CE - Sentencia 11001031500020250423301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04233-01

Referencia: Acción de tutela

ACTORA: YOLANDA PRADO RUÍZ

TESIS: MODIFICA EL FALLO IMPUGNADO. LA ACCIÓN DE TUTELA ES

IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA ACTORA PRETENDE UTILIZAR ESTE MECANISMO COMO SI SE TRATARA DE UNA INSTANCIA ADICIONAL, FRENTE A ASPECTOS QUE

FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL

ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES : DEBIDO PROCESO, DEFENSA E

IGUALDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 31 de julio de 2025, proferida en primera instancia por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 que declaró la improcedencia de la acción de tutela en relación con el argumento relativo a la indebida notificación y negó

1 En adelante SECCIÓN SEGUNDA.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04233-01

Actora: YOLANDA PRADO RUÍZ

1 En adelante SECCIÓN SEGUNDA.2

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el amparo solicitado en lo demás expuesto.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora YOLANDA PRADO RUÍZ, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA2 al haber proferido la sentencia de 24 de abril de 2025 dentro del proceso de repetición identificado con el número único de radicación 2014-00321-01.

I.2.- Hechos

Afirmó que se desempeñó como fiscal 21 especializada adscrita a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, cargo en el que adelantó más de 300 investigaciones penales de impacto nacional.

2 En adelante el TRIBUNAL.3

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Indicó que le fue asignada la investigación de la masacre del Naya por los hechos ocurridos entre el 10 y 13 de abril de 2001 , en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca y, con ocasión de la operación dignidad, llevada a cabo por la Infantería de Marina de la Armada Nacional, se logró la captura del señor MANUEL DE JESÚS GUERRERO MATO quien presentó copia simple del registro civil , el cual se encontraba adulterado y rasgado en los dígitos del año de nacimiento, por lo que solo se lograba leer que había nacido el 18 de noviembre, además que no contaba con otro documento adicional.

Argumentó que requirió al coordinador de Medicina Legal de l municipio de Buenaventura para que esclareciera la edad clínica de l detenido y ordenó a la Policía Nacional que se realizara la práctica del dictamen clínico de edad y la inspección judicial a la Registraduría del Estado Civil para buscar sus documentos, obteniendo como resultado el dictamen UL3-043-2001, que determinó que el señor MANUEL DE JESÚS GUERRERO MATO tenía una edad aproximada de 19.5 años, por lo que continuó vinculado al proceso penal.

Resaltó que una vez impuesta la medida de aseguramiento para 7 3 detenidos, dentro de los cuales se encontraba el señor GUERRERO MATO, se remitió el proceso al Juzgado Primero Penal del Circuito de4

Resaltó que una vez impuesta la medida de aseguramiento para 7 3 detenidos, dentro de los cuales se encontraba el señor GUERRERO MATO, se remitió el proceso al Juzgado Primero Penal del Circuito de4

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Popayán para la etapa de juicio y , en audiencia de 24 de agosto de 2004, este manifestó ser menor de edad por lo que se ofició a la Registraduría del municipio de Moñitos para que allegara el registro civil correspondiente, mediante el cual se pudo establecer su edad y, por consiguiente, se remitió el proceso frente a aquel a los juzgados de Familia.

Como consecuencia de lo anterior, junto con su grupo familiar presentaron demanda de reparación directa ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 6 de octubre de 2009 accedió a las pretensiones de la demanda y condenó a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN3. Dicha entidad presentó recurso de apelación alegando culpa exclusiva de la víctima y ausencia de dolo o culpa grave y, solicitó que se le condenara a ella a pagar la suma pagada como resultado del acuerdo conciliatorio celebrado ante la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO, el 18 de junio de 2011.

Indicó que el 5 de junio de 2012 la FISCALÍA pagó la suma de

TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO, el 18 de junio de 2011.

Indicó que el 5 de junio de 2012 la FISCALÍA pagó la suma de $155.967.197.oo y el 6 de junio de 2014 , presentó demanda de repetición en su contra, la cual correspondió en primera instancia al

3 En adelante la FISCALÍA.5

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JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN que, en sentencia de 21 de noviembre de 2017 , la condenó al pago del mencionado rubro. Contra esa decisión interpuso recurso de apelación que fue asignado al TRIBUNAL que, mediante providencia de 24 de abril de 2025 , modificó la decisión de primer grado y la condenó al pago de $298.368.539 .oo a favor de la FISCALÍA y la confirmó en todo lo demás.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico al realizar una valoración arbitraria e incompleta del acervo probatorio, además que omitió trasladar el expediente penal al proceso de reparación directa y solicitar las pruebas indispensables para determinar la existencia de culpa grave.

Resaltó que basó su decisión en la sentencia de primera instancia

acervo probatorio, además que omitió trasladar el expediente penal al proceso de reparación directa y solicitar las pruebas indispensables para determinar la existencia de culpa grave.

Resaltó que basó su decisión en la sentencia de primera instancia dentro del proceso de reparación directa desconoc iendo el carácter autónomo del medio de control de repetición, además desatendió su deber de esclarecer los hechos relevantes mediante la práctica de pruebas de oficio.6

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Manifestó que incurrió en defecto sustantivo al realizar una interpretación errada del artículo 90 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 63 del Código Civil , ignorando criterios jurisprudenciales que rigen la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos en el marco de los procesos de repetición.

Resaltó que incurrió en este defecto al derivar la culpa grave con base únicamente en la decisión adoptada dentro del proceso de reparación directa aun cuando este persigue una finalidad distinta respecto del medio de control de repetición, por lo que aplicó de manera indebida el artículo 63 del Código Civil , por cuanto no se garantizó la carga probatoria exigida, pues se relevó a la FISCALÍA de su deber de allegar pruebas que acreditaran la culpa grave, por lo que se le trasladó la carga sin sustento normativo alguno.

Finalmente, manifestó que incurrió en desconocimiento del

allegar pruebas que acreditaran la culpa grave, por lo que se le trasladó la carga sin sustento normativo alguno.

Finalmente, manifestó que incurrió en desconocimiento del precedente judicial al desconocer lo ya establecido por esta Corporación en materia de procesos de repetición, el cual ha sostenido que la sentencia de condena de un proceso de reparación directa no constituye, por si sola, prueba del dolo o de la culpa grave del agente estatal, lo cual impondría al juez la carga de verificar si7

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existe prueba autónoma o suficiente para declarar su responsabilidad.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] se ordene: dejar sin efectos la providencia del 24 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca y en su remplazo disponga lo que en derecho corresponda. Lo anterior, porque la sentencia atacada incurrió en defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento de la jurisprudencia y, en su lugar, emita puntualmente las directrices y las ordenes necesarias para proferir sentencia sustituta que corrija las deficiencias señaladas, teniendo en cuenta que el demandante (FGN) no aportó ninguna prueba de la culpa grave, al proceso de repetición. Por ello, no se podrá

sentencia sustituta que corrija las deficiencias señaladas, teniendo en cuenta que el demandante (FGN) no aportó ninguna prueba de la culpa grave, al proceso de repetición. Por ello, no se podrá ordenar retrotraer el trámite, pues ello premiaría la negligencia del ente investigador. […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL, se remitió a las consideraciones expuestas en la sentencia de 24 de abril de 2025 , en la que realizó un análisis de las razones que la sustentaron, sin que se evidenciara vía de hecho alguna, pues esta se ajustó a las normas jurisprudenciales aplicables al caso.8

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Conforme lo anterior, solicitó declarar improcedente el amparo o, en su defecto, denegarlo al no haber vulnerado sus derechos fundamentales

I.6. Interviniente

I.6.1.- La FISCALÍA expuso que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues no tiene competencia para acceder a las pretensiones de la actora, lo que le impide pronunciarse sobre el particular, máxime cuando la vulneración de los derechos fundamentales no le fue atribuida.

Manifestó q ue la accionante no sustentó de manera adecuada las causales de procedibilidad de la acción de tutela para discutir la providencia judicial.

fundamentales no le fue atribuida.

Manifestó q ue la accionante no sustentó de manera adecuada las causales de procedibilidad de la acción de tutela para discutir la providencia judicial.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN SEGUNDA indicó que la acción de tutela cumplía con los requisitos generales de procedencia, no obstante, resaltó que frente al requisito de subsidiariedad en relación con el argumento de la actora en el que indicaba que no se le había notificado en debida9

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forma del auto admisorio de la demanda de repetición, esta no había alegado nulidad procesal frente a tal irregularidad y, en cambio , continuó actuando dentro del proceso , por lo que dej ó de utilizar el medio con el que contaba para exponer su desacuerdo.

Manifestó que el TRIBUNAL confirmó la decisión recurrida al haber encontrado demostrados los requisitos establecidos para la procedencia del medio de control de repetición, lo que llevó a determinar que la aquí accionante había proferido orden de detención únicamente teniendo en cuenta un dictamen médico legal que estableció que el señor GUERRERO MATO tenía una apariencia clínica de 19 años y 5 meses.

Resaltó que la autoridad accionada analizó la culpa grave o dolo

únicamente teniendo en cuenta un dictamen médico legal que estableció que el señor GUERRERO MATO tenía una apariencia clínica de 19 años y 5 meses.

Resaltó que la autoridad accionada analizó la culpa grave o dolo conforme el artículo 63 del Código Civil y las pruebas recaudadas, lo que lo llevó a determinar que el sometimiento de un menor de edad a la justicia penal ordinaria y su detención en un centro de reclusión sí se produjo.

Asimismo, consideró que no le asistía razón a la accionante al afirmar que el TRIBUNAL efectuó una interpretación errónea del artículo 63 del Código Civil sin armonizarlo con los artículos 6 y 9010

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constitucionales, pues lo que logra establecer es que con base en el concepto de culpa grave que se define allí, analizó el asunto para concluir que la accionante actuó de manera negligente.

Finalmente, señaló que en la acción constitucional de la referencia no puede aceptarse que la actora pretenda se traslade la carga al juez natural con el fin de que pida pruebas de oficio, pues esa no es una forma de enmendar los yerros en el ejercicio de defensa de las partes, lo que demuestra que hubo ausencia de transgresión del artículo 167 del Código General del proceso, pues con el material probatorio obrante se llegó a la certeza necesaria para que el

forma de enmendar los yerros en el ejercicio de defensa de las partes, lo que demuestra que hubo ausencia de transgresión del artículo 167 del Código General del proceso, pues con el material probatorio obrante se llegó a la certeza necesaria para que el TRIBUNAL estableciera la responsabilidad.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN SEGUNDA manifestando su desacuerdo con la decisión en el sentido de que, a su juicio, no se realizó un análisis y/o estudio de los defectos de orden sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente que alegó en la acción de tutela.

Manifestó que el TRIBUNAL sí omitió estudiar de fondo sobre quién11

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recaía la carga de la prueba conforme lo establece el artículo 167 del CGP, pues esta le fue asignada indebidamente aun cuando estaba a cargo de la FISCALÍA demostrar la existencia de dolo o culpa grave para, posteriormente, ella poder controvertirlas.

Recalcó que no se valoraron las actuaciones del proceso penal debido a que el expediente no fue solicitado ni allegado por la FISCALÍA quien tenía la carga de probar los supuestos de hecho dentro del medio de control de repetición, contrario a ello, únicamente presentó la sentencia de reparación directa y la conciliación omitiendo otros

a que el expediente no fue solicitado ni allegado por la FISCALÍA quien tenía la carga de probar los supuestos de hecho dentro del medio de control de repetición, contrario a ello, únicamente presentó la sentencia de reparación directa y la conciliación omitiendo otros elementos que a su juicio permitían comprender de manera integral los hechos y las actuaciones que ella adelantó.

Señaló que el TRIBUNAL desconoció elementos del proceso penal que demostraban su actuar diligente en un caso tan complejo y que había recibido información errónea por parte de la Policía Judicial y la Registraduría General de la Nación, que la indujeron en error.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de12

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conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de de rechos constitucionales fundamentales, debiéndo se observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.13

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de14

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deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de14

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sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional to das las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso15

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todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso15

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proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.16

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1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 24 de abril de 2025, proferida por

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 24 de abril de 2025, proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de repetición identificado con el número único de radicación 2014-00321-01.

A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, por cuanto, a su juicio , incurrió en defecto fáctico al realizar una valoración arbitraria e incompleta del acervo probatorio, además que se omitió trasladar el expediente penal al proceso de reparación directa y solicitar las pruebas indispensables para determinar la existencia de culpa grave.

Manifestó que el TRIBUNAL incurrió en defecto sustantivo al realizar una interpretación errada del artículo 90 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 63 del Código Civil, ignorando criterios jurisprudenciales que rigen la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos en el marco de los procesos de repetición.17

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Manifestó que incurrió en desconocimiento del precedente judicial al desconocer lo ya establecido por esta Corporación en materia de procesos de repetición, el cual ha sostenido que la

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Manifestó que incurrió en desconocimiento del precedente judicial al desconocer lo ya establecido por esta Corporación en materia de procesos de repetición, el cual ha sostenido que la sentencia de condena de un proceso de reparación directa no constituye, por si sola, prueba del dolo o de la culpa grave del agente estatal, lo cual impondría al juez la carga de verificar si existe prueba autónoma o suficiente para declarar su responsabilidad.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN SEGUNDA que declaró improcedente la acción en relación con el argumento relativo a la indebida notificación y negó el amparo en lo demás, al estimar que no se encontraron demostrados los defectos invocados por la accionante pues la decisión fue tomada bajo la jurisprudencia vigente y las pruebas allegadas al proceso ordinario cuestionado.

En la impugnación la parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada aplicó de forma errónea y descontextualizada lo dispuesto en el artículo 63 del Código Civil en armonía con el artículo 90 constitucional, interpretando la culpa grave bajo los presupuestos de la Ley 678 de 2001, por lo que si se incurrió en un defecto sustantivo.18

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Adicionalmente, resaltó que la autoridad nunca contó con los elementos de prueba necesarios para realizar un análisis de la

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Adicionalmente, resaltó que la autoridad nunca contó con los elementos de prueba necesarios para realizar un análisis de la conducta atribuida, pues estos no fueron allegados al proceso por parte de la FISCALÍA ni solicitados de oficio.

En este punto es del caso advertir que la Sala se limitará solo a analizar las inconformidades expuestas en el escrito de impugnación, no sin antes advertir que la presunta irregularidad por la indebida notificación del auto admisorio de la demanda de repetición que le impidió ejercer su defensa , ya fue resuelta por el a quo y no fue refutada por la aquí accionante en el recurso de alzada, por lo que la Sala se relevará de su estudio.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se verificará si se cumplen con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos deprecados e incurrió en los