado en la parte motiva y a las normas vigentes, de modo que en el proceso de cumplimiento no se vulneren los derechos fundamentales de los reubicados. En suma, se busca que la autoridad judicial accionada use todas sus atribuciones para hacer cumplir efectiva eRadicado: 11001-03-15-000-2025-04200-01

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integralmente la sentencia de la acción popular, con enfoque en la protección de los derechos fundamentales aquí involucrados4.

2. De la demanda de tutela y de los medios probatorios obrantes en el expediente , se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente relevantes:

3. El 20 de mayo de 2024, el señor Maldonado Rojas adquirió la casa 28 del condominio

extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente relevantes:

3. El 20 de mayo de 2024, el señor Maldonado Rojas adquirió la casa 28 del condominio Villa del Río Etapa IV, con el propósito de destinarla para su vivienda. Ese condominio, ubicado en un costado del río Risaralda, fue declarado en zona de riesgo por erosión fluvial, la cual se agravó por la intervención en el cauce de dicho río por parte del propietario de la Hacienda El Jordán, ubicada en el costado opuesto.

4. La mencionada intervención fue denunciada ante el municipio de Viterbo, la Jefatura de Gestión del Riesgo de Desastres de Caldas y Corpocaldas desde 2012; sin embargo, ninguna de esas autoridades adoptó medidas de mitigación del riesgo ni, específicamente, realizó obras para tal fin. Como consecuencia, varias casa s del condominio en cuestión colapsaron entre 2024 y 2025.

5. A causa de l riesgo por erosión fluvial y de la falta de a dopción de medidas para mitigarlo, el condominio Villa del Río Etapa IV instauró demanda de protección de los derechos e intereses colectivos contra el municipio de Viterbo , Corpocaldas y el señor Jaime Zuluaga Mejía, propietario de la hacienda El Jordán, a fin de obtener la realización de las obras e intervenciones en el suelo pertinentes.

6. Esa demanda dio origen al proceso 17001-23-33-000-2020-00027-01, al cual fueron vinculados el departamento de Caldas y la Jefatura de Gestión del Riesgo de Desastres de Caldas —perteneciente a la Secretaría del Medio Ambiente de ese departamento—.

vinculados el departamento de Caldas y la Jefatura de Gestión del Riesgo de Desastres de Caldas —perteneciente a la Secretaría del Medio Ambiente de ese departamento—.

7. Mediante sentencia del 26 de septiembre de 2024, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones del condominio , el cual, consecuentemente, interpuso recurso de apelación contra esa providencia.

8. Por medio de sentencia del 20 de febrero de 2025, la Sección Primera del Consejo de

Estado adoptó las siguientes decisiones:

(…) SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 26 de septiembre de 2024[,] proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR la amenaza y vulneración de los derechos e intereses colectivos: i) a la seguridad y salubridad públicas y ii) a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, respectivamente.

CUARTO: ORDENAR al Municipio de Viterbo, al Departamento de Caldas y a la Corporación Autónoma Regional de Caldas, si no se ha ejecutado y en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias:

4 Subrayado añadido.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04200-01

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4.1. El Municipio de Viterbo se debe abstener de expedir licencias o

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4.1. El Municipio de Viterbo se debe abstener de expedir licencias o permisos de construcción en aquellas zonas que se hayan catalogado como de alto riesgo no mitigable en la franja protectora del río Risaralda, sin perjuicio de lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial.

El análisis de viabilidad y factibilidad de las licencias de construcción se deberá adelantar haciendo uso de la información adquirida respecto a la variabilidad del cauce con los “estudios detallados para la amenaza y riesgo por inundación”, sobre todo cuando se trate de predios ubicados en llanura aluvial o cercanos a las márgenes del Río, teniendo en cuenta que la posible construcción bajo estudio de licenciamiento no puede estar ubicada en riesgo de inundación o socavación por la actividad del Río.

4.2. El Municipio de Viterbo deberá, en el término de seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, realizar las apropiaciones presupuestales que se requieren para reubicar a aquellas personas que habitan en vivienda s que se encuentren en categoría de riesgo no mitigable dentro del Condominio Campestre Villa del Río Etapa IV. Dentro de esa gestión deberá, si se requiere, acudir al Departamento de Caldas para la financiación a través de apoyo de (sic).

4.3. Vencido el plazo anterior, dentro de los siguientes doce (12) meses, las autoridades accionadas deberán ejecutar las obras pertinentes de acuerdo con los resultados obtenidos del estudio técnico, teniendo en cuenta que aquellas personas que se encuentren en nivel de riesgo alto no mitigable deberán ser reubicadas.

las autoridades accionadas deberán ejecutar las obras pertinentes de acuerdo con los resultados obtenidos del estudio técnico, teniendo en cuenta que aquellas personas que se encuentren en nivel de riesgo alto no mitigable deberán ser reubicadas.

QUINTO: CONFORMAR un Comité de Verificación de cumplimiento, de esta sentencia, compuesto por: i) la parte actora; ii) un delegado del Municipio de Viterbo; iii) un delegado del Departamento de Caldas; iv) un delegado de la Corporación Autónoma Regional de Caldas; v) el representante del Ministerio Público; y vi) el Magistrado Sustanciador del Tribunal, quien deberá presidir el comité de verificación.

En aquel evento en que, durante la ejecución de la sent encia, se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo de Caldas, en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia (…)5.

9. A la fecha de presentación de la demanda de tutela, ninguna de las autoridades contra las cuales se dirigieron las órd enes contenidas en la sentencia citada había efectuado actuación alguna para cumplirlas . Esto , según el señor Maldonado Rojas, implica la persistencia del riesgo de desastre al cual se encuentran sometidos los habitantes del condominio ya mencionado , de lo que se deriva una vulneración de sus derechos fundamentales, así como la posible configuración de un perjuicio irremediable , consistente en el colapso de sus viviendas y en una consecuente reubicación sin

condominio ya mencionado , de lo que se deriva una vulneración de sus derechos fundamentales, así como la posible configuración de un perjuicio irremediable , consistente en el colapso de sus viviendas y en una consecuente reubicación sin condiciones equivalentes y sin compensación alguna.

5 Énfasis añadido.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04200-01

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10. Por otro lado, el señor Maldonado Rojas afirmó tener 63 años y , en consecuencia, aseguró gozar de especial protección constitucional y requerir la implementación urgente y preferente de medidas de mitigación del riesgo.

11. Finalmente, señaló que el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos no fue suficiente ni oportuno para salvaguardar sus derechos fundamentales, en tanto las órdenes impartidas por la Sección Primera de esta corporación no han sido acatadas, motivo por el cual insistió en que persiste el riesgo de desastre y en que se puede configurar un perjuicio irremediable. Debido a ello, aseguró que la acción de tutela es procedente para garantizar la adopción urgente de medidas por parte de las autoridades involucradas.

B. Trámite impartido e intervenciones

12. Mediante auto del 10 de julio de 20256, el magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera, integrante de la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación,

B. Trámite impartido e intervenciones

12. Mediante auto del 10 de julio de 20256, el magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera, integrante de la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación, admitió la demanda de tutela contra el municipio de Viterbo, el departamento de Caldas, Corpocaldas y el Tribunal Administrativo de Caldas . Además, vinculó al proceso a la Sección Primera del Consejo de Estado, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a la Procuraduría 5 Judicial II Ambiental y Agraria de Manizales, a Jaime Zuluaga Mejía y a Rubén Griño Guimera, quien obró como representante legal del condominio Villa del Río Etapa IV en el proceso 17001-23-33-000-2020-00027-01.

13. A través de auto del 27 de agosto siguiente7, dicho magistrado remitió el expediente al despacho a cargo del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, integrante de la Sección Quinta de esta corporación, con fundamento en el segundo inciso del artículo 2.2.3.1.3.18 del Decreto 1069 de 20159.

14. Mediante auto del 3 de septiembre de 2025 10, el magistrado Vanegas Gil avocó conocimiento del asunto y, a través de auto del 22 de septiembre siguiente 11, vinculó al proceso a la Defensoría del Pueblo, Regional Caldas, a la Procuraduría 28 Judicial II para Asuntos Administrativos de Manizales y a la Jefatura de Gestión del Riesgo de

Desastres de Caldas.

6 Samai, expediente de primera instancia, índice 4. 7 Samai, expediente de primera instancia, índice 25.

para Asuntos Administrativos de Manizales y a la Jefatura de Gestión del Riesgo de Desastres de Caldas.

6 Samai, expediente de primera instancia, índice 4. 7 Samai, expediente de primera instancia, índice 25. 8 En dicho artículo se estableció lo siguiente: Las acciones de tutela que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales , presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas. A dicho Despacho se remitirán las tutelas de iguales características que con posterioridad se presenten, incluso después del fallo de instancia (énfasis añadido). 9 Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. 10 Samai, expediente de primera instancia, índice 31. 11 Samai, expediente de primera instancia, índice 38.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04200-01

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15. El municipio de Viterbo12 solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, con sustento en que lo alegado por el demandante se relaciona con el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Sección Primera de esta corporación en el proceso 17001-2333-000-2020-00027-01.

16. El departamento de Caldas 13 y la Jefatura de Gestión del Riesgo de Desastres

órdenes impartidas por la Sección Primera de esta corporación en el proceso 17001-2333-000-2020-00027-01.

16. El departamento de Caldas 13 y la Jefatura de Gestión del Riesgo de Desastres de Caldas 14 solicitaron ser desvinculado s del trámite, aduciendo que el municipio de Viterbo es el responsable de reubicar a quienes habitan zonas de riesgo.

17. Corpocaldas15 solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, con fundamento en que el demandante no expuso una afectación de derechos distinta a la alegada en la demanda de protección de los derechos e intereses colectivos . Agregó que aquel ni siquiera explicó la razón por la cual el estado actual de su vivienda implica un perjuicio adicional a aquel reconocido por la Sección Primera de esta corporación.

18. Igualmente, alegó que no se evidenció ninguna lesión iusfundamental que requiera la intervención urgente del juez de tutela.

19. La magistrada Nubia Margoth Peña Garzón, integrante de la Sección Primera del Consejo de Estado 16, también solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo.

Argumentó que lo realmente pretendido por el demandante es el cumplimiento de las órdenes contenidas en la sentencia del 20 de febrero de 20 25, para lo cual cuenta con el incidente de desacato previsto en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998, así como con el trámite de verificación de cumplimiento del fallo, establecido en el artículo 34 de la misma ley.

20. La UNGRD17 afirmó carecer de legitimación en la causa por pasiva, en tan to los hechos narrados por el demandante escapan de la órbita de sus funciones y competencias.

misma ley.

20. La UNGRD17 afirmó carecer de legitimación en la causa por pasiva, en tan to los hechos narrados por el demandante escapan de la órbita de sus funciones y competencias.

21. La Procuraduría General de la Nación 18 alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, aduciendo que vulneró los derechos fundamentales del demandante.

22. La Defensoría del Pueblo19 indicó que el municipio de Viterbo es el responsable de la gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como del cumplimiento a las órdenes impartidas por la Sección Primera de esta corporación.

23. El Tribunal Administrativo de Caldas y los demás vinculados al proceso guardaron silencio.

12 Samai, expediente de primera instancia, índice 10. 13 Samai, expediente de primera instancia, índice 44. 14 Samai, expediente de primera instancia, índice 13. 15 Samai, expediente de primera instancia, índice 11. 16 Samai, expediente de primera instancia, índice 16. 17 Samai, expediente de primera instancia, índice 15. 18 Samai, expediente de primera instancia, índice 45. 19 Samai, expediente de primera instancia, índice 43.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04200-01

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C. Fallo impugnado

24. Mediante sentencia del 16 de octubre de 2025 20, la Sección Quinta de esta

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C. Fallo impugnado

24. Mediante sentencia del 16 de octubre de 2025 20, la Sección Quinta de esta corporación declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional, debido al incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

25. Esa decisión se sustentó en que, en esencia, lo pretendido por el demandante es lograr el cumplimiento de la s órdenes impartidas por la Sección Primera en el proceso 17001-23-33-000-2020-00027-01, para lo cual existe un mecanismo idóneo, distinto a la acción de tutela: el incidente de desacato previsto en el artículo 41 de la Ley 472 de

1998.

26. Adicionalmente, el a quo indicó que, de conformidad con el artículo 34 de la mencionada ley, el juez del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos es competente para asegurar el cumplimiento de la orden respectiva, para lo cual cuenta con amplias facultades. Debido a esto, señaló que al juez de tutela no le corresponde tal aseguramiento ni la protección efectiva de derechos colectivos.

27. Finalmente, advirtió que el Tribunal Administrativo de Caldas ha buscado garantizar el acatamiento de las órdenes de amparo de los derechos e intereses colectivos , pues celebró una audiencia de verificación del cumplimiento de estas y, en ella, dispuso la presentación de un cronograma de las actividades dirigidas a ejecutarlas, a fin de adoptar las decisiones pertinentes.

D. Impugnación

28. El demandante solicitó revocar la anterior decisión 21, además de lo siguiente

(transcripción con posibles errores incluidos):

las decisiones pertinentes.

D. Impugnación

28. El demandante solicitó revocar la anterior decisión 21, además de lo siguiente

(transcripción con posibles errores incluidos):

3. (…) [O]rdenar a las autoridades accionadas —especialmente al [m]unicipio de Viterbo, al [d]epartamento de Caldas y a [Corpocaldas]— que adopten de manera inmediata las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales del accionante y demás residentes del Condominio Villa del Río [Etapa] IV,

garantizando en particular que:

a. Se realicen de urgencia las acciones de mitigación provisionales en la zona de riesgo (…) que sean técnicamente viables para prevenir el colapso inminente del terreno y las viviendas, mientras se implementan las soluciones definitivas.

b. Se proceda sin más dilación a ejecutar integralmente las órdenes definitivas impartidas en la sentencia de acción popular del 20 de febrero de 2025 , esto es, la reubicación definitiva de todas las familias

20 Samai, expediente de primera instancia, índice 47. 21 Samai, expediente de primera instancia, índice 52.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04200-01

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cuyas viviendas están en riesgo no mitigable y la construcción de las obras de estabilización del cauce del río. Para ello, se deberá: (i) destinar y desembolsar de inmediato los recursos presupuestales requeridos

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cuyas viviendas están en riesgo no mitigable y la construcción de las obras de estabilización del cauce del río. Para ello, se deberá: (i) destinar y desembolsar de inmediato los recursos presupuestales requeridos (municipales, departamentales y de la [N]ación si fuere necesario) para hacer efectiva la reubicación y las obras; y (ii) elaborar, en un plazo perentorio (p. ej. 15 días), un cronograma de ejecución detallado tanto para la adquisición/expropiación de los inmuebles en riesgo y la entrega de las nuevas soluciones de vivienda, como para la contratación y realización de las obras de contención, cronograma que deberá ser de estricto cumplimiento.

c. En cuanto a la reubicación de las familias, se ordene a las entidades accionadas asegurar que ésta se lleve a cabo en condiciones de dignidad, seguridad y equivalencia con las viviendas originales, conforme a los lineamientos constitucionales y legales. Esto implica que las soluciones habitacionales ofrecidas sean adecuadas y proporcionales : de ser viviendas nuevas, que cuenten con los servicios públicos domiciliarios necesarios, que no se encuentren en zonas de riesgo, y que su calidad, tamaño y valor económico guard en razonable equivalencia con los inmuebles que deben abandonarse. En desarrollo de lo anterior, se ordene aplicar lo previsto en el [a]rt. 56 de la Ley 9 de 1989, ya sea mediante negociación voluntaria o expropiación de los inmuebles del condominio, permitiendo recibir el inmueble antiguo como parte de pago del nuevo, u otras figuras compensatorias, de modo que ningún afectado quede desprovisto o en condiciones marcadamente inferiores a las previas.

permitiendo recibir el inmueble antiguo como parte de pago del nuevo, u otras figuras compensatorias, de modo que ningún afectado quede desprovisto o en condiciones marcadamente inferiores a las previas. Igualmente, se prohíba a las autoridades demandadas condi cionar la reubicación a requisitos que no fueron contemplados en el fallo judicial (tales como estar en cierto nivel del Sisbén, aportar certificados de residencia prolongada, etc.), pues tales exigencias constituyen barreras que atentan contra el derecho a la igualdad y desobedecen el mandato judicial original.

d. Paralelamente a lo anterior, adoptar medidas de carácter humanitario y precautorio a favor de los residentes mientras se hacen efectivas las soluciones de fondo. En particular, brindar apoyo par a la reubicación temporal voluntaria de las personas más vulnerables (por ejemplo, adultos mayores, enfermos, niños) a lugares seguros (arriendo de viviendas provisionales o albergues dignos) si así lo solicitan, hasta tanto se materialicen la reubicación definitiva u obras de mitigación, todo con el fin de prevenir una tragedia inminente.

4. Instar al Tribunal (…) Administrativo de Caldas —en cabeza del [m]agistrado que preside el [c]omité de [v]erificación del fallo de acción popular— para que, en ejercicio de sus funciones de seguimiento, disponga de inmediato las medidas adicionales o complementarias necesarias para garantizar el cumplimiento cabal de la sentencia de acción popular y la protección de los derechos fundamentales aquí reconocidos. En particular, se le insta a: (i) [a]gilizar y liberar de trabas el proceso de verificación, eliminando requisitos burocráticos no

cabal de la sentencia de acción popular y la protección de los derechos fundamentales aquí reconocidos. En particular, se le insta a: (i) [a]gilizar y liberar de trabas el proceso de verificación, eliminando requisitos burocráticos no ordenados en la sentencia (p. ej. exigir Sisbén), de forma tal que ninguna familiaRadicado: 11001-03-15-000-2025-04200-01

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apta quede excluida de la reubi cación; (ii) [a]justar las órdenes o emitir las directrices que sean pertinentes para asegurar que la reubicación cumpla con los estándares de dignidad y equivalencia mencionados, con base en las facultades otorgadas por el fallo ( «adicionar órdenes durant e la ejecución, si se requiere, para garantizar el cumplimiento »); y (iii) [h]acer uso estricto de las herramientas de compulsión y sanción previstas en la ley (multas coercitivas, informes a autoridades disciplinarias, etc.) para remover cualquier obstácu lo o resistencia de las entidades obligadas, de modo que se materialice la protección ordenada sin más dilaciones.

5. Disponer las demás órdenes y medidas de seguimiento que su autoridad considere necesarias para la efectiva protección de los derechos fun damentales del accionante y de la comunidad afectada, conforme a los principios de eficacia, integridad y prevalencia del derecho fundamental invocados. En este sentido, se solicita que el fallo de segunda instancia establezca claramente la obligación de

del accionante y de la comunidad afectada, conforme a los principios de eficacia, integridad y prevalencia del derecho fundamental invocados. En este sentido, se solicita que el fallo de segunda instancia establezca claramente la obligación de resultado por parte de las autoridades —salvaguardar la vida e integridad de los peticionarios mediante la ejecución real de las acciones ordenadas — y no se limite a instar cumplimientos abiertos. En lo posible, que fije plazos concretos y cortos para cada obligación y señale las eventuales consecuencias jurídicas de nuevos incumplimientos, lo anterior en aras de evitar que la situación de vulneración se perpetúe indefinidamente.

29. Para sustentar lo anterior, insistió en que la existencia de un riesgo de desastre implica la posible configuración de un perjuicio irremediable, consistente en la pérdida de su vivienda, cuya materialización resultaría espec ialmente grave en razón de su edad.

Debido a esto último, también insistió